nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIÓN PROVIDA S.A. Y OTRO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros comunicado a la recurrente mediante correo electrónico de 14 de mayo de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, acompañando la documentación pertinente. Indica que, mediante correo electrónico de 14 de mayo de 2025, se rechazó su solicitud argumentando que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada.

Argumenta que, existe una imposibilidad material de obtener la legalización consular debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil. Destaca que, la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable mediante un código en el portal web oficial, siendo un documento auténtico que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano. Sostiene que, la recurrida aplica criterios desiguales en comparación con otras administradoras, específicamente Afp Cuprum, que ha aprobado solicitudes similares con la misma documentación.

Refiere que la constancia electrónica señala textualmente: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso", lo que a su juicio cumple con los requisitos de la Ley N°18.156 al cubrir las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Solicita que, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación presentada y realizar un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho, dentro de un plazo de 5 días.

A folio 10, evacúa informe Daniel Santoni, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. Señala en primer término, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

En cuanto al fondo, argumenta que, por mandato legal, está impedida de destinar los fondos previsionales a fines distintos de financiar pensiones, salvo las excepciones legales. Agrega que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos específicos para la devolución de fondos a técnicos extranjeros, los cuales la recurrente no cumplió en su totalidad. Precisa que, rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Asevera que ha actuado conforme a la normativa vigente, sin causar agravio ni afectar garantías constitucionales de la actora. Solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condena en costas.

A folio 14, informa la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que no registra reclamo alguno de la recurrente respecto a los hechos que motivan la acción cautelar. Expone que, según la normativa aplicable, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional para trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Precisa que, entre estos requisitos se encuentra el estar afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que, la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional, que el trabajador extranjero demuestre haber contado con un seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. Indica que, dicha acreditación debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Argumenta que, la documentación presentada por la recurrente, esto es, la constancia electrónica no apostillada, no resulta idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional. Sostiene que, el certificado electrónico no señala coberturas específicas ni permite inferir un determinado período de cobertura, además de no encontrarse firmado ni apostillado conforme a la normativa aplicable.

A folio 15, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros comunicado a la recurrente mediante correo electrónico de 14 de mayo de 2025, fundado en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada no cumplía con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada.

Tercero: Que, el artículo 1 de la Ley N°18.156, establece que: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744". A su turno, el artículo 7°, prevé que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley".

Cuarto: Que, del tenor literal de las disposiciones transcritas, se desprende que la posibilidad de solicitar la devolución de fondos previsionales depositados en una Administradora de Fondos de Pensiones está sujeta al cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, a saber: (i) que se trate de personal técnico extranjero; (ii) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (iii) que el trabajador haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo.

Quinto: Que, en cuanto al requisito de acreditar la calidad de "personal técnico extranjero", de los antecedentes aportados no consta que la recurrente haya demostrado cumplir con dicha condición. En efecto, el concepto de "técnico extranjero" hace referencia a trabajadores que cuentan con conocimientos especializados en una determinada área o disciplina, lo que constituye un presupuesto esencial para la procedencia del beneficio contemplado en la Ley N°18.156. La ausencia de acreditación de este requisito resulta suficiente para desestimar la pretensión de la recurrente.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, en relación con la exigencia de acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, cabe señalar que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado por la recurrente carece de firma autorizada y no cuenta con la legalización o apostilla requerida por el ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley.

Octavo: Que, respecto al argumento de la recurrente relativo a la imposibilidad de obtener la legalización consular o apostilla debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar no sólo la existencia del impedimento, sino también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal.

Noveno: Que, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplan los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

Décimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2894-2025.