Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Foja:53 Cincuenta y Tres eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de julio de dos mil dieciséis.

VISTO:

A fojas 6, comparece don Felipe Javier Rodríguez Samith, abogado, en representación de doña nombre reservado, asistente administrativo, grado 15º, de Dotación de la Sección de Administración y nombre reservado de Policía de Investigaciones de Chile, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General, don Héctor Espinoza Valenzuela, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, que dispuso el retiro absoluto de la institución de la actora por salud incompatible con el desempeño del cargo, afectando las garantías previstas en el artículo 19 Nº 1 y 3 de la Carta Fundamental.

Expone que mediante Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, se dispuso su retiro absoluto de la institución recurrida, con declaración de vacancia, por salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular en el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2014 y el 23 de noviembre de 2015, 344 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponda a accidentes en acto de servicio, enfermedad profesional, a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

Explica que la resolución recurrida que dispuso el retiro absoluto de la institución de la actora fue dictada a consecuencia de la aplicación del artículo 151 del DFL Nº 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; sin contener aquél criterios mínimos de razonabilidad para un acto que emana de una autoridad pública. En efecto, indica que la citada norma dispone que el Jefe Superior del Servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, durante los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; agregando que conforme al inciso 2º del artículo 115 del citado cuerpo legal, por enfermedad producida a consecuencia del desempeño de las funciones aquellas que, según el dictamen de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, tenga como causa directa el ejercicio de las funciones propias del empleo, debiendo su existencia comprobarse con la exhibición del dictamen.

Alega que, bajo dicho contexto, la resolución impugnada por esta vía adolece de vicios en su tramitación por cuanto el sumario administrativo en cuya virtud se funda la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, se realizó sin la comparecencia de la recurrente, al encontrarse ésta haciendo uso de licencia médica, con instrucciones de realizar reposo total; precisando al respecto que mediante Resolución Nº 135, de fecha 8 de marzo de 2016, dictada por el Jefe de la Quinta Región Policial de Valparaíso de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Inspector, don nombre reservado, se dispuso la obligatoriedad de la recurrente a concurrir a actuaciones relativas al sumario administrativo dispuesto por la institución pese a que la recurrente se encontraba con licencia médica y reposo del que se encontraba al tanto la recurrida.

Hace presente que según se desprende de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de Licencias Médicas, Permisos y Feriados del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, los funcionarios que se encuentren haciendo uso de licencia médica, no están al margen de la responsabilidad administrativa que pudiere afectarles por las faltas en que hayan incurrido o puedan incurrir, como tampoco del cumplimiento de sus deberes funcionarios; por lo que el funcionario en uso de licencia médica podrá ser notificado de sumarios, calificaciones y resoluciones, como también de citaciones a Fiscalía o Tribunales de Justicia por hechos relacionados con la función policial, debiendo comparecer previa autorización del médico tratante, salvo que por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Tribunal, se hallare en la imposibilidad de hacerlo.

Acusa que en el caso particular de marras dicha autorización del médico tratante nunca fue solicitada, adoleciendo por ello el procedimiento sumarial de vicios en su desarrollo que han afectado a la recurrente, de lo que da cuenta la causa Rol Nº 1433-2016, actualmente en tramitación ante esta Corte. Sobre el particular, precisa que la actora en la actualidad se encuentra internada en el pabellón psiquiátrico del Hospital de Carabineros de Chile, al que fue derivada desde el Hospital Naval de Viña del Mar; cuyo médico psiquiatra tratante, don nombre reservado, con fecha 23 de mayo del año en curso, solicitó prórroga de hospitalización por el término de 30 días, en atención a que las afectaciones de la recurrente no eran posible de estabilizar, diagnosticándole síndrome paranoide, depresión psicótica y estrés laboral – acoso laboral y mobbing; todo lo anterior a causa de los constantes acosos laborales de que ésta ha sido víctima y que han obstruido su recuperación.

Refiere que por lo anterior y a consecuencia que la recurrente se encuentra actualmente internada y en tratamiento psiquiátrico, y pendiente su declaración de salud irrecuperable, es que el acto que se recurre debe ser impugnado, por cuanto los nuevos hechos que afectan a la actora no pueden ser desatendidos por caberle en éstos responsabilidad directa a la recurrida, toda vez que se trata de una enfermedad producida a causa del desempeño de sus funciones estando pendiente el dictamen de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda.

Reclama que la actuación de la recurrida consistente en adoptar la decisión de retiro absoluto de la institución de la recurrente fundada en un sumario administrativo que infringe lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Licencias Médicas, Permisos y Feriados del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, y encontrándose además pendiente el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud respecto de las actuales patologías de la actora producidas a causa directa del obrar de la institución, importa una afectación a la garantía prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental, al atentar contra la integridad física y psíquica de la recurrente y privarle de su derecho a la salud y al tratamiento que por derecho corresponde en caso de hacerse efectivo el retiro absoluto de la institución; y asimismo una vulneración a la garantía del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, en tanto el acto impugnado no se ha fundado en un procedimiento previo legalmente tramitado, toda vez que el sumario administrativo no se encuentra firme al poder incluso invalidarse sus efectos.

Solicita que, en definitiva, se acoja el presente recurso.

A fojas 41, evacua informe don nombre reservado, Director General Subrogante de Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo de la acción cautelar.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso de protección, toda vez que si bien el acto impugnado es la Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, notificada a la recurrida, con fecha 20 de mayo pasado, y el arbitrio de autos ha sido interpuesto con fecha 30 de mayo del año en curso; la afectada tuvo conocimiento de los hechos que alega como fundamento de su acción, con anterioridad al acto impugnado. En efecto, la recurrente tomó conocimiento de su declaración de salud incompatible para desempeñar su cargo, con fecha 1 de febrero de 2016, al momento de ser notificada de la Resolución Exenta (R) Nº 11, de fecha 8 de enero del mismo año, de la Dirección General de la institución, de lo que resulta que el recurso interpuesto con fecha 30 de mayo pasado, lo ha sido fuera del plazo legal establecido para tales efectos; incluso considerando la fecha de notificación por carta certificada de la Resolución Exenta (R) N° 144, de fecha 23 de marzo de 2016, que rechazó el recurso de reposición presentado en contra de la ya referida Resolución Exenta (R) Nº 11, de fecha 8 de enero del mismo año.

En cuanto al fondo, explica que mediante Oficio (R) Nº 1928, de fecha 30 de noviembre de 2015, emanado de la Jefatura de Sanidad de la Policía de Investigaciones de Chile, se informó a la Subdirección Administrativa que la recurrente acumuló en el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2013 y el 23 de noviembre de 2015, 616 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en actos del servicio, enfermedad profesional, ni a la otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva o por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo.

Luego, indica que por Resolución Exenta (R) Nº 11, de fecha 8 de enero de 2016, del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, se declaró que la recurrente presenta salud incompatible con el desempeño del cargo al acumular en el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2014 y el 23 de noviembre de 2015, 344 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en actos del servicio, enfermedad profesional, ni a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva o por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo.

Acto seguido, aduce que en contra del referido acto administrativo, la recurrente dedujo recurso de reposición, con fecha 9 de febrero de 2016, el que fue desestimado mediante Resolución Exenta (R) Nº 144, de fecha 23 de marzo de 2016, del Director General de la institución, en razón de no haberse aportado nuevos antecedentes por la actora que permitieran desvirtuar lo resuelto. Finalmente, indica que con fecha 20 de mayo pasado, se notificó a la funcionaria recurrente, mediante carta certificada, la Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Policía de Investigaciones que dispone el retiro absoluto de la institución de la recurrente, a contar del día siguiente de la notificación de su tramitación total, por presentar salud incompatible con el desempeño del cargo, conforme lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834.

Respecto de la naturaleza y los efectos de la aplicación del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sostiene que dicha disposición confiere al Jefe del Servicio, la facultad discrecional y de su exclusiva competencia para efectuar la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo, respecto de aquellos funcionarios que se encuentren en las circunstancias fácticas que establece la norma, esto es, bastando la sola constatación de que el funcionario ha hecho uso de licencias médicas por más de seis meses, en forma continua o discontinua, durante los dos últimos años, y que aquellas no correspondan a licencias médicas por accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional o licencias maternales, no requiriéndose en la especie de declaración de salud irrecuperable.

Por su parte, y en cuanto al principio de motivación de los actos administrativos, que impone a la Administración el deber de fundamentar las decisiones que se adopten en el ejercicio de sus potestades, sostiene que en el caso de marras puede advertirse de la sola lectura de la Resolución Exenta (R) Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, que ésta se encuentra debidamente fundada en términos que resultan suficientes para su acertada inteligencia, no usándose expresiones genéricas, en tanto en ésta se precisa el tiempo por el cual la funcionaria afectada ha hecho uso de licencia médica, con indicación del número de días y el periodo de tiempo comprendido.

A mayor abundamiento, hace presente que conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 18.834, para el ingreso a la Administración del Estado se exige tener salud compatible con el desempeño del cargo, de tal modo que si un funcionario no cumple con dicho requisito por problemas de salud sobrevinientes en el desempeño de sus funciones, se debe establecer una causal que estipule la vacancia en el cargo, a fin de no mantener en el tiempo a funcionarios que no puedan cumplir la función que justificó su permanencia en el mismo; cuestión que cobra especial relevancia para el cumplimiento de los fines y funciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

En relación a las alegaciones de la recurrente, ilustra como cuestión preliminar que ésta mientras permaneció en la institución y hasta el mes de abril del presente año, registraba un total de más de 800 días de licencia médica, demostrando un abuso sistemático de las prerrogativas funcionarias en dicho ámbito; precisando que durante todo aquel periodo la actora jamás concurrió a alguna de las citaciones fijadas para su control y diagnóstico ante la Comisión Médica Institucional, pese a los requerimientos realizados en orden a su comparecencia, de modo que todo control médico de la recurrente se realizó con facultativos externos a la institución, y por ello la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo, en los términos expuestos.

Aclara que el sumario administrativo que se dispuso por la institución, no tuvo por objeto la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, sino que fue instruido para investigar las causas y circunstancias por las cuales la recurrente, ante la notificación de la resolución de dispuso su salud incompatible, presentó certificado médico señalando patología de embarazo, para evitar los efectos de dicha resolución, teniendo para ello presente que ésta ya había utilizado el mismo recurso a comienzos del año 2015, ante la similar circunstancia de declaración de salud incompatible.

Finalmente, respecto de las garantías que se reclaman afectadas y, en particular, en relación a la prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental, señala que la recurrente está en un error conceptual, por cuanto la recurrida no se encuentra en ninguna de las hipótesis que contempla el derecho a la vida, esto es, ni en la obligación primaria negativa de no matar, ni en las obligaciones positivas secundarias necesarias para prevenir que se mate arbitrariamente a otro, ni eventualmente en las obligaciones positivas destinadas a satisfacer – cumplir el derecho que habría que determinar. Mientras que en lo concerniente a la garantía del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, señala que las argumentaciones de la recurrente no son aplicables al caso, en tanto la recurrente tuvo la oportunidad de recurrir a las instancias administrativas que consideran todos los elementos del debido proceso, no pudiendo efectuarse reproche alguno a la recurrida en tal sentido.

Concluye señalando que la institución policial recurrida no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal que perturbe, amenace o prive de los derechos constitucionales de la recurrente, razón por la que la presente acción cautelar, a su parecer, debe ser rechazada.

Por resolución de fojas 50, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la extemporaneidad:

Primero: Que la recurrida alega la extemporaneidad de la presente acción cautelar en atención a que si bien el acto impugnado es la Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, que dispuso respecto de la recurrente el retiro absoluto de la institución por salud incompatible con el desempeño de su cargo; la misma actora tomó conocimiento de dicha declaración de salud que sirve de fundamento al referido acto, con fecha 1 de febrero de 2016, al momento de ser notificada de la Resolución Exenta (R) Nº 11, de fecha 8 de enero del mismo año, que así lo dispuso; de lo que concluye que el recurso interpuesto, con fecha 30 de mayo pasado, lo ha sido fuera del plazo legal establecido para tales efectos en el Auto Acordado sobre la materia.

Segundo: Que la alegación de extemporaneidad así planteada por la recurrida debe ser desestimada teniendo para ello únicamente presente que el acto impugnado por esta vía cautelar es la Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, notificada a la recurrente, con fecha 20 de mayo del presente año, y que en contra de ésta se ha interpuesto el recurso de marras, con fecha 30 de mayo recién pasado, esto es, dentro del plazo legal establecido para tales efectos; sin que obste a dicha conclusión el que la actora haya tenido con anterioridad a dicho acto conocimiento de la declaración de salud que le sirve de fundamento, por cuanto lo que se reclama por la presente acción no es el acto que contiene aquella declaración de salud, sino que la decisión de retiro absoluto de la institución de la actora fundada en dicha condición de salud.

II. En cuanto al fondo del asunto:

Tercero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que, en la especie, la recurrente funda su acción de protección en que mediante Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, dictada por el Director General de Policía de Investigaciones de Chile, se dispuso respecto de la actora el retiro absoluto de la institución, por salud incompatible con el ejercicio del cargo, en razón de haber registrado ésta 344 días de licencia médica durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2014 y el 23 de noviembre de 2015; medida que a juicio de la recurrente importa una actuación arbitraria e ilegal por cuanto dicha decisión es el resultado de un sumario administrativo que adolece de vicios en su tramitación asociados a la circunstancia de haber sido citada la recurrente al mismo, pese a encontrarse haciendo uso de licencia médica; y porque además aquélla ha sido adoptada encontrándose pendiente la evaluación de la actora por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de las patologías psiquiátricas que actualmente padece a causa directa del acoso laboral de que ha sido víctima en la institución policial; afectándose de este modo las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 Nº 1 y Nº 3 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que al evacuar su informe la recurrida solicita el rechazo del recurso protección atendido que el acto reclamado en el caso de autos ha sido emitido por la autoridad recurrida en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que le autoriza para disponer el retiro absoluto de la institución de aquellos funcionarios que registraren seis meses de licencia médica, continuos o discontinuos, durante un periodo de dos años; unido a que dicha decisión tampoco ha sido el resultado de un sumario administrativo seguido en contra de la actora, en tanto el objeto de este último ha sido la indagación acerca de la veracidad de las últimas licencias médicas presentadas por la actora a la institución en relación al padecimiento de patologías de embarazo aducidas al tiempo de haberse verificado la declaración de salud incompatible con el desempeño de su cargo; a lo que añade que en la especie no se advierte la existencia de vicios en su tramitación por el hecho de haberse citado al mismo a la actora que se encontraba con licencia médica, lo que por lo demás alega haberse discutido y zanjado ya entre las partes a propósito de un recurso de protección recientemente tramitado ante esta misma Corte bajo el Rol IC Nº 1433-2016.

Sexto: Que, en primer término, menester es precisar que el acto que se reclama por esta vía cautelar es la Resolución Nº 311, de fecha 6 de abril de 2016, que dispuso respecto de la recurrente el retiro absoluto de la institución policial por salud incompatible con el desempeño del cargo, en razón de haber acumulado la recurrente 344 días de licencia médica durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2014 y el 23 de noviembre de 2015, sin mediar declaración de salud irrecuperable, y que no corresponden a accidentes en actos del servicio, enfermedad profesional, ni a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva o por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo.

Séptimo: Que, sobre el particular, necesario es para analizar adecuadamente la actuación de la recurrida, tener presente lo dispuesto en el artículo 153 del DFL N° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Estatuto de Personal de Policía de Investigaciones, en cuya virtud todas aquellas materias no previstas en el referido cuerpo estatutario sobre las relaciones jurídicas que vinculan al Estado con los empleados de dicho organismo, se regirán supletoriamente por las disposiciones aplicables a la Administración Civil del Estado, dentro de cuya normativa se encuentra el artículo 151 del Estatuto Administrativo, el que concede al Jefe Superior del Servicio la facultad de considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses durante los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable y sin considerar aquellas asociadas a accidentes en actos del servicio, enfermedad profesional, ni a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva o por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo.

Octavo: Que, en dicho contexto, examinado el acto impugnado por la recurrente en cuanto a su legalidad, puede constatarse que éste ha sido dictado por el Director General de Policía de Investigaciones, en su condición de Jefe de Servicio, y en ejercicio de las facultades y atribuciones que le han sido conferidas por la Ley, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos que exige la declaración de retiro absoluto de la institución, esto es, que la funcionaria recurrente se hallare comprendida dentro de la hipótesis legal de haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en un periodo de dos años; circunstancia que en la especie efectivamente concurre al haber acumulado ésta 344 días de licencia médica durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2014 y el 23 de noviembre de 2015, lo que por lo demás no ha sido cuestionado por la propia recurrente; a lo que se añade que de dicho se ha tomado razón por el ente contralor sin efectuarse cuestionamiento alguno, y sin que obste a dicha decisión la existencia de patologías psiquiátricas pendientes de evaluación por la Comisión Médica Preventiva e Invalidez respecto de la actora.

Noveno: Que, en el mismo orden de ideas, y en cuanto a la motivación del acto recurrido, del examen material de éste es posible advertir también que aquel cuenta con suficiente fundamentación tanto de hecho, como de derecho, al hacerse cargo en su contenido, tanto de las circunstancias fácticas que le justifican, vinculadas a los días de licencia médica registrados por la actora de autos dentro de un determinado periodo de tiempo, como asimismo de la referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que le sirven de sustento; cuestión que permite descartar desde ya la existencia de cualquier arbitrariedad en su dictación.

Décimo: Que, en nada altera lo razonado precedentemente, el que se haya promovido por la institución policial sumario administrativo en contra de la recurrente, por cuanto tal como se desprende del mérito de los antecedentes allegados al proceso, la resolución impugnada por esta vía cautelar no ha sido resultado de dicho procedimiento administrativo como lo pretende justificar la actora, en tanto la resolución impugnada, como se ha venido señalando, no es más que el resultado del ejercicio exclusivo de la facultad concedida al Director General de la institución en virtud del artículo 151 del Estatuto Administrativo; en circunstancias que el objeto del citado sumario ha sido la investigación acerca de la veracidad de las últimas licencias médicas de la actora, lo que dista del objeto y motivación del acto impugnado por la presente acción.

Décimo primero: Que, a mayor abundamiento, tampoco es posible advertir que en la especie se haya verificado vicio o defecto alguno en la tramitación del referido sumario administrativo, por el hecho de haber sido citada la actora al mismo encontrándose haciendo uso de licencia médica, por cuanto dicha alegación además de haber sido ya conocida y desestimada por esta Corte en virtud del recurso de protección Rol IC N° 1433-2016, no constituye defecto alguno al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Licencias Médicas, Permisos y Feriados del Personal de Policía de Investigaciones, en tanto la circunstancia de encontrarse haciendo uso de licencia médica no la exime de dar cumplimiento a sus deberes funcionarios, sin perjuicio de los derechos que le asistan para no comparecer si su médico tratante así lo determina por razones de salud o lo justifica.

Décimo segundo: Que, así las cosas, se ha de concluir necesariamente por estos sentenciadores que la actuación de la recurrida se encuentra ajustada a derecho y que en caso alguno ésta ha importado una amenaza, privación o perturbación de las garantías que se reclaman conculcadas por la recurrente; todas razones por las cuales la presente acción cautelar debe ser desestimada, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I. Que se rechaza la alegación de extemporaneidad promovida por la recurrida a fojas 41 de autos.

II. Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 6, por don Felipe Javier Rodríguez Samith, en representación de doña nombre reservado en contra de Policía de Investigaciones de Chile Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministro Sra. Lavín.

N° Protección 2859-2016.- Pronunciada por la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por la Ministro Sra. Eliana Quezada Muñoz, por la Ministro Sra. Carolina Figueroa Chandía y por la Ministro Sra. María del Rosario Lavín Valdés.

En Valparaíso, veintidós de julio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.