nombre reservado con DEFENSORIA PENAL PUBLICA

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, tres de enero de dos mil veinte.

VISTO:

A folio 1, comparece Matías Quijada Contreras, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Defensoría Penal Pública, representada legalmente por el Defensor Nacional don Andrés Emilio Mahnke Malschafsky, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias de las cuales es víctima y que lesiona su derecho al debido proceso, y la libertad de trabajo, consistente en la Resolución Administrativa Exenta N° 315 de la Defensoría Penal Pública Nacional, que concluye el proceso administrativo sancionatorio, solicitando que se acoja el presente recurso de protección, dejando sin efecto la sanción impuesta mediante el proceso administrativo sancionatorio.

Indica que con fecha 12 de junio del 2019, mediante Ordinario Nº272-2019 de la Defensoría Penal Pública Regional de Valparaíso, se le autorizó para reemplazar, entre los días 13 de junio al 4 de julio de 2019, a la Defensor Penal Público titular de La Ligua, doña Pía Quijada Contreras. Lo anterior, en razón de que la referida, por motivos de salud, presentó licencia médica la que regiría desde el día 11 de junio de 2019, situación que obligó a la Empresa Licitada Cáceres y Cáceres Compañía Ltda., a buscar un reemplazo de manera urgente.

Señala que en dicho contexto, con fecha 13 de junio de 2019, la Juez Titular del Juzgado de Garantía de La Ligua, doña Margarita Riquelme, informa a la Defensoría Penal Pública Regional de Valparaíso, mediante oficio N°589-2019, que el recurrente mantenía una causa vigente en el tribunal, en calidad de querellante, en el RIT N°2662-2018, la cual se encontraba remitida a la Fiscalía Local de La Ligua.

Explica que, efectivamente, se patrocinó por parte de doña América Contreras Ríos y su persona la causa en referencia en calidad de querellante, la que fue entablada con fecha 17 de abril de 2019, es decir, con fecha bastante anterior a la autorización del reemplazo que ha referido por parte de la Defensoría Penal Pública. Precisando que en la causa judicial señalada, no se ha realizado a la fecha ninguna gestión por su parte, debido a que la causa es también patrocinada por la abogada doña América Contreras Ríos, por lo que su participación en aquella fue sólo subsidiaria, compareciendo, en los hechos solo a una audiencia, debido a que la abogado titular, por motivo de topes de audiencia no pudo acudir a la audiencia, la cual se realizó en la misma fecha que se entabló la querella y que quedó sin solicitudes, debido a que el querellado no fue notificado. Precisa que en la actualidad la causa en cuestión está terminada, la abogada titular llegó a acuerdo extrajudicial con la querellada, sin que se le hubiera notificado la querella, y el Ministerio Público finalmente decidió no perseverar en la Investigación.

Señala que sin perjuicio de aquello, la Defensoría Penal Pública inició proceso Sancionatorio, mediante Ordinario N°286/2019 de la Defensoría Penal Pública Regional de Valparaíso, en el cual se realizaron los descargos por la Empresa Licitada Cáceres y Cáceres Compañía Ltda., resumiendo los fundamentos ya señalados, proceso que culminó en su primera fase con la Empresa Licitada condenada a pagar sendas multas, en virtud de los hechos antes descritos. Luego, la Empresa Licitada interpone Recurso Administrativo Jerárquico, el cual nuevamente es rechazado, esta vez por parte de la Defensoría Penal Pública Nacional.

Respecto a los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que privan, perturban y amenazan los Derechos Fundamentales señala que se han vulnerado dos derechos fundamentales, a saber, el derecho al debido proceso, consagrado en el número 3 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, y el derecho a la libertad de trabajo, consagrado en el número 21 del artículo 19 de la misma norma básica.

En cuanto al primero, se vulnera por parte de la Defensoría Penal Pública, por cuanto ha dictado resoluciones que lo vinculan directamente, sin habérsele emplazado en algún momento, vulnerando de este modo el principio básico de la contradicción; aquello, por cuanto en el Proceso Administrativo Sancionatorio solo fue notificada la Empresa Licitada, sin considerar en ningún momento que él también sería afectado por los efectos de aquél, y en ese sentido ostenta la calidad de interesado, invocando al efecto los artículos 21 y 36 de la Ley N° 19.880.

Precisa que respecto a los alcances de la Resolución del Proceso Administrativo Sancionatorio, al ser condenada una Empresa Licitada o Persona Natural a las Sanciones que impone la ley 19.718 que Crea la Defensoría Penal Pública, se ordena publicar el nombre de la Empresa Licitada y del Abogado que motiva la Sanción en el Registro de Sanciones de la Defensoría Penal Pública el cual es un registro público, al que se accede mediante el portal web de la Defensoría Penal Pública, amenazando, de esta manera con generarle graves perjuicios al ser cuestionada su calidad de Defensor y publicado su nombre en aquel registro público, sin permitírsele evacuar descargos, presentar prueba, o realizar alguna gestión tendiente a defenderse en un proceso Administrativo Sancionatorio que actualmente se encuentra fallado, y que no le fue notificado de manera alguna.

Agrega que el proceso administrativo sancionatorio que se lleva a cabo le afectará igualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 19.718, cuando refiere los criterios que se tomarán en consideración al momento de resolver un proceso de licitación, es decir, si deseare participar en un proceso de licitación, se tendrá en consideración para la evaluación, las sanciones que se le hubieren aplicado.

En cuanto al segundo derecho vulnerado, esto es, el derecho a la libertad del trabajo, se encontraría vulnerado por cuanto se le impone un verdadero castigo por parte de la recurrida al sancionarlo por haber cometido una supuesta falta, al haber patrocinado una Querella Penal en el Juzgado de Garantía de La Ligua. Se enfatizó en que ello era una contravención al artículo 15 del Código Deontológico de la Defensoría Penal Pública, pues dos meses antes de asumir el reemplazo temporal a la Empresa Licitada Cáceres y Cáceres Ltda., patrocinó una Querella en el mismo Tribunal. Esta interpretación, además de ser errada, es vulneratoria del derecho referido, en particular, y en general de todos aquellos que se encuentran en la misma situación de ser abogados que realizan reemplazos para la Defensoría Penal Pública. Lo anterior por cuanto implica que, si un abogado desea realizar un reemplazo temporal, debe necesariamente abandonar todo patrocinio de querellas que hubiere presentado con anterioridad, salvas escasas excepciones. Ello atenta contra este derecho, por ser además una interpretación antojadiza, y por tanto arbitraria, ya que, del atento examen de la norma, se puede inducir que para que se esté en su hipótesis, el actuar de la persona que se cuestiona, debe cumplir con los siguientes requisitos copulativos: 1.- Que se trate del actuar de un Defensor Penal Público. 2.- Que este actuar consista en haber actuado como Querellante, en causa penal. 3.- Que esta actuación se haya realizado en los tribunales en que ejerce su función. 4.- Que esta actuación de Querellante sea coetánea a su función de Defensor Penal Público. 5.- Que con motivo de esta actuación haya puesto en peligro los intereses de alguno de sus defendidos.

Pues bien, en el caso de marras, él no actuó como querellante durante el tiempo que ejercía su función de Defensor Penal Público; haciendo presente que la referida querella jamás fue notificada a imputado alguno, y si bien es cierto fue asignada a la Defensora Penal Pública a quien reemplazó, no es menos cierto que aquella asignación fue solo para efectos computacionales – administrativos de la Defensoría Penal Pública, sin haberse provocado perjuicio alguno a algún imputado, y no pudiéndose provocarse en los hechos algún perjuicio, ya que jamás fue notificado algún imputado.

En una segunda dimensión, se vulneró este derecho fundamental por cuanto, mediante la Resolución Exenta N°315 de la Defensoría Penal Pública que decide sancionar a la Empresa Licitada y a su parte, se señala que este abogado habría cometido una falta, que se califica como leve, en circunstancias que a una persona que no ha firmado Contrato de Licitación alguno, no se le pueden imponer sanciones por infracciones al Código Deontológico de la Defensoría Penal Pública. Lo anterior, ha sido ratificado por lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su Dictamen N°021886N18, donde el órgano contralor señala que tal cuerpo normativo sí es vinculante a los defensores penales públicos, pero sólo en razón de que tales abogados han aceptado someterse a sus disposiciones al tiempo de postular y aceptar las respectivas bases de licitación.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso, disponiendo las medidas necesarias para la debida protección de sus derechos, tales como, que se ordene a la Defensoría Penal Pública dejar sin efecto la sanción impuesta mediante el Proceso Administrativo Sancionatorio iniciado mediante Ordinario N°286/2019 de la Defensoría Penal Pública Regional de Valparaíso, y que se disponga prudencialmente cualquier otra medida de protección para la debida seguridad de los derechos del recurrente, con costas.

A folio 9, evacua informe el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, don Andrés Mahnke, solicitando el rechazo de la acción.

En primer lugar indica que las obligaciones emanadas de los contratos de prestación del servicio de defensa penal que resultan de los procesos de licitación pública convocados en la región de Valparaíso, se encuentran contenidas en la Ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, en el Reglamento de Licitaciones y Prestación de Defensa Penal, aprobado por Decreto Supremo N° 495 de 2002 del Ministerio de Justicia, en las Bases Administrativas Generales, formalizadas mediante Resolución Afecta N° 3, de 2017 y por las Bases Técnicas y anexos respectivos.

Señala que el referido régimen normativo consulta y regula los procedimientos mediante los cuales se persiguen y hacen efectivas las responsabilidades derivadas de las actuaciones realizadas por quienes invisten la condición de defensores penales públicos en virtud de un contrato de prestación de dicho servicio, así como las eventuales sanciones que corresponde aplicar en caso de infracción o incumplimiento, materias que se encuentran establecidas en el párrafo 5° del Título VI de la Ley N° 19.718.

Indica que asimismo, el numeral 8.9 de las citadas Bases Administrativas Generales, clasifica la entidad y monto de las multas, según la gravedad de la falta que se reprocha, cuya calificación y evaluación compete al Defensor Regional respectivo, y por vía de apelación, al Defensor Nacional.

En segundo lugar, en cuanto a los antecedentes del contrato de prestación del servicio de defensa penal pública que es materia del recurso y del procedimiento administrativo que dio lugar a la aplicación de multa, refiere que importa señalar que a consecuencia de la 22° convocatoria a licitación pública del servicio de defensa penal pública, resultó adjudicada la oferta presentada por la sociedad “Cáceres y Cáceres Cía. Ltda.”, en la zona jurisdiccional correspondiente a las comunas de La Ligua y Petorca de la región de Valparaíso. En mérito de lo anterior, con fecha 1° septiembre de 2016, se celebró el pertinente contrato de prestación de defensa con la sociedad referida, por un período de 3 años, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 264 de la Defensoría Regional de Valparaíso, de fecha 6 octubre del mismo año. Añadiendo que forma parte integrante del aludido contrato, el texto de las Bases Administrativas y Técnicas y Anexos aprobados por Resolución Afecta N° 3 de 2017, las normas de la Ley N° 19.718 y del Reglamento sobre Licitaciones y Prestación de Defensa Penal Pública, contenido en el Decreto Supremo N° 495 de 2002 del Ministerio de Justicia.

Indica que durante la ejecución del referido contrato, se inició un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio mediante Ord. N° 286/2019, de la Defensoría Regional de Valparaíso, en contra de la sociedad en cuestión, en razón a lo representado en Oficio N° 589-2019 del Juzgado de Garantía de La Ligua, en el sentido que el recurrente, autorizado a reemplazar a la defensora Pía Quijada Contreras, por el período comprendido entre el 13 de junio al 4 de julio 2019, mantenía causa vigente en el referido Juzgado de Garantía, en calidad de querellante, situación expresamente prohibida de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo quinto del Código Deontológico del Defensor Penal Público.

Expresa que una vez formulados los descargos en tiempo y forma por parte del prestador, y habiéndose ponderado los hechos y sus antecedentes, el Defensor Regional de Valparaíso, en ejercicio de sus facultades, resolvió aplicar a la mencionada sociedad una multa, calificando la falta como menos grave, imponiendo el pago de 26 UF. Dicha decisión fue objeto de apelación por parte de la referida sociedad ante la Defensoría Nacional, la que fue rechazada en todas sus partes mediante Resolución Exenta N° 315, de fecha 11 septiembre 2019, confirmándose lo resuelto en primera instancia por el Defensor Regional de Valparaíso. Precisando que la aludida Resolución Exenta N° 315, ha sido objeto de impugnación ante esta misma Iltma. Corte, por parte de la sociedad sancionada, reclamación cuya tramitación se encuentra actualmente pendiente.

Señala que así, nos encontramos ante la aplicación de reglas orientadas a hacer exigible y sancionar el cumplimiento de obligaciones que emanan de un contrato entre la Defensoría Penal Pública y una persona jurídica, a quien se encomienda la prestación del servicio de defensa penal pública.

En cuanto a las alegaciones de fondo, en relación a la supuesta vulneración al debido proceso, indica que la acción de protección otorga cautela de los derechos y garantías que la constitución señala en su artículo 20, entre los cuales no se encuentra el debido proceso; correspondiendo desestimar las alegaciones pretendidas por el recurrente en este punto.

Seguidamente, en relación a la supuesta vulneración a la libertad de trabajo, señala que las Bases Administrativas de Licitación Pública que regulan los procesos licitatorios y la ejecución de los contratos consiguientes, establece un régimen de reemplazos que permite garantizar la continuidad del servicio de defensa en el numeral 8.6.1 de las Bases Administrativas Generales, la que en su inciso 7° dispone que “el defensor de remplazo deberá asumir las mismas obligaciones que de acuerdo a la presentes Bases rigen para el defensor titular que se remplaza.”

Explica que de este modo, el conjunto de obligaciones, impedimentos y prohibiciones que le son aplicables al defensor titular, lo son también respecto de aquel que lo reemplaza. Y una de las limitaciones que rige para los prestadores es la establecida en el numeral 8.3 de las bases administrativas, que dispone que existe conflicto de intereses, “cuando la intervención profesional del prestador, persona natural o defensor miembro de nómina o lista, en un asunto como defensor penal público, resulta directamente adversa a los intereses de otro cliente, o exista un riesgo sustancial de que el cumplimiento de los derechos asociados a su función como defensor pueda verse afectado por una situación en la que tenga directa o indirectamente algún interés personal o por sus deberes hacia otro cliente actual o anterior o hace terceros; o cualquier otro caso que el defensor infrinja algunas de las obligaciones contenidas en el código deontológico de la Defensoría Penal Pública”.

Agrega que la misma disposición establece en su penúltimo inciso que el prestador deberá comunicar cualquiera situación de conflicto de interés a la autoridad competente, criterio normativo coincidente con el contenido en el artículo duodécimo del Código Deontológico y en el Oficio N° 739-2018 de la Defensoría Regional de Valparaíso, documentos cuyo carácter vinculante y obligatorio para los prestadores licitados fuera refrendado por la Contraloría General de la República mediante el Dictamen N° 21.886, de 3 de septiembre de 2018, solicitado a iniciativa del representante legal de la misma prestadora “Cáceres y Cáceres Compañía Ltda.”

Refiere que de lo enunciado, se infiere que en modo alguno se pudiere ver afectada la libertad de trabajo del recurrente, en tanto libremente, al momento de asumir el ejercicio de la defensa en calidad de abogado de reemplazo, acepta las obligaciones, impedimentos y prohibiciones que supone dicha función, como es propio de cualquier profesión u oficio sujetas a las exigencias propias de su quehacer.

Concluye así que los actos administrativos emanados de la Defensoría Penal Pública en el procedimiento sancionatorio que es materia de autos, han cumplido estrictamente con los requisitos y condiciones que la norma le impone, razón por la cual, es impertinente calificarla de arbitraria o ilegal.

A folio 22, rola informe emanado de la Fiscalía Local de La Ligua, indicando que existe en dicha entidad una causa bajo el Ruc 1800888527-K, que figura actualmente terminada bajo la comunicación de decisión de no perseverar en el procedimiento, la que fue comunicada y aprobada en audiencia realizada ante el Tribunal de Garantía de La Ligua con fecha 27 septiembre 2019, iniciada por un delito de daños simples, a través de denuncia recibida con fecha 11 septiembre 2018 y la que fue asignada al Fiscal Jefe, don Luis Alberto Cortez Muñoz.

Hace presente que los intervinientes participes de la misma correspondieron a la Sociedad Agrícola y Ganadera Pullally Ltda., como víctima, representada por el denunciante don nombre reservado y doña nombre reservado; mientras que figura como imputado don nombre reservado, representado por su defensor don Manual Ravest Peña. Agregando que con fecha 17 de abril 2019, se presenta querella, en que aparecen como intervinientes los querellantes doña América Contreras Ríos y don Matías Quijada Contreras, precisando que este último comparece en dicha calidad de querellante, en audiencia de formalización realizada con fecha 17 de abril 2019, en la que no se hicieron solicitudes ante la incomparecencia del querellado. A su turno, todas las notificaciones fueron realizadas a través del Tribunal de Garantía de La Ligua.

A folio 24, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección garantiza a toda persona que ilegal o arbitrariamente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en sus derechos, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que dicte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que el recurrente alega que se estarían vulnerando sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 y N° 21 de la Constitución Política de la República, por cuanto mediante la Resolución Administrativa Exenta N° 315 de la Defensoría Penal Pública Nacional, que concluye el proceso administrativo sancionatorio, se rechazó el recurso de apelación deducido por la Sociedad “Cáceres y Cáceres Compañía Ltda.”, en contra de la Resolución Exenta N° 143, de fecha 8 de julio 2019, de la Defensoría Regional de Valparaíso, confirmándose así la sanción de multa impuesta a ésta, consistente en 26 UF, toda vez que, al ser condenada una Empresa Licitada o Persona Natural a las sanciones que impone la ley 19.718, se ordena publicar el nombre de la empresa y del abogado que motiva la sanción en el Registro de Sanciones de la Defensoría Penal Pública, que es un registro público, amenazando de esta manera con generarle graves perjuicios al ser cuestionada su calidad de Defensor, y publicado su nombre en aquel registro público, sin permitírsele evacuar descargos, presentar pruebas, o realizar alguna gestión tendiente a defenderse en un proceso Administrativo Sancionatorio que actualmente se encuentra fallado, y que no le fue notificado de manera alguna.

TERCERO: Que, de lo que se trata es de saber si la resolución en que el Defensor Nacional rechaza el recurso de apelación deducido por la Sociedad Cáceres y Cáceres Compañía Limitada, que le aplica una sanción de multa, afecta los derechos constitucionales que invoca el recurrente, en términos tales que justifique ejercer las atribuciones que el artículo 20 de la Constitución Política de la República otorga a este tribunal, para brindar la tutela de urgencia que en dicho precepto se consagra.

CUARTO: Que, para mayor claridad, cabe tener presente como hechos esenciales de la acción ejercida, los siguientes:

1. El recurrente asumió la condición de abogado defensor público, por el período que va del 13 de junio al 14 de julio de 2019, en remplazo de doña Pía Quijada Contreras, quien integraba el equipo de abogados defensores de la empresa sancionada.

2. Dicho reemplazo de produjo no obstante que el actor se encontraba a la fecha en calidad de abogado querellante en otra causa seguida ante el mismo tribunal en que debía desempeñarse como defensor público, esto es, el Juzgado de Garantía de La Ligua.

3. Tal situación fue informada de inmediato por la magistrado del tribunal a la Defensoría Regional de Valparaíso, entidad que procedió a incoar un procedimiento sancionatorio en contra de la Sociedad Cáceres y Cáceres Compañía Limitada, prestadora del servicio licitado, basado en la infracción a lo dispuesto en el artículo 15 del Código Deontológico, aprobado por resolución 2907, de 24 de septiembre de 2010, de la Defensora Nacional.

4. Que el citado precepto dispone expresamente que un defensor penal público está impedido de actuar como querellante en los tribunales en la zona en que ejerce su función.

5. Por resolución exenta N° 143, de 8 de julio de 2019, del Defensor Regional de Valparaíso, se dispuso la aplicación de una sanción en contra de la Sociedad Cáceres y Cáceres Compañía Limitada, consistente en una multa de 26 unidades de fomento, ordenando que fuere consignada en el registro público pertinente. Dicha sanción fue apelada para ante el Defensor Nacional, la que se rechazó por resolución exenta N° 315, de 11 de septiembre de 2019, siendo este el acto que motiva la presente causa.

QUINTO: Que, de lo expuesto en el libelo presentado por el actor, así como de lo oído en estrados, puede concluirse que los hechos antes relacionados no han sido controvertidos por el recurrente, quien se ha limitado a darles una connotación distinta a la que apreció la entidad defensora penal. Lo dicho permite entonces razonar sobre la base de lo que dispone el código deontológico, así como también conforme a lo expresado en las bases de la licitación que regulan el vínculo contractual de la Defensoría con de la sociedad prestadora, en cuyo acápite 8.3 -relativo al conflicto de intereses durante la ejecución del contrato- alude expresamente a la infracción a las obligaciones que contempla el código deontológico de la institución de defensa pública. Adicionalmente las citadas bases establecen en el punto 8.6.1, relativo a los reemplazos, que el defensor reemplazante deberá ajustarse a las mismas obligaciones rigen para el titular. Finalmente cabe consignar que el acápite 8.15 del mismo estatuto de licitaciones, dispone la publicación de las sanciones que se apliquen a los prestadores, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 de la ley 19.718 que crea el servicio.

SEXTO: Que, en tales condiciones, la sanción impuesta por la autoridad superior regional de la Defensoría Penal Pública, confirmada por la jefatura nacional del servicio, se encuentran plenamente ajustadas a los hechos y a la regulación específica que gobierna el contrato celebrado entre la Defensoría Penal Pública y la Sociedad Cáceres y Cáceres Compañía Limitada, para la que el recurrente ejercía como abogado defensor.

SÉPTIMO: Que, consecuentemente, no resulta posible hacer lugar a la pretensión del actor, desde que no se advierte en el comportamiento de la recurrida, acto u omisión alguno al que se le pueda imputar ilegalidad o arbitrariedad, tanto más si se considera que la sanción aplicada ha sido conforme a un procedimiento reglado y de conocimiento de las empresas licitantes.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo expresado, y haciéndose cargo de las consecuencias perjudiciales que afirma el recurrente le afectarán por la publicación de la sanción impuesta a su empleadora, cabe tener presente que alega transgresión a dos derechos fundamentales, a saber, el debido proceso, y la libertad de trabajo.

NOVENO: Que, sobre el primero de ellos, baste solo recordar que la acción de protección, conforme se regula en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, excluye de su amparo tal derecho, en tanto solo alude al inciso 5° del N° 3 del artículo 19, que dice relación con el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, lo que constituye motivo suficiente para desestimar la acción entablada por este capítulo.

DÉCIMO: Que, a su vez, la supuesta transgresión a la libertad de trabajo en los términos en que ha sido fundamentada, no puede prosperar, toda vez que se sustenta en una eventual exclusión del actor de un futuro proceso de licitación, por el hecho de que su nombre figure en el registro público de sanciones, fundamento que no se condice con la naturaleza de cautela de urgencia que caracteriza a la acción de protección, la que supone la ocurrencia de un acto u omisión que prive, perturbe o amenace un derecho indubitado garantizado constitucionalmente, en este caso la libertad de trabajo. En efecto, el recurrente podrá continuar ejerciendo libremente su profesión, incluso presentándose a futuras licitaciones ante la Defensoría Penal Pública, desde que la norma que indica como fundamento de este reclamo, esto es, el artículo 46 de la ley 19.718, se limita a expresar que para resolver una licitación, la Defensoría Penal Pública “considerará” las eventuales sanciones que hubiere sufrido, circunstancia que en el caso del recurrente no aplica, toda vez que la resolución 143/2019, confirmada sin modificación por la resolución 215/2019, sanciona específicamente a la Sociedad Cáceres y Cáceres Compañía Limitada y no al recurrente; de modo que el referido precepto no podría serle aplicado, siendo del caso agregar que, como se ha destacado, dicho precepto no impone a la autoridad adjudicadora la exigencia de excluir de una licitación a quien hubiere sido sancionado, sino solamente recomienda “considerar” dicho antecedente. En tales condiciones, no resulta posible ejercer potestad de urgencia a una situación evidentemente incierta.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y demás disposiciones legales y reglamentarias citadas, se rechaza el recurso de protección deducido a folio 1 por el abogado Matías Quijada Contreras, en contra de la Defensoría Penal Pública Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-30713-2019.

No firma la Ministra Suplente Sra. Vega, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.