Protección contra Tesorería Provincial de San Antonio

Foja: 35 Treinta y Cinco edp C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunció para alegar el abogado Manuel Lara Álvarez, 5 minutos contra el recurso. Valparaíso, trece de julio de dos mil dieciséis.

N° Protección-3022-2016 nombre reservado

Relator Valparaíso, trece de julio de dos mil dieciséis.

VISTO A fojas 5 comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Provincial de San Antonio, representada por su Tesorero Sr. nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su acción en que con fecha 6 de mayo del año en curso, el Servicio de impuestos Internos, aceptó su declaración de impuesto a la renta y la devolución solicitada por la suma de $ 495.957, todo ello según consta en su página web y en los documentos que adjunta.

Indica que en el registro de sus antecedentes en el referido portal del Servicio, con fecha 13 de mayo la recurrida efectuó una compensación por la suma $503.396, tomando los emolumentos correspondientes a su devolución de impuestos, para pagarse de una supuesta deuda tributaria y que por vía telefónica la recurrida le informó que la compensación se debía a una deuda por impuesto territorial, relacionado con los inmuebles Roles N° 1006-05 y 1006-17.

Manifiesta que en los registro del sitio web de tesorería aparece que existiría una supuesta retención judicial por dicho monto, sin señalar el tribunal ni rol de la causa, ni fecha de notificación judicial u otro antecedente que permita tomar conocimiento real del mismo. Además, en el mismo portal consta que existen deudas por concepto de impuesto territorial, sobre ellas, en relación al rol 106-005 la deuda corresponde al no pago de dicho impuesto desde 1998 a 2003, por un monto de RUT reservado y en relación al inmueble rol 1006-0017 corresponde a los años 1999 a 2003 por un monto de RUT reservado; acciones que estarían prescritas y decaídas conforme a lo prevenido en los Artículo 200 y 201 del Código Tributario.

Señala que sin perjuicio de lo señalado, dichos inmuebles no son de su propiedad, ya que los derechos que tenía fueron vendidos en el año 2007, según consta del certificado de dominio vigente que acompaña en un otrosí, no siendo de su responsabilidad notificar el Servicio de Impuestos Internos ni a la recurrida de dicha venta, ya que según lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76, 78, 80, 82 y 87 del Código Tributario, están obligados a informar los Ministros de Fe que allí se indica.

Finalmente y en cuanto al derecho, refiere lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, expresando que las actuaciones de la recurrida han sido efectuadas arbitrariamente, sin fundamento, toda vez que no tiene la calidad de deudor, según lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley N° 17.235, realizando una compensación sin contar con la autorización judicial respectiva, invocando como conculcado el Artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Por los argumentos vertidos, solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida la devolución de los impuestos correspondiente.

A fojas 16, informa el recurso doña nombre reservado, Tesorera Provincial Subrogante de la Provincia de San Antonio, indicando que según el registro del servicio que representa, el recurrente no presenta demandas o deudas con dicha institución.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que en el sistema automatizado de egresos de la Tesorería General de la República, consta que la retención a que hace mención el recurrente obedece a la orden de embargo dictada por el Segundo Juzgado de letras de San Antonio, en la causa caratulada Banco Santander con nombre reservado, Rol N° 24011-2015, en la que con fecha 7 de mayo de 2007 se ordenó retener la cantidad de $6.664.460.

Manifiesta que respecto a la pertinencia de la actuación procesal reclamada, señala que en nada corresponde a las razones esgrimidas por el recurrente, ya que las relativas al cobro de impuesto territorial que versan sobre dos inmuebles señalados no son exactas, dado que en esta oportunidad el Servicio actúa como un ente retenedor, debido a la orden dictada por un tribunal y en cuanto a la pertinencia de los dineros embargados, este Servicio no es parte del juicio que ordena el embargo causante de la retención.

En cuanto a la extemporaneidad de la acción, indica que la primera retención realizada por esta causa fue en el año 2007 por una suma de $279.662, la segunda el año 2008 por $ 44.278 y la tercera del año 2016.

Adjunta documentos fundantes de su informe A fojas 30 informa el recurso doña nombre reservado, Juez Interina del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, quien señala que ante dicho Tribunal se tramita la causa civil Rol C-24.011, “Banco Santander Chile con nombre reservado”, juicio ejecutivo de obligación de dar, iniciada con fecha 19 de julio de 2015.

Manifiesta que la causa se inició por demanda del Banco Santander Chile, en contra del recurrente para obtener el pago de 3 pagarés, despachándose mandamiento de ejecución y embargo por la suma de $6.664.469, más intereses y costas de la causa, agrega que la demandada opuso excepciones a la ejecución, las que fueron desestimadas por sentencia definitiva de 22 de mayo de 2008.

Refiere que a solicitud de la ejecutante, por resolución de 13 de abril de 2007, se dispuso el embrago sobre los dineros que por efecto de devolución de impuestos se encontraran retenidos por la Tesorería General de la República, notificándose al Sr. Tesorero Provincial el día 2 de mayo de 2007.

Expresa que por oficio de 25 de junio de 2007, la Tesorería, remitió cheque fiscal, por la suma de $279.662, correspondiente a la retención judicial respecto de la operación renta año 2007. Que por oficio de 14 de junio de 2008, la Tesorería, remitió cheque fiscal por la suma de $44.278, correspondiente a la retención judicial respecto de la operación renta año 2008 y que por oficio de 3 de junio de 2016, la Tesorería remitió cheque fiscal por la suma de $503.396, correspondiente a la retención judicial respecto de la operación renta año 2016.

Agrega que no existe constancia en el expediente, del alzamiento de la medida de retención y que los autos se archivaron por resolución de 4 de diciembre de 2010, y se solicitaron al archivo judicial para efecto de agregar el último de los oficios señalados, y depositar el cheque en la cuenta corriente del Tribunal.

A fojas 33 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que el recurrente alega haber sido vulnerado en sus garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24, por cuanto el Servicio recurrido habría actuado en forma arbitraria e ilegal, al retener su devolución de impuestos, para pagarse de una supuesta deuda tributaria.

Tercero: Que la recurrida indica que la retención a que hace mención el recurrente, obedece a la orden de embargo dada por el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en causa rol C-24011-2005, actuando, entonces el Servicio, como un ente retenedor debido a la orden dada por un Tribunal de la República.

Cuarto: Que atendido el mérito de los antecedentes, lo informado por la recurrida, y teniendo a la vista el expediente rol C-24011-2005, se desprende que a la fecha de practicarse la retención del impuesto a la renta del recurrente, se encontraba vigente una medida de retención emanada del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, no existiendo constancia del alzamiento de la misma. Por tanto, el actuar del servicio recurrido se encuentra ajustado a derecho y amparado en una orden de embargo legalmente emitida y vigente, no existiendo acto ilegal ni arbitrario que vulnere la garantía constitucional invocada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 5 por don nombre reservado, en contra de la Tesorería Provincial de San Antonio, representada por su Tesorero Sr. nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 3022-2016.

Pronunciada por la Primera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Inés María Letelier Ferrada y Sr. Alejandro García Silva.

En Valparaíso, trece de julio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.