Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Asociación Chilena de Seguridad

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, uno de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Asociación Chilena de Seguridad, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en las Resoluciones Exenta N° NUM000 de 30 de mayo de 2025, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social y la N°NUM001 de 21 de marzo de 2025, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad, que calificaron como enfermedad común la condición de salud mental de la recurrente, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Expone que, se desempeña como inspectora en el establecimiento educacional Filii Futuri, ubicado en Placilla de Peñuelas, realizando labores relacionadas con la supervisión de estudiantes y manejo de situaciones escolares complejas. Señala que, en el transcurso de un año, ha sido víctima en dos ocasiones de agresiones por parte del mismo estudiante, sin que se hayan implementado los protocolos RICE "violencia de un colaborador por un estudiante".

Indica que, la primera agresión ocurrió durante el año anterior, en un contexto de intervención disciplinaria, donde el estudiante la atacó físicamente, generando un alto nivel de tensión emocional que, sumado al estrés acumulado por diversas situaciones laborales, provocó una parálisis facial severa. Refiere que, la segunda agresión, ocurrida el 11 de marzo de 2025, se produjo nuevamente en el contexto laboral, desencadenando una crisis de pánico aguda con consecuencias psíquicas graves. Agrega que posteriormente fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático (TEPT) directamente relacionado con estos eventos violentos vividos en el ejercicio de sus funciones.

Menciona que, ha presentado estos antecedentes ante ambas instituciones recurridas, incluyendo informes médicos y psicológicos que acreditan la relación causal entre las agresiones y su actual condición de salud. Aduce que, pese a la evidencia aportada, las entidades han calificado su enfermedad como de origen común, desconociendo el contexto escolar y los riesgos psicosociales inherentes a su labor.

Sostiene que la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social desestima el carácter laboral de su afección señalando que "no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica suficiente" ni se constatan "condiciones organizacionales estresantes", conclusión que considera parcial, errónea y desconectada de la realidad laboral que enfrenta diariamente.

Argumenta que, la afirmación de que no existen condiciones organizacionales estresantes resulta infundada, considerando que se desempeñaba en un contexto escolar altamente demandante, con exposición directa a situaciones de violencia, sin intervención oportuna ni activación de los protocolos correspondientes. Menciona que, el estudio de puesto de trabajo citado en el dictamen es insuficiente al no incorporar el relato completo de los hechos, las agresiones documentadas y la evaluación integral del contexto educativo en que se produjeron los eventos.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se declare que su actual condición de salud debe ser reconocida como enfermedad profesional, y en consecuencia, se ordene a las instituciones recurridas que revisen y revoquen sus decisiones anteriores, reconociendo el origen laboral del diagnóstico y otorgando las prestaciones médicas, económicas y asistenciales correspondientes.

A folio 9, informa la Asociación Chilena de Seguridad. Sostiene que, la recurrente, quien se desempeñaba como inspectora de patio, ingresó a sus dependencias médicas el 12 de marzo de 2025, manifestando haber sido agredida por uno de sus estudiantes, resultando con una parálisis facial y licencia médica. Indica que tras ese episodio y al reintegrarse a sus labores, habría sido agredida nuevamente por el mismo alumno, refiriendo además haber sido agredida por otros estudiantes, con gritos, insultos, empujones y maltrato en general.

Menciona que, el mismo día del ingreso, se procedió a la evaluación médica cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el Compendio de Normas del Seguro Social, realizándose anamnesis, consignando antecedentes generales, hábitos, medicamentos, antecedentes biográficos y laborales, sintomatología, además de identificar la hipótesis diagnóstica y posibles factores de riesgo laboral.

Argumenta que, posteriormente, el 20 de marzo de 2025, se realizó el Estudio de Puesto de Trabajo para Patologías de Salud Mental contando con la declaración de cuatro testigos (dos elegidos por la empresa y dos designados por la trabajadora), concluyendo la inexistencia de agentes de riesgos de enfermedad profesional, dado que no se detectó la presencia del factor de riesgo "Ausencia de Apoyo / Violencia o acoso de usuarios". Refiere que, el 21 de marzo de 2025, el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales de la Asociación Chilena de Seguridad evaluó el caso, determinando de manera unánime que la patología es de origen común, al descartarse la presencia de factores de riesgo en el puesto de trabajo para generar el cuadro clínico diagnosticado.

Sostiene que, este Comité estuvo conformado por un Médico del Trabajo, un Psiquiatra y una Psicóloga, cumpliendo todos los requisitos profesionales y técnicos establecidos en el Compendio Normativo. Alega que, en consecuencia, emitió la Resolución N°NUM001, de 21 de marzo de 2025, calificando la patología como de naturaleza común al no haber sido posible relacionar de manera directa la sintomatología con el quehacer laboral, según lo prescrito en el artículo 7° de la Ley N°16.744.

Menciona que, posteriormente la recurrente reclamó esta determinación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual solicitó a la Asociación Chilena de Seguridad todos los antecedentes del caso, concluyendo mediante Resolución Exenta NUM000, de 30 de mayo de 2025, que la calificación de origen común era correcta. Argumenta que, lo obrado por la Asociación Chilena de Seguridad ha sido expresamente ratificado por la entidad fiscalizadora respectiva, la Superintendencia de Seguridad Social, descartando expresamente la existencia de cualquier error o irregularidad en el tratamiento de la situación de la recurrente.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe requerido y rechazar la acción de protección en todas sus partes.

A folio 11, evacúa informe la Superintendencia de Seguridad Social. En primer término, opone excepción de improcedencia de la acción de protección, argumentando que la materia sobre la que realmente versa debe ser dilucidada en un juicio de lato conocimiento.

Señala que la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido que las materias reclamadas por la recurrente desbordan los límites de esta acción constitucional, la cual tiene por objetivo garantizar y proteger derechos indubitados, no constituyendo una instancia de declaración de derechos.

En subsidio, informa sobre el fondo del asunto, exponiendo el marco normativo que regula la materia de autos. Explica que, la recurrente se dirigió a la Superintendencia el 6 de mayo de 2025, reclamando contra la Asociación Chilena de Seguridad por calificar como de origen común la afección mental que presentaba. Señala que, requerida la Mutualidad, ésta envió informe y antecedentes clínicos y administrativos complementarios, incluida evaluación de puesto de trabajo.

Sostiene que, tras analizar los antecedentes disponibles, la Superintendencia concluyó que la afección era de origen común, toda vez que no fue posible establecer una relación de causa directa entre el trabajo desempeñado y la sintomatología, no verificándose exposición a factores de riesgo de tensión psíquica suficiente que pudieran explicar la emergencia de la sintomatología presentada. Argumenta que el pronunciamiento se fundó en un análisis técnico y médico especializado, que incluyó evaluación clínica y psicológica, estudio de puesto de trabajo, revisión de condiciones generales de trabajo y empleo, análisis de factores de riesgo psicosocial y revisión de protocolos institucionales.

Asevera que del conjunto de antecedentes se desprende que no se acreditó exposición a factores de riesgo psicosocial laboral relevantes ni permanentes. Agrega que, si bien se constató un evento puntual de agresión indirecta por parte de un estudiante con necesidades especiales, dicho hecho fue abordado oportunamente por el establecimiento y no reviste las características de sistematicidad, intensidad ni frecuencia que exige la normativa vigente para configurar una enfermedad profesional de carácter psíquico.

Alega que no se constató escaso apoyo organizacional, ni hostilidad reiterada en el ambiente laboral, que la paciente presenta antecedentes personales de trastornos ansiosos y depresivos desde 2012, y que el Comité Técnico de Calificación de la Asociación Chilena de Seguridad resolvió de manera unánime que se trata de una enfermedad común. Concluye solicitando se declare la improcedencia del recurso o, en subsidio, se desestime la acción de protección en todas sus partes.

A folio 12, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se cuestiona la ilegalidad y arbitrariedad de las Resoluciones Exenta N°NUM000 de 30 de mayo de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social y la N°NUM001 de 21 de marzo de 2025, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad, que calificaron como enfermedad común la patología de salud mental de la recurrente, pretendiendo que se declare que ésta debe ser reconocida como enfermedad profesional, y en consecuencia, se ordene a las instituciones recurridas que revisen y revoquen sus decisiones anteriores, reconociendo el origen laboral del diagnóstico y otorgando las prestaciones médicas, económicas y asistenciales correspondientes.

Tercero: Que, en síntesis, las recurridas informan que realizaron una completa evaluación médica conforme a la normativa vigente, que incluyó anamnesis, examen físico, estudio de puesto de trabajo con declaración de testigos y análisis técnico por parte de un equipo multidisciplinario. La Asociación Chilena de Seguridad, mediante su Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales, determinó de manera unánime que la patología es de origen común, al no detectarse factores de riesgo laboral suficientes.

Posteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social informa que, tras revisar exhaustivamente los antecedentes médicos y laborales, ratificó esta calificación al no verificarse la exposición a factores de riesgo de tensión psíquica suficiente en el trabajo.

Cuarto: Que, en relación con la materia sometida a conocimiento de esta Corte, resulta pertinente señalar que el artículo 7° de la Ley N°16.744 define las enfermedades profesionales como aquellas "causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte".

Complementariamente, el artículo 16 del D.S. N°109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que "para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico".

Quinto: Que, de acuerdo con la normativa citada, la calificación del origen de una patología constituye un análisis técnico-médico cuya determinación se encuentra radicada por ley en organismos especialmente facultados para ello, como son las Mutualidades de Empleadores y, en última instancia, la Superintendencia de Seguridad Social. Esta competencia legal implica que dichos organismos son los llamados a efectuar la valoración técnica de los antecedentes médicos y laborales para determinar si una patología cumple con los requisitos establecidos en la normativa para ser considerada de origen profesional.

Sexto: Que, del análisis de los antecedentes aportados, se constata que tanto la Asociación Chilena de Seguridad como la Superintendencia de Seguridad Social han actuado dentro del marco de sus competencias legales, efectuando evaluaciones técnicas conforme a los protocolos establecidos en la normativa vigente. Las instituciones recurridas han fundamentado sus decisiones en informes médicos especializados y en el análisis técnico de las condiciones laborales de la recurrente, concluyendo que no se acreditó exposición a factores de riesgo psicosocial laboral de la intensidad, sistematicidad y frecuencia que exige la normativa para configurar una enfermedad profesional.

Séptimo: Que, la naturaleza cautelar del recurso de protección no permite a esta Corte sustituir el juicio técnico especializado de los organismos legalmente competentes para calificar el origen de una patología. Más aún cuando, como en el caso de autos, las resoluciones impugnadas se fundamentan en evaluaciones técnicas realizadas por profesionales especializados en la materia, quienes concluyeron, tras analizar los antecedentes médicos y laborales disponibles, que no existe relación de causalidad directa entre la patología diagnosticada y las condiciones laborales de la recurrente.

Octavo: Que, no apreciándose ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de las recurridas, quienes han ejercido sus facultades legales siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente y fundamentando debidamente sus decisiones, no es posible advertir afectación a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, motivo por el cual la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Asociación Chilena de Seguridad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3098-2025.