nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIÓN PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece don Daniel Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, ingeniero civil, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por quien ejerza su gerencia general, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana. Funda su recurso en que la recurrida, en un acto que califica de ilegal y arbitrario, rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales, vulnerando los derechos garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 30 de abril de 2025 obtuvo una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a fin de acreditar su cobertura previsional para efectos del retiro de fondos. El 14 de mayo de 2025, mediante correo electrónico, la recurrida informó el rechazo de la solicitud presentada, argumentando que dicho documento no permitía acreditar el cumplimiento del requisito legal de contar con cobertura para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Refiere que anteriormente había acompañado declaración jurada ante notario para acreditar la cobertura previsional en el IVSS, pero la recurrida también descartó su validez, sosteniendo que no acreditaba el acceso efectivo a las coberturas exigidas y que la constancia no indicaba expresamente que incluía prestaciones médicas y pecuniarias. Precisa que en el rechazo de 14 de mayo de 2025, la administradora reconoció que el recurrente se afilió al IVSS el 24 de septiembre de 2018, pero estimó que ello no permitía acreditar que hubiese contado con la cobertura señalada durante todo el período en que prestó servicios en Chile. Al respecto, la afiliada presenta certificación electrónica del IVSS que da cuenta de su pertenencia a dicho organismo previsional.

Indica que, de conformidad con lo establecido en el artículo 345 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, la autenticidad de instrumentos otorgados en el extranjero puede ser acreditada en Chile mediante atestado del agente diplomático acreditado y certificación por el Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, en su caso existe una imposibilidad técnica y material para obtener la legalización consular, dado el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras las últimas elecciones presidenciales en ese país, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

Agrega que, no obstante lo anterior, la autenticidad de la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS puede verificarse directamente en el portal oficial de dicho organismo (www.ivss.gob.ve), utilizando el código único de verificación impreso en cada planilla. Explica que, al ingresar dicho código en el recuadro habilitado en la plataforma institucional, se accede al documento original digital emitido por el IVSS, el cual da cuenta de su afiliación y cobertura previsional. Precisa que este mecanismo de verificación pública permite constatar la validez del documento sin necesidad de legalización consular, y acompaña capturas de pantalla ilustrativas de dicho procedimiento.

Agrega que el artículo 1 de la Ley N° 18.156 reconoce el derecho de los trabajadores extranjeros sujetos a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile a mantener sus aportes previsionales en su país de origen, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa. Sostiene que, en su caso, se han acompañado antecedentes suficientes para acreditar la afiliación y cobertura previsional en el IVSS, por lo que el rechazo efectuado por la recurrida carece de fundamento legal.

Argumenta que la negativa de Provida S.A. vulnera, además, el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, al generar una hipótesis no prevista por el legislador para impedir el retiro de fondos previsionales, y el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al impedirle disponer de los recursos acumulados en su cuenta de capitalización individual.

Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta (Rol N° 247.104-2023), de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol N° 325-2024) y de la Corte de Apelaciones de Concepción (Protección N° 12525-2024), que en casos análogos han reconocido la suficiencia de certificados emitidos por organismos previsionales extranjeros para efectos de la Ley N° 18.156, declarando ilegal y arbitraria la negativa de las AFP a devolver los fondos.

Concluye que la negativa de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que lesiona las garantías constitucionales antes señaladas, solicitando que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales, dentro del plazo de cinco días o el que tribunal estime pertinente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 12, evacúa informe don Daniel Santoni, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso con condena en costas, fundado en que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

Refiere que, AFP ProVida S.A. sostiene que no ha incurrido en actos ilegales o arbitrarios, sino que ha actuado conforme a la ley y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Alega que la materia planteada no es propia de una acción cautelar, pues el recurso de protección está destinado a tutelar de forma urgente derechos frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, y no a resolver cuestiones propias de un juicio de lato conocimiento. Cita jurisprudencia que descarta su procedencia para obtener declaraciones de derechos o pronunciamientos sobre materias como la prescripción extintiva. Afirma que lo solicitado —modificar las normas del sistema de pensiones y cuestionar la constitucionalidad del DL N° 3.500— excede el ámbito del recurso, además de versar sobre un derecho controvertido y no indubitado. Reitera que su actuación se ajusta plenamente a la normativa vigente.

Señala que nombre reservado solicitó la devolución de fondos como técnico extranjero al amparo de la Ley N° 18.156, la que fue rechazada el 14 de mayo de 2025 por AFP ProVida al encontrarse vencida la certificación de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, según instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Explica que esta norma excepcional permite el retiro solo si se cumplen copulativamente todos los requisitos legales, los que la administradora debe verificar estrictamente.

Invoca el DL N° 3.500 y su reglamento, que obligan a destinar los fondos previsionales únicamente a las prestaciones legales y prohíben otorgar beneficios distintos. Detalla los requisitos de la Ley N° 18.156 calidad de técnico, afiliación a un régimen extranjero con prestaciones mínimas, y manifestación expresa en el contrato afirmando que no se acreditaron plenamente.

Sostiene que su actuación se ajustó a la normativa vigente, respaldada por jurisprudencia, la cual ha ratificado que la devolución de fondos procede solo con el cumplimiento íntegro de los requisitos, lo que no ocurrió en este caso.

Invoca jurisprudencia de las Cortes de San Miguel, Valparaíso y Concepción que rechaza recursos similares por no acreditarse la afiliación al régimen previsional extranjero mediante certificación oficial legalizada o apostillada, requisito exigido por la normativa y la Superintendencia de Pensiones. Destaca que un código de verificación electrónica no sustituye esas formalidades y que, cuando el certificado consular tiene vigencia limitada —como los 120 días impuestos por Venezuela—, su presentación vencida lo torna jurídicamente inidóneo.

Sostiene que, en el caso de nombre reservado, la documentación presentada no cumplió con tales exigencias, por lo que AFP ProVida S.A. estaba legalmente impedida de aceptar la solicitud de devolución de fondos. Afirma que su actuación se ajustó estrictamente a la ley, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, y que no se afectaron garantías constitucionales. Concluye que el recurso de protección no es la vía idónea para materias de lato conocimiento y solicita su rechazo con costas.

Se trajeron los autos en relación Con los relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, se impugna el acto consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, que le fue notificado por correo electrónico el 14 de mayo de 2025, fundado en que la constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no permite acreditar el cumplimiento del requisito legal de contar, en su país, con cobertura para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile, ni el cumplimiento de las formalidades exigidas por la normativa vigente.

Tercero: Que, la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., informa que el rechazo se ajusta a las normas legales y reglamentarias aplicables, en particular a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, por cuanto el documento presentado por el recurrente no se encuentra legalizado o apostillado, requisito indispensable para su validez en Chile conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y no acredita la cobertura previsional exigida por la Ley N° 18.156 durante todo el período laboral en el país.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7° de la misma ley prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Quinto: Que, en este caso, el recurrente acompañó una constancia electrónica de afiliación al IVSS que, aun cuando contiene un código de verificación digital, no cumple con la exigencia legal de legalización o apostilla y tampoco acredita de forma inequívoca que la cobertura previsional incluya todas las prestaciones mínimas señaladas, durante la totalidad del período en que prestó servicios en Chile, requisitos indispensables para acceder a la devolución solicitada.

Sexto: Que, el argumento del recurrente relativo a la posibilidad de verificación electrónica del documento no se ajusta a las formalidades exigidas por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones, que imponen requisitos específicos de autenticidad y vigencia para documentos extranjeros.

Séptimo: Que, en tales condiciones, no se advierte que el actuar de la recurrida constituya un acto ilegal o arbitrario, desde que ha aplicado de manera razonada las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, en cumplimiento de su deber de verificar la procedencia de la devolución solicitada, por lo que no se configura vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-3043-2025.