nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR

C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece debidamente representada doña nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales que vulneran derechos y garantías establecidos en el artículo 19º Nº 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que su relación laboral con la recurrida comienza el 22 de mayo de 2018 contratada como profesora de enseñanza General básica, para prestar funciones en la Escuela Básica Lord Cochrane, la fecha dicha contrata tenía como fecha de término el día 31 de diciembre 2018, manteniendo una laguna de enero y febrero 2019.

El 1 de marzo de 2019 se renuevan sus funciones como profesora de enseñanza Básica y UTP (unidad técnica pedagógica) en la Escuela Lord Cochrane de Recreo, hasta el día 28 de febrero de 2020, y así sucesivamente se fueron renovando sus contratas, siendo la ultima el de 1 de marzo de 2024 como profesora de Enseñanza Básica en la Escuela Eduardo Lezana Pincheira, hasta el 28 de febrero de 2025.

En el último establecimiento educacional refiere que fue víctima de actos humillantes y contrarios a su dignidad perpetrados por el equipo directivo.

Da cuenta que fue operada de urgencia que la llevo a mantener una licencia médica extendida, y al retornar a sus funciones se percata que sus pertenencias personales no se encontraban, las que habían sido guardadas por otra profesora.

En reunión con la Unidad Técnico-Pedagógica del 28 de noviembre de 2024 se le acusa abiertamente de abandono de funciones, que no se realizó nada durante todo el año lectivo, que debía presentar evidencias de los avances de los estudiantes, sin embargo, las evidencias de los trabajos realizados, registros de los alumnos fueron retirados de la sala de clases en su ausencia. Se le informa en ese momento que se realizó un informe de su persona, indicando el incumplimiento de funciones a jefatura de coordinación de la corporación, ya que nuevamente se realiza una crítica destructiva, indicando que la docente de reemplazo tenía más competencias.

El 23 de diciembre de 2024, la directora, mediante correo electrónico le informa que no se renovaran sus funciones como docente, sin argumentos o bases técnicos por la decisión, que debía acercarse a la Corporación Municipal de Viña del Mar, generado un profundo sentimiento de discriminación Hace presente que, desde que ingresó a la corporación municipal el año 2018 a la fecha, siempre fue bien evaluada, logrando en evaluaciones correspondientes a una Asistencia Técnica Educativa (ATE) donde obtuvo resultados favorables por dos años (2018 y 2019), mantuvo cargos de responsabilidad como UTP, tanto en años anteriores. La directora y la jefa UTP actual, doña nombre reservado, que llegaron al establecimiento, no conocen su trayectoria profesional ni personal.

Consecuencia de lo anterior, con fecha 10 de enero de 2025, active protocolo por Violencia del Trabajo Accidente del Trabajo o Enfermedad Profesional (VALS)

Finalmente, el 31 de diciembre de 2024, recibe una carta que informa la no continuación de su contrato, la cual fue emitida por doña nombre reservado, Directora de Gestión de Personas de la Corporación Municipal de Educación de la Municipalidad de Viña del Mar, documento que alude al artículo 72 Letra d) del D.F.L. Nº 1, sin mayor explicación que impiden continuar su desempeño en la dotación docente correspondiente al año 2025.

Hace presente vulneración al principio de confianza legitima, ya que desde el año 2018 que presta servicios en dicho servicio, y la Contraloría impone que se debe dictar un acto administrativo que contenga los fundamentos de hecho y derecho por los cuales no se les renueva la contrata. Si esto no ocurre, es decir, si el acto administrativo no está correctamente fundado o como en este caso no se emite acto administrativo que contenga la decisión de no renovar la contrata del funcionario; el Órgano de la Administración del Estado debe renovar la contratación del mismo. Por tanto, en el presente caso la Corporación Municipal de Viña del Mar al faltar a la fundamentación del acto administrativo, tiene la obligación de reintegrarla mediante la renovación de su contratación.

Con la presente acción constitucional solicita: 1) Ordenar a la recurrida a la renovación de su nombramiento a contrata para toda la anualidad correspondiente al año 2025. 2) Ordenar a la recurrida que le pague las remuneraciones y cualquier otro emolumento a que tenga derecho en función del cargo del cual fue ilegal y arbitrariamente desvinculada, durante todo el periodo en que permanezca o eventualmente permanezca alejado del mismo. 3) Disponer las demás medidas que SS. Ilustrísima estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de esta parte. 4) Todo ello, con expresa condenación en costas a la parte recurrida A folio 9 evacua informe don David Rodríguez Fortunato, abogado en representación de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, hace presente lo dispuesto en el Artículo 12 del D.F.L. Nº 1-3063 de 1981, la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, administra los establecimientos educacionales que fueron traspasados desde el Ministerio de Educación a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, así como al personal que en ellos se desempeña.

En cuanto a los hechos, la actora indica como supuestos actos arbitrarios e ilegales la no renovación de su contrato y hostigamiento y maltrato laboral.

Respecto a la no renovación de su contrato, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Docente que dispone:” los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados. Los titulares se incorporan a una dotación docente previo concurso previo de antecedentes. Los contratados son aquellos que se desempeñan en labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

La recurrente fue contratada como profesora de enseñanza General Básica, y estaba en calidad de contratada y que su último contrato tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 2025.

En este sentido, no procede la transformación de contratos a plazo fijo en indefinidos de aquellos profesionales de la educación que ingresan a una dotación docente sin previo concurso público.

De lo expuesto resulta evidente que el verdadero propósito es el reconocimiento de una relación laboral de carácter indefinido, requiere de un análisis probatorio exhaustivo y un juicio de lato conocimiento, como lo sería un procedimiento ordinario ante un tribunal laboral.

En cuanto al hostigamiento y maltrato laboral por parte del equipo directivo de la Escuela Eduardo Lezana Pincheira, también, requieren de un análisis probatorio detallado y contradictorio, en el que se establezcan los hechos, se ponderen las pruebas y se determine la existencia de vulneraciones conforme a la normativa aplicable. Esto excede el marco restringido del recurso de protección, que no está diseñado para llevar a cabo investigaciones de este tipo ni para reemplazar procedimientos específicos como los contemplados en la Leyes N°20.607 o Ley 21643, sobre acoso laboral o los mecanismos administrativos internos de fiscalización y sanción.

Finalmente, lo que dice relación con la activación del protocolo por Violencia en el Trabajo, Accidente Laboral o Enfermedad Profesional (VALS) denunciada por la recurrente, es importante precisar que, tras la evaluación del caso por el área médica del IST, se determinó que se trata de una enfermedad de origen común.

A folio 10 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar se impugna la decisión contenida en la carta de 31 de diciembre de 2024, mediante la cual se le comunicó a la recurrente la no renovación de su contrato a plazo fijo, con vencimiento el 28 de febrero de 2025, suscrito con la Corporación Municipal de Viña del Mar, aduciendo que existe una infracción al deber de fundamentación y de confianza legitima por parte de la recurrida en la decisión adoptada.

Además, denuncia hostigamientos y malos tratos por parte de otros funcionarios del establecimiento educacional donde se desempeñaba.

Tercero: Que, conforme se advierte del mérito de los antecedentes, la recurrente prestó servicios para la recurrida en virtud de sucesivos contratos a plazo fijo conforme al artículo 25 del Estatuto Docente, centrándose la discusión en determinar la naturaleza de la vinculación con la recurrida y la aplicación de la denominada teoría de la confianza legítima, a la situación de la recurrente.

Cuarto: Que, en consecuencia, se advierte que lo discutido no es posible que sea resuelto mediante la presente acción constitucional, toda vez que esta no es la vía para conocer de las alegaciones planteadas, las que son propias de un debate de fondo ante el tribunal laboral competente, teniendo para ello presente que no existe controversia alguna en cuanto a la naturaleza de las contrataciones, todas a plazo fijo, razón por la cual la eventual renovación de dicho vínculo, así como los hostigamientos y malos tratos denunciados, debió ser planteada ante la judicatura laboral, desde que se trata de un asunto al que resulta aplicable el Código del Trabajo, por tratarse de una materia no regulada expresamente en el Estatuto Docente.

Quinto: Que, en consecuencia, no se ha establecido que la recurrente posea un derecho indubitado o indiscutido que la habilite para reclamar por la presente vía de urgencia, lo que conlleva el rechazo del recurso como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-276-2025.

En Valparaíso, seis de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.