nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jevp.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, a través de su representante en la región de Valparaíso, el Director Regional don Andrés Castillo Gómez, con domicilio domicilio reservado.

Indica que con fecha 30 de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda dicta el Decreto Supremo Nº 420, que establece Medidas de índole tributaria, para apoyar a las familias, los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile; el cual en el punto 7º señala: “Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

Luego, con fecha 13 de abril de 2020, el Servicio de Impuestos Internos dicta la Resolución Ex. SII Nº 40, que establece medidas tributarias en relación al Impuesto a la Renta, a raíz de la catástrofe generada por la propagación del Covid-19 en Chile, estableciendo en su punto Nº 3: “Despáchese la orden de devolver las retenciones de impuesto efectuadas en los meses de enero y febrero de 2020, a los contribuyentes que establece el artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Infórmese a Tesorería General de la República la referida orden de devolución, para que efectúe el reintegro a los contribuyentes señalados, en el mes de abril de 2020, tal como lo ordena el Decreto Supremo Nº 420 de 2020, del Ministerio de Hacienda. La devolución señalada en este Resolutivo, se realizará a los contribuyentes que hayan emitido Boletas de Honorarios Electrónicas en los meses de enero y febrero, respecto de las retenciones efectuadas por los pagadores de las respectivas rentas, que se encuentren enteradas en arcas fiscales a través del Formulario Nº 29, así como también, las retenidas y pagadas en el mismo formulario, por el propio contribuyente emisor de la Boleta de Honorario Electrónica”.

Explica que conforme a lo expuesto precedentemente, tenía derecho a percibir una devolución por la suma de $354.750.- pesos, sin embargo, la entidad recurrida sin aviso, notificación o algún tipo de comunicación, decide de manera arbitraria compensar dichos montos. Añade que ha intentado por todos los medios solucionar esta controversia por la vía administrativa, pero debido a la actual situación de emergencia sanitaria que vive el país no ha podido concurrir personalmente a las oficinas de la entidad recurrida. Sin perjuicio de lo anterior, indica que trató de contactarse con la recurrida por vía telefónica, y a través de la página web de que dispone, pero debido a la mala calidad de dichos servicios nunca logró establecer contacto, de ahí que se ha visto obligado a recurrir por esta vía.

Precisa que el acto arbitrario e ilegal de las autoridades recurridas, consistente en compensar con deudas fiscales – cuyo detalle desconoce - un beneficio de emergencia emanado de la máxima autoridad del Estado, sin previa notificación, protocolo o debido proceso, todo lo cual ha vulnerado la garantía del inciso 6º del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”, y, además, su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Agrega que en atención a las características del beneficio referido en esta presentación, y teniendo en consideración la actual situación por la que atraviesa el país, resulta evidente y lógico, que no correspondía compensar dicho beneficio, ni siquiera al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del DFL 1, de fecha 26 de octubre de 1994, conclusión a la que puede arribar cualquier persona con un mínimo de criterio. Que, a quien suscribe y comparece lo que realmente le causa reparos es precisamente el des criterio y arbitrariedad de la entidad recurrida, toda vez que existen otras familias con altos índices de vulneración que han padecido privaciones por la actual situación que atraviesa nuestro país, y además de ello han debido soportar el actuar arbitrario de la entidad recurrida, quienes en su gran mayoría se han quedado de “brazos cruzados” por desconocer la ley; circunstancias que motivan su actual proceder, y razón por la cual renuncia a las eventuales costas a cuyo pago podría ser condenada la recurrida.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, solicita se acoja la presente acción y en definitiva declarar ilegal, abusivo y arbitrario el acto de autoría de la recurrida, ordenándose a ésta a la inmediata devolución de la suma de $354.750.- pesos arbitrariamente compensada, con todos los intereses y reajustes legales que fueren pertinentes.

A folio 4, evacua informe el Director Regional Tesorero de Valparaíso, en representación de la Tesorería Regional de Valparaíso, solicitando, desde ya, que esta acción sea rechazada.

Señala que efectivamente, tal como lo señala el recurrente, en concordancia con lo que fuera dispuesto mediante el decreto N° 420, de 2020, del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Tesorerías debía restituirle la suma de $354.750,- correspondiente a los pagos provisionales mensuales de los meses de enero y febrero del año 2020. En cuanto al origen de esta última devolución cabe señalar que, como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019 hasta la fecha, se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2, lo que ha provocado daños de consideración en la salud de las personas y bienes, ha reducido significativamente fuentes de ingreso o la pérdida del empleo producto de la paralización o drástica disminución de trabajos.

Indica que, en vista de esta situación, el 23 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dictó el decreto N° 107, de 2020, que decreta como zonas afectadas por catástrofe las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país. En virtud de esta situación de catástrofe, y a fin de paliar los efectos negativos que ha generado y continuará generando la enfermedad COVID- 19 en Chile, se han adoptado medidas excepcionales y extraordinarias en todas las comunas del país. Que, entre dichas medidas, se encuentran aquellas de índole tributaria en el marco de lo señalado en el artículo 36 del Código Tributario y de lo indicado en el artículo 3° letra d) de la ley Nº 16.282, específicamente, las establecidas en el Decreto N° 420, de 01.04.2020, del Ministerio de Hacienda. Este decreto en su numeral 7, dispone: Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Explica que sin embargo, dicha devolución no se verificó por cuanto dicha restitución fue compensada, en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, apareciendo evidente que la acción deducida no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que sus argumentos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna.

En dicho contexto, como cuestión previa, precisa que la Ley N° 20.027 estableció un Sistema de Crédito destinado a apoyar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no podían acceder al sistema financiero para obtener los recursos necesarios para solventar el pago de sus estudios de educación superior. Esta política pública, es administrada por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (también denominada "Comisión Ingresa"), servicio público que forma parte de la Administración del Estado y que es el llamado por ley a administrar el Sistema de Financiamiento establecido en la Ley N° 20.027.

Al respecto, señala que don nombre reservado financió sus estudios superiores mediante el sistema de financiamiento ya referido. Luego, la casa de estudios informó el egreso del estudiante, lo que generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027 y su Reglamento, obligaciones que no fueron cumplidas por el recurrente. Explica entonces, que habiendo incumplido el deudor y recurrente de autos con su obligación de pago, y agotadas las instancias judiciales, la Comisión Ingresa certificó el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera, y el incumplimiento de la obligación de pago por parte del deudor. Posteriormente, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrándose en la cuenta única tributaria del recurrente, una deuda por 116,71 UTM, monto equivalente al 90% de la deuda.

Luego, señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al Artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde a esta Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de los excedentes de pago de pagos provisionales que arrojen las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por los contribuyentes, así como de la devolución que fuera ordenada por el decreto N° 420, de 2020.

En el caso del recurrente, la devolución de los pagos provisionales mensuales de los meses de enero y febrero del presente año, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de don nombre reservado y del Fisco. Al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria del recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 2420, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, con la devolución autorizada por el decreto N° 420, que correspondía a la cantidad de $ 354.750.-. Ahora bien, la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones. De acuerdo al artículo 1.656 la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles. En el caso que motiva el presente recurso de protección, se desprende que concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, éste requisito se cumple por cuanto a la data en que operó este modo de extinguir su deuda era plenamente exigible, el giro en cuestión estaba en Tesorería en “condiciones de ser pagados”.

En consecuencia, refiere que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto el devengo de cualquier devolución de impuestos a un contribuyente, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la solicitud o declaración, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no tenga deudas pendientes de pago. Precisando que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, es precisamente, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas. Por último, en relación a una eventual vulneración del derecho a un debido proceso contemplado en el artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución, cabe consignar que dicha alegación es totalmente improcedente ya que Tesorería al realizar la compensación no ejerce funciones jurisdiccionales, pues no resuelve un conflicto de relevancia jurídica con efectos de cosa juzgada. Su función es simplemente administrativa, de ejecución de ley, por lo que el recurrente tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales para impugnar dicha compensación.

Finalmente, expone que el decreto N° 420 no ha efectuado modificaciones a la ley vigente, el proceso de devolución– como cualquier proceso masivo de devoluciones – está sujeto a las reglas generales sobre la materia, esto es, compensación si el contribuyente mantiene deuda fiscal, facultad que necesariamente deben ser ejercidas por el Servicio de Tesorerías, ya que cualquier instrucción en contrario conllevaría el incumplimiento de una obligación legal impuesta a esta entidad.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, no dar lugar al recurso.

A folio 14, previo trámite ordenado por esta Corte de Apelaciones, se tuvo a la vista el expediente seguido bajo el Rol C-5174-2012 del 3° Juzgado Civil de Concepción.

A folio 15, se ordenó regir los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que, para los efectos de resolver el recurso, cabe precisar que la Tesorería General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, D.F.L. N°1, de 1994 del Ministerio de Hacienda tiene la facultad de compensar deudas de contribuyentes con créditos que estos tengan en contra del Fisco. La cuestión es dilucidar si la referida autoridad ejerció o no dicha facultad, en este caso en concreto, de manera arbitraria.

Quinto: Que, de esta manera resulta relevante señalar que se trata de la devolución de la suma de $354.750; ordenada por el señor Presidente de la República como una forma de aliviar el evidente perjuicio económico que ha traído la pandemia que estamos viviendo a las personas que ejercen profesiones liberales, como es el caso del recurrente. A lo anterior se agrega que la deuda que se compensa, corresponde a UF 215,734 de capital, con vencimiento el día 12 de junio de 2012; que ésta se cobró por demanda ejecutiva presentada el día 20 de julio de 2012, la que permaneció más de 7 años archivada, sin notificar, según consta de la causa Rol 5174-2012, del 3° Juzgado Civil de Concepción, tenida a la vista; y respeto de la cual se alegó la prescripción.

Sexto: Que, como se aprecia, la suma compensada es en poco superior a un ingreso mínimo remuneracional mensual, y su devolución se dispuso, precisamente, como una forma de ayudar a las personas necesitadas, por falta de ingresos necesarios para incluso subsistir.

Séptimo: Que, por otro lado su devolución fue decretada de manera excepcional por el Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 36 del Código Tributario y 3° letra d) de la Ley 16.281, normas que lo facultan a modificar disposiciones, incluso legales, que rigen la materia.

Así el artículo 36 dispone: “El plazo de declaración y pago de los diversos impuestos se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la República podrá fijar y modificar las fechas de declaración y pago de los diversos impuestos y establecer los procedimientos administrativos que juzgue más adecuados a su expedita y correcta percepción. Asimismo, podrá modificar la periodicidad de pago del impuesto territorial.”

Y el artículo 3° letra d) prevé: “El Presidente de la República podrá por decreto supremo fundado, dictar normas de excepción del Estatuto Administrativo, de las leyes orgánicas de los servicios públicos, de instituciones autónomas o semifiscales, para resolver los problemas de las comunas o hacer más expedita la ayuda a los países afectados por un sismo o catástrofe”.

Octavo: Que, por lo demás, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del D.F.L. N°1, de 1994 del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Tesorería depende del Ministerio antes referido; y entre las funciones que le impone el artículo segundo, bajo el numeral 13, está la de dar cumplimiento a las leyes, decretos y resoluciones en los cuales tenga injerencia el Servicio de Tesorerías, una vez que la Contraloría General de la República haya tomado razón de ellos.

Noveno: Que, de lo razonado se desprende que el recurrido al compensar la devolución de que se trata, sin tomar en consideración: lo exiguo de la devolución, la alta probabilidad de que la persona respecto de la cual se ordenó se encontrara en un estado de necesidad, por razones ajenas a su voluntad; y las finalidad con que se dictó el DS. N° 420 citado; actuó de manera desproporcionada para el fin perseguido por la facultad legal de compensar que le otorga el artículo 6° de su Ley Orgánica, por lo que debe ser considerada arbitraria.

Décimo: Que lo actuado por el recurrido afectó el derecho de propiedad del recurrente, protegido por el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, porque lo privó de la libre disposición de dineros que le pertenecen y cuya devolución se ordenó por autoridad competente.

Undécimo: Que, por lo antes razonado, el recurso de protección será acogido.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de Tesorería General de la Republica, debiendo esta última institución proceder a la devolución de la suma de $354.750 correspondiente a la retención de impuesto del recurrente que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-28976-2020.

En Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.