nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA-SUBDERE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

A folio 1, comparecen Jorge Brito Hasbún, H. Diputado de la República; nombre reservado, Licenciada en Ciencias Jurídicas; ambos por sí y en favor de las personas y organizaciones a que representan, doña nombre reservado, Vocera de Mujeres del Movimiento por la defensa de Agua, de la Tierra y protección del Medioambiente (MODATIMA); doña nombre reservado, miembro de Asociación Communes; don nombre reservado , egresado de sociología; doña nombre reservado , miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar; doña nombre reservado, miembro del Consejo Local de Salud de El Quisco; doña nombre reservado, integrante de la Organización “Vecinos Vigilantes” del Centro Cultural Manuel Rodríguez, doña nombre reservado, miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Quilpué; doña nombre reservado, miembro del Colegio de Profesores de Viña del Mar; doña nombre reservado, miembro del comunal nombre reservado Antonio del Partido Comunes; don nombre reservado, miembro de la Asociación de Locatarios Nocturnos de Valparaíso; doña nombre reservado, integrante de la Junta de Vecinos N° 152 de Valparaíso; don nombre reservado , integrante del Sindicatos de Conductores de UBER Viña del Mar; don nombre reservado, miembro del Colectivo Educativo y Popular “Cocina Mestiza”; doña nombre reservado, integrante de la Asamblea Popular el Olivar de Viña del Mar; doña nombre reservado, integrante de la Red de Acción por los Derechos de la Mujer; doña nombre reservado, miembro del comunal Viña del Mar del Partido Liberal; don nombre reservado, miembro del comunal Valparaíso del Partido Liberal; don nombre reservado, integrante de la Agrupación 14 Asientos de Viña del Mar; doña nombre reservado, integrante del Movimiento Un Parque para Las nombre reservado Viña del Mar; doña nombre reservado, integrante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) Valparaíso; don nombre reservado, integrante de la FENATS Villa Alemana; don nombre reservado, Presidente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud nombre reservado Antonio; don nombre reservado, coordinador del Movimiento UNIR Valparaíso; don nombre reservado, miembro de la O.N.G. CORPORACIÓN CAPREIS San Felipe; don nombre reservado, miembro de la Mesa Social Quillota; doña nombre reservado, integrante del Espacio Fátima Viña del Mar; todas y todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponen recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada en la región por el General de Carabineros, don nombre reservado, Jefe de la V Zona General Valparaíso, domiciliado en domicilio reservado, y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado para estos efectos por el Intendente Regional Jorge nombre reservado Durán, domiciliado en domicilio reservado, por cuanto Carabineros, bajo mandato y sujeción directa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha ejecutado actos que amenazan e inminentemente perturban la integridad física de las personas, así, el 14 de julio de 2020 actualizó los Protocolos para el mantenimiento del orden público, incorporando la utilización de “Altavoces de alerta de alta frecuencia”, como nuevo “dispositivo, arma y/o munición menos letal”, la que fue publicada en el Diario oficial el 17 de julio del año en curso. Indican que tal acto es ilegal y arbitrario, pues amenazan la integridad física de las personas. En este sentido, el protocolo permite a Carabineros, la adquisición y utilización de un armamento sonoro que sin lugar a dudas conlleva un inminente riesgo a la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Solicitan se acoja la presente acción, declarando ilegal y arbitrario el uso de altavoces de alerta de alta frecuencia por parte del Cuerpo de Carabineros, por constituir una amenaza cierta y concreta a los derechos de los recurrentes y la sociedad civil chilena, y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho, incluyendo la prohibición, para las instituciones recurridas del uso de estos elementos sonoros de alta frecuencia A folio 10, rola informe de la Vta. Zona de Carabineros de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso, por las consideraciones de hecho y de derecho que allí vierten.

A folio 25, evacua informe don nombre reservado, en representación del Ministro del Interior y Seguridad Pública y pide que el recurso sea rechazado, por los motivos que en esa presentación se expresan.

A folio 25, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que a folio 1, comparecen don Jorge Brito Hasbún, doña nombre reservado, ambos por sí y en favor de las personas y organizaciones que representan, doña nombre reservado, Vocera de Mujeres del Movimiento por la defensa de Agua, de la Tierra y protección del Medioambiente (MODATIMA); don nombre reservado, miembro de Asociación Comunes; don nombre reservado, doña nombre reservado , miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar; doña nombre reservado, miembro del Consejo Local de Salud de El Quisco; doña nombre reservado, integrante de la Organización “Vecinos Vigilantes” del Centro Cultural Manuel Rodríguez, doña nombre reservado, miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Quilpué; doña nombre reservado, miembro del Colegio de Profesores de Viña del Mar; doña nombre reservado, miembro del comunal nombre reservado Antonio del Partido Comunes; don nombre reservado, miembro de la Asociación de Locatarios Nocturnos de Valparaíso; doña nombre reservado, integrante de la Junta de Vecinos N° 152 de Valparaíso; don nombre reservado , integrante del Sindicatos de Conductores de UBER Viña del Mar; don nombre reservado, miembro del Colectivo Educativo y Popular “Cocina Mestiza”; doña nombre reservado, integrante de la Asamblea Popular El Olivar de Viña del Mar; doña nombre reservado, integrante de la Red de Acción por los Derechos de la Mujer; doña nombre reservado, miembro del comunal Viña del Mar del Partido Liberal; don nombre reservado, miembro del comunal Valparaíso del Partido Liberal; don nombre reservado, integrante de la Agrupación 14 Asientos de Viña del Mar; doña nombre reservado, integrante del Movimiento Un Parque para Las nombre reservado Viña del Mar; doña nombre reservado, integrante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) Valparaíso; don nombre reservado, integrante de la FENATS Villa Alemana; don nombre reservado, Presidente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud nombre reservado Antonio; don nombre reservado, coordinador del Movimiento UNIR Valparaíso; don nombre reservado, miembro de la O.N.G. CORPORACIÓN CAPREIS San Felipe; don nombre reservado, miembro de la Mesa Social Quillota; doña nombre reservado, integrante del Espacio Fátima Viña del Mar, e interponen recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada en la región por el General de Carabineros, don nombre reservado, Jefe de la V Zona General Valparaíso y, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por el Intendente Regional Jorge nombre reservado Durán, por cuanto Carabineros, bajo mandato y sujeción directa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha ejecutado actos que amenazan e inminentemente perturban la integridad física de las personas, así, el 14 de julio de 2020 actualizó los Protocolos para el mantenimiento del orden público, incorporando la utilización de “Altavoces de alerta de alta frecuencia”, como nuevo “dispositivo, arma y/o munición menos letal”, la que fue publicada en el Diario oficial el 17 de julio del año en curso.

Indican que tal acto es ilegal y arbitrario, pues amenazan la integridad física de las personas. En este sentido, el protocolo permite a Carabineros, la adquisición y utilización de un armamento sonoro que sin lugar a dudas conlleva un inminente riesgo a la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Solicitan se acoja la presente acción, declarando ilegal y arbitrario el uso de altavoces de alerta de alta frecuencia por parte del Cuerpo de Carabineros, por constituir una amenaza cierta y concreta a los derechos de los recurrentes y la sociedad civil chilena, y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho, incluyendo la prohibición para las instituciones recurridas del uso de estos elementos sonoros de alta frecuencia.

Segundo: Que, fundando el recurso manifiestan que las armas acústicas o sónicas, también conocidas como dispositivos acústicos de largo alcance o cañones sónicos, consisten en dispositivos que emiten sonidos a altos volúmenes y gran alcance, pueden ser diseñados con el fin de emitir ondas de sonido, perceptibles o imperceptibles, para producir dolor, o bien para hacer llegar mensajes u otros sonidos a gran escala. Precisan que las armas acústicas están bajo investigación y desarrollo en algunos países y en otros, ya se han declarado ilegales.

Refieren que es un hecho no controvertido que no existe certeza de los efectos que tienen las armas acústicas sobre la salud de las personas, pero sí se puede concluir con base a estudios y casos reportados a nivel internacional, que produce una afectación que estriba desde dolores, pérdida del equilibrio, ruptura del tímpano hasta pérdida total de la audición, lo que significa desde ya un riesgo para la formulación de políticas públicas, las que necesitan pautas claras basadas en buena y verosímil evidencia, sobre todo cuando es la seguridad y la salud de las personas, la que se expone a efectos desconocidos. En este sentido, el Instituto de Salud Pública señala que la exposición prolongada a ruido puede producir pérdidas auditivas temporales y permanentes, en cualquiera de sus grados.

Ilustra que los antecedentes científicos existentes sobre la materia, permiten ponderar e identificar los riesgos abstractos y potenciales de los dispositivos sonoros de alta frecuencia. Sin embargo, tales riesgos son aún más claros e inherentes cuando se contrastan bajo los estándares que existen en nuestra legislación, al regular las normas de exposición dañina al ruido, en particular aquellas reguladas por el Ministerio de Salud sobre exposición laboral al ruido. En efecto, ajustando la fórmula nacional obligatoria a los parámetros advertidos por los diferentes estudios sobre medidas de presión sonora, los dispositivos de alta frecuencia no podrían utilizarse siquiera un segundo, incluso en su mínima potencia, ya que los niveles de presión sonora que emiten, se encuentran fuera de los límites permitidos en nuestro país en contextos laborales.

En cuanto a la ilegalidad, sostienen que no existe regulación legal que efectivamente dé cuenta de cómo se pueden afectar los derechos de los particulares de manera específica y determinada en estos casos, por lo que si interpretan las facultades de Carabineros a la luz de la juridicidad, salta fácilmente a la vista la ilegalidad de su actuar. Además, precisan que el uso de la fuerza ni siquiera se encuentra regulado por una ley o reglamento, sino que por una circular como es la Orden General N°2.635, modificada por la Orden General N°2.780, impugnada en autos, cuestión que resulta del todo reprochable, debido a la reserva legal que existe en materia de derechos fundamentales.

Por su parte, respecto a la arbitrariedad, indican que está dada por la utilización de un medio - alta voz de alerta de alta frecuencia - que no es idóneo, necesario ni proporcional para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo, que es resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población. Con todo, el dispositivo de altavoz incorporado, específicamente en el Anexo N°1, no consigna un protocolo adecuado para regular su empleo de forma individual como sí existe para los carros lanza agua, vehículos de reacción, empleo de disuasivo químico, entre otros.

Sobre la legitimidad activa, sostiene que buscan cautelar los intereses constitucionalmente protegidos de las personas individualizadas previamente, todas residentes de la Región Metropolitana (sic), comuna de Santiago. En tanto, respecto a la legitimidad pasiva, buscan evitar por parte de Carabineros el uso del nuevo elemento disuasivo, que como órgano del Estado debe someter su acción a la Constitución y las leyes, y en consecuencia, rendir cuenta de su actuar a los Tribunales de Justicia. Además, como cuerpo policial armado “esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado, y su dependencia directa al Ministerio del Interior, la presente acción cautelar también se dirige en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Consideran que el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, amenaza la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental. Pues, tal como lo señala la doctrina, nos encontramos ante un peligro actual o inminente, toda vez que es un hecho público y notorio que las manifestaciones de todo tipo en el país son algo periódico, asimismo, se trata de un peligro cierto, concreto, preciso, ya que no cabe dudas que, por el mero hecho de que Carabineros incorpore, sin ningún tipo de regulación, nuevas armas y dispositivos, existe certeza de que serán usadas en contra de la población y, al tratarse de una amenaza, nos encontramos ante un daño futuro, pues justamente se trata de algo que no ha ocurrido pero es bastante probable que ocurra.

Finalizan solicitando se acoja la presente acción, declarando ilegal y arbitrario el uso altavoces de alerta de alta frecuencia por parte del Cuerpo de Carabineros, por constituir una amenaza cierta y concreta a los derechos de los recurrentes y la sociedad civil chilena, y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho, incluyendo la prohibición para las instituciones individualizadas del uso de estos elementos sonoros de alta frecuencia.

Tercero: Que a folio 10, rola informe de la Vta. Zona de Carabineros de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

Como consideraciones previas, alega la falta de legitimación activa y otros defectos del recurso.

En cuanto a la falta de legitimación activa, indica que ,según el numeral segundo del Auto Acordado que regula la tramitación de esta acción cautelar, es necesario que los sujetos activos se encuentren debidamente individualizados y, en el caso de autos, solo son individualizados por su nombre y todos tendrían domicilio en las dependencias de la Cámara de Diputados, sin que haya un vínculo con dicho domicilio, más allá de fijarlo arbitrariamente; máxime si en el cuerpo del libelo señalan que todos tendrían domicilio en la Región Metropolitana, en la comuna de Santiago, cuestión que no se condice con la jurisdicción de esta Corte.

Añade que, por lo demás, los recurrentes no señalan en qué lugar ocurrirían las eventuales vulneraciones, ni precisan las eventuales afectaciones a cada uno de ellos por el acto recurrido. Además, los hechos descritos en la presentación y las peticiones concretas, exceden con creces las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar y no declarativa.

Señala que idéntico recurso se interpuso ante la Iltma. Corte de Santiago, conocido bajo el Rol 68.194, el que fue declarado inadmisible, encontrándose la resolución confirmada por la Excma. Corte Suprema. Lo idéntico de las acciones llega a tal punto, que se indicó que los recurrentes estaban domiciliados en la Región Metropolitana.

Refiere, a continuación, que el acto recurrido Orden General N°2.780 y la inclusión del “Altavoz de alerta de alta frecuencia”, no ha sido dictado por la Jefatura recurrida en autos, ya que se trata de una atribución conferida a la Máxima Autoridad Institucional, de conformidad con el artículo 2° del Decreto Supremo N°1.364, de fecha 13/11/2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y lo dispuesto en los artículos 51 y 52 letras h) y p) de la Ley N°18.961, artículo 19 del Reglamento de Documentación N°22, de la Institución. Por lo anterior, comprende que el recurrente haya inicialmente intentado su recurso ante la Iltma. Corte de Santiago y, ante la declaración de inadmisibilidad, se presente ante esta jurisdicción, omitiendo lo obrado previamente.

Finalmente en cuanto al fondo, señala no existe ni ha podido vulnerarse garantía constitucional alguna, toda vez que los elementos cuestionados y que fundamentan el recurso no existen en uso de la Institución, ni están en vías de adquisición, tal como se pudo confirmar con los antecedentes requeridos por la Cámara de Diputados a la Dirección de Logística de Carabineros.

Cuarto: Que, a folio 25 evacua informe don nombre reservado, en representación del Ministro del Interior y Seguridad Pública, indicando que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el hecho de reconocerle a la acción de protección de derechos constitucionales, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación urgente, informal, breve y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles en el presente, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata.

Añade que, es menester tener en especial consideración que, los recurrentes dedujeron este mismo remedio judicial, primeramente, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol N° 68.194-2020, magistratura que tempranamente, con fecha 31 de julio del año en curso declaró su inadmisibilidad. Luego, la causa en comento subió a la Excma. Corte Suprema vía apelación, máximo tribunal que en causa rol N° 104.750- 2020, con fecha 22 de septiembre de 2020, resolvió confirmar la referida inadmisibilidad, en términos puros y simples; por lo que a fin de evitar decisiones contradictorias y por estrictas razones de certeza jurídica, solicita tener presente lo anterior, al momento de pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.

Luego, refiere que la acción de protección de derechos constitucionales, no es una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga un interés inmediato y directo comprometido, o sea, no se puede interponer en favor de personas indeterminadas, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos constitucionales, a sus mandatarios o a quienes comparezcan determinadamente en su favor. Al respecto, la regulación constitucional del remedio judicial en comento, en cuanto a la legitimación activa, distingue claramente entre la persona afectada en sus derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando una amplia legitimación para accionar o interponer el requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, incluso sin representación. Sin embargo, la persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada, puesto que son los derechos y garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación, circunstancia a la cual alude el constituyente con la expresión “el que”. En efecto, de una lectura sistemática del libelo de autos, es posible identificar que si bien se indica que se ha recurrido por sí y en favor de las personas a que se alude, en realidad, se ha incurrido en una importante deficiencia formal en la construcción de la acción constitucional en análisis, desde que, aparece francamente interpuesta en beneficio de “todas aquellas personas que perjudique la actuación ilegal y arbitraria objeto del presente recurso” (página N° 2) y “la sociedad civil chilena” (página N° 30).

Expresa que así las cosas, no cabe duda que los recurrentes dedujeron la presente acción de protección en pos de cautelar fines difusos como la salud e integridad física de un número indeterminado de personas (incluso respecto de algunos recurridos que vivirían en la región Metropolitana, según indica expresamente en su página N° 15), lo cual, no resulta ser procedente en esta instancia de tutela de derechos constitucionales, por lo que indefectiblemente se debe proceder a resolver su rechazo, desde que se atenta con los fines propios de la acción en análisis.

En otro orden de ideas, alega que en estos autos, no hay referencia fundada alguna a una conducta de la Secretaría de Estado que prive, perturbe o amenace el derecho constitucional estimado como vulnerado por los recurrentes y que pueda ser remediado a través de esta acción cautelar. En efecto, de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esta Secretaría de Estado, es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en los asuntos relativos al orden público y a la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias. Además, el artículo 3° letra b) del cuerpo normativo en comento dispone que, entre sus atribuciones, se encuentra la de velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. Así las cosas, ese servicio cuenta con facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público en el territorio nacional, y las ha ejercido cumpliendo sus compromisos en la materia.

Así, añade que mediante el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese mismo año), se establecieron los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, todos ellos, en armonía con los principios vigentes del derecho internacional que disciplinan la materia, cuyo tenor es el siguiente, a saber: “1) En sus actuaciones, las fuerzas policiales deberán velar por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas. 2) En sus actuaciones, las fuerzas policiales respetarán y cumplirán la ley en todo momento. 3) Los funcionarios policiales deberán evitar el uso intencional de armas letales, debiendo preferir el empleo de elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos. 4) En caso que sea necesario emplear un arma de fuego, y siempre que sea posible, adecuado y útil, el funcionario policial advertirá claramente su intención de utilizarla. Esta advertencia no será necesaria en aquellos casos que con ella se ponga en peligro al funcionario policial o se cree un riesgo grave a otras personas. 5) Los funcionarios policiales deberán asegurar el mantenimiento del orden público con el objeto de garantizar las reuniones autorizadas por la autoridad competente y de carácter pacífico. 6) En caso de reuniones no autorizadas por la autoridad competente y de carácter no violento, los funcionarios policiales evitarán el uso excesivo de la fuerza. 7) Los funcionarios policiales no podrán hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas, salvo cuando sea estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener la seguridad y el orden en las unidades policiales o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona. 8) Las normas internas que regulen la intervención policial para el mantenimiento del orden público, deberán dar estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en materia de derechos humanos”.

Por su parte, con el objeto de verificar que la normativa interna de Carabineros diera cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el citado Decreto Supremo N° 1.364, se estableció en su artículo segundo que, dicha institución policial debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, dentro del plazo de noventa días corridos, disponiendo la publicación del instrumento final en el Diario Oficial. Evidenciando que con fecha 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros en cumplimiento de lo instruido por esta Cartera, a saber: (i) la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las Instrucciones sobre el uso de la fuerza; y (ii) la Orden General N° 2.635, también de 1 de marzo de 2019, que aprueba los nuevos protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

En ese contexto, indica que con fecha 25 de junio de 2020, a través de su Ordinario N° 15.997, la Subsecretaría del Interior remitió lineamientos generales y recomendaciones específicas a Carabineros para la actualización del protocolo sobre empleo de la escopeta antidisturbios. Dicho documento, da cuenta del trabajo conjunto que realizó la Subsecretaría del Interior con Carabineros, en lo relativo a la constitución y desarrollo del equipo de trabajo para la revisión y actualización del protocolo en comento, habiéndose reunido y recibido además las observaciones y recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y del área temática de seguridad pública del Consejo Nacional de la Sociedad Civil de este servicio. De ahí que, con fecha 17 de julio de 2020, se publicó en el Diario nombre reservado General N° 2.780, de 14 de julio de 2020, de Carabineros, instrumento que actualizó el protocolo 2.8. sobre el empleo de la escopeta antidisturbios, aprobado por la Orden General Nº 2.635, de 1 de marzo de 2019, en la forma como allí se indica.

Enseguida, también en este acto la policía uniformada, incorporó el “Altavoz de alerta de alta frecuencia”, dentro de los “Dispositivos, armas y municiones menos letales” que contempla el protocolo para el mantenimiento del orden público de Carabineros. En efecto, conforme ya consta en autos e informara Carabineros en diversos documentos, entre otros, en el Oficio N° 316, de 25 de septiembre de 2020, del Director Nacional de Orden y Seguridad, a propósito de un oficio de fiscalización emitido por el propio Honorable Diputado Jorge Brito Hasbún, hasta la fecha, no se ha iniciado ningún proceso de adquisición de dichos elementos, ni se han formalizado instrucciones que contemplen su implementación, debiendo tenerse presente que, los dispositivos en comento apuntan a ser utilizados por personal institucional de control de orden público, a fin de dar comunicados y/o advertencias a distintas personas, mediante mensajes de voz en forma breve a masas de manifestantes que estén haciendo uso de su derecho de reunión y subversores del orden público.

Concluye que de acuerdo a lo informado por Carabineros, no queda duda que la acción de protección de autos carece de todo objeto, no existiendo tampoco en la actualidad por ello medida protectora alguna que esta Corte pueda adoptar.

En cuanto a la falta de legitimación activa:

Quinto: Que la Vta. Zona de Carabineros de Valparaíso, como cuestión previa plantea la falta de legitimación activa de los recurrentes, en cuanto solo se identifican con sus nombres y señalan como domicilio el Congreso Nacional, sin señalar vinculación alguna con dicha dependencia, además de indicarse en el cuerpo del recurso, que todos están domiciliados en la región metropolitana.

Sexto: Que la alegación antes referida será desestimada, considerando para ello que, la propia recurrida reconoce que los recurrentes se encuentran individualizados y que, el cuestionamiento de sus domicilios escapa a la alegación en análisis, siendo además miembros de organizaciones que tienen sus domicilios en esta jurisdicción. Por lo demás, la referencia efectuada en el cuerpo del escrito a la Región Metropolitana fue salvada por el abogado de los recurrentes en estrado, indicando que fue un mero error de transcripción.

En cuanto al error formal en que se encuentra deducida la acción.

Séptimo: Que los recurridos también han planteado que la acción constitucional en análisis ha sido deducida como acción popular en resguardo de intereses difusos, lo que resulta improcedente de acuerdo lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia.

Octavo: Que del mérito del libelo recursivo es preciso constatar que en él se individualizan claramente las personas en favor de quienes se recurre, sin perjuicio de solicitar que se hagan extensivos sus efectos, a todos quienes se vean afectados por el acto ilegal y arbitrario que se denuncia, lo que desvanece el defecto que se denuncia.

Por lo demás, esta Corte ya emitió una declaración de admisibilidad respecto del mismo, por resolución que se encuentra ejecutoriada.

Todo ello, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.

En cuanto al fondo:

Noveno: Que, en la especie, se recurre en contra de la Orden General N°2.780 de 14 de julio de este año, publicada en el Diario Oficial de 17 de ese mismo mes, emanada de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, que actualiza el protocolo 2.8. sobre el empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal), aprobado por la Orden General Nº 2.635, de fecha 01.03.2019, que, a su vez, aprueba los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público e Incorpora, dentro de la “Categorización uso de las armas”, Nivel 1, correspondientes a “Dispositivos, armas y/o municiones menos letales”, el Altavoz de alerta de alta frecuencia, el que, al decir de los recurrentes, sería potencialmente dañoso para la salud de ellos y de toda la población.

Décimo: Que, para resolver es necesario considerar lo siguiente:

a) Que la Orden General recurrida emana del señor Director General de Carabineros.

b) Que el referido acto administrativo fue dictado en la ciudad de Santiago.

c) Que, de acuerdo a lo informado por el oficio N° 316 de 25 de septiembre de este año, remitido por la Dirección de Orden de Seguridad a la Subsecretaría del Interior, División de Gestión y Modernización de Policías, a propósito de la Consulta formulada por el H. Diputado Jorge Brito Hasbún sobre la materia, la Institución proyecta acceder a un sistema portable de comunicación, que sirva para espacios con alto ruido ambiental y sobrepase las capacidades de un megáfono tradicional, para impartir instrucciones claras y entendibles a la multitud que esté ejerciendo su derecho a reunión o participando en eventos alternos a una manifestación sean lícitos o no.

d) Que de acuerdo al mismo oficio, no obstante haber sido considerados, hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso de adquisición de dichos elementos.

e) Que, por lo mismo, a la fecha no existe protocolo o normativa institucional que defina las pautas o procedimientos operativos, características técnicas, evaluaciones de riesgo, certificación y capacitación de personal de los referidos altavoces.

f) Que con fecha 29 de julio de este año, se presentó idéntico recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que dio origen a los autos Rol 68.194-20, el que por resolución de 31 de julio de este año se declaró inadmisible, decisión que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema en su ingreso 104.150-2020 el 22 de septiembre recién pasado.

Undécimo: Que la acción de protección garantiza a toda persona que ilegalmente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en sus derechos, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que adopte, en tal caso, las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Duodécimo: Que, a través de la presente acción constitucional se solicita declarar ilegal y arbitrario el uso de altavoces de alerta de alta frecuencia por parte del Cuerpo de Carabineros y, que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del Derecho, incluyendo la prohibición, para las instituciones recurridas, del uso de estos elementos sonoros de alta frecuencia.

Decimotercero: Que de la sola enunciación de lo peticionado aparece de manifiesto que la materia sometida a conocimiento de esta Corte excede aquellas propias del recurso de protección, el que por su naturaleza cautelar, solo permite adoptar medidas de urgencia, frente a amenazas inminentes o afectaciones actuales a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Lo anterior se ve reforzado, considerando que, de acuerdo a lo señalado en el motivo décimo de esta sentencia, la inclusión de altavoces de alerta de alta frecuencia en la Orden General N°2.780 de 14 de julio de este año, solo constituye una declaración que no tiene concreción alguna, de modo tal que no es posible determinar sus características en cuanto será un aparato de amplificación de voz o emitirá ruido por sobre el nivel máximo permitido, su potencial dañoso, el uso que se le dará, las reglas bajo las cuales ello ocurriría en su caso y, su regulación específica, todo lo cual impide a esta Corte adoptar alguna medida cautelar a su respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechazan las alegaciones referidas a las deficiencias formales del recurso, formuladas por las recurridas.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1 por el H. Diputado Jorge Brito Hasbún y doña nombre reservado, ambos por sí y en favor de las personas y organizaciones que representan y que se individualizan en la parte expositiva de este fallo, en contra Carabineros de Chile y, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Silvana Donoso Ocampo, quien fue de opinión de acoger la presente acción cautelar, por los motivos que pasan a señalarse.

Primero: Que, que en relación a la considerada arma no letal consistente en altavoz de alerta de alta frecuencia, fue incorporada por la Orden general Núm. 2.780, de 14 de julio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, División de Carabineros de Chile, Orden General que en su apartado 2. expresa “Incorpórese, en el Anexo No 1, “Categorización uso de las armas”, Nivel 1:

“Dispositivos, armas y/o municiones menos letales”, de la Orden General No 2.635, de fecha 01.03.2019, que aprueba los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, los siguientes….. Altavoz de alerta de alta frecuencia.”

A su turno, el acápite tercero, señala “Dispónese que todas las actividades de Carabineros a nivel nacional, relativas al resguardo del derecho de reunión y al mantenimiento del orden público, se enmarquen dentro de los lineamientos, criterios, principios y etapas que establecen los protocolos respectivos.”

Segundo: Que, en consecuencia, la primera situación que debe quedar sentada es que, hasta antes de la dictación de la Orden General antes individualizada, el arma en comento no se encontraba permitida en nuestro ordenamiento reglamentario, ni legal.

Tercero: Que, resultan hechos no controvertidos en estos autos, que respecto a la referida arma, Altavoz de alerta de alta frecuencia, no existen estudios en Chile acerca del potencial daño para la salud de las personas que su utilización podría provocar, ni sobre especificaciones técnicas que la harían idónea para su inclusión como un arma menos letal, ni menos aún se han dictado protocolos para su uso.

Cuarto: Que, al efecto, cabe tener presente lo dispuesto en la normativa nacional e internacional para resolver la controversia que, en síntesis, se reduce a la siguiente pregunta: ¿resulta legal incorporar un arma nueva mediante una Orden General dictada por el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile, respecto de la cual se desconoce todo tipo de antecedentes, sin que exista protocolo para su uso, con la finalidad de mantener el orden público?.

Quinto: Que, al efecto, cabe colacionar los incisos 4° y 5° del artículo 1 de la Constitución Política de la República, así como sus artículos 7° y 19° números 1 y 9, inciso tercero, que tutelan el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todos los habitantes del país, reconociendo como contrapartida, que las autoridades deben actuar dentro del ámbito de sus competencias, respetando los derechos de los administrados.

A su turno, la ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su artículo 51, letra g), tiene la facultad de “Aprobar la adquisición, el retiro del servicio, la enajenación de armamento conforme a los criterios técnicos institucionales, sin perjuicio de las disposiciones legales sobre dichas materias.”

Sexto: Que, conforme a la normativa interna, es posible afirmar que aun cuando se reconociera la facultad de Carabineros de Chile para decidir la inclusión de armas –sin distinción- tendientes a optimizar el control del orden público o la seguridad nacional interna mediante una Orden General, lo cierto es que, habiéndose afirmado por las recurridas que ningún estudio ni criterio técnico institucional, como exige la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, avala el uso del arma denominada de Altavoz de alerta de alta frecuencia, ni menos se ha fijado un protocolo para su utilización, tales omisiones resultan suficientes para acoger la acción deducida puesto que, la autoridad, no ha actuado dentro del marco de sus competencias legales.

Séptimo: Que, asimismo, cabe colacionar las normas del estatuto internacional que deben tener aplicación en el presente caso, como la “Declaración Universal de Derechos Humanos”; “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”; “Convención Americana sobre Derechos Humanos”; “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; “Convención sobre Derechos del Niño” ;“Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”; “Directrices para la aplicación efectiva del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”;

Toda la normativa referida, en síntesis, obligan a los estados partes, a proteger la vida y la salud de las personas, evitando siempre el mal uso de la fuerza y la posibilidad de que una conducta de los agentes del Estado pueda llegar a constituir un acto de tortura o de tratos crueles, degradantes o vejatorios, exigiendo proporcionalidad de los medios empleados para reprimir actos delictuales, teniendo asimismo siempre en consideración a los grupos conformados por NNA.

Octavo: Que, especial importancia para la materia en debate reviste el acuerdo “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, que establece en su numeral 3°:

“Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.”

Noveno: Que, al amparo de esta última normativa de carácter internacional, no cabe duda que la inclusión del dispositivo de Altavoz de alerta de alta frecuencia, cuya evaluación de fabricación desde luego no se ha realizado puesto que ni siquiera es posible saber exactamente a que dispositivo se refiere la Orden General cuestionada, resulta ilegal y, en consecuencia, cabe concluir que, mientras no se cuente con toda la información del arma que se pretende incluir como una “menos letal” para la mantención del orden público, deberá suspenderse su uso.

Décimo: Que, cabe consignar, en todo caso, que esta disidente no puede afirmar que la utilización del arma en comento, redunde en perjuicio para la vida o salud de los recurrentes y el resto de personas que se vean expuestas a aquella, pero más importante aún, es que tampoco puede descartar tales perniciosas consecuencias, precisamente porque se incluyó en la Orden General tantas veces enunciada, un arma cuyas características, potencial dañino, especificaciones técnicas requeridas y, en fin, protocolo de uso, son datos que no fueron proporcionados en estrados y que, se afirmó, eran desconocidos para la propia autoridad que decidió su inclusión en el acto impugnado.

Décimo segundo: Que, conforme a todo lo expresado, no cabe sino acoger el presente recurso de protección, en carácter de preventivo, puesto que, la sola inclusión en una norma del dispositivo en comento, sin los estudios necesarios para su buen uso, constituye una amenaza potencial a la salud y/o vida de las personas.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministro Sra. Figueroa y del voto disidente su autora.

Rol I.C. N° Protección 29.982-2020.