nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, licenciado en contaduría pública, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, comunicada con fecha 27 de marzo de 2026.

Expone que solicitó ante AFP Modelo la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo, anexos, declaración jurada y constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sostiene que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en dicha normativa, alegando que la recurrida efectuó una interpretación excesivamente formalista de la ley al exigir apostilla o legalización del certificado de afiliación previsional extranjero.

Agrega que la constancia electrónica acompañada puede ser validada mediante código de verificación en el sitio web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, razón por la cual estima que la negativa de la recurrida carece de fundamento legal y vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y disponer la devolución de los fondos previsionales reclamados.

A folio 8, evacua informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Señala que el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales con fecha 23 de marzo de 2026, acompañando título profesional, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo.

Refiere que la documentación aportada no cumple con las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, particularmente porque la constancia electrónica y la declaración jurada no se encuentran debidamente legalizadas ni apostilladas. Añade que, conforme al Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la Administradora no puede dar curso a la solicitud si la documentación pertinente no se presenta debidamente legalizada.

A folio 11, evacua informe la recurrida Superintendencia de Pensiones, solicitando se declare improcedente el recurso y, en subsidio, su rechazo, con costas. Expone que, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 47 de la Ley N°20.255 y demás normativa aplicable, corresponde a dicho organismo interpretar administrativamente las normas del sistema de pensiones y velar por el cumplimiento de las instrucciones impartidas a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Refiere que la devolución de fondos previsionales regulada en la Ley N°18.156 constituye un beneficio excepcional cuyo otorgamiento exige el estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios previstos al efecto. En tal sentido, señala que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que la documentación destinada a acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero sea presentada debidamente legalizada o apostillada, requisito que no fue cumplido por el recurrente.

Añade que las certificaciones electrónicas emitidas por autoridades previsionales venezolanas que no se encuentren firmadas ni apostilladas o legalizadas no constituyen medios idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que los antecedentes laborales acompañados por el recurrente presentan inconsistencias respecto de la manifestación de voluntad exigida por el artículo 1° de la Ley N°18.156, desde que mientras determinadas cláusulas del contrato de trabajo dan cuenta de cotizaciones enteradas en el sistema previsional chileno, los anexos posteriores afirman la intención del trabajador de mantener afiliación al sistema previsional extranjero, sin que exista claridad suficiente acerca de la oportunidad, alcance y vigencia efectiva de dicha voluntad durante el desarrollo de la relación laboral.

Alega que tal discordancia impide tener por acreditado, de manera clara e inequívoca, el cumplimiento copulativo de los requisitos exigidos por la normativa especial para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Sostiene que tanto AFP Modelo como dicho organismo han actuado conforme a derecho y en estricto cumplimiento de las disposiciones e instrucciones vigentes sobre la materia, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario susceptible de cautela por esta vía. Finalmente, señala que el recurrente mantiene íntegros los derechos previsionales contemplados en el Decreto Ley N°3.500, pudiendo disponer de ellos conforme a las reglas generales del sistema previsional, especialmente atendida su condición migratoria en el país como extranjero con residencia permanente, razón por la cual no existe privación o afectación ilegítima de su derecho de propiedad.

A folio 12, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y teniendo presente:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que dicha disposición contempla, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, amaguen o perturben su ejercicio.

Segundo: Que, el acto que se reprocha consiste en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada por el actor al amparo de la Ley N°18.156, por estimar la recurrida que la documentación acompañada no satisface los requisitos exigidos por dicha normativa y por las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el respectivo contrato de trabajo manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su turno, el artículo 7° del mismo cuerpo legal establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos previstos en el citado artículo 1°.

Cuarto: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme a las facultades que le otorga la ley, interpretar administrativamente las normas del sistema de pensiones, razón por la cual ha dictado instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones respecto de la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

Así, el Libro II, Título XI del referido Compendio exige que el trabajador extranjero acompañe certificación emitida por la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, que permita acreditar el cumplimiento del requisito de afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Quinto: Que, en la especie, el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada otorgada ante notario chileno. Sin embargo, dichos antecedentes no se encuentran legalizados ni apostillados, ni satisfacen las exigencias establecidas por la normativa administrativa vigente para acreditar el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la Ley N°18.156.

Sexto: Que, en consecuencia, el requerimiento efectuado por la recurrida de acompañar una certificación emitida por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizada o apostillada, no constituye una exigencia antojadiza o carente de fundamento normativo, sino que corresponde al cumplimiento de las formalidades expresamente previstas en el sistema normativo aplicable, sin las cuales los documentos acompañados carecen de eficacia suficiente para producir efectos en Chile.

Séptimo: Que, en cuanto a la alegación relativa a las dificultades existentes para obtener la apostilla o legalización de documentos provenientes de Venezuela, si bien constituye una circunstancia que puede dificultar el cumplimiento de tales exigencias, ello no permite prescindir de requisitos expresamente establecidos en la normativa vigente, ni autoriza a esta Corte para sustituir las exigencias legales y administrativas que regulan el otorgamiento del beneficio reclamado.

Octavo: Que, de este modo, aparece que la recurrida se limitó a exigir el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y en la normativa administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, sin que el actor hubiere acreditado suficientemente el cumplimiento de dichos presupuestos.

Luego, no se advierte ilegalidad alguna en el actuar impugnado y, por el contrario, la decisión recurrida aparece debidamente fundada en el incumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

Noveno: Que, por consiguiente, no existiendo acto ilegal o arbitrario susceptible de afectar las garantías constitucionales invocadas por el actor, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3091-2026.