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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2875-20224 mar 2022

nombre reservado con UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Fecha
4 de marzo de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Quinta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 2875-2022, sentencia de 4 de marzo de 2022

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Universidad Adolfo Ibáñez, porque la sanción disciplinaria aún estaba siendo revisada por el Consejo Revisor, instancia que asegura una segunda revisión del procedimiento.

Texto íntegro

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Visto:

A folio 1, comparece Alondra Santibáñez Casanova, abogada, en representación de nombre reservado, estudiante, con domicilio en Talca, quien recurre de protección en contra de la Universidad Adolfo Ibáñez y nombre reservado, en su calidad de rector de dicha casa de estudios, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el procedimiento y la sanción impuesta en su contra, por infracción al deber de honestidad, por haber cometido un supuesto plagio en la elaboración de un trabajo, lo que vulnera, a su juicio, las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 3 inciso 5°, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que el actor, de 19 años, es estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Viña del Mar. El 2021 cursó la asignatura Civilización Contemporánea II, dictada por el profesor nombre reservado, en que debió realizar un ensayo, titulado “comentario final Nietzsche Freud”, evaluación rendida a través de medios informáticos, siendo evaluado con nota 1, por lo que el 27 de noviembre se comunicó con su profesor, quien le explica que el motivo de su calificación es que el Programa “Turnitin” alertó un posible plagio en su trabajo, situación que fue comunicada a la Comisión de Honor de la Universidad.

Refiere que este proceso se tramitó con el N° de Rol 179-A-2021, siendo el fiscal a cargo el abogado Alejandro Celis. El 3 de diciembre fue citado a una audiencia a celebrarse el 6 del mismo mes, y el fiscal le aconsejó que solicitara ayuda en la defensoría estudiantil, donde un estudiante de derecho lo asesoraría. Refiere que en esa audiencia tomó conocimiento del contenido de la denuncia hecha en su contra, y fue sometido a un interrogatorio por parte del fiscal a cargo, siendo notificado luego por correo de la “Resolución de cargos”. El 17 de diciembre siguiente se le informa que la Comisión de Honor sesionaría el 22 del mismo mes, y que se vería su causa. El dia 22 comparece ante dicha Comisión y agrega que fue una instancia que califica como pavorosa. Al día siguiente, 23, recibió de parte de la denominada Abogada Normativa y de Procesos Disciplinarios de la Universidad, doña nombre reservado, el acta de la referida comisión.

Reprocha que esa acta es una copia casi literal de la “Resolución de cargos” en cuanto indicó como “hechos denunciados”: “Alumno habría incurrido en plagio académico con ocasión del desarrollo de una evaluación. Todo ello confirme denuncia e informe turnitin adjuntado. El estudiante reconoce el plagio, indicando que fue un error y que dejó el trabajo para última hora, entregándolo incluso 3 minutos antes del plazo límite. Reconoce que sabe lo que es el plagio, internalizando que lo que hizo no está permitido por la normativa interna”. Luego llegó a la siguiente convicción: “Efectividad de los hechos denunciados, en cuanto a que el estudiante nombre reservado efectivamente, con ocasión de la evaluación indicada, hace pasar como propia una obra ajena como medio para obtener una evaluación favorable. Extrae información desde fuentes externas sin citar” copiado también, de la resolución de cargos.

Señala que la comisión aceptó la propuesta del delegado disciplinario, aplicando una sanción que estima, estaba decidida para él desde el principio y era: “la expulsión especial de la asignatura que importa su reprobación con nota 1 final, mas certificación en curso de integridad académica de la Dirección de Docencia conforme instrucciones de Secretaria General Registro disciplinario: 5 años”.

Reprocha el recurrente que las afirmaciones antes citadas son falsas, y lo que ocurrió fue que, estando apremiado por el plazo de entrega de un trabajo, olvidó poner las comillas en una cita y referenciarla, pero jamás trató de apropiarse de ella. Acusa que hubo una serie de trasgresiones al debido proceso, pues no se aplicó el Código de Honor de la Universidad o bien, e aplico erróneamente. Esto, porque el artículo 42 dice que en caso de infracciones cometidas en pregrado, las denuncias pueden ser presentadas ante el Decano o Director del Pregrado, los que no han tomado parte en este proceso. Por otro lado, el articulo 43 indica que recibida la denuncia el Secretario General de la Universidad debe citar personalmente o en modo virtual al estudiante, a fin de poner en su conocimiento la denuncia y escuchar su versión de los hechos. Terminada esta instancia, el Secretario General determinará si se requiere o no la investigación e un fiscal para la investigación de los hechos. Nada de esto sucedió, porque su declaración el actor la prestó directamente ante el fiscal instructor. Señala además que el fiscal Sr. Celis firmó la sanción impuesta por la Comisión de Honor como “delegado disciplinario” desconociendo qué significa dicho rol.

Indica el actor que jamás ha tenido acceso a un expediente, ni la designación del fiscal, y tampoco se le informó que era posible presentar defensa por escrito, como lo permite el Código de Honor.

En cuanto a la defensoría estudiantil, indica que un estudiante de derecho le dijo que tenía escasas posibilidad de obtener un resultado favorable, y lo más probable es que reprobara el ramo y quedara en una “lista negra” por 5 años. Además antes de la audiencia con la Comisión de honor, le dijo que a esta le molestaba que “defendiera lo indefendible” y que él, como defensor, aceptaría los cargos, sin escuchar las razones que le expuso el actor para no hacerlo.

Refiere que no procedía la sanción, pues la Comisión de Honor le atribuyó elementos subjetivos a su actuar que él nunca reconoció. Agrega que por sus altas calificaciones, no necesitaba una nota determinada en ese trabajo, y que escogió cambiarse a la Universidad recurrida, pues antes estudiaba en la Universidad Santa María, precisamente porque le daba garantía de una educación de calidad y el perfil procesional que él quería para su futuro. Agrega que esta situación ha tenido un fuerte impacto en su entorno familiar y de amistades.

En cuanto al derecho, cita los artículos 42, 43 y 44 del Código de Honor, que regula el proceso que se debió haber seguido en su contra, y que no se hizo, lo que vulnera el derecho al debido proceso, establecido en el inciso 5° del número 3 del artículo 19 de la Constitución, ya que en definitiva fue juzgado por una comisión especial. Por otro lado, el proceso que denuncia como irregular y la consecuente sanción, ha afectado su integridad síquica , así como también su honor, ya que afectó su prestigio y reputación, con solo 19 años e iniciando sus estudios Universitarios. Por ultimo dice que se vulneró su derecho de propiedad, sobre el derecho a su vez, de recibir educación, producto del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito con la recurrida, toda vez que no se le informaron las razones específicas para calificar su trabajo con nota 1,0, sin cotejo de pauta y rúbrica a la vista.

Señala que la reprobación de un ramo sin duda inciden negativamente en su futuro, pues no tiene claridad aun sobre los ramos que podrá tomar el siguiente semestre, y si este hecho terminará atrasando su egreso y futura titulación.

Pide dejar sin efecto, tanto el procedimiento disciplinario seguido en contra del recurrente, el Acta de la Comisión de Honor, según sesión celebrada el 22 de diciembre pasado, y cualquier sanción impuesta al recurrente. Finalmente, se ordene a la recurrida evaluar el trabajo del actor titulado “comentario final Nietzsche Freud”.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 11 informa la recurrida y solicita el rechazo del recurso de protección en base a los argumentos que expone.

Relata que de acuerdo al resultado arrojado por la herramienta computacional Turn It In se identificó un posible plagio cometido por el actor en el ensayo referido en su recurso, por lo que el profesor a cargo lo denuncio por una eventual infracción al deber de honestidad. La Secretaría General, a través de su Dirección de Procesos Disciplinarios, recibió al denuncia y dio inicio a la investigación a cargo del delegado disciplinario, Sr. Alejandro Celis, quien citó al alumno a una reunión virtual, con la finalidad de informarle los hechos denunciados, de su derecho a guardar silencio y a contar con defensoría estudiantil. En dicha reunión, el recurrente renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración, reconociendo que su trabajo tiene una fuente ajena que no fue citada, y explicando que eso se debió a un error por hacer el trabajo a ultima hora, declarando entender en qué consiste el plagio, conforme a audio que acompaña en el segundo otrosí.

Luego el delegado disciplinario envía correo al estudiante, informando del cierre de la investigación y propuesta de cargos en su contra, lo que considera que este declaro estar en conocimiento de las reglas respecto al plagio, esto es, que en caso de usar fuentes ajenas estas deben ser citadas, por lo que concurre intencionalidad, según lo establecido en el artículo 29 inciso 2° del Código de honor, que dice “Actúa u omite con intención quien lo hace con conocimiento de las circunstancias en que se encuentra”. Atendido que el alumno contaba con las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración con el proceso, se propuso como sanción la expulsión especial de la asignatura que motivo la denuncia y la certificación en un curso de integridad académica que realiza la Dirección de Docencia de modo virtual. Destaca que se trata de una propuesta y quien juzga en definitiva es la Comisión de Honor.

Refiere que dicha Comisión conoció de este caso en audiencia a la que concurrió el estudiante y su defensor, en que se allanaron a la propuesta del delegado disciplinario, por lo que en definitiva se acogió la propuesta del delegado disciplinario. NO es efectivo que el acta de dicha Comisión sea una repetición de la formulación de cargos, solo se le citó en el punto 2, pero el resto del documento contiene información sobre recursos y ejecución de la decisión.

Además el actor omite que el hizo uso de su derecho de recurrir ante la instancia superior, presentando reclamación el 6 de enero de 2022, el que fue declarado admisible por la Secretaría General, y será conocido en marzo por el Consejo Revisor, ya que febrero es un mes inhábil para efectos disciplinarios.

En cuanto a la normativa aplicable, destaca el Código de Etica, Código de Honor de los Estudiantes, normativa que está publicada en la página web de la Universidad, y los estudiantes declaran conocerla y se obligan a respetarla, cuando suscriben el contrato de prestación de servicios educacionales.

Luego explica cuál es el procedimiento establecido en el Código de Honor por eventuales infracciones a él. Señala que recibida una denuncia, el proceso puede tramitarse ante el Secretario General o ante fiscal. Para ello, la Secretaria General citará al estudiante, para poner la denuncia en su conocimiento y escuchar su versión de los hechos, el que puede guardar silencio, o declarar. Con el mérito de esa información determinará si se requiere designar un fiscal o no. Si no es así, formulara cargos, proponiendo a la Comisión de Honor la sanción respectiva o bien, el sobreseimiento. El estudiante por su parte, puede formular sus descargos por escrito hasta antes de la audiencia ante la Comisión de Honor o en la misma audiencia, pudiendo presentar los medios de prueba que estime pertinente.

En cuanto a las funciones del Secretario General este puede delegarlas total o parcialmente en un delegado disciplinario, el que firmará las resoluciones o actos anteponiendo la frase “Por orden del Secretario General” de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Código de Honor. En este caso el Sr. nombre reservado jamás se presentó como fiscal, y el hecho que haya utilizado un correo correo reservado y que haya sido citado a declarar a la “Fiscalía UAI” no es suficiente para afirmar aquello, dado que la formulación de cargos y el acta de la Comisión de Honor fueron firmado por el como delegado disciplinario.

Luego el caso será conocido y resuelto por la Comisión de Honor, organismo colegiado e integrado por un profesor de la facultad de derecho, quien la preside, un académico y un integrante del estamento estudiantil, todos designado en forma previa al hecho denunciado y que duran un año en sus cargos. En caso de ser sancionado, el estudiante es anotado en un registro disciplinario que lleva el Secretario General, registro que tiene como fin documentar la historia de conducta del estudiante, para efectos de poder determinar una posible reincidencia. No tiene carácter sancionatorio y el estudiante puede ser eliminado a solicitud de parte o de oficio, todo de acuerdo al artículo 41 del Código de Honor.

En contra de esta resolución cabe, en ciertos casos que detalla, un recurso de reclamación, que es conocido por un Consejo Revisor, integrado por la Vicerrectoría Académica, dos Decanos y dos Presidentes de Centros de Alumnos.

En cuanto al derecho al debido proceso, indica que la normativa descrita lo respeta y garantiza por medio de varias normas, como el derecho a conocer los hechos denunciados y a guardar silencio, a asistencia por parte de la defensoría estudiantil, a formular descargos, a que el caso sea conocido y resuelto por el órgano que señale la normativa y que se halle establecido con anterioridad a los hechos, a participar de las audiencias de la Comisión de Honor y pedir la inhabilidad de sus integrantes, a tener una doble instancia.

En cuanto al fondo opone como primera excepción, que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar del acto recurrido, ni para cuestionamientos a la política normativa de la Universidad, atendido que su normativa interna garantiza el derecho al debido proceso y además, se encuentra pendiente de resolver, un recurso de reclamación presentado por el actor.

Además acusa contradicción en los argumentos del recurrente, pues el estudiante reconoce su sujeción a la normativa interna desde el momento que suscribe el contrato de prestación de servicios educacionales, sin embargo, por medio de este recurso cuestiona tal normativa, acusando infringe el debido proceso. Añade que primero cuestiona el origen de la norma pero luego repara en la aplicación de la misma. Por otro lado, interpreta erróneamente las normas, identificando su proceso disciplinario, como tramitado ante un fiscal, en circunstancias que no fue así, sino ante el delegado disciplinario, por el Secretario General.

En tercer lugar señala que este recurso no es la vía para evaluar aspectos de mérito en actuaciones cumplidas en investigaciones internas, en este caso, de una Universidad.

Rebate que el actuar de la Universidad sea ilegal y/o arbitrario, afirmando que tanto el procedimiento como las sanciones adoptadas por la Universidad se ajustan plenamente a la ley. Se refiere a la Ley N°20370, DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Educación, Ley N°21091 que determinan la autonomía Universitaria, esto es, el derecho de cada establecimiento de Educación Superior para regirse por sí mismo. En aplicación de ello se dictó el Código de Honor de la recurrida que, como se ha dicho, cumple con la garantía constitucional del debido proceso. Señala que tampoco es arbitraria, porque el referido Código describe las conductas que constituyen una infracción al deber de honestidad, y el actor fue sancionado por infringir lo dispuesto en el artículo 6, 7 N°1 y 8 N°1. Tal conducta es considerada una infracción gravísima, y se sanciona de acuerdo a lo establecido en artículos 33, 35, 36, 37 y 38, y considerando las atenuantes que concurrieron a favor del alumno, la sanción impuesta fue menor a la base.

Por otro lado niega que hayan concurrido alguno de los vicios denunciados por el actor, pues el delegado disciplinario no se presentó como fiscal, no se le aconsejó pedir asesoría a la defensoría estudiantil porque el caso fuera complejo, sino que procede siempre, no hay incongruencia entre la sanción y las pruebas aportadas, simplemente porque no rindió ninguna y finalmente, no recibió copia del expediente porque no lo pidió.

Niega tampoco vulneración a los derechos constitucionales que alega, por las características del procedimiento aplicado, que no es publicado ni dado a conocer a terceros, y porque su calificación 1,0 se basa precisamente, en el plagio por el cual fue sancionado. Finalmente dice que la sanción consiste en la reprobación del ramo y la asistencia a un curso de integridad virtual. El registro disciplinario no es una sanción.

Acompaña documentos al informe.

Que, a folio 12, con lo obrado se trajeron los autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Que teniendo presente que el asunto materia de este recurso fue objeto de un recurso de reclamación, el que está pendiente de ser resuelto por el Consejo Revisor de la Universidad Adolfo Ibáñez, de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de Honor de la misma, el que es conocido y aceptado por el recurrente al interponer dicho recurso, asegurando así la revisión ante una segunda instancia, una de las garantías básicas del debido proceso, lo que hace imposible además que se pueda entender que existe algún derecho indubitado, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve;

Que, se rechaza el recurso de protección deducido en estos autos en favor de nombre reservado en contra de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2875-2022.