Recurso de protección

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece Nicolás Pérez Castro, abogado, en representación de Clínica Reñaca S.A. y Clínica Bupa Reñaca, deduce acción constitucional de protección en favor del recién nacido de apellidos nombre reservado, cédula nacional de identidad N° NUM000, en contra de sus padres nombre reservado y don nombre reservado, por la negativa de estos últimos a autorizar la aplicación de las vacunas anti- hepatitis B (VHB), BCG y la inmunización con nirsevimab.

Explica que la recurrida, cursando embarazo de término, ingresó al recinto clínico de su representada el día NUM001 de 2026 manifestando el rechazo a la vacunación del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud, en específico a las vacunas anti-hepatitis B (VHB), BCG y nirsevimab, exponiendo la posibilidad —no avalada científicamente— de padecimiento de diversas patologías con su aplicación.

Agrega que, no obstante habérsele informado debidamente sobre los beneficios y riesgos de la no vacunación, así como la obligatoriedad prescrita en el Decreto Nº 68 Exento del Ministerio de Salud de 2021, los recurridos insistieron en su rechazo, suscribiendo el registro de respaldo de rechazo de inoculación con fecha 23 de marzo de 2026, otorgándose el alta el día 24 del mismo mes y año.

Sostiene que tal proceder constituye un acto ilegal y arbitrario que amenaza el legítimo ejercicio del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del recién nacido (artículo 19 N° 1 de la Constitución), invocando al efecto el artículo 38 de la Ley N° 21.430, los artículos 3 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 32 del Código Sanitario y los límites al derecho a rechazar tratamientos previstos en los artículos 14 y 16 de la Ley N° 20.584, además de jurisprudencia que estima la negativa parental como ilegal y arbitraria.

Concluye solicitando tener por interpuesta la acción de protección en favor del recién nacido de apellidos nombre reservado y en contra de sus padres ya individualizados, acogerla y, en consecuencia, restablecer el imperio del derecho ordenando la aplicación inmediata de las vacunas anti-hepatitis B (VHB), BCG y nirsevimab, disponiendo todas las medidas necesarias para tal cometido, con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus dichos acompaña los siguientes documentos: a)

Ficha clínica del recinto clínico de su representada; b) Ordinario B27 Mº 1630 de 03 de abril de 2019 de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud; c) escritura pública de mandato judicial que acredita su personería.

A folio 7, evacúa informe don Bruno Eduardo Garlaschi Arenas, abogado, en representación convencional de los recurridos don nombre reservado y doña nombre reservado. Sostiene que la conducta de sus representados constituye el ejercicio legítimo del derecho a otorgar o denegar la voluntad para someterse a un procedimiento sanitario que reconoce el artículo 14 de la Ley N° 20.584, habiéndose suscrito el formulario oficial de rechazo conforme al Ordinario N° 4031 del Ministerio de Salud, de modo que la recurrente, agotado el protocolo administrativo, optó por judicializar la controversia.

Argumenta, en cuanto a la BCG, que su obligatoriedad no se extiende más allá del primer mes de vida, citando jurisprudencia de la Corte Suprema (roles N° 7616-2025 y N° 76.162-2021) y de las Cortes de Santiago y Valdivia, así como el Decreto Exento N° 51 de 2025 que permite su puesta al día hasta los cuatro años. Respecto del nirsevimab, plantea que carece de obligatoriedad legal por no estar contemplado en el Decreto Exento N° 50 de 2021. En subsidio, invoca la excepción del artículo 33 del Código Sanitario.

Finalmente pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso, por no existir acto ilegal ni arbitrario que afecte o amenace las garantías constitucionales del menor.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a)

Ordinario N° 4031 de 30 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud; b) copia del Registro de Respaldo de Rechazo de Inoculación suscrito el 23 de marzo de 2026 por don nombre reservado; c) Epicrisis e indicaciones de alta de 24 de marzo de 2026 de Clínica Bupa Reñaca S.A.; d) certificado de nacimiento del menor expedido por el S.R.C.I. de 18 de abril de 2026; e) mandato judicial Repertorio N° NUM002 de la Notaría nombre reservado de Concón.

A folio 14, evacúa informe doña nombre reservado, abogada, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, en cumplimiento de lo ordenado a dicha Secretaría de Estado.

Sostiene que corresponde privativamente a la Administración del Estado, a través del Ministerio de Salud, la formulación, fijación y control de las políticas públicas sanitarias y la determinación de la población objetivo de la vacunación obligatoria, conforme al artículo 19 N° 9 de la Constitución, su ley orgánica (DFL N° 1 de 2005) y el Código Sanitario, de modo que la pretensión de la actora se arroga potestades radicadas de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo.

Expone latamente el desarrollo histórico de la inmunización en Chile y el carácter del Programa Nacional de Inmunizaciones, así como los fundamentos técnicos y epidemiológicos de las vacunas cuestionadas: la BCG, para prevenir formas graves de tuberculosis en lactantes; la anti- hepatitis B, cuya administración se recomienda dentro de las primeras horas de vida por el riesgo de cronicidad de la transmisión perinatal; y el nirsevimab, anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincicial, refiriendo cifras de vigilancia IRAG del año 2025 y la reducción de hospitalizaciones y mortalidad infantil tras su implementación.

Argumenta que la autonomía para rechazar tratamientos reconocida en el artículo 14 de la Ley N° 20.584 encuentra su límite en el artículo 16 del mismo cuerpo legal y en el Código Sanitario, pues el rechazo a la vacunación pone en riesgo la salud pública al impedir alcanzar la inmunidad colectiva, debiendo ceder ante el interés superior del niño consagrado en los artículos 3 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Añade que la facultad de la autoridad sanitaria para disponer la obligatoriedad de las vacunas ha sido refrendada por los tribunales, citando la sentencia del Tribunal Constitucional rol N° 15.036-2023 y diversos pronunciamientos de la Corte Suprema (roles N° 7616-2025 y N° 76.162-2021) y de Cortes de Apelaciones que han calificado de ilegal y arbitraria la negativa parental a vacunar.

Finalmente solicita tener presente lo informado por el Ministerio de Salud.Finalmente solicita tener presente lo informado por el Ministerio de Salud.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a)

Decreto Exento N° 50 de 2021 que dispone la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles; b) Lineamientos Técnicos Operativos de Inmunización contra el VRS, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud, año 2026.Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma enumera.

Segundo: Que, no existe controversia sustancial acerca de que el recién nacido de apellidos nombre reservado nació en dependencias de Clínica Bupa Reñaca en marzo de 2026, ni que sus padres rechazaron la administración de las vacunas anti-hepatitis B y BCG, así como la inmunización con nirsevimab, suscribiendo el formulario correspondiente. La cuestión a resolver consiste, entonces, en determinar si esa negativa constituye un acto ilegal o arbitrario que amenaza el derecho a la vida y a la integridad física del niño.

Tercero: Que, el artículo 19 N° 1 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Tratándose de niños, niñas y adolescentes, dicha garantía debe ser interpretada en armonía con el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N° 21.430, cuyo artículo 38 reconoce expresamente el derecho de todo niño, niña y adolescente al más alto nivel posible de salud y a la inmunización contra enfermedades prevenibles.

Cuarto: Que, conforme al artículo 32 del Código Sanitario, la autoridad sanitaria se encuentra facultada para declarar obligatoria la vacunación de la población contra enfermedades transmisibles respecto de las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. En ese marco, el Ministerio de Salud ha establecido la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles, entre ellas la tuberculosis y la hepatitis B, en las edades y condiciones fijadas por el Programa Nacional de Inmunizaciones.

Quinto: Que, el derecho a otorgar o denegar consentimiento para determinadas prestaciones de salud, reconocido en la Ley N° 20.584, no es absoluto. Su ejercicio encuentra límites cuando la falta de intervención, procedimiento o tratamiento pone en riesgo la salud pública o compromete derechos fundamentales de terceros, especialmente si se trata de un recién nacido que no puede ejercer por sí mismo sus derechos y cuya protección debe ser reforzada.

Sexto: Que, el informe del Ministerio de Salud explica que la vacuna BCG previene formas graves de tuberculosis, particularmente relevantes en lactantes y niños pequeños, y que la vacuna contra la hepatitis B permite prevenir infecciones crónicas que pueden derivar en cirrosis o cáncer hepático. Añade que, la falta de administración en un período inicial no elimina la necesidad de aplicarlas, pues la protección que brindan sigue siendo esencial para la salud del niño.

Séptimo: Que los recurridos no acompañaron antecedente médico concreto, actual y suficiente que contraindique la administración de las vacunas o inmunoprofilaxis solicitadas. Sus alegaciones se sustentan en aprensiones generales, en la invocación del consentimiento informado y en la necesidad de mayor información técnica, elementos que, aun siendo atendibles desde la perspectiva del diálogo clínico, no bastan para desplazar la normativa sanitaria obligatoria ni el interés superior del recién nacido.

Octavo: Que, tampoco puede prosperar la alegación relativa a la pérdida de urgencia de la vacuna BCG. El Ministerio de Salud informó que la normativa vigente permite su puesta al día hasta los cuatro años de edad, lo que confirma que, aun no administrada en los primeros días de vida, subsiste su pertinencia sanitaria en la población objetivo, sin perjuicio de la evaluación clínica previa que corresponda efectuar al momento de su aplicación.

Noveno: Que, en consecuencia, la negativa de los padres a permitir la administración de las prestaciones preventivas indicadas, sin que exista contraindicación médica acreditada, resulta ilegal y arbitraria, pues desconoce el régimen sanitario obligatorio y amenaza el derecho a la vida e integridad física del recién nacido, al privarlo de medidas preventivas destinadas a evitar enfermedades graves y potencialmente letales, afectando con ello, asimismo, la salud pública.

Décimo: Que, por lo razonado, corresponde acoger la acción en la forma que se dirá, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Decimoprimero: Que, en cuanto al anticuerpo monoclonal nirsevimab, si bien el informe antes aludido señala que el virus respiratorio sincicial constituye una causa relevante de hospitalización en lactantes, que los recién nacidos y niños pequeños pueden desarrollar cuadros graves de bronquiolitis y neumonía, y que la estrategia de inmunoprofilaxis con dicho anticuerpo monoclonal ha sido implementada para prevenir morbilidad grave y mortalidad asociada a tal virus en la población, no es menos cierto que no es obligatoria por el Estado de Chile, razón por la cual no se dará lugar a su inoculación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Clínica Reñaca S.A. o Clínica Bupa Reñaca en favor del recién nacido de apellidos nombre reservado, en contra de nombre reservado y nombre reservado, solo en cuanto a la administración de las vacunas anti-hepatitis B y BCG.

Que, los recurridos deberán permitir y facilitar, dentro del plazo de tercero día desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, la administración al niño de las vacunas anti-hepatitis B y BCG, en la medida que corresponda conforme a su edad, calendario o lineamientos técnicos vigentes, y siempre previa evaluación clínica actual que descarte contraindicación médica específica.

Que, para el cumplimiento de lo resuelto, la recurrente o el establecimiento de salud que corresponda podrá coordinar la aplicación de dichas prestaciones con la autoridad sanitaria competente, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para proteger el interés superior del niño.

Que, la ejecución de este fallo se debe seguir conforme a lo expresado en los artículos 8 y 32 del Código Sanitario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2876-2026.