nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

Foja: 158 Ciento cincuenta y ocho C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos:

A fojas 2 comparece don nombre reservado, Rut. RUT reservado, Enfermero, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, quien recurre de protección en contra de nombre reservado, directora del Hospital San Camilo, Rut RUT reservado, ingeniera comercial, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, en su calidad de Directora del hospital referido, por afectar sus garantías del debido proceso, propiedad sobre todos los derechos que el artículo 19 de la Carta Fundamental otorga.

Señala que se desempeñó de manera continua y desde el año 2005 como enfermero en el hospital San Camilo de nombre reservado, V región, a contrata, grado 14°, con una hoja de vida intachable, manteniéndose en lista 1, de excelencia.

Indica que entre los meses de agosto y septiembre del año 2016 fue objeto de una acusación sin fundamentos por acoso sexual en contra de alumnas de enfermería, a las que supervisaba, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía Local de nombre reservado, la que terminó por archivar el expediente, ya que no había antecedentes para formalizar.

El 16 de septiembre de 2016, la directora recurrida, ordena por resolución exenta N° 5739, la instrucción de sumario administrativo con el objeto de determinar su eventual responsabilidad administrativa en relación a los hechos denunciados y, a pesar de no haber probanzas, el 17 de mayo del 2017 se formulan cargos por infracción al artículo 84, letra I, de la Ley 18.834, de Estatuto administrativo.

Indica que rindió prueba testimonial, conteste en que él nada hizo.

Señala que como no tenía acceso al expediente, a través de su abogado pidió copia del expediente el 26 de septiembre del 2017 y allí advierte que en el expediente existía la resolución N° 6837, del 31 de agosto del 2017, la que le aplicaba la medida disciplinaria de "DESTITUCIÓN", notificándose de ella su abogado, con poder suficiente, al pedir copia del expediente, en forma expresa o tácita.

Indica que recurre de reposición con apelación en subsidio respecto de la resolución N° 6837/2017 y la recurrida, de manera arbitraria, considera que sus recursos son extemporáneos, a través de la resolución N° 7852, de 03 de octubre de 2017, en circunstancias que su abogado se había notificado personalmente al pedir copia del expediente y presenta los recursos al día siguiente. Aduce la recurrida que la notificación fue por carta certificada, sin embargo, al pedir las copias, no constaban las cartas. Además, su abogado, en el otrosí del escrito, señaló que se “tenga presente nulidades impetradas"... pero ello no fue resuelto.

Alega que interpuso, dentro de plazo, incidente de nulidad de todo lo obrado en contra de la resolución 7852, el que por medio de la resolución N° 8468, de 30 de octubre del 2017, rechaza la nulidad impetrada, por improcedente. Luego se entera el actor que este rechazo fue porque el expediente estaba totalmente afinado por la Contraloría Regional de Valparaíso, institución a la que enviaron parcialmente los antecedentes, de lo contrario no habría tomado razón.

La recurrida trasgredió el derecho al debido proceso, ya que aplicó una sanción a pesar de no tener pruebas, le rechazó caprichosamente sus recursos, lo privó de ver el expediente desde que se pidieron las copias el 26 de septiembre del 2017, es decir, lo dejó en indefensión y, además, violó el derecho de propiedad sobre sus derechos constitucionales, causándole daño permanente hasta hoy.

Señala que se hizo una presentación a Contraloría General de la República, explicando la situación, la que fue derivada a Contraloría Regional de Valparaíso, la que a través de oficio 017566 de fecha 03 de noviembre del 2017 señala que el proceso se encuentra afinado y que se solicite la reapertura del proceso a la autoridad competente, lo que se realiza, el 12 de diciembre del 2017 y hasta el día de hoy no se recibe respuesta, ni se ha podido acceder al expediente.

Finalmente, la directora no respetó la instrucción de la autoridad superior de no destituir funcionarios por el período de 60 días anteriores a las elecciones.

Solicita finalmente que se acoja este recurso y se ordene a la recurrida: 1) Envíe copia foliada y correlativa del expediente sumarial ordenado por resolución 5739 de fecha 16 de septiembre del 2016, para que se pueda observar que al verlo completo no corresponderán las fechas, con las fojas y copia de la instrucción que le prohibía destituir funcionarios con 60 días de anticipación a las elecciones del 2017; 2) Que retrotraiga el expediente al momento de resolver como corresponde los recursos de reposición y apelación y el otrosí que no se resolvió por la autoridad; 3) Que se le reestablezca a su lugar de trabajo, ya que todavía le ampara el principio de inocencia, pagándole retroactivamente todos sus remuneraciones, bonos que me correspondían; 4) Se condene a dicha Directora al pago de una indemnización por los daños emergente, lucro cesante y daño morales ocasionados; 6) Que se condene en costas a la recurrida.

A fojas 50 informa doña nombre reservado, Directora (S), Hospital San Camilo, quien señala que el 16 de septiembre de 2016 , mediante Resolución Exenta N° 5973 del Hospital San Camilo, se instruyó Sumario Administrativo a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en relación a antecedentes dirigidos por el Director de la Universidad Aconcagua, sede nombre reservado al Hospital y que dicen relación con cartas enviadas por alumnos en práctica de la Carrera de Enfermería, que en lo sustantivo señalan que el funcionario de la Unidad de Emergencia del Hospital San Camilo Enfermero D. nombre reservado, en los turnos de noche llevaba a dichas estudiantes a la Sala de Reanimación o Residencia, donde a solas procedía a realizarles tocaciones, interrogarlas y castigarlas con golpes en las manos ante respuestas erróneas, las amenazaba de golpear en el trasero por sus equivocaciones , habiendo dado golpes en las nalgas a alguna de ellas. Asimismo, las cartas dan cuenta que cuando las alumnas se oponían a su proceder eran amenazadas por el Sr. nombre reservado, quien les decía tener el poder de reprobarlas cuando quisiera. Habiéndose nombrado Fiscal a don nombre reservado. Se recibió, además, Oficio Reservado de la Universidad de Valparaíso, dando cuenta que había recibido la denuncia de estudiantes en práctica de dicha casa estudios, sobre hechos del mismo tenor que los relatados por las alumnas de la universidad de Aconcagua, haciendo presente que a dicha época el Sr. nombre reservado, además de funcionario del Hospital San Camilo, era docente clínico de las Universidades de Aconcagua y de Valparaíso para las alumnas en práctica de la Carrera de Enfermería a desarrollar en dependencias del Hospital.

Indica que el Fiscal tomó declaración a las denunciantes, quienes ratificaron sus denuncias; a las jefas de Carrera de Enfermería de las señaladas Universidades; a testigos y al recurrente, quien negó los hechos. Además, solicitó un peritaje psicológico del actor, que concluyó que presenta una estructura de personalidad limítrofe con rasgos narcisistas lo cual dificultaría hacerse cargo de sus actos, por lo que tenderá siempre a justificar y a minimizar sus actos, no haciéndose responsable y consiente de la relevancia de éstos.

El 17 de mayo de 2017 se formularon cargos por haber realizado insinuaciones, amenazas y tocaciones de carácter sexual, haciendo abuso de rol de docente mientras supervisaba prácticas en turno del Servicio de Urgencia en contra de las denunciantes que refiere, los que le fueron notificados por carta certificada enviada a su domicilio el 19 de mayo del mismo año, envío 243134193105, habiéndose previamente realizado búsquedas para notificarle personalmente sin éxito, los días 17 y 18 de mayo de 2017 a las 17:30 y 16:00 horas, respectivamente, ello en conformidad al artículo 131 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Señala que del escrito de formulación de cargos el inculpado tuvo conocimiento, ya que con fecha 24 de mayo de 2017 solicitó ampliación del plazo para contestar cargos y recibió copias del expediente, compareciendo con fecha 25 de mayo del año 2017, a través del Abogado don Marco Antonio Cortez Llopis, quien con poder suficiente alegó la nulidad de lo obrado, en subsidio formuló descargos, solicitó período de prueba y presentó lista de testigos. No habiéndose acogido la solicitud de nulidad por haber sido notificado, tanto del cambio del actuario como de la formulación de cargos, por carta certificada y por no haber perjuicio alguno, se tuvieron por presentados los descargos y se abrió un periodo de prueba de 20 días, fijándose día y hora para la declaración de los testigos presentados. De dicha resolución se le notificó por carta certificada al inculpado, enviada con fecha 16 de junio de 2017, habiéndose previamente realizado búsquedas sin éxito los días 14 y 15 de junio del mismo año y a su Abogado personalmente con fecha 15 de junio del año señalado.

Con la prueba rendida el Sr. Fiscal llegó a la convicción de que don nombre reservado realizó actos constitutivos de acoso sexual contra las denunciantes, haciendo presente que la valoración de los medios de prueba debe ser apreciada por quien sustancia el proceso disciplinario y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria.

El 10 de julio de 2017 el Sr. Fiscal formuló su vista, proponiendo la medida de Destitución consagrada en el art. 121 letra d) del D.F.L. 29/2005 que fija el texto la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo , ya que los hechos constituyen grave irregularidad funcionaría que deben ser sancionada administrativamente, ya que vulnera lo dispuesto en el art. 84 letra I) de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo que dispone:" Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2o, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2o de la ley que establece medidas contra la discriminación,".

Mediante Resolución Exenta N° 6837 del Hospital, de fecha 31 de agosto de 2017 se resolvió aplicar al Sr. nombre reservado la medida de Destitución, la que se le notificó por carta certificada enviada con fecha 5 de septiembre de 2017 a su domicilio.

El 26 de septiembre de 2017, el Abogado del inculpado solicitó copias del dictamen, las que declaró haber recibido y el 27 de septiembre de 2017 el Abogado y mandatario judicial del Sr. nombre reservado presentó recurso de reposición con apelación subsidiaria, el que fue declarado extemporáneo.

Se tomó razón de la medida de destitución, habiéndose remitido a la Contraloría Regional Valparaíso el sumario íntegro y no parcial.

El 19 de octubre de 2017 su Abogado y mandatario judicial alegó la nulidad de todo lo obrado y conocimiento de estado procesal, lo que fue rechazado por improcedente, toda vez que el sumario se encontraba afinado, según Resolución N° 8468 de 30 de octubre de 2017, la que se notificó al inculpado y su apoderado en conformidad al artículo 46 de la ley 19.880, mediante carta certificada.

La notificación tácita de la medida aplicada se realizó válidamente día 19 de octubre de 2017, esto es, antes del inicio plazo de 30 días anteriores al acto eleccionario, que inició el 20 de octubre de dicho año El 12 de diciembre de 2017 el Sr. nombre reservado solicitó la reapertura de Sumario a la que no se accedió por improcedente, dictándose al efecto el Ordinario N° 585 de 22 de diciembre de 2017, ya que la tramitación del sumario en comento se realizó conforme al debido proceso y lo dispuesto en el Estatuto Administrativo Ley 18.834, el que también se le notificó por carta certificada.

Según la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la facultad de invalidar o revocar un acto administrativo, está radicada en la autoridad sancionadora.

Es falso que se le negara al recurrente revisar las piezas sumariales, ya que el sumario en cuestión, desde la etapa de formulación de cargos, estuvo a disposición para ser revisado o solicitar copias por el inculpado y su abogado.

El Sumario en cuestión se encuentra tomado de razón por la Contraloría Regional, totalmente afinado, habiéndose respetado en su tramitación el debido proceso y lo dispuesto en el D.F.L. 29/2005 que fija el texto la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, no habiéndose trasgredido de manera alguna el debido proceso, el art. 19 N°24 de la Constitución, ni garantía constitucional alguna.

A fojas 105 informa la directora del Servicio de Salud Aconcagua, en iguales términos que la directora (s) del Hospital San Camilo.

A fojas 121 se recibe informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, refiriendo que se tomó razón de la resolución que aplicó la medida disciplinaria de destitución porque se concluyó inequívocamente que no había vicios ni irregularidades que afectaren la legalidad del procedimiento sumarial.

Señala que el actor busca discutir sobre la tramitación del sumario administrativo, el que se encuentra afinado.

Indica que la eventual reapertura del proceso debe solicitarse ante la autoridad que lo dictó y previo a ello debe probarse que se incurrió en defecto de legalidad o que existen hechos nuevos, cuya magnitud permita alterar lo resuelto.

A fojas 125 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que el recurso de protección es una acción cautelar de rango constitucional, cuyo objeto es resguardar las garantías que el artículo 20 de la Carta Fundamental reseña, frente a actos u omisiones que priven, perturben o amenacen su ejercicio, restableciendo el imperio del derecho, protegiendo debidamente al afectado.

Segundo: Que, del examen de la causa, aparece que con fecha 03 de octubre de 2017, se dicta la Resolución Afecta Nº 5, por la Directora del Hospital San Camilo, que aplicó la medida disciplinaria de destitución al recurrente, de la cual la Contraloría Regional de Valparaíso tomó razón el 13 de octubre de 2017.

Tercero: Asimismo, el actor reconoce haber efectuado una presentación ante el referido órgano contralor en el mes de octubre de 2017, solicitando la revisión del proceso administrativo, por estimar que adolecía de irregularidades que afectaban el debido proceso, resolviendo la Contraloría Regional de Valparaíso, con fecha 03 de noviembre de 2017, que no procede acoger reclamo en contra de un sumario afinado, debiendo solicitarse la reapertura ante la autoridad correspondiente.

Cuarto: Que, en virtud de lo expuesto, se debe considerar que el supuesto perjuicio para el actor se habría producido cuando el órgano de control, llamado a revisar el apego del procedimiento a la legalidad vigente, resuelve declarando la imposibilidad de revisar un procedimiento afinado, lo que ocurrió –como se ha dicho- en el mes de noviembre de 2017 y, si este arbitrio de protección se interpuso en el mes de enero del año en curso, claramente lo fue más allá de los treinta días corridos que el Auto Acordado que regula la materia contempla en su artículo 1º, de modo tal que ha sido interpuesto extemporáneamente, lo que conducirá a su rechazo.

Quinto: Que, no obstante lo dicho, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en el actuar de la recurrida, toda vez que el procedimiento sumarial ha sido substanciado con apego a las normas legales y constitucionales vigentes, habiéndose tomado razón de la resolución que dispuso la destitución del recurrente –sin observaciones- por la Contraloría Regional de Valparaíso, siendo éste el órgano pertinente para constatar la legalidad de estos actos administrativos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre sustanciación y fallo del recurso de protección, se rechaza, el recurso de protección deducido a fojas 2 por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, directora del Hospital San Camilo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad N°Protección-282-2018.