nombre reservado CONTRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

Foja: 34 Treinta y Cuatro Jbl C.A. de Valparaíso CERTIFICO: Que se anunció para alegar el Abogado don Claudio Navarro, 20 minutos contra el recurso, ejerciendo su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, cinco de diciembre de dos mil catorce.

nombre reservado Relator Ad-Hoc Valparaíso, a cinco de diciembre de dos mil catorce VISTOS:

Que a fs. 3 comparece don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, nacionalidad chilena, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección, por vulneración de la garantía constitucional establecida en el Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, en contra del señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Sr. JORGE CASTRO MUÑOZ o quien le suceda en el cargo, se ignora profesión, domiciliado domicilio reservado.

Funda su recurso en las siguientes argumentaciones:

Que presentó su solicitud con fecha 7 de diciembre de 2012 al Bono Post Laboral contemplado en la Ley 20.305, modificada por la Ley 20.636. En esa fecha se encontraba en los casos señalados por el artículo sexto de dicha ley, que cita literalmente.

Señala que la ley 20.636 fue promulgada el 9 de noviembre de 2012, publicada el 17 de noviembre de 2012 y entró en vigencia a contar del 17 de noviembre de 2012, por lo tanto, su postulación fue dentro de los plazos establecidos en la normativa.

Refiere que con fecha 3 de septiembre de 2014 se emite el Decreto respectivo que rechaza la postulación al Bono Post laboral, es decir, 20 meses después de haber entregado todos los documentos requeridos para ello. El 6 de octubre recién se comunica formalmente la decisión del señor alcalde, que de acuerdo a su criterio, no tiene derecho a percibir ese bono.

Por lo expuesto, si bien al momento de postular la afectada no tenía la calidad de funcionario público, en los términos de la Ley 20.305, sí podía postular al beneficio amparado en los términos establecidos en la Ley 20.306, norma que modificó la anterior, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos.

Indica que lo expuesto ha implicado que el señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso ha violentado la garantía constitucional del Derecho de Propiedad, establecido en el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política de Chile, que garantiza la propiedad sobre bienes corporales e incorporales, entendiéndose estos últimos como derechos, que es precisamente lo que ocurre en este caso, en el entendido que la Ley 20.636 establece la posibilidad que ex funcionarios puedan acceder al beneficio del Bono Post Laboral, en los plazos anteriormente señalados.

Finalmente solicita se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra del señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, don JORGE CASTRO MUÑOZ o quien le suceda en el cargo, ya individualizado, acogiéndolo a tramitación, y en definitiva, dar lugar a él, ordenando se deje sin efecto el acto administrativo que rechaza el pago del beneficio aludido y en su lugar se ordene al recurrido decretar el pago de dicho beneficio conforme a derecho, todo con expresa condena de costas.

A fs. 8 comparece CHRISTIAN PAZ BECERRA, abogado, por la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso con costas, en base a los siguientes argumentos:

1).- El recurso es improcedente, ya que existen recursos o reclamos especiales, toda vez que la ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, contempla un recurso especial para reclamar en contra de los actos u omisiones del Alcalde o de los funcionarios municipales que se estimen ilegales, acción denominada reclamo de ilegalidad municipal, que debe entablarse ante el Alcalde dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de notificación o publicación del acto. En caso que el reclamo sea rechazado en sede administrativa, el afectado podrá reclamar dentro de 15 días ante la I. Corte de Apelaciones respectiva, de tal manera que si el recurrente estimaba que la Municipalidad ha incurrido en un acto ilegal, como así lo ha expresado, al dictarse el Decreto Alcaldicio N°2520 de 2014, debió deducir el reclamo especialmente previsto por el legislador para estos casos, denominado reclamo de ilegalidad municipal, contemplado por el art. 151 de la ley citada, que permite al supuestamente afectado comparecer ante este misma I. Corte y ejercer los derechos y evacuar las medidas probatorias que permitan conocer y fallar el reclamo, cautelando los derechos del afectado.

Indica que permitir la utilización abusiva y desmesurada del recurso de protección, para reclamar de actuaciones que ya tienen fijados procedimientos especiales, implica una total desvaluación de esta acción constitucional, creada como una herramienta para restablecer el imperio del derecho en aquellos casos de afectación grave y flagrante de garantías consagradas en la Constitución y en que no existe controversia alguna sobre su existencia, y no para reclamar del ejercicio de los derechos y potestades de las autoridades públicas, respecto de los cuales la legislación administrativa ha contemplado reclamos especiales, esto es, acciones contencioso administrativas, destinadas de manera específica a resolver las cuestiones suscitadas en el orden administrativo referidas a las facultades y el ejercicio de las mismas que hacen los órganos administrativos.

Agrega que el reclamo de ilegalidad tiene la particularidad que en sede judicial se presenta ante esta Ilustrísima Corte, por lo que incluso el objetivo de que esta cuestión sea conocida por un Tribunal Superior se cumple de igual modo.

Refiere, sin perjuicio de lo anterior, que la ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, contempla numerosas formas de reclamación de los actos de los órganos del Estado y las Municipalidades.

2).- El Recurso carece de fundamentos. La solicitud de la recurrente fue extemporánea y no cumplía con los requisitos para la obtención del beneficio, porque, como cuestión previa, para el administrado la obtención de un permiso o autorización o de un beneficio o aporte constituye una mera expectativa que depende del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y reglamentarios que regulen su otorgamiento, por lo que la circunstancia de denegarse válida y lícitamente una autorización, permiso, beneficio o aporte, en caso alguno conculca o violenta en grado de privación, perturbación o amenaza los derechos garantizados por la Constitución. En efecto, los permisos, licencias, autorizaciones, habilitaciones, beneficios, aportes, bonos, bonificaciones y subvenciones, entre otros, generalmente derivadas de requisitos personales (de edad, socioeconómicos, de aptitud física y síquica, de idoneidad moral, de contar con profesiones, capacitaciones o cursos determinados, de carecer de ellas, o de aprobación de pruebas); de requisitos técnicos; o de contar con autorizaciones o certificaciones previas de otras autoridades o servicios, tanto públicos como privados (sanitarios, de seguridad, de instalación, de estratificación social u otros), no constituyen per se un derecho universal, fundamental o un derecho garantizado por la Constitución, sino una mera expectativa del otorgamiento por parte de la autoridad administrativa de dicha habilitación o beneficio, de la que se deriva la adquisición del derecho o su patrimonialización, de tal manera que la licencia, el permiso, el beneficio y el aporte, se otorgan a todos aquellos que reúnan determinados requisitos y condiciones y que además cumplan con las evaluaciones requeridas por la norma que regula la actividad del servicio público al que se pidió la misma, de modo tal que la exigencia por parte de la autoridad del cumplimiento cabal de todos estos requisitos, de orden legal y/o reglamentario, en caso alguno pueden implicar la afectación de las garantías constitucionales, más aún cuando de la sola aplicación de las normas no puede verse afectado ningún derecho, toda vez que para que ello ocurra y para que sea pertinente la acción de protección debemos estar en presencia de derechos válidamente adquiridos e incorporados en el patrimonio de un sujeto, lo que no ocurre cuando se trata de la solicitud de permisos, licencias, beneficios o aportes en que la autorización o habilitación administrativa no constituye el reconocimiento de un derecho subyacente o inherente al sujeto.

3).- Respecto del bono post natal señala que éste se encuentra regulado por la Ley N° 20.305, que fue publicada en el Diario Oficial el 05/12/2008 y entró en vigencia el 01/01/2009 (artículo segundo transitorio), que indica que el personal indicado en el artículo primero de la ley puede acceder al beneficio siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N°3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos que indica. Así, los requisitos para acceder al beneficio están contemplados en el artículo 2o y son los siguientes:

a).- Tener las calidades funcionarías mencionadas en el inciso primero del artículo 1o, en los organismos que indica o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 01 de mayo de 1981 b).- Tener a lo menos 20 años de servicio en las instituciones señaladas en el artículo 1o o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de publicación de la ley 20.305, (05/12/2008)

c).- Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el DL 3.500, igual o inferior al momento que señala la norma (la tasa de reemplazo la calcula la Superintendencia de Pensiones)

d).- Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres.

e).- Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo en las instituciones señaladas en el artículo 1o, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad al DL 3.500, por supresión del empleo o por aplicación del inciso 1o del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

Indica que además de lo anterior, el artículo 3o de la Ley 20.305, establece que para acceder al bono, el interesado deberá presentar la solicitud respectiva dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de las edades señaladas, de lo contrario se entenderá que renuncia al beneficio, es decir, los 12 meses son un plazo común para presentar la solicitud y cesar en servicios y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha establecido que la solicitud del bono debe presentarse mientras aún se tiene la calidad funcionaria, en virtud de lo que señala el requisito del número 1. Es decir, si el interesado presenta la solicitud a partir del día siguiente al cese de funciones, se debe rechazar.

Refiere que es norma de excepción el artículo primero transitorio de la Ley 20.305, que dispone que el personal que a la fecha de entrada en vigencia de la ley (el 1o de enero de 2009) tenga 65 o más años de edad si son hombres o 60 o más años de edad si son mujeres (que es el caso de la recurrente), accederá al bono en las mismas condiciones señaladas en los artículos permanentes siempre que presenten la solicitud respectiva dentro de los 12 meses siguientes a dicha entrada en vigencia y cumplan con los requisitos señalados en el artículo 2° permanente.

Señala que en el caso anterior, el interesado debe cesar en funciones dentro de los 12 meses siguientes contados desde la presentación de su solicitud y el personal que no presente la solicitud de bono dentro del plazo señalado, se entenderá que renuncia a él.

4).- La recurrente no cumple los requisitos para obtener el bono post laboral, porque la Sra. nombre reservado, ex-auxiliar de Farmacia en el Consultorio Marcelo Mena de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social: a) cumplió 60 años de edad el 08 de diciembre de 2008 (es decir debía acogerse necesariamente al referido artículo primero transitorio de la ley 20.305); b) cesó en funciones por renuncia voluntaria con fecha 31 de octubre de 2011 (según consta en el finiquito de contrato de trabajo); c) presentó su solicitud de bono post laboral con fecha 07 de diciembre de 2012 (su fecha límite para presentarla era el 31 de diciembre de 2009 y luego tenía 12 meses para cesar en funciones).

Señala que en base a lo anterior, la Municipalidad, mediante el Decreto Alcaldicio N°2510 de 3 de septiembre de 2014, rechazó la solicitud de bono post laboral, por no cumplir con el requisito contemplado en el mencionado artículo primero transitorio de la Ley 20.305 Sobre la referencia al artículo 6° de la ley 20.636, invocado en el recurso, señala que efectivamente la ley 20.636, publicada el 17 de noviembre de 2012, que modificó la Ley 20.305, dispuso en su artículo sexto que el personal que hubiere obtenido la pensión de invalidez que establece el DL 3.500, y que, cumpliendo los requisitos del artículo 12 de dicha ley, no hubiesen presentado la solicitud para acceder al bono dentro del plazo indicado en su inciso segundo, podrán excepcionalmente presentar la solicitud para acceder al bono, a contar de la vigencia de la ley 20.636 (17 de noviembre de 2012). Para ello, dentro de los 60 días siguientes de la publicación de dicha ley, debían presentar la solicitud para acceder al bono, debiendo verificarse el cumplimiento de los demás requisitos legales.

Señala que el referido artículo 12 de la ley 20.305 establece que las personas que obtenga dicha pensión de invalidez, podrán acceder al bono una vez que cumplan las edades señaladas en el numeral 4 del artículo 2o (60 o 65 años de edad, según corresponda) y acrediten el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en dicho artículo, con excepción del determinado en el numeral 5 (cesar en el cargo dentro de los 12 meses de la edad legal). En este caso, el personal deberá tener las calidades funcionarias requeridas, tanto a la fecha en que obtuvo la pensión de invalidez como con anterioridad al 1o de mayo de 1981.

El personal anterior deberá presentar su solicitud de bono post laboral, a partir del cumplimiento de las edades indicadas y hasta los 12 meses siguientes, de lo contrario se entiende que renuncia al beneficio. Es decir que, si por ejemplo una funcionaria obtiene pensión por invalidez a los 58 años de edad y por tanto cesa en funciones por dicha circunstancia, una vez que cumpla los 60 años le comenzará a correr el plazo de 12 meses para presentar la solicitud de bono post laboral, no obstante que ya no pertenezca al servicio Indica que la recurrente no acreditó contar con una pensión de invalidez, exigida por la ley 20.636 para acogerse al beneficio del bono post laboral y dicha situación constituye el único mecanismo válido para obtener el beneficio en el caso de aquellas personas que cumplieron la edad límite antes de la vigencia de la ley 20.305, muy por el contrario, la propia recurrente ante el Municipio presentó un "Certificado de Afiliación" de la AFP Provida, de fecha 11 de febrero de 2013, en que solamente consta que la Sra. nombre reservado se afilió al Sistema Previsional del Decreto Ley 3.500 con fecha 01/09/1981, incorporándose a esa AFP a contar del 01/11/2006 y que a la fecha de extensión del certificado mantenía su condición de afiliado a ella.

Hace presente también que conforme lo establece el inciso penúltimo del artículo 3o de la ley 20.305, "en el caso de las corporaciones municipales creadas en virtud de lo dispuesto por el DFL 1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior, remitirán a la municipalidad respectiva, todos los antecedentes del trabajador que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2°. El municipio, con el mérito de dichos antecedentes, dictará el acto administrativo correspondiente y, cuando proceda, los remitirá al Servicio de Tesorerías de conformidad al artículo 8o." Manifiesta que ni en los antecedentes remitidos por la Corporación ni en los entregados por la interesada, existe la resolución que otorga pensión de invalidez a la recurrente de modo tal que no era posible incluir a la misma como beneficiaría del bono pedido extemporáneamente.

5).- La resolución municipal se encuentra ajustada a derecho, ya que conforme a las normas de la ley 20.305, la recurrente, habiendo cumplido los 60 años de edad antes de la entrada en vigencia de dicha norma, tenía como fecha límite para presentar la solicitud el 31 de diciembre de 2009 y luego tenía 12 meses para cesar en funciones. En cambio cesó en funciones por renuncia voluntaria con fecha 31 de octubre de 2011 y presentó su solicitud de bono post laboral con fecha 07 de diciembre de 2012, es decir, extemporáneamente. Sin perjuicio de ello, quiso acogerse al nuevo plazo de 60 días, establecido por la ley 20.636, para personas con pensión de invalidez, sin acreditar que contaba con una, lo que determina que no cumplió los requisitos legales establecidos para la obtención del beneficio. En consecuencia, estando acreditado en autos que el Decreto Alcaldicio N°2510 de 2014, se dictó por su parte en ejercicio de sus facultades y competencia legal, respetando con ello en forma estricta lo dispuesto por los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de la República (principios de legalidad y competencia), debe descartarse cualquier reproche de supuesta ilegalidad que pudiere alegarse.

6).- No existen garantías constitucionales afectadas, toda vez que la Municipalidad no ha ejercido su facultad de rechazar el otorgamiento del beneficio fuera del marco legal o en incumplimiento de las atribuciones que le otorga la normativa especial que lo rige. Frente a lo expuesto, la Municipalidad actúa en el marco de su competencia, por lo que tratándose de una actuación ajustada a derecho, en ningún caso puede atribuírsele algún vicio de ilegalidad.

A fojas 33 se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Que, del mérito de los antecedentes aparece que la recurrente no cumple con los requisitos previstos en la Ley N° 20.305 y en su modificación por la Ley N° 20.636, para ser beneficiario del bono post laboral, de tal manera que el Decreto N° 2510, dictado por la Iltre. Municipalidad de Valparaíso, con fecha 3 de septiembre de 2014, se encuentra apegado a la normativa vigente, lo que llevará a rechazar el presente recurso, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara sin lugar el recurso de protección deducido a fojas 3 por don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, en contra del señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Sr. Jorge Castro Muñoz.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2872-2014.- Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Patricio Martínez Sandoval, Sra. Rosa Aguirre Carvajal y el Abogado Integrante Sr. Carlos González Medel.

En Valparaíso, cinco de diciembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.