nombre reservado con CAJA COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Foja: 29 Veintinueve eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

VISTO:

A fojas 5 comparece nombre reservado, Licenciado en nombre reservado, RUT RUT reservado, en representación, de don nombre reservado, Maestro de construcción, RUT: RUT reservado, interpone recurso de protección, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, con domicilio en domicilio reservado, a fin de que se le cautele el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 16 y 24 de la Constitución Política de la República Expone que el recurrente, ejerce como maestro de construcción, específicamente como maestro de “Primera Cañería”, y que apareció en su liquidación de sueldo de abril, un descuento por una deuda del año 2012, que no fue pagada por su empleador y que 5 años después pretenden cobrarle mediante descuentos por la suma mensual de $ 234.893 pesos, los que presuntamente amparados en la ley de cajas de compensación se pretenden cobrar vía descuento por planilla, deuda que a su juicio estaría prescrita y que nunca fue cobrada o notificada legalmente.

Señala que con tal proceder se le ha amagado la libertad de trabajo y el Derecho de propiedad, previsto en el Artículo 19 Nº16 y Nº24 respectivamente.

Agrega que en ejercicio de su libertad contractual, se le ha vinculado ilegalmente con una caja de compensación a la que no pertenece desde hace más de 5 años, por lo que no ha sido libremente elegida. El único contrato que existe es uno laboral con Ingeniería Ava Montajes Ltda, como maestro de construcción, y tal contrato es ley para las partes contratantes y no puede ser modificado sino por mutuo acuerdo, y además, es fuente de derechos, los cuales han ingresado a su patrimonio efectivamente, en virtud del principio de la “propietarización de los derechos” que se encuentra acuñado en el artículo 583 del Código Civil, y para los fines que interesan al presente recurso, en el inciso primero del numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el proceder de la recurrida, no sólo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral sino que, además, le priva ilegal y arbitrariamente del legítimo derecho a percibir mi remuneración completa.

Añade que la doctrina y la jurisprudencia adoptadas universalmente, estiman que el proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación como el de autos no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera se le ha informado ni mucho menos acreditado a su respecto los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 5 años, por lo que tal actuación es arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación.

Señala que la Jurisprudencia es clara en señalar que tales actos violentan arbitrariamente los derechos fundamentales de los recurridos que han sufrido descuentos unilaterales de Cajas de Compensación en sus liquidaciones de sueldo.

Solicita se acoja la acción, haciendo cesar los actos arbitrarios e ilegales y sus ulteriores y perjudiciales efectos, ordenando a la recurrida devolver todas u cada una de las sumas descontadas de su sueldo, no realizar más descuentos vía Ingeniería Ava Montajes Ltda u otros organismos públicos o privados, con expresa condena en costas.

A fojas 18 la recurrida evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso deducido en su contra. Expone que con fecha 22 de enero de 2014 la Caja de Compensación le otorgó al señor nombre reservado un crédito por la suma de $3.559.802 pagadero en un plazo de 60 meses, venciendo la primera cuota en febrero del mismo año. Expone que con fecha 10 de mayo, la empresa Ingeniería Ava Montajes Ltda, actual empleadora del recurrente, pagó la suma de $234.893, el cual se registró como pago en el dividendo del mes de julio de 2014, correspondiente a la cuota 6 de 60, más un interés penal de $108.187. Al mes de junio de 2017, la deuda asciende a $8.296.340, por dividendos morosos, saldo capital, intereses penales y gastos de cobranza.

Señala que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, por lo que la entidad recurrida, mediante el procedimiento de descuentos, ha ejercido los derechos que la propia ley establece, lo que tiene por objeto cautelar el fondo social de donde emergen los créditos, siendo una obligación irrenunciable para su representada el efectuar tales descuentos. Aún más, en el documento donde se solicitó el crédito, se otorga mandato expreso para el actual y futuro empleador o empleadores para que descuenten de sus emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al crédito.

Agrega que, además, respecto a una eventual prescripción de los créditos, ésta exige que sea declarada judicialmente, y no opera de pleno derecho, por lo que mientras no exista un pronunciamiento judicial, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo es plenamente exigible.

A fs. 23 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que surge de lo señalado precedentemente el ser requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

TERCERO: Que, en la especie, el recurrente funda esta acción cautelar en el ejercicio abusivo por parte de la recurrida consistente en cobrar una deuda “de hace más de 5 años”, esto es, del año 2012, no existiendo ni siquiera una base contractual para dicho cobro.

CUARTO: Que, sin embargo, a fojas 15, rola copia de un pagaré suscrito por el actor con fecha 22 de enero de 2014, por la suma de $ 3.592.110 pagadero en 60 cuotas cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero del mismo año, a la orden de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

En dicho instrumento se otorga mandato expreso al actual empleador y futuros empleadores, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidios de incapacidad laboral, para que descuenten del pago de sus emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al crédito. “Lo anterior conforme a las normas que regulan el pago a instituciones previsionales contenidas en el inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo, artículo 22 de la Ley 18.833 y la Ley 17.322.”

QUINTO: Que, la recurrente, conforme al título de comercio recién descrito, informa que se otorgó un préstamo al actor conforme al pagaré antes referido, en cuotas, de las que se han cancelado las primeras seis, encontrándose de este modo solucionada hasta aquella con vencimiento el mes de julio de 2014.

SEXTO: Que, habiéndose alegado por el actor, en apoyo de su recurso, el cobro de una deuda de hace más de cinco años, sin título que la sustente, procede rechazarlo desde que, ambos supuestos fácticos han sido desvirtuados.

En efecto, por una parte, la deuda que se ha descontado de las remuneraciones del trabajador emanan de un pagaré suscrito en el año 2014 cuya última cuota vencerá en febrero del año 2019 y, por otra, del mismo título se desprende que el actor otorgó mandato a la recurrida para que las mensualidades le sean descontadas de sus remuneraciones, jubilación o incluso de los subsidios de cesantía.

SEPTIMO: Que conforme se ha venido razonando, el fundamento que sostiene el arbitrio del actor no pudo ser demostrado, procediendo, en consecuencia, rechazarlo por no existir acto arbitrario o ilegal de parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 5 por don nombre reservado en representación, de don nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2863 -2017.- No firma la abogado integrante Sra. Maldonado , no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse ausente.- Pronunciada por los Ministros de la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso Sr. nombre reservado, Sra. nombre reservado y abogado integrante Sra. Maldonado.-