nombre reservado con ADMIISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de Yunira nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero de 31 de diciembre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente, de nacionalidad venezolana y técnico superior universitario en enfermería, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Señala que, fue notificada telefónicamente del rechazo de su solicitud bajo el argumento de que el certificado de seguro social databa del año 2020 y que los documentos laborales carecían de firma.

Alega que la recurrida desconoce la normativa especial al exigir requisitos no previstos en la ley, como la apostilla de documentos, a pesar de ser un hecho público la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a su representación consular. Sostiene que cumple íntegramente con los requisitos legales de detentar la calidad de técnico, estar afiliada a un régimen de seguridad social extranjero y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato.

Argumenta que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cuenta con un código de verificación validable en línea, por lo que la negativa de la recurrida constituye una interpretación formalista y caprichosa que atenta contra su derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales. Refiere que este actuar es discriminatorio, pues otros solicitantes en iguales circunstancias han obtenido respuestas favorables.

Concluye solicitando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 4, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la amparada no registra presentaciones previas ante dicho organismo fiscalizador. Señala que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y, por tanto, su interpretación debe ser restrictiva, exigiendo el cumplimiento de requisitos copulativos estrictos. Indica que la jurisprudencia administrativa exige acreditar que el trabajador contó con cobertura efectiva en su país de origen por los riesgos de vejez, invalidez, muerte y enfermedad durante todo el tiempo servido en Chile.

Alega que la documentación aportada es insuficiente, pues la constancia de la Embajada de Venezuela data de 2020, siendo anterior al inicio de la relación laboral en Chile, es decir, junio de 2022, por lo que no acredita cobertura durante el periodo trabajado. Sostiene que la certificación electrónica del I.V.S.S. no cuenta con firma, legalización ni apostilla, incumpliendo las normas generales de valor probatorio de instrumentos extranjeros del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Menciona que el sistema chileno protege obligatoriamente a todo trabajador bajo el principio de territorialidad, y para eximirse, debe probarse fehacientemente la protección extranjera a todo evento.

A folio 5, evacúa informe Romina Dalbosco Cornejo, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Indica que no ha existido un acto ilegal o arbitrario, ya que la Administradora está obligada por ley y por las instrucciones de la Superintendencia a exigir documentos debidamente legalizados o apostillados. Sostiene que la amparada presentó una constancia de afiliación que se encontraba vencida al momento de la solicitud y una constancia de cotizaciones que carece de la cadena de legalización necesaria para surtir efectos en Chile.

Refiere que la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela es un hecho que no faculta a las administradoras de fondos de pensiones para prescindir de requisitos legales expresos ni para validar documentos que no cumplen con los estándares de seguridad jurídica. Menciona que, consultó a la autoridad fiscalizadora sobre la posibilidad de usar medios electrónicos de verificación, propuesta que fue rechazada por la Superintendencia por falta de facultades para validar documentos sin las formalidades legales.

Arguye que acceder a la solicitud sin el cumplimiento de las formalidades importaría un trato discriminatorio respecto de otros afiliados. Finalmente pide el rechazo de la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 6, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales por parte de la administradora de fondos de pensiones recurrida, alegando la actora que se le imponen exigencias formales excesivas e ilegales solicitando que se reconozca la validez de su documentación y se ordene la devolución de sus fondos.

Tercero: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. sostiene que su actuar se ajusta a la Ley N°18.156 y al Compendio de Normas de la Superintendencia, precisando que la solicitud fue desestimada porque el certificado de afiliación extranjero, emitido en 2020, carecía de vigencia y de la debida apostilla exigida por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Argumenta que la validación por medios electrónicos no sustituye la formalidad legal necesaria para acreditar coberturas en el exterior.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones destaca el carácter excepcional del retiro de fondos para técnicos extranjeros, el cual exige acreditar de forma restrictiva una cobertura de seguridad social "a todo evento" fuera de Chile. Advierte que los antecedentes de la actora no permiten verificar fehacientemente prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, concluyendo que la recurrida actuó conforme a su deber de resguardo del patrimonio previsional.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones. En efecto, se advierte que el certificado de la Embajada de Venezuela acompañado por la actora data del 21 de enero de 2020, esto es, con una anterioridad de más de dos años al inicio de su relación laboral con Correos Chile la que comenzó el 1 de junio de 2022, no resultando idóneo para acreditar la vigencia de la cobertura extranjera durante el periodo de cotización en Chile.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso. La validación mediante códigos de verificación en portales web institucionales extranjeros, si bien constituye un elemento de apoyo, no sustituye las formalidades que el ordenamiento jurídico chileno exige para que los instrumentos públicos otorgados fuera del país hagan fe en juicio o ante la administración.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno o vulneración a la garantía de propiedad, por cuanto la devolución de fondos queda supeditada al cumplimiento de los presupuestos legales que aquí no se han verificado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de Yunira nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-284-2026.