AUTOMOTRIZ nombre reservado S.A. CONTRA nombre reservado

Foja: 76 Setenta y Seis eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

Visto:

A fojas 4 comparece Gustavo Agurto Soler, abogado, en representación de Automotriz nombre reservado S.A, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, todos con domicilio, para estos efectos, en domicilio reservado, nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, representada por su Inspectora señorita nombre reservado y, en particular, en contra de la actuación de su funcionario dependiente, fiscalizador señor nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, a fin que se deje sin efecto la resolución de multa número 1263/16/052-1, de fecha 11.05.2016, por importar tal una actuación ilegal y arbitraria que priva y perturba a su representada en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los números 3, inciso 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso señalando que el 9 de mayo de 2016, el fiscalizador nombre reservado , se apersonó en dependencias de su representada y “constató” que su representada habría " (mantenido) excluido de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales, al trabajador don nombre reservado, que cumpliría servicios cuya naturaleza no cumple con los requisitos legales establecidos en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, al “ no desempeñar efectivamente labores de administrador y tiene fiscalización superior inmediata." y so pena de una sanción millonaria, el funcionario conminó a la recurrente a que "modificara" su Contrato de Trabajo y el de los demás trabajadores que cumplían sus mismas funciones, adecuándolas a la "verdadera naturaleza" de sus labores, que el propio fiscalizador se había encargado de desentrañar en su tan breve visita, dejándolos citados a la Inspección Comunal del Trabajo.

Agrega que el 11 de mayo de 2016 el Gerente de Recursos Humanos de mi representada, señor nombre reservado, cumplió con concurrir a la citación de la autoridad administrativa, oportunidad en que el mismo fiscalizador lo notificó de la sanción por la suma equivalente a sesenta (60) Unidades Tributarias Mensuales. En dicha citación el gerente declaró que "los trabajadores ejecutivos de ventas de la Sucursal El Salto-nombre reservado no están afectos a limitación de jornada por la naturaleza de sus servicios", que ellos cumplen "sus funciones fuera de este lugar", que "las funciones del cargo de jefe de Sucursal no contempla el control de asistencia o administración del personal de ejecutivos de venta." Y que "su función se limita a velar por el cumplimiento de las ventas, aprobación de negocios, evaluación de clientes, aspectos de marketing, entre otros aspectos relativos a las ventas."; pretendió exhibir al fiscalizador las copias de los Contratos Individuales de Trabajo, que no revisó; se le ofreció conversar con las personas involucradas y con "administrador" al que alude en su resolución de multa, pero que nunca individualiza, pidiéndole revelar su identidad y en base a qué pruebas podía sostener que el propio señor nombre reservado no tenía "fiscalización superior inmediata" o por qué no se había molestado siquiera en identificar ésta en su resolución de multa.

Señala que el fiscalizador excedió claramente su ámbito de competencia, invadiendo la esfera de los Tribunales de Justicia, los hechos expuestos configuran infracción de las siguientes garantías contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, pues su actuación importa un verdadero juzgamiento a la recurrente, se infringió el inciso cuarto del numeral 3 del mencionado artículo, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la Ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, contrariando, además, lo prevenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado, en relación al artículo 73 de la misma Carta Fundamental. A este respecto señala que de manera ilegal y arbitraria, la Inspección "sentencia" que el trabajador que su parte mantuvo excluido de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales, no cumple con los requisitos legales establecidos en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, conclusiones a las que llega sobre la base de interpretar, calificar, ponderar y desconocer el verdadero sentido y alcance de las funciones del trabajador; interpretando normas legales, administrativas y convencionales, arrogándose facultades propias y exclusivas de los tribunales competentes sobre la materia, a quienes de manera excluyente y en virtud del artículo 420 del Código del ramo corresponde conocer de las controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales. Cita jurisprudencia en apoyo a sus argumentos.

Además, violaría la garantía prevista en el numeral 21 del mencionado artículo constitucional, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público y la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y se ha vulnerado, también, la libertad de dirigir, organizar y administrar su empresa que le asiste a mi representada, desde el momento que la obliga a modificar el régimen de contratación válidamente pactado con un tercero Asimismo, con su actuar vulnera su derecho de propiedad, al cursar una multa por sesenta (60) Unidades Tributarias Mensuales, lo que priva a la empresa sancionada, ilegítima y arbitrariamente, de parte de su patrimonio, llegando al extremo de una verdadera expropiación. Además, que amenaza su derecho de propiedad al pretender -en último término- obligarla a suscribir decenas de Contratos de Trabajo en razón de una situación jurídica que ella niega y a pagar una suma de dinero por concepto de una multa impuesta en virtud de la determinación de un organismo administrativo que carece de atribuciones para hacerlo, todo lo cual afectaría su patrimonio.

Finalmente, reitera los argumentos de por qué el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario y solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución de multa número 1263/16/052-1, de fecha 11.05.2016 impuesta por el referido fiscalizador y se declare que la recurrida deberá abstenerse, en lo sucesivo, de ejercer facultades jurisdiccionales que son privativas y excluyentes de los tribunales de justicia en materia laboral, con costas.

A fojas 54 don nombre reservado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, informa solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a los hechos señala que la fiscalización se origina a partir de denuncia no confidencial, interpuesta por don nombre reservado, en la que acusa cambiar unilateralmente el sitio o recinto de su trabajo sin cumplir los requisitos legales, pues prestaba servicios como vendedor en división autos usados y fue cambiado a división autos nuevos, al reintegrarse después de una licencia médica el día 22 de abril de 2015, cambio que lo perjudicó económicamente, y denuncia otras acciones orientadas a fastidiarlo y obligarlo a presentar su renuncia voluntaria. Posteriormente, el mismo trabajador solicita incorporar dos materias adicionales, asociadas al pago de semana corrida y mantener excluido de la limitación de jornada sin cumplir los requisitos legales.

Agrega que en la fiscalización el Sr. nombre reservado exhibe su nuevo puesto de trabajo, ratificando el cumplimiento de horario semanal y añadiendo que las funciones no se hacen en terreno, sino en el mismo recinto. Los otros trabajadores presentes, quienes cumplen labores de ejecutivos de venta, declaran tener que cumplir jornada de lunes a viernes, entre las 09:00 y 19:00 horas, y el sábado, desde las 10:00 a las 14:00 horas, salvo el Sr. nombre reservado, quien señaló no tener horario, pues está disponible en todo momento, realizando casi el50% de todas las ventas de la sucursal. Los trabajadores expresaron que las ventas se efectúan en el local fiscalizado y no en terreno; y al revisar el contrato de nombre reservado, se pudo apreciar que se encuentra excluido de la limitación de jornada " .. .por labores desarrolladas en terreno ... " En concordancia a lo anterior, el gerente de recursos humanos declara que en registro de asistencia no hay antecedentes del trabajador, por estar excluido del marcaje. Pese a lo anterior, frente al Sr. nombre reservado de local autos usados) y del Sr. nombre reservado (gerente de recursos humanos), se dio lectura a algunos de los correos recibidos por el denunciante y que fueron enviados por don nombre reservado, que recuerda a todos los empleados que el horario de ingreso es a las 09:00 hrs. y deben cumplirlo. Agrega que el Jefe local autos nuevo, declaró bajo juramento que los ejecutivos de venta tienen una jornada laboral, distribuida de lunes a viernes, entre las 09:00 y 19:00 horas y los días sábados entre las 10:00 y 14:00 horas. Manifestó, además, que los trabajadores le deben pedir permiso para ausentarse. Agrega que, en caso de inasistencias injustificadas, él debe dar aviso al departamento de recursos humanos.

Asimismo indica el informe que con relación a las labores desarrolladas por los ejecutivos de venta, en particular el Sr. nombre reservado, se observó que mostraba un vehículo nuevo a unos clientes de la empresa, atendiéndolos posteriormente en las sillas que tenía frente de su escritorio. Lo anterior, de acuerdo al jefe de la sección de autos nuevos, los ejecutivos de venta no realizan otras funciones que no sean las propias de un vendedor. En cuanto a las salidas a terreno, expresa que los ejecutivos de venta están todo el día en el local y no salen a terreno. Adicionalmente, se pudo observar que los ejecutivos de venta cuentan con sitios de trabajo individualizados para cada uno de ellos, teniendo teléfonos instalados, gavetas de archivos y equipos de computación proporcionados por la empresa. Se vio también, que el Sr. nombre reservado recibía instrucciones del Sr. nombre reservado y contestó llamadas telefónicas. Según declaró el representante de la empresa, los ejecutivos de venta, independientemente de la sección en que se encuentren, venden automóviles nuevos y usados. Finalmente, el informe señala que otro aspecto declarado por el representante de la. empresa, dice relación con que la empresa pide a la jefatura de los ejecutivos de venta, que "efectúen reuniones y rindan cuenta de su trabajo".

Como consecuencia de la constatación del fiscalizador, se cursó la multa número 1263/2016/52-1 por 60 UTM equivalentes a $2.729.820 por excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir requisitos legales: por infracción al Art. 22 inc. 2º y Art. 506 del Código del Trabajo.

Alega la ausencia de un acto arbitrario e ilegal, ya que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente con las atribuciones y competencia de la Dirección del Trabajo, apegándose a la legalidad vigente.

En cuanto a la afirmación efectuada por el recurrente, en orden a que dicho Servicio carece de facultades para calificar actos, señala que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de las potestades de la Dirección del Trabajo señalando que la naturaleza sustancial en la cual se funda la tarea de la Dirección del Trabajo surge de una manera inmediata del artículo 19 numeral 16 de la Constitución, que asegura a todas las personas "la libertad de trabajo y su protección"; que el legislador ha perfilado la institución y sus límites en la adopción de sus decisiones en el artículo 1 del DFL nº 2 de 1967, en el que regula la normativa especial de la Dirección del Trabajo, correspondiéndole la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo; y que la Dirección del Trabajo enmarca su tarea en ese rol protector, pues le corresponde la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y previsional. La relación laboral se desenvuelve, entonces, sujeta al control de este organismo de la administración. Independientemente de que la relación laboral se origine en un contrato de trabajo individual o colectivo, esta relación es tutelada por dicho organismo. Para el cumplimiento de este rol, nuestro ordenamiento jurídico le da atribuciones de distinto tipo. Así puede dictar normas e interpretarlas (505 Código del Trabajo), fiscalizar (artículo 505) y sancionar (artículo 503) y que la dimensión interpretativa de la legislación laboral que se adjudica a la Dirección del Trabajo, como recreación de la norma en su adscripción a un caso concreto, se fundamenta en el artículo 63 numeral 4 de la Constitución para ejecutar las reglas no básicas del régimen jurídico laboral. Añade, que el Tribunal Constitucional precisó que las decisiones administrativas de la Dirección del Trabajo son susceptibles de control jurisdiccional. Así lo dice expresamente el artículo 420 del Código del Trabajo respecto de cuestiones que se susciten entre empleadores v trabajadores y que se deriven de la aplicación de normas laborales o de la aplicación o interpretación de contratos individuales o colectivos de trabajo. Por su parte, los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo prevén lo mismo respecto del procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas.

Por otra parte, la inspección alega que no hay afectación de alguna de las garantías constitucionales mencionadas en el recurso de protección. En cuanto a la supuesta constitución de la Inspección en una comisión especial, señala que la multa aplicada por el Servicio se enmarca en su facultad administrativa sancionatoria y no constituye un acto jurisdiccional y con tal sanción no está resolviendo conflictos de relevancia jurídica y no produce cosa juzgada, pues el conflicto de relevancia jurídica sólo se produce después y a consecuencia de la actuación administrativa.

En cuanto a la supuesta afectación al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, señala que la multa aplicada por una Inspección del Trabajo no puede afectar esta garantía si ésta está concebida bajo la condición de que la actividad económica a realizar se ajuste a las normas legales que la regulen, lo que determina que el empleador que desarrolle la actividad no será libre para ejercerla del modo que le plazca, sino que deberá hacerlo del modo en que ella ha quedado regulada por el ordenamiento jurídico laboral, y es que el derecho del artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República no está concebido, naturalmente, en términos absolutos, sino que el propio constituyente se encargó de advertir que el libre emprendimiento de actividades económicas está supeditado a la observancia de las normas legales que regulen la respectiva actividad, lo que, en la especie, aparece infringido por los incumplimientos detectados en la fiscalización.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, señala que este tampoco ha sido afectado en los términos alegados por el recurrente, quien sostiene que la sanción le afecta su patrimonio llegando al extremo de una verdadera expropiación, pues el Tribunal Constitucional ha definido las características de una expropiación en los términos que indica la Constitución Política, como limitación al dominio, señalando que supone una fase judicial en el caso de que haya divergencias sobre el acto expropiatorio o sobre la indemnización, lo que claramente no se aviene con la figura de una sanción administrativa como la multa laboral, dado que no está contemplado el pago de una indemnización al afectado.

A fojas 67 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, como ha quedado expresado en lo dispositivo, la empresa recurrente de protección Automotriz nombre reservado S.A., sostiene que la Inspección Comunal del Trabajo de la ciudad de nombre reservado, ordenó una fiscalización a su empresa, la que realizó el fiscalizador Sr. nombre reservado el día nueve de mayo último, la que concluyó aplicándole una multa de 60 UT.M. mediante resolución N° 1263/16/052/1 de fecha 11-05-2016, actuación que estima ilegal y arbitraria y que perturba las garantías constituciones consagradas en los números 3 inciso cuarto, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental de la República, por lo que interpone la presente acción cautelar constitucional, solicitando se acoja ella y se deje sin efecto la aludida resolución de multa.

Segundo: Que, fundamentando su acción la recurrente sostiene que la actuación del fiscalizador excedió las atribuciones que le otorga la ley orgánica de la Institución y las específicas del Código del Trabajo, al ejercer atribuciones propias de los Tribunales de justicia, interpretando contratos de trabajo y ordenando sus modificaciones por estimar el fiscalizador que ellos no se ajustan al derecho laboral vigente, función ésta que no se ajusta a las facultades que le otorga la ley, como lo es la de examinar si existen ilegalidades clara, precisas y determinadas como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en diversos fallos, y al efecto transcribe el recaído en causa Rol C.S. 28.895-2014, situación fáctica que no ocurre en la especie, donde el fiscalizar transformándose en comisión especial, juzga la juricidad de un contrato, y estimándolo ilegal amen de aplicar la sanción ya mencionada, ordena que deben modificarse los contratos de los trabajadores que se encuentren en tal situación, lo que importa una sentencia, cuyo incumplimiento lo pone en situación de sufrir múltiples multas.

Tercero: Que, termina expresando el recurrente, que el acto impugnado es ilegal, porque vulnera los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República en relación al artículo 73 del mismo cuerpo legal supremo, y ello es así, porque las conclusiones a que llegó el fiscalizador se verifican sobre la base de interpretar, calificar, ponderar y desconocer el verdadero sentido y alcance de las funciones del trabajador cuyo contrato de trabajo el Sr. nombre reservado pretende se modifique, bajo pena de nuevas multas. Del mismo modo entiende el recurrente que la actuación del fiscalizador vulnera lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo al asumir funciones jurisdiccionales propias y de competencia exclusiva de loa Tribunales de Justicia, de modo tal que el actuar ilegal de la Inspección del Trabajo se torna en arbitrario, por ser contrario a la ley, a la justicia al ser dictado solo por la voluntad del fiscalizador.

Cuarto: Que, concluye el recurrente que el acto ilegal y arbitrario que impugna y cuya protección solicita respecto a sus efectos, ha vulnerado las garantías constitucionales N° 3 inciso 4, del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que ha sido juzgado por una comisión especial, también estima conculcada la garantía del N° 21 del mismo artículo 19, es decir, que tal acto le impide desarrollar su actividad económica, la que no es contraria a la moral ni al orden público ni a la seguridad nacional y respeta las normas legales que la regulan y por último, la multa impuesta, ilegal y arbitraria le cercena la garantía del N° 24 del aludido artículo 19 de la Carta Fundamental.

Quinto: que la recurrida informando el recurso deducido en su contra, sostiene que debe ser rechazado toda vez que la actuación del Inspector Sr. nombre reservado se ciñó estrictamente a cumplir las funciones que le otorga la Ley Orgánica de la Institución y diversas disposiciones del Código del Trabajo que señala, expresando que se dispuso tal inspección en virtud de denuncia recibida de un trabajador de la empresa recurrente y constituido el Inspector mencionado en el lugar en que funciona la empresa revisó en terreno tanto el contrato de trabajo del denunciante como interrogó a otros trabajadores, constató, que el trabajo que desarrollaba aquél no se ajustaba al contrato, y cursó la multa por excluir al trabajador denunciante Sr. nombre reservado de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir los requisitos legales, infringiendo el artículo 22 inciso 2 y 506 del Código del Trabajo, por lo que en definitiva solicita se rechace el presente recurso de protección, por ser improcedente, toda vez que el actuar de la Institución y del fiscalizador se ajusta a derecho, conforme a las facultad que le confiere su Ley Orgánica y diversas disposiciones del Código del Trabajo, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en orden a que sus facultades inspectivas y sancionatorias en el ámbito administrativo están dispuestas en conformidad a la Constitución Política de la República, de modo que no se ha conculcado ninguna de las garantías constitucionales mencionadas por el recurrente.

Sexto: Que, de los documentos acompañados por la recurrida aparece que ante denuncia del trabajador Sr. nombre reservado, se constituyó en la empresa recurrente el Inspector Sr. nombre reservado, quien en el local comercial, venta de autos, procedió a investigar la posible infracción denunciada que era el cambio unilateral del sitio o recinto de trabajo, sin cumplir los requisitos legales, y para cumplir su función, el visitó el lugar de trabajo e interrogó a trabajadores, al Jefe del local Sr. nombre reservado y al gerente de recursos humanos Sr. nombre reservado, todo lo que consta del informe de fs. 46, para concluir que la multa aplicada no lo fue por el hecho denunciado, sino por excluir de la limitación de la jornada ordinaria al trabajador, sin cumplir los requisitos legales, infringiendo el artículo 22 inciso 2 y el artículo 506 ambos del Código del Trabajo.

Séptimo: Que, conforme a lo asentado en el motivo que precede, resulta ser que la investigación se extendió a puntos no denunciados y para lograr encontrar la infracción que se estima cometida por el recurrente, fue necesario que el Inspector actuara como Tribunal y juzgara las cláusulas del contrato, al no encontrar una infracción de carácter manifiesto, clara, precisa y determinada, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, única forma en que la labor de custodia del cumplimiento de las normas laborales, puede desarrollar válidamente el ente administrativo encargado por ley, de ello, y al no hacerlo en tal forma, excede sus facultades, por ende incurre en ilegalidad y arbitrariedad, en el caso sub lite, ilegalidad que ciertamente conculca la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al aplicarle una multa que en forma ilegal cercena el patrimonio de la recurrente, lo que resulta suficiente para acoger la presente acción cautelar interpuesta por la recurrente.

Octavo: Que, además la situación planteada por la recurrente, revela que la actuación del Inspector del Trabajo Sr. nombre reservado, importa vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 5°, esto es, ha actuado como comisión especial, al interpretar el contrato de trabajo y resolver aplicar una multa, tarea ésta de juzgamiento que está reservada a los Tribunales establecidos por la ley, lo que motiva que deba acogerse el presente recurso de protección, también por este motivo.

Noveno: Que, también el recurrente estimó vulnerada la garantía constitucional del artículo 19 N° 21 de la carta fundamental, lo que no resulta probado, pues se trata de un hecho puntual que no puede estimarse prive al recurrente de ejercer una actividad económica conforme a la legislación nacional, la que por cierto ejerce, por lo que tal garantía no ha sido conculcada.

Por estas fundamentos y lo dispuesto por el artículo 19 N° 3 inciso 5° y N° 24, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección se declara que se acoge el presente recurso de protección interpuesto por Automotriz nombre reservado S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado y en consecuencia se deja sin efecto la resolución de multa N° 1263/16/052-1 de fecha once de mayo de dos mil dieciséis que le fuere interpuesta al recurrente.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Hugo Fuenzalida Cerpa, quien fue de parecer de rechazar la acción cautelar interpuesta por la empresa Automotriz nombre reservado S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, teniendo presente para ello, lo siguiente:

1°: Que la actuación de la recurrida responde a la función que el Estado de Chile le otorga por medio de su Ley Orgánica y diversas disposiciones del Código del Trabajo, la que en síntesis se resume en que vigile el cumplimiento de las normas laborales en protección del capital humano, esto es, los trabajadores, frente al capital del dinero y en el cumplimiento de tal misión la ley le acuerda facultades de verificar si en la realidad de las relaciones entre trabajadores y empleadores se cumplen las leyes laborales y para cumplir tal misión por cierto que la ley le otorga la facultad de cerciorarse de la realidad fáctica y si esta se ajusta a derecho por ende, también le concede la facultad de interpretar las leyes laborales, y entre estas, los contratos de trabajo, ley para las partes, única forma de que se pueda concluir si se respeta o incumple la ley laboral, de modo que tal función no significa un juzgamiento jurisdiccional, función propia de los tribunales, tan es así, que el sistema administrativo creado por el Estado para vigilar el cumplimiento de la ley laboral, como lo son la Dirección del Trabajo, Inspecciones del Trabajo e Inspectores del mismo, al realizar tal labor y cumplir su función, en caso de incurrir en error, o abuso, nace para el afectado un primer derecho, que es recurrir frente al mismo órgano administrativo, y en caso de fracasar este resguardo, puede recurrir ante los Tribunales para que resuelva conforme a sus facultades jurisdiccionales, lo que demuestra en forma pristina que la actuación de la Inspección del Trabajo que aplica una multa, no cabe impugnarle por esta vía constitucional, toda vez que el núcleo a resolver resulta ser un derecho de carácter laboral cuestionado por el trabajador y por el empleador, de modo que no se trata de un derecho indubitado, lo que indudablemente lleva a este disidente a estimar que debe rechazarse el presente recurso de protección.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Hugo Fuenzalida Cerpa.

N° Protección 3072-2016.- Pronunciada por la Ministro de la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso Sra. nombre reservado, Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide y abogado integrante Sr. Hugo Fuenzalida Cerpa.

En Valparaíso, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.