CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE nombre reservado

Foja: 69 Sesenta y Nueve C.A. de Valparaíso CERTIFICO: Que se anunciaron para alegar el abogado Sr. Jorge Torres Jaña, 15 minutos por el recurso y la abogada Sra. Carla Pineda González, 10 minutos contra el recurso, quienes ejercieron su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, siete de julio de dos mil, dieciséis.

Rol N° 2742-2016.- nombre reservado

Relator Valparaíso, siete de julio de dos mil dieciséis.

Visto:

A fojas 31 comparece Jorge Torres Jaña, Abogado, en representación de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana, representa esta a su vez por su Secretario General don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, respecto del oficio ordinario N°238 de 18 de marzo de 2016, notificado a su parte con fecha 26 de abril de 2016.

Funda su recurso señalando que el oficio ordinario N°238, de 8 de marzo de 2016, rechaza la reconsideración de la multa N°8026/2016/6 de 25 de enero del presente año, por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos desde su notificación. Agrega que , al contrario de lo resuelto por el Inspector Provincial del Trabajo recurrido, la reconsideración de multa mencionada se presentó con fecha 7 de marzo de 2016, dentro del plazo de 30 días que consagra el artículo 512 del Código del Trabajo , para recurrir administrativamente de las multas aplicadas por funcionarios de la Dirección del Trabajo, interpretando dicho plazo de conformidad a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 19.880 sobre “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos dela Administración del Estado”, que el plazo era de días hábiles administrativos, esto es, corrían de lunes a viernes, excluidos sábados, domingos y festivos.

Expone que al interpretar el recurrido erradamente el plazo de 30 días que consagra el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, entendiendo que es de días corridos, ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privar a su representada en forma arbitraria e ilegal del ejercicio de un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico, cual es el de solicitar la reconsideración de una resolución administrativa y que ella sea conocida y resuelta en sus aspectos de fondo; expone que el artículo 512 citado regula los plazos para reclamar administrativa y judicialmente, optando su parte por una reclamación administrativa, y , por tanto, tratándose de un trámite que se realiza ante un órgano de la Administración del Estado, se aplican en forma supletoria las normas de la Ley 19.880, y por tanto para el computo de los plazos se estará a lo dispuesto en el artículo 25 de la citada ley; a igual conclusión se arriba, aplicando lo dispuesto en el artículo 435 del Código del Trabajo que dispone que los términos de días que se establece en este Título se entenderán suspendidos durante los feriados; por lo que solo puede entenderse que el plazo para reclamar es de días hábiles. Finalmente, en lo que respecto a la garantía de la igualdad ante la ley, señala que el acto arbitrario e ilegal del recurrido impide a su parte no solo acceder a la legitima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa, por la multa cursada, sino que también a los Tribunales de Justicia, ya que en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 512 del Código del Trabajo, la resolución que dicta el Inspector del Trabajo respecto a la reconsideración administrativa de la multa, es también reclamable ante el juez de letras del trabajo.

Agrega, que el ordinario N° 238 dictado por el recurrido vulnera, además, el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al privar a su representado de la posibilidad de que la reclamación administrativa en contra de la resolución que aplicó una multa de 40 U.T.M. fuera acogida, sea en forma íntegra o parcial, afectando su patrimonio, constituido fundamentalmente por aportes públicos, tanto de origen ministerial como de fondos municipales.

Finalmente, solicita declarar que la actuación del recurrido afecta las garantías constitucionales invocadas , disponiendo por ello dejarla sin efecto; declarando por otra parte, que la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, deberá pronunciarse sobre el fondo de la solicitud de Reconsideración de la Multa N°8026/2016/6 de 25 de enero de 2016, de la mencionada Inspección Provincial, , sin perjuicio que la Corte adopte de inmediato otras providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

A fojas 46 rola informe de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Alegan primeramente, que la acción de protección no puede ser utilizada como sustituto jurisdiccional, toda vez que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo. Asimismo, expone que desde el 31 de octubre de 2008, el actor cuenta con un procedimiento rápido y expedito para conocer de la materia, por lo que, existen vías administrativas y judiciales para conocer de este tema, sin que sea procedente el recurso de protección, atendida la naturaleza del acto recurrido.

En cuanto al fondo, señala que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente a los procedimientos establecidos en la legislación vigente; el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la solicitud de reconsideración debe presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución que se impugna, en el caso de autos la resolución que se impugna fue notificada el 25 de enero de 2016, por lo que el plazo para interponer la solicitud vencía el 25 de febrero, y al ser interpuesto el reclamo el 07 de marzo siguiente, este fue rechazado, por extemporáneo, ya que el plazo para la interposición había vencido.

Hace presente que en el formulario en el cual se solicita la reconsideración, se señala claramente que la solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de multa. En ese sentido, el oficio ordinario ha sido ajustado a derecho, tanto es así que, la Contraloría General de la República, mediante dictamen N°49.126 de 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por la leyes son fatales y estos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa y en tal tenor señala que “El plazo de 30 días corridos establecido en el Código del Trabajo para solicitud de reconsideración de la multa administrativa y otros trámites establecidos en dicho código vence necesariamente el último día de dicho termino , a la hora de cese de atención de público de en las oficinas de la Dirección del Trabajo, por aplicación de las normas del Código Civil relativas a los plazos en armonía con los preceptos de derechos administrativo relativos al funcionamiento de las oficinas de la administración”. Agrega, que conjunto con lo anterior, se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Código Civil, y lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 11.764, que determina el horario de las oficinas fiscales.

A fojas 68 se trajeron estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que, la presente acción de protección se ha enderezado en contra del Sr. nombre reservado, don nombre reservado, en razón del acto estimado ilegal y arbitrario por el actor consistente en la dictación del Ordinario N° 238, de 18 de marzo último, a través del cual no se admitió a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa N° 8026/16/6/1, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Cuarto: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo para la interposición de la reconsideración de multa por el interesado, es de días corridos y no hábiles, de tal manera que, en el caso de marras venció el 25 de febrero de 2016 y si la solicitud respectiva fue presentada el día 07 de marzo recién pasado, a todas luces es extemporánea.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para discutir la imposición de una multa administrativa, cabe señalar que el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas.

Sexto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que prescribe “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”.

En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución N° 8026/16/6/1 que impuso la multa administrativa, tiene fecha 25 de enero de 2016, notificada el mismo día, según se lee a fojas 41, de tal manera que se entiende notificada al recurrente el mismo día y si el recurrente interpuso la reconsideración de multa el 07 de marzo de 2016, -como se lee a fojas 42-, claramente lo fue dentro del plazo legal.

Octavo: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación a la reconsideración administrativa deducida dentro de plazo y no explicitó en el Ordinario N° 238 mayores fundamentos y explicaciones para sustentar la decisión.

Noveno: Que, los argumentos vertidos conducirán a acoger la presente acción constitucional como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 31 por don Jorge Torres Jaña, Abogado, en representación de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana, en contra del Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, nombre reservado, por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 238 de 18 de marzo de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor respecto de la Resolución de multa administrativa N° 8026/16/6/1, de 25 de enero de 2016.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección- 2742-2016.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. María Angélica Repetto García, Sr. Max Cancino Cancino y Sra. Silvana Donoso Ocampo.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.