INVERSIONES SANTA MONICA LIMITADA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece el abogado don Patricio Ariel Cornejo González, en representación de doña nombre reservado, quien actúa a su vez en representación de la Sociedad Inversiones Santa Mónica Ltda., interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, representada por su alcaldesa doña Carmen Castillo Taucher, por haber ejecutado acciones consistentes en la instalación de un cerco metálico con portón y candado que bloquea el acceso a un camino que el recurrente califica como público, actuación que estima ilegal y arbitraria, ya que impediría el libre tránsito hacia su propiedad y el uso de un supuesto bien nacional de uso público, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el restablecimiento del imperio del derecho mediante la apertura del acceso y eliminación de los obstáculos impuestos.

Indica que el plazo para interponer la presente acción se encontraría vigente, atendido que el acto lesivo se habría manifestado de forma continua y permanente desde el 25 de marzo de 2026, ocasión en la cual se ingresó una presentación ante la Municipalidad bajo el N° 5038, sin que hasta la interposición del recurso se haya otorgado respuesta, configurándose una conducta omisiva persistente.

Expone que la Municipalidad recurrida habría dispuesto la instalación de un cerco de fierro con portón y candado en un camino denominado ruta E-61, el cual, según afirma, ha sido utilizado por más de 50 años como vía de acceso público por vecinos del sector Curimón, comuna de San Felipe. Añade que dicha actuación obedecería a razones infundadas, supuestamente vinculadas a la seguridad por ingreso de extranjeros, lo que califica como discriminatorio. En este contexto, se acompaña un informe técnico elaborado por un arquitecto, el cual concluye que la vía corresponde a un bien nacional de uso público reconocido en instrumentos como el Plan Regulador Comunal de San Felipe, catastros del Servicio de Impuestos Internos y la Carta Caminera del Ministerio de Obras Públicas, destacando además que el acceso fue impedido mediante un portón cerrado con cadena y candado.

Refiere que la sociedad recurrente es propietaria del Lote B del inmueble denominado “Fundo Santa Olga”, ubicado en Curimón, calidad que se acreditaría mediante certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, otorgado el 26 de marzo de 2026. Agrega que la empresa ha desarrollado actividades por más de 30 años en la comuna, indicando que la medida adoptada por la autoridad edilicia formaría parte de una política dirigida en su contra, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades productivas, particularmente las relacionadas con el procesamiento de áridos.

Indica que la instalación del portón ha impedido el ingreso de personas, vehículos y camiones hacia su propiedad, afectando tanto el desarrollo de su actividad económica como el acceso de terceros, incluyendo vecinos del sector, quienes habrían visto restringido incluso el acceso al río Aconcagua. Se agrega que esta situación conllevaría riesgos para la seguridad e integridad física de las personas, especialmente en situaciones de emergencia, por la imposibilidad de transitar libremente por la vía mencionada.

Sostiene que el actuar de la autoridad constituye un acto de autotutela, al haber resuelto unilateralmente un conflicto relativo al uso del camino, sin recurrir a los tribunales de justicia competentes, lo que configuraría una infracción al derecho al juez natural consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Asimismo, invoca jurisprudencia que reconoce como ilegales las actuaciones de particulares o autoridades que, sin intervención judicial, alteran situaciones de hecho relativas al uso de caminos o servidumbres. Añade que la conducta denunciada también vulneraría la igualdad ante la ley al tratarse de una medida discriminatoria y el derecho de propiedad al impedir el acceso a su inmueble.

En síntesis, afirma que mediante la instalación del cerco y portón con candado se han vulnerado sus derechos constitucionales, en cuanto se ha impedido el uso y goce de su propiedad, se ha alterado ilegítimamente el acceso a una vía que estima pública, y se ha actuado de manera discriminatoria y arbitraria, afectando además el debido proceso al resolverse el conflicto por vías de hecho sin intervención jurisdiccional.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene la apertura inmediata del portón y la habilitación del camino, disponiendo la entrega de copia de las llaves o el retiro del portón, con expresa condena en costas y adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes instrumentos:

Que, evacuando el informe, comparece el abogado Pablo Salgado Mercado en representación de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, solicitando el rechazo íntegro del recurso, fundado en consideraciones de hecho y derecho que expone.

Que, en primer término, opone la excepción de extemporaneidad del recurso, señalando que el acto impugnado —esto es, la instalación del portón— tuvo lugar el 17 de marzo de 2025, y no en marzo de 2026 como alegaría la recurrente. Indica que han transcurrido más de 388 días entre la ocurrencia del acto y la interposición del recurso, excediendo el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado, lo que constituiría causal suficiente para su rechazo sin entrar al fondo.

Que, en segundo término, rechaza la alegación relativa a la falta de respuesta municipal, argumentando que al momento de interposición de la acción aún no vencía el plazo legal para responder la presentación ingresada el 25 de marzo de 2026, el cual expiraba el 08 de mayo de 2026, por lo que no existiría omisión ilegal imputable a la Municipalidad.

Que, en cuanto al fondo, controvierte la calidad de bien nacional de uso público del camino en cuestión, sosteniendo que el Informe Técnico N° 17 de la Secretaría de Planificación Comunal, emitido el 15 de abril de 2026, establece que sólo un primer tramo corresponde a la ruta E-671, mientras que el resto del acceso utilizado por la recurrente carecería de reconocimiento legal como camino público, tratándose de un acceso irregular que se emplaza en terrenos de terceros sin título habilitante.

Que, asimismo, señala que la instalación del portón obedeció a razones fundadas, en particular al cumplimiento de obligaciones derivadas de un comodato otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales respecto de terrenos utilizados para infraestructura hídrica, siendo una medida de resguardo adoptada dentro de las competencias municipales.

Adicionalmente, expone que la recurrente se encontraría en situación irregular, incluyendo la clausura de sus actividades desde 2024 por falta de permisos, la existencia de deudas tributarias significativas, la carencia de autorizaciones sectoriales y la incompatibilidad de su actividad con el uso de suelo conforme al Plan Regulador, lo que impediría invocar válidamente derechos constitucionales.

Niega la existencia de vulneración a la igualdad ante la ley, señalando que no existiría discriminación alguna, así como también descarta la existencia de autotutela o comisión especial, puesto que el actuar municipal habría sido realizado en ejercicio de facultades legales.

Finalmente, aduce que la recurrente habría incurrido en mala fe al confundir distintas personas jurídicas y atribuirse afectaciones que no le corresponderían, solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas, sea por extemporáneo o por carecer de fundamento.

Acompaña a su informe los siguientes instrumentos: 1) Correo electrónico del 17 de marzo de 2025; 2) presentación municipal N° 5038 ingresada el 25 de marzo de 2026; 3) Informe Técnico N° 17 emitido el 15 de abril de 2026; y 4) Decreto Alcaldicio Exento N° 3.890 del 30 de julio de 2024, además de los demás antecedentes individualizados en su informe.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la extemporaneidad del recurso.

Primero: Que, apareciendo de los antecedentes que la instalación del portón por parte de la recurrida ocurrió en el mes de marzo de 2025, lo que se mantiene hasta el día de hoy, torna de efecto permanente el acto recurrido, por lo que la acción cautelar debe estimarse interpuesta dentro de plazo.

II.- En cuanto fondo del recurso:

Segundo: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, lo impugnado en este recurso es el acto consistente en la instalación de un portón con cerco y candado que impediría el acceso a un camino utilizado por la recurrente.

Cuarto: Que, conforme con las alegaciones de las partes y los antecedentes aportados al procedimiento, no se observa la ocurrencia de un acto u omisión de la recurrida que revista los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, no se ha emitido por el Municipio un pronunciamiento relativo a la petición de la actora bajo el N° 5038, realizada en el mes de marzo del año en curso, por cuanto a la fecha de interposición del arbitrio -09 de abril de 2026- aún existía plazo pendiente para dar respuesta, lo que impide estimar aquel silencio como causante de alguna infracción o vulneración.

Por otro lado, en la base del recurso de protección y como presupuesto de procedencia, debe darse cuenta de la existencia de derechos indubitados e incuestionables cuya protección se demanda en esta sede, sin embargo, no se advierte la presencia de prerrogativas con dicho carácter, en atención a que no existe claridad acerca de la naturaleza de bien nacional o no de uso público del camino en el que se ha instalado el portón de acceso; se desconoce si se trata de una vía de naturaleza híbrida -en parte bien nacional de uso público y en parte camino privado-; en el caso de ser en parte camino privado, no se sabe si la actora cuenta con algún título que la habilite para su uso; y no se han aportado antecedentes que sustenten la alegación de la recurrente relativa a que la instalación del portón responde a motivos migratorios, como tampoco resulta clarificado que el uso del inmueble se avenga con sus fines, a la luz del plan regulador comunal.

Quinto: Que, como se ha expresado, múltiples son las interrogantes que rodean la presente acción cautelar y que colisionan con la certeza de los derechos cuyo resguardo se impetra, apareciendo que se trata de circunstancias que deben ser dilucidadas en sede diversa, no pudiendo prosperar el recurso.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y artículos 1° y siguientes del Acta N° 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la recurrida.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Patricio Ariel Cornejo González, en representación de doña nombre reservado, quien actúa a su vez en representación de la Sociedad Inversiones Santa Mónica Ltda., en contra de la Ilustre Municipalidad de San Felipe.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2971-2026.