nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjeros comunicado al recurrente mediante correo electrónico de 6 de mayo de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que, el recurrente realizó la solicitud mediante el portal web de la recurrida, adjuntando toda la documentación requerida conforme a la Ley N°18.156. Indica que, mediante correo electrónico del 6 de mayo de 2025, se rechazó su solicitud argumentando que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada.

Argumenta que, existe una imposibilidad material de obtener la legalización consular debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil. Destaca que, la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable mediante un código en el portal web oficial, siendo un documento auténtico que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano. Sostiene que, la recurrida aplica criterios desiguales en comparación con otras administradoras, específicamente AFP CUPRUM, que ha aprobado solicitudes similares con la misma documentación.

Refiere que, jurisprudencia que ha acogido recursos similares, reconociendo que una interpretación formalista de la norma desatiende la finalidad del legislador. Solicita que, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación presentada y realizar un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho, dentro de un plazo de 5 días.

A folio 5, informa Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima. Expone que, el 5 de mayo de 2025, el recurrente presentó la solicitud N°23889 para la devolución de fondos previsionales correspondientes al período entre febrero de 2022 y marzo de 2025, enterados por su empleador Starbucks Coffee Chile S.A. Agrega que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, el solicitante acompañó diversos documentos, incluyendo un título profesional apostillado, una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada.

Expone que, tras analizar los antecedentes, dio respuesta mediante Memorándum N°12803 el 6 de mayo de 2025, rechazando la solicitud porque la constancia electrónica de cotizaciones no cumplía con los requisitos normativos exigidos. Señala que, específicamente, dicho documento no constituía un certificado de afiliación, no especificaba las coberturas individuales del afiliado, carecía de firma y no estaba debidamente legalizado o apostillado.

Argumenta que, diversas Cortes de Apelaciones del país han respaldado esta interpretación en fallos recientes, rechazando recursos similares por motivos idénticos. Indica que, no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que, como entidad fiscalizada, la recurrida está obligada a seguir las instrucciones de su organismo regulador, bajo riesgo de sanciones. Concluye aseverando que, los requisitos para la devolución de fondos no se cumplieron en este caso, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas.

A folio 6, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjeros comunicado al recurrente mediante correo electrónico de 6 de mayo de 2025, el que se fundó en que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la constancia electrónica de cotizaciones presentada no cumple los requisitos normativos exigidos, puesto que, no constituye certificado de afiliación, no especifica las coberturas individuales, carece de firma y no está legalizada o apostillada. De tal modo, afirma que su actuar se ajusta a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa, por lo que pide el rechazo de la acción.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y Letra b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Quinto: Que, el actor acompañó un documento nominado “Constancia electrónica de cotizaciones” emitido el 2 de junio del presente año, que da cuenta que a dicha fecha, el recurrente posee 53 semanas cotizadas ante el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, siendo su primera fecha de afiliación al Instituto el 1 de enero de 2018, encontrándose actualmente en estatus de asegurado CESANTE en la empresa “Panad el imperio del pan” inscrita bajo en Número Patronal M22001751 con fecha de egreso el 31 de diciembre de 2018 según base de datos de la institución sujeta a revisión de documentos probatorios. Sin embargo, este documento no se encuentra apostillado, ni debidamente legalizado en los términos que exige el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, en consecuencia, no se advierte ilegalidad, ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, desde que los documentos presentados por el actor tanto ante la Administradora de Fondos de Pensiones, como en esta Corte resultan insuficientes para acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile en los términos que exige el literal a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, motivos por los cuales la acción intentada no podrá prosperar.

Séptimo: Que, además, así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en un caso similar, señalando que: “(…)Que de tal modo, no existe colisión entre derechos de carácter constitucional, toda vez que en caso alguno se ha privado o perturbado el ejercicio del derecho de propiedad del actor respecto de sus fondos previsionales, por cuanto el mismo ordenamiento jurídico ideó un sistema legal de capitalización individual con ahorro obligatorio, reconociéndolo, empero, estableciendo modalidades concretas para el ejercicio de este derecho, cuestión que esta Corte debe resguardar.

Décimo tercero: Que así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, de contrario su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio. (…)” (Excma. Corte Suprema, sentencia de doce de julio de dos mil veinticuatro, considerando duodécimo y décimo tercero. Rol N°238.255-2023.)

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2924-2025.