Protección contra Banco Bilbao Viscaya Argentaria

Foja: 44 Cuarenta y Cuatro eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de junio de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 8, nombre reservado, pensionado, interpone recurso de Protección en contra del Banco Bilbao Viscaya Argentaria, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, entidad que habría vulnerado la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al haber tomado desde su cuenta corriente, su pensión y remuneración líquida, e ingresado hacia su patrimonio sin causa legal que la justifique, hecho del cual tomó conocimiento el día 20 de mayo del presente.

Manifiesta el actor que es pensionado de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en su calidad de Oficial en Retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, desde el año 2015, es titular de una cuenta corriente bancaria en el banco recurrido, en la cual se le deposita su pensión y la remuneración que percibe en su calidad de profesor de la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile.

Explica que el 21 de Abril de 2017, de manera automática y sin mediar autorización legal o contractual alguna, el recurrido descontó de su cuenta, con cargo a su pensión de retiro, la suma de $421.112 (cuatrocientos veintiún mil ciento doce pesos) imputándola según cartola bajo movimiento N° 1486, sucursal N° 0412. Indica que posteriormente envió tres correos electrónicos para consultar sobre dicho descuento, sin obtener ningún tipo de respuesta.

Sostiene que el día 18 de mayo de 2017, mientras efectuaba compras en un Supermercado se le informó desde el sistema de Transbank que no era posible efectuar la operación por tener saldo insuficiente, lo que le pareció extraño pues la compra que realizaba no superaba los doce mil pesos y en su cuenta al revisar el saldo en horas de la mañana, superaba los $100.000. Al revisar la cuenta, advirtió que se habían retenido los fondos de su cuenta corriente, sin que hubiera razón legal que lo justificara.

Agrega que el día 19 de Mayo de 2017, advirtió que se le había retenido la totalidad de su pensión ascendente al mes de mayo a $942.040 pesos y sus remuneraciones de la Amada de Chile, ascendentes a la suma de $133.272, es decir, un total de $1.075.312, dejándolo sin ingresos para ese mes.

Menciona que con posterioridad, el día 19 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de su ejecutiva de cuentas, en el que se le informa que se había protestado un cheque por $20.000, en el que se le explica que sus fondos en cuenta corrientes se encuentran retenidos por mora y protestos no aclarados. Agrega que el día 20 de Mayo de 2017, recibió un nuevo correo electrónico en el que se le indica que se efectuó un cargo no autorizado para pagar su tarjeta de crédito N° [cuenta reservada], por la suma de $862.461 pesos.

A juicio del recurrente, el actuar del banco recurrido es ilegal, abusivo y arbitrario, por lo que precisa restablecer el imperio del derecho. Expresa que a la fecha de ocurrencia de los hechos que describe, el banco solo tenía autorización para descontar automáticamente de la cuenta corriente, la cuota de un crédito de consumo mensual, que asciende a la suma de $145.000 aproximadamente, el que se hizo efectivo el 22 de mayo de 2017, no existiendo razón legal o convencional para efectuar otros cargos.

Fundamenta que la retención efectuada, constituye una forma de auto tutela, rechazada por el legislador, sobre todo por tratarse de fondos que provienen de su remuneración, que al tenor del artículo 57 del Código del Trabajo, quedan comprendida dentro del límite que no es posible embargar, por cuanto solo son embargables las remuneraciones por sobre las 56 Unidades de Fomento, cantidad que en pesos, equivale casi al duplo de aquella que fue descontada.

Por otra parte, invoca el artículo 445 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, que señala expresamente que no son embargables: 1° Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades.

Pide, por tanto, tener por interpuesto recurso de protección en contra del Banco Bilbao Viscaya Argentina, admitirlo a tramitación y acogerlo, declarando ilegal, abusivo y arbitrario el acto de la recurrida, al disponer, usar y gozar de las pensión y remuneraciones del recurrente, ordenando al banco recurrido, restituir de inmediato las pensiones y remuneraciones indebidamente descontadas al recurrente, con todos los intereses y reajustes legales que fueran pertinentes, por vulnerar su derecho a propiedad sobre su pensión y remuneraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y restituir el imperio del derecho.

A fojas 40, nombre reservado, en representación del BBVA, informa que el recurrente suscribió un “Contrato de Operaciones Bancarias para Personas Naturales”, el 16 de marzo de 2015. Dicho contrato a su vez, contiene el “Contrato de Cuenta Corriente Bancaria”, en cuya cláusula “e” se autoriza a realizar cargos en la cuenta corriente, respecto de valores que no hayan sido pagados a su vencimiento por el titular. De este modo, arguye que el cargo realizado el 21 de abril de 2017, ascendente a la suma de $421.112, se realizó en su cuenta corriente, para pagar el cupo utilizado por el recurrente con sus tarjetas de crédito, cuotas que se encontraban facturadas, vencidas e impagas, dándose lugar a lo pactado en el respectivo contrato, por lo que el actuar de la recurrida se ajusta a derecho.

Por otra parte, aclara que el actor contrajo un crédito por la suma aproximada de $6.000.000, obligándose a pagar cuotas de $145.000 mensuales, las que en caso de no ser solucionadas, serían cargadas a su cuenta corriente. Adicionalmente, manifiesta que el día 26 de abril de 2017, se ingresó a pago un cheque por la suma de $60.000, el que atendida la falta de fondos, fue protestado. No obstante lo anterior, y en relación a otros cargos efectuados por la entidad bancaria recurrida, sostiene que se trata de sumas de las cuales su representado no tiene información, y que no se evidencian de la revisión de las cartolas del recurrente. Asevera que los cargos que el cliente señala que son arbitrarios o ilegales, corresponden a deudas vencidas del cliente, y que se encontraban impagas, por lo que se efectuó el descuento y cargo a su cuenta corriente, amparado en la cláusula “e” del contrato, por lo que el actor yerra al sostener que se trata de cargos arbitrarios, pues se trata de una actuación que se enmarca dentro de las facultades que se le confieren en dicho instrumento. Agrega que la cláusula es válida, por lo que en ningún caso se puede prescindir de ella, y que si se quiere discutir su validez, el recurso de protección interpuesto no es la vía idónea para tales efectos, debiendo discutirse tal circunstancia, a través de un juicio de lato conocimiento.

No existiendo entonces, una actuación ilegal o arbitraria, no existe entonces alguna vulneración de garantías constitucionales que amparar a través de este recurso de protección, pues se trata del uso legítimo de una facultad contractual.

En relación a las normas invocadas por el actor, esto es el artículo 57 del Código del Trabajo y el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, afirma que tales disposiciones resultan ineficaces e impertinentes para fundar esta acción, ya que no se encuentra discutido algún embargo de remuneraciones o pensiones, sino que el ejercicio de la facultad que tiene el banco recurrido para descontar desde la cuenta corriente del actor, las sumas que éste le adeude.

Finaliza señalando que, atendido que el actuar de la entidad recurrida se ajusta a derecho, no existen medidas que esta Corte pueda adoptar.

Pide, por tanto, tener por informado el recurso de protección, y rechazarlo, con costas.

Por resolución de fojas 42, se ordenó traer los autos en relación:

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que del libelo se desprende que los actos reprochados a la recurrida consisten en haberle embargado sus remuneraciones y jubilación depositadas en su cuenta corriente, habiendo actuado de esta forma como un ente jurisdiccional, sin facultad para ello, expropiándole, de este modo, bienes de su propiedad.

Segundo: Que del mérito del documento denominado “Cartola de Movimientos”, rolante a fojas 2, correspondiente al periodo 31 de marzo a 30 de abril de 2017, consta que se efectuó un descuento por la suma de $421.000, por movimiento “Pago tarjeta de crédito”, efectuado con fecha 21 de abril del presente año.

Tercero: Que, conforme se consigna en el documento denominado “Últimos movimientos”, de fojas 3, consta que el día 20 de mayo de 2017, se efectuó un nuevo descuento por la suma de $421.349.

Cuarto: Que, según se lee del Contrato de cuenta corriente bancaria, rolante a fojas 27, suscrito entre el actor y el banco recurrido, se estipula en su cláusula “e.- Cargos: El Banco podrá cargar en la Cuenta Corriente el valor de los documentos descontados y de aquéllos en que el cliente sea obligado solidariamente a su pago, aval y/o fiador, y que no fueren pagados a su vencimiento. Asimismo, podrá cargar el valor de cualquier deuda del Cliente que se encuentre vencida e impaga, como también el de cualquier gasto de protesto, cobranza, impuestos o cualquier otro que el Banco realice en interés o por cuenta del cliente, los que se entenderán aceptados dentro de los 30 días siguientes al del envío del aviso respectivo”.

Quinto: Que, la recurrida, no desconoce haber realizado los cargos en la respectiva cuenta corriente del actor, sin embargo, ha señalado que ellos se hicieron al amparo del contrato que rige las relaciones entre las partes puesto que, conforme a la convención referida en el motivo precedente, el recurrente otorgó mandato al Banco para proceder en la forma señalada en caso de encontrarse deudas vencidas impagas.

Sexto: Que, habiéndose limitado el actor a fundar su recurso en que en la especie existió un embargo de sus remuneraciones y jubilación desatendiendo lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo y 445 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, procede rechazar esta acción tutelar desde que, tal supuesto fáctico, no concurre. En efecto, los cargos realizados en la cuenta corriente del recurrente responden, no a un embargo, sino al cumplimiento de un contrato pactado entre éste y la institución financiera.

Séptimo: Que, ahora bien, si dichos movimientos no resultan conformes a la convención pactada entre ambas partes, no es procedente pretender, a través de esta Acción Constitucional, de carácter tutelar, debatir sobre el fondo de tal relación por requerir, su resolución, un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 8 por, don nombre reservado, en contra del Banco Bilbao Viscaya Argentaria.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2838-2017.