Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

En lo principal, folio 1, comparece nombre reservado

Rocha, abogado, en representación de nombre reservado, chileno, trabajador, cédula de identidad N° NUM000, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante “SUSESO”, Rol Único Tributario N° 61.509.000-K, representada legalmente por doña nombre reservado

nombre reservado, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, Subcomisión Viña del Mar-Quillota, Región de Valparaíso, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM001, el cuatro de marzo de dos mil veintiséis, mediante la cual la SUSESO mantuvo lo resuelto por la COMPIN, confirmando el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002 y NUM003, que amparan sesenta días de reposo continuo a contar del veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, lo que estima vulnera las garantías constitucionales de los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ha trabajado toda su vida, presentando licencias médicas solo en casos excepcionales, y que durante el último año ha debido convivir con un dolor persistente e invalidante en la zona cervical y en ambos hombros, molestia que se transformó en una presencia diaria que le impide girar la cabeza, agacharse o mantener una postura fija.

Señala que, tras ser examinado, se le practicó el veinte de octubre de dos mil veintidós una resonancia magnética de columna cervical, que evidenció osteocondrosis y uncoartrosis cervical difusa, retrolistesis en los niveles C3 a C6 y raquiestenosis focal moderada a severa, además de estenosis foraminal en distintos segmentos. Añade que fue derivado al Hospital Biprovincial de Quillota e inició, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, un ciclo de kinesiología de un año, sin lograr alivio del dolor.

Indica que, evaluado el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro por el especialista Dr. nombre reservado, se le practicó una segunda resonancia magnética, el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, que evidenció una protrusión discal generalizada en el nivel C3-C4, con una hernia que irradiaba a la médula espinal, protrusiones múltiples entre C4 y C7 y estenosis foraminal bilateral acentuada. Agrega que, derivado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, fue evaluado el cuatro de noviembre de dos mil veinticinco por el neurocirujano Dr. nombre reservado, quien confirmó el diagnóstico de Hernia de Núcleo Pulposo cervical C3-C4 con múltiples estenosis foraminales e indicó la realización urgente de un TAC de columna cervical para definir la estrategia quirúrgica, encontrándose actualmente en lista de espera para dicho estudio, con licencia médica de reposo absoluto vigente.

Sostiene que, frente a la negativa sostenida de la COMPIN de autorizar y pagar sus licencias médicas, reclamó ante la SUSESO respecto de las licencias N°s NUM002 y NUM003, que en conjunto amparan sesenta días de reposo, y que la Resolución Exenta N° NUM001 mantuvo el rechazo, señalando que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los novecientos treinta y seis días de reposo ya autorizados por la misma patología; que el informe del neurocirujano tratante no hace referencia al compromiso funcional del reclamante ni establece pronóstico funcional o fecha probable de alta; que no se adjunta documento que acredite su inclusión en lista de espera para la resolución quirúrgica; y que no se acredita la realización de terapia kinésica u otras medidas terapéuticas durante el período reclamado.

Argumenta que dicha resolución carece de fundamentación suficiente, en infracción del artículo 6° de la Constitución Política de la República, de los artículos 7°, 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y del artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, por cuanto fue dictada sin ponderar los antecedentes clínicos actualizados que acreditan la continuidad de su tratamiento y sin que la autoridad ejerciera la facultad que le confiere el artículo 21 del mismo Decreto Supremo para disponer nuevos exámenes, interconsultas o peritajes antes de rechazar el reposo prescrito. Añade que, habiendo reconocido la propia Administración, durante un período prolongado, la existencia de una incapacidad laboral temporal derivada de la misma patología, se configuró en su favor un derecho adquirido que las resoluciones impugnadas desconocen sin aportar un elemento técnico nuevo que justifique el cambio de criterio.

Solicita que se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM001 y se ordene a la recurrida autorizar y pagar de inmediato los subsidios correspondientes a las licencias médicas N°s NUM002 y NUM003 o, en subsidio, disponer la realización de un peritaje médico presencial y actualizado ante la COMPIN, adoptando las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informa la Superintendencia de Seguridad Social, quien, en lo principal, solicita se declare la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia debatida —la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas y el pago del subsidio por incapacidad laboral— pertenece al ámbito del derecho a la seguridad social, consagrado en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra amparada por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, señalando que, previo estudio de los antecedentes, se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, toda vez que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los novecientos treinta y seis días de reposo ya autorizados por la misma patología. Añade que el recurrente, previamente, intentó revertir el rechazo de licencias médicas anteriores emitidas por idéntica patología mediante recurso de protección Rol N° 8285-2025 ante esta misma Corte, acción que fue acogida en primera instancia, el trece de febrero de dos mil veintiséis, pero que la Excelentísima Corte Suprema revocó dicha sentencia el dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, resolviendo rechazar la acción, por estimar que no existía ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de las recurridas. Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar-Quillota, por conducto de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, mediante Oficio CP N° NUM004, el diecisiete de julio de dos mil veintiséis, suscrito por la Seremi de Salud doña nombre reservado, quien remitió la cartola médica y el listado maestro de licencias médicas del recurrente correspondiente al período comprendido entre octubre de dos mil veintidós y mayo de dos mil veintiséis, lapso en el cual acumuló novecientos cuarenta y nueve días de reposo autorizados por idéntica patología traumatológica. Señala que las licencias médicas N°s NUM002 y NUM003 fueron rechazadas por la Subcomisión Viña del Mar el treinta y el veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, respectivamente, por reposo prolongado y falta de antecedentes que justificaran su continuidad, decisiones ratificadas en sede de reposición por estimarse que se trataba de un cuadro de curso crónico, no susceptible de variar con el reposo otorgado. Agrega que, conforme al artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la decisión de disponer o no nuevos exámenes, interconsultas o peritajes constituye una facultad privativa del órgano técnico competente, invocando en tal sentido reiterada jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Solicita el rechazo del recurso, invocando el privilegio de pobreza que asiste a su representada.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de improcedencia de la acción, formulada por la Superintendencia de Seguridad Social:

Primero: Que la alegación de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social será desestimada, toda vez que, si bien el conocimiento y resolución de las licencias médicas pertenece, en general, al ámbito del derecho a la seguridad social consagrado en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que en definitiva se reprocha por esta vía es la falta de fundamentación de los actos administrativos impugnados, conducta que, de configurarse, afecta garantías constitucionales expresamente amparadas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, como son la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad del recurrente, motivo por el cual la alegación será desechada.

II.- En cuanto al fondo:

Segundo: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que a través de esta vía cautelar se impugna la Resolución Exenta N° NUM001, el cuatro de marzo de dos mil veintiséis, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002 y NUM003, extendidas por sesenta días de reposo a contar del veintiuno de octubre de dos mil veinticinco. El recurrente sostiene que la decisión carece de fundamentación suficiente, por cuanto no pondera antecedentes clínicos actualizados —en particular la resonancia magnética el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco y la evaluación del neurocirujano Dr. nombre reservado el cuatro de noviembre de dos mil veinticinco— que acreditarían la necesidad de un estudio de TAC pendiente para definir una eventual intervención quirúrgica.

Cuarto: Que las recurridas informan, en síntesis, que el rechazo se encuentra justificado por cuanto el recurrente había acumulado, a la fecha de la resolución impugnada, novecientos treinta y seis días de reposo autorizados por idéntica patología, cifra que se elevó a novecientos cuarenta y nueve días según el informe posterior de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, lo que permitiría concluir, a su juicio, que se trata de una patología de curso crónico e irrecuperable mediante el mecanismo transitorio de la licencia médica.

Quinto: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en su carácter de organismo técnico de fiscalización, ejerce sus atribuciones conforme a la Ley N° 16.395, cuyo artículo 3° la faculta para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social en los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo. Asimismo, conforme al artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez se encuentra facultada para rechazar las licencias médicas dejando constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Sexto: Que de los antecedentes de autos consta que las resoluciones de la Subcomisión Viña del Mar-Quillota que rechazaron las licencias médicas N°s NUM002 y NUM003 se sustentaron en que el recurrente había acumulado, a esa fecha, novecientos treinta y seis días de reposo autorizados por idéntica patología, sin que los antecedentes aportados —el informe del neurocirujano tratante, sin pronóstico funcional ni fecha probable de alta, y sin constancia de inclusión en lista de espera para la resolución quirúrgica— permitieran establecer que el reposo adicional cumpliera un rol terapéutico distinto del ya reconocido.

La propia cartola médica remitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez da cuenta, además, de un peritaje traumatológico practicado al recurrente el nueve de abril de dos mil veinticinco, en el que se dejó constancia de que su cuadro se encontraba estacionario.

Séptimo: Que, conforme al artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la facultad de disponer nuevos exámenes, interconsultas o peritajes constituye una potestad privativa del órgano técnico competente, que este puede ejercer en caso de estimarlo necesario para adoptar una decisión fundada. En consecuencia, la circunstancia de que las recurridas no hayan dispuesto un nuevo peritaje no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo, tanto más si se considera que, conforme a los artículos 24 y 25 del citado Decreto Supremo, la obligación legal de pronunciarse dentro de plazo limita las posibilidades de practicar exámenes complementarios en la oportunidad que fija la normativa.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de las recurridas que vulnere las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y los artículos 16, 21, 24 y 25 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, se declara:

I.-) Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción, formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.-) Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Viña del Mar-Quillota.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Cohen, quien fue del parecer de acoger el arbitrio interpuesto, solo en cuanto a disponer la práctica de un peritaje médico, por estimar que, si bien es de carácter facultativo, se trata de un antecedente técnico necesario para la emisión de un pronunciamiento suficientemente fundado, a diferencia de aquél recurrido.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2768-2026.