nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

En folio 1 se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal, tanto de degradar el cargo en el cual se desempeña en el servicio, lo que representa una amenaza cierta de disminuir sus remuneraciones, sin una causal legal que lo ampare, como también por no dictar la resolución administrativa fundada en virtud de la cual se señalen los motivos que se tuvieron en vista para la no renovación de su contrata a partir del 1 de enero de 2022.

Indica la recurrente que se desempeña como funcionaria de TGR desde el año 1982, primero en calidad de contrata y luego desde el año 1997 como funcionaria de planta del Escalafón Técnico, grado 17. Señala que entre los años 2004 y 2008 fue nombrada suplente en el grado 13 y, luego, desde agosto de 2008 fue nombrada bajo la calidad de contrata en el grado 11 del estamento profesional para el cargo de Jefa de Operaciones de la Tesorería Provincial de Viña del Mar, bajo una modalidad de contrato complementario, contrata que se prorrogó sucesiva y continuamente por más de 13 años hasta el 31 de diciembre de 2021. Agrega que desde septiembre de 2017 y hasta la actualidad se desempeña como Ejecutiva de Gestión de Cobro, sección Cobranza de la Tesorería General de la República, Región de Valparaíso.

Refiere contar con el título de Ingeniera en Ejecución de Gestión Pública, haber sido evaluada en lista 1 con el máximo de calificación 7, junto a una gran cantidad de anotaciones de mérito y ninguna de demérito durante toda su trayectoria laboral en el servicio público.

Agrega que la última renovación de su contrata fue ordenada por esta Corte, por fallo dictado el 29 de julio de 2021, en causa Rol 11.662-2021, que acogió el recurso de protección interpuesto por su parte, por hechos relacionados a los denunciados en este recurso, sentencia que ordenó en definitiva la extensión de la contrata de la actora hasta el 31 de diciembre de 2021.

Relata que el 22 de diciembre pasado recibió correo electrónico por el cual el Director Regional de Tesorería General de la República le comunica la determinación de la recurrida de no renovar la contrata complementaria de la actora desde el 1 de enero de 2022, por lo que volvería a su grado en propiedad, esto es, el grado 17.

Reprocha que se le haya comunicado de esa forma la decisión de poner término a su contrata, sin que se le haya notificado de algún acto administrativo fundado que ordene la no renovación de su contrata. Destaca además que sigue cumpliendo las mismas funciones que desempeñaba hasta antes del 31 de diciembre de 2021, esto es, Ejecutiva de Gestión de Cobro, pero ahora en un grado menor y con una menor remuneración.

En cuanto a los fundamentos de la ilegalidad y arbitrariedad invocada, señala que tiene una carrera funcionaria de 40 años, y en los últimos 13 se ha desempeñado en grado 11, por contrato complementario antes referido, por lo que le asiste la confianza legítima de continuar con tal contrata hasta el término de 2022 o bien, haberse dictado un acto fundado que indique por qué no se renueva, y al no existir, hace que la decisión ya referida sea ilegal. Señala que por existir a su favor más de una veintena de prórrogas, no puede considerarse que su contrato complementario se termine por el mero transcurso del tiempo, sino que se debe dictar un acto positivo y fundado que así lo determine.

Añade que tal principio ha sido reconocido por la Contraloría General de la República en Dictamen N°6400/de marzo de 2018 y que la jurisprudencia administrativa dictada en la materia es vinculante para los órganos del Estado, entre ellos, la Tesorería General de la República. SE refiere también a la jurisprudencia judicial, en cuanto se ha referido al requisito de fundamentación de los actos administrativos.

Señala que además no es la primera vez que Tesorería incurre en esta misma conducta, pues en abril de 2021 fue víctima de la misma situación, esto es, que sin mediar un acto administrativo fundado se procedió a no renovar su contrata, rebajándola de grado pero manteniendo idénticas funciones, lo cual vulneró su derecho de propiedad al privarla de sus remuneraciones y también su derecho de ser tratada con igualdad ante la ley, lo cual quedó refrendado en la sentencia dictada por esta Corte, que fue conformada por la Corte Suprema. Indica que en esa oportunidad, igual que ahora, la decisión le fue comunicada por correo electrónico, lo que según fallo dictado por esta Corte no tiene un carácter formal, además de que la decisión de que la actora deba volver a sus labores originales no tiene ningún sustento o explicación.

Luego señala que el actuar de la recurrida vulneró su derecho constitucional de igualdad ante la ley, puesto que la no renovación de su contrata después de 13 años de prórrogas sucesivas, sin que lo precediera un acto administrativo fundado, la priva del derecho a conocer los motivos de la falta de renovación y en su caso, eventualmente ejercer su derecho a impugnar dicha decisión ante un juez, por medio de una acción de tutela de derechos fundamentales u otra.

Señala que el día 3 de abril de 2021 tomó conocimiento a través de la plataforma institucional que figura como funcionaria de planta, estamento Técnico, Grado 17, vale decir, conforme al pretérito nombramiento de 1997, pero sin que haya sido formalmente notificada de alguna resolución administrativa fundada en virtud de la cual se dictamine que su contrata no se prorrogará y por tanto retomará las funciones técnicas de planta, máxime que a la fecha sigue cumpliendo las mismas funciones que venía desempeñando. Agrega que el 16 de abril del año en curso, al recibir su liquidación de remuneraciones se percató que el pago se le hizo de conformidad al grado 17 de la Escala Única de Sueldos.

Indica que de conformidad al artículo 17 y siguientes del Estatuto Administrativo, plenamente aplicable en la especie dada la ininterrumpida antigüedad acumulada en virtud de su contrata, resulta improcedente la pretendida degradación de sus remuneraciones, mediando además en su favor el principio de confianza legítima recogido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 6400/ de marzo de 2018.

También denuncia vulnerado su derecho de propiedad, en relación a las remuneraciones conforme al grado a cual estaban asimiladas y que venía percibiendo por causas de las funciones que ha ejecutado y sigue ejecutando en la actualidad.

Pide se acoja el presente recurso y se adopten las siguientes medidas: i.-Que el contrato complementario prorrogado entre el 1 de abril y 31 de diciembre de 2021 se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022; ii.-Que se deja sin efecto la disminución de las remuneraciones y rebaja en 6 grados que se anuncia en el acto recurrido; iii.- Que el órgano recurrido deberá abstenerse de rebajar el grado de la recurrente, salvo de existir una resolución del órgano competente que autorice de manera fundada el cambio; iv.-Que se ordena restituir las diferencias de grado en el cálculo de las remuneraciones, bonos e incentivos, aporte a fondo de pensiones y salud, etc que no se hubiesen pagado y correspondan a los meses del 2022 que correspondan hasta la dictación del fallo; v.-Todo ello, sin perjuicios de las demás medidas que esta Corte estime necesarias.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 8, se informa en representación del Tesorería General de la República solicitando su rechazo.

Se refiere a la carrera funcionaria de la recurrente, e indica que se desempeña como Ejecutiva de Gestión de Cobro de la Sección Unidades de Cobro N°1 de la Tesorería Regional de Valparaíso.

En cuanto al contrato complementario, indica que corresponde a una figura compatible con el cargo titular, de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 letra d) de la Ley N°18.834. Añade que este tipo de contratos son revisados y renovados semestralmente desde mediados del año 2012, ya que antes se hacía anualmente, y su otorgamiento se efectúa con el objetivo de poder equilibrar las responsabilidades que son asignadas a los funcionarios de planta y la remuneración que perciban por ello. Se trata de contrato a plazo fijo, por lo que si no se renuevan, se extinguen por el solo ministerio de la ley, y desde el 2016, la DIPRES no está autorizando la emisión de nuevos contratos complementarios o nombramientos suplencia.

En el caso de la recurrente, por medio de Resolución de 18 de agosto de 2008 le fue asignada la función de Jefe Sección Operaciones de la Tesorería Provincial de Viña del Mar y de acuerdo a ello, le fue otorgada una designación mediante un contrato complementario en grado 11° profesional, compatible con su cargo titular. Añade que la funcionaria se encontraba en condiciones de mantener esa figura contractual complementaria, en la medida que ejerciese la función de Jefe de Operaciones, y esa función la dejó de ejercer el 27 de septiembre de 2017, cuando se le asigna la de Analista de Cartera, la que además, la deja fuera de la banda de grado, ya que para la función de “Jefe Sección operaciones” el mínimo de banda es grado 12, y el máximo es grado 8; en tanto, para la función “Analista de cartera” el mínimo de banda es 16 y el máximo, 12. Las funciones que le fueron asignadas con posterioridad, esto es, Administrativa de apoyo, administrativa de cobranza y ejecutiva de gestión de cobro, también la dejan fuera de la banda de grado referida.

Sucede que en diciembre de 2020 se solicitó al Tesorero Regional fundamentos que justificaran la mantención de la designación, por cuanto se encontraba sobre la banda de grado de la función que ejercía a la fecha, esto es, Ejecutiva de Gestión de Cobro. Por tal razón se decidió prorrogar el contrato complementario por última vez, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Sin embargo, producto del fallo dictado por esta Corte en causa Rol N°11.662.2021 el 6 de septiembre de 2021 se dictó resolución que prorroga el contrato complementario del recurrente por el período del 1 de abril al 31 de diciembre de 2021.

Durante el mes de diciembre de 2021 se revisaron las suplencias, a fin de generar las renovaciones de contratos complementarios y suplencias para el 2022. Poniendo énfasis en que las funciones que desempeñen los funcionarios en tal situación debe estar en concordancia con los grados que ostentan. En el caso de la actora, se constata que sigue desempeñando la función de Ejecutiva de Gestión de Cobro, y atendido que el contrato complementario que ostenta la sitúa en un grado 11° Profesional, esto es, por sobre la banda de grado de la función que desempeña, se resuelve no renovar su contrato complementario para el primer semestre del 2022. Destaca que la actora reconoce que ya no ejerce funciones de jefatura, desde el 27 de septiembre de 2017, no obstante pretende seguir percibiendo la remuneración del grado que se le pagaba por cumplir esa función.

Es importante recalcar que la última renovación de su contrato complementario se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que terminó por vencimiento del plazo dispuesto, sin que la autoridad tenga la obligación de dictar algún acto administrativo que disponga su cese o practicar algún tipo de notificación al efecto. Refiere que se le comunicó por correo electrónico que regresaría a su cargo de la Planta de Técnicos grado 17°, continuando así la prestación de sus servicios.

Señala que el actuar de la administrativa no ha sido ilegal ni arbitrario, ya que Tesorería ha actuado dentro de los marco de sus atribuciones, tras un estudio acabado de los antecedentes de la recurrente e interpretación de las normas aplicables.

Señala que en este caso no se aplica el principio de confianza legítima, primero porque la funcionaria no continúa prestando la función por la cual se le contrató en un determinado grado superior, y porque no se le ha privado de la estabilidad laboral, ya que no fue desvinculada del Servicio de Tesorerías, sino que continúa con la prestación de sus servicios, al amparo de su cargo de planta.

Luego señala que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional de la actora, ni el de igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad, en relación a sus remuneraciones, porque Tesorería ha aplicado la normativa aplicable, no renovando el contrato complementario por lo ya explicado.

Por ultimo dice que la presente acción no es la idónea para debatir la no renovación del contrato complementario de la actora, puesto que no se trata de un derecho indubitado. Refiere además que existe un procedimiento adecuado para debatir aquello, cual es la tutela de derechos fundamentales en sede laboral.

Acompaña documentos al informe.

A folio 18, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que las garantías constitucionales que la actora indica que le han sido conculcadas, corresponden a los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y los hechos que vulnerarían esas garantías consisten en que, desempeñándose en el cargo de Jefa de Operaciones de la Tesorería Provincial de Viña del Mar a partir de Agosto de 2008, con un Grado 11, con una modalidad de contrato complementario, pues es funcionaria de planta en grado 17 desde el año 1997, tomó conocimiento, mediante correo electrónico, que volvió a su grado original (Grado 17), lo que considera improcedente pues ello implica una degradación de sus remuneraciones y una afectación al principio de confianza legítima recogido por la Contraloría General de la República, atendido que lleva 13 años cumpliendo funciones con un contrato complementario.

Tercero: Que el Servicio recurrido, en cuanto al fondo de los discutido, confirma en general las funciones y fechas indicadas por la actora en relación con su carrera funcionaria, precisando que la recurrente se encontraba en condiciones de mantener la figura contractual de contrato complementario, lo que es compatible con su cargo titular, contratos que son revisados y renovados semestralmente y que se extinguen por el sólo ministerio de la ley. Reconoce asimismo que la recurrente se mantuvo en la calidad jurídica de contrata mediante un contrato complementario hasta el 31 de diciembre de 2021, y que la no renovación de su contrato complementario le fue comunicada por medio de un correo electrónico, por lo que volverá a su cargo de la Planta de Técnicos, grado 17°, estimando que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la Tesorería que afecte las garantías constitucionales de la recurrente. Finaliza sosteniendo que su contrato complementario ha finalizado en el plazo dispuesto, no teniendo la obligación de dictar algún acto administrativo que disponga su cese o practicar algún tipo de notificación al efecto. En cuanto al principio de confianza legítima, sostiene que el mismo no tiene aplicación porque la recurrente no sigue cumpliendo las mismas funciones que cumplía cuando inició el contrato complementario referido, y porque se le ha privado de la estabilidad laboral, pues no ha sido desvinculada del Servicio de Tesorería.

Cuarto: Que en primer lugar se debe considerar que los hechos denunciados en este recurso son similares a los conocidos en causa Rol 11.662.2021, ocasión en la cual la recurrida había informado a la recurrente del cese de su contrato complementario, también por correo electrónico, ocasión en la cual esta Corte, en fallo dictado el 29 de julio de 2021 tuvo ocasión de evaluar el actuar de la administración, a la luz de la normativa que rige a los actos de la administración, y donde se concluyó que era necesaria la dictación de un acto administrativo que justificara la no renovación de la contrata complementaria de la actora, lo que la recurrida no cumplió, reiterando su conducta de informar tal hecho por medio de un correo electrónico, sin ninguna mayor formalidad.

Quinto: Que se aprecia que en esta ocasión, igual que la conocida en la causa ya individualizada, la recurrida es contradictoria en sus argumentaciones, ya que afirma que la actora estaba en condiciones de realizar sus labores establecidas en el contrato complementario, en circunstancias que luego señala que tales funciones cesan a partir del 31 de Diciembre de 2021, volviendo a sus labores de planta. En segundo lugar, y lo más relevante en este caso, las modificaciones que afectan a la actora en cuanto debe volver a sus labores originales, no tienen ningún tipo de sustento o explicación. Los actos administrativos deben tener una cierta racionalidad en cuanto a los objetivos de los servicios públicos y las funciones que cumplen en general, de modo tal que aquellos no sean tildados de arbitrarios cuando son dictados sin justificación alguna. En el presente caso se aduce que la actora vuelve a sus funciones originales o primigenias, pero no se indica el porqué de esa decisión, simplemente estamos ante una actuación administrativa que dispone un cambio determinante en las condiciones de la recurrente y que afecta sus remuneraciones y sus derechos previsionales, sin que ella pueda conocer los fundamentos de tal decisión.

Sexto: Que confirma lo que se ha venido diciendo, de acuerdo a los criterios que la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha fijado respecto a la motivación de los actos administrativos, especificando los siguientes:

1.- Los actos administrativos deben ser debidamente fundados, omitiendo dudas sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado.

2.- La autoridad pública no puede sustentar su actuar en apreciaciones subjetivas, vagas, confusas e imprecisas.

3.- No basta la mera referencia a las normas o informes técnicos. Estos deben ser analizados pormenorizadamente.

4.- El control de los motivos puede referirse tanto a la verificación de la existencia de los motivos invocados por la autoridad, como a la calificación jurídica de los mismos.

Séptimo: Que respecto al principio de la confianza legítima y que la recurrente señala que es inaplicable al presente caso, cabe colacionar el artículo 89 de la Ley 18.834, que expresa: “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicios o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto. Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II del Libro II del Código del Trabajo.”

Octavo: Que, doctrinalmente, el principio de protección de la confianza legítima es recogido por el profesor Bermúdez, en los siguientes términos: En este sentido, es razonable “entender que las actuaciones precedentes de la Administración pueden generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes. Como concepto jurídico puede entenderse al principio de protección de la confianza legítima (Vertrauensschutz) como el amparo que debe que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares”. nombre reservado (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, pág, 110).

Noveno: Que, entonces, de lo que se trata, a diferencia de lo que indica la recurrida, no es que la recurrente pierda su empleo, sino que lo mantiene en condiciones inferiores y lesivas a cómo lo venía realizando ésta desde hace muchos años sin objeción de ninguna clase, y existiendo además un detrimento en las expectativas previsionales, atendida la edad de la recurrente.

Décimo: Que, conforme a lo señalado, queda en evidencia que la actuación de la recurrida afecta sus garantías constituciones establecidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que se ve conculcada su igualdad ante la ley, en el sentido de afectar la posibilidad de afectación a todas las personas que se encuentran en las mismas condiciones y el derecho de propiedad de la actora sobre las diferencias que ha dejado de percibir con ocasión de la modificación pretendida por la recurrida, lo que es susceptible de enmendarse por esta vía, en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantías Fundamentales, se declara:

Que se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República y, en consecuencia, se ordena que el contrato complementario prorrogado entre el 1 de abril de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, se renueve y extienda hasta el 31 de diciembre del presente año y, derivado de ello, se deje sin efecto la disminución de las remuneraciones y rebaja en 6 grados, declarándose en su lugar que se mantiene el pago de remuneración conforme al grado 11 de la Escala Única de Sueldos, hasta el 31 de diciembre de 2022, restituyendo el servicio, si fuere necesario, las diferencias de grado, bonos e incentivos, aporte de pensiones y de salud no pagadas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2853-2022.