nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el rechazo de su solicitud de devolución de sus fondos previsionales, lo que considera ilegal y arbitrario.

Expone que, el 19 de diciembre de 2025, AFP Provida rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros. Indicó que la negativa se fundó en que el certificado de afiliación se encontraría vencido, superando los 120 días de vigencia, lo que considera ilegal y arbitrario.

Señala que, se acompañó certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente apostillado, además de certificado de cotizaciones previsionales, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Señaló que la recurrida incorpora requisitos adicionales no establecidos en la ley, desconociendo que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile, lo que imposibilita obtener documentos actualizados por vía consular.

Sostuvo que, la constancia electrónica emitida por el IVSS es verificable mediante código alfanumérico en el portal web oficial de dicha institución, pudiendo comprobarse su autenticidad mediante medios tecnológicos. Agregó que la exigencia de formalidades no contempladas expresamente en la Ley N°18.156 constituye un actuar arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 (de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando, acoger el recurso de protección, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos previsionales o adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Notificación de trámite rechazado; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Constancia de afiliación al IVSS de 3 de febrero de 2023; 4) Constancia electrónica de cotizaciones vigente enero de 2026; 5) Título profesional apostillado; 6) Contratos y anexos de trabajo; y 7) Comprobante de ingreso de solicitud.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones. Expone que, el recurrente no registra reclamos respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley N°18.156. Precisó que dicha normativa establece un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de la citada ley.

Explicó que, la exención y devolución de fondos procede cuando el trabajador acredite afiliación a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Destacó que, según la jurisprudencia administrativa de ese organismo, se exige acreditar cobertura efectiva y a todo evento durante toda la prestación de servicios en Chile.

Respecto al caso concreto, indicó que la Constancia de Afiliación acompañada por el recurrente, emitida el 3 de febrero de 2023, se encontraba vencida al momento de presentar la solicitud el 12 de diciembre de 2025, considerando que su vigencia expiraba a los 120 días según lo establecido por la autoridad emisora. Agregó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada no resulta suficiente, pues no acredita cobertura efectiva durante todo el período laboral, carece de firma y no se encuentra legalizada o apostillada.

Señala, que en el contrato de trabajo de 22 de mayo de 2018 nada se menciona respecto de la afiliación extranjera, siendo recién en el anexo de 1 de diciembre de 2025 cuando el recurrente expresa su voluntad de mantener afiliación al régimen previsional extranjero, lo que resulta extemporáneo.

Solicita tener por evacuado el informe, concluyendo que no existen antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 6, informa Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección con expresa condenación en costas.

La recurrida argumentó preliminarmente que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, toda vez que lo pretendido por el recurrente implica discutir un derecho controvertido que debe dilucidarse en un procedimiento de mayor extensión. Citó jurisprudencia en tal sentido, señalando que el recurso de protección no permite solicitar declaraciones de derechos cuando existe controversia sobre los requisitos legales exigidos.

Agrega, no haber incurrido en actos ilegales o arbitrarios, explicando que rechazó la solicitud porque el certificado de afiliación acompañado se encuentra vencido, superando los 120 días de vigencia establecidos por la autoridad emisora. Precisó que según el Oficio N°7253 de la Superintendencia de Pensiones, los documentos presentados después de vencido ese plazo no sirven para acreditar cobertura durante toda la relación laboral.

Agregó que las constancias electrónicas de cotizaciones del IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas, sin firma de quien las emite y que señalen genéricamente las coberturas, no acreditan debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Sostuvo que conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de La Haya, los documentos públicos extranjeros requieren apostilla para tener valor probatorio en Chile.

Destacó además que en el contrato de trabajo de 22 de mayo de 2018 nada se señala respecto de la afiliación extranjera, siendo sólo en el anexo de 1 de diciembre de 2025 cuando el recurrente expresa tal voluntad, lo que considera extemporáneo.

Finalmente, solicitó rechazar el recurso por no configurarse acto ilegal o arbitrario alguno, habiendo actuado conforme a la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Oficios N°7253, N°12954-2025 y N°21880 de 28 de abril de 2025, 17 de julio de 2025 y 17 de noviembre de 2025 de la Superintendencia de Pensiones; 2) Sentencias de la Excelentísima Corte Suprema; y 3) Sentencias de diversas Cortes de Apelaciones.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, el recurrido informa, que actuó conforme a la normativa y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ya que el recurrente presentó un certificado de afiliación vencido (más de 120 días) y documentos electrónicos sin la debida apostilla o legalización. Sostiene que no se acredita cobertura previsional efectiva durante toda la relación laboral y que la manifestación de voluntad de mantener el régimen extranjero fue extemporánea, realizada mediante un anexo de contrato años después del inicio del vínculo laboral.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia de Afiliación” fue emitida el 3 de febrero de 2023, por lo que se encontraba vencida al momento de presentar la solicitud el 12 de diciembre de 2025, considerando que su vigencia expiraba a los 120 días según lo establecido por la autoridad emisora y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de 31 de enero del corriente, carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Además, no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

N°Protección-282-2026.