nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolana, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 1 de marzo de 2026, emitida por la recurrida, en que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que esta Corte estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley.

Señala que, mediante la comunicación señalada, se le informa que no se dio lugar a su solicitud, bajo fundamento que el certificado de afiliación al sistema previsional de su país de origen no se encontraba apostillado, lo cual no cumple con ser un documento emitido por una entidad previsional extranjera.

Indica que, de los antecedentes acompañados al recurso, consta que acreditó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de su solicitud, y que la recurrida está añadiendo nuevos requisitos no contemplados en la ley, desde que el certificado de afiliación emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable electrónicamente mediante código alfanumérico en la plataforma oficial de dicha institución y fue además debidamente notariado y apostillado, por lo que, cumpliendo además con los otros requisitos, la decisión de negativa deviene en ilegal y arbitraria.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando, previa cita de la normativa aplicable a la materia, que no existe reclamo formulado ante la Superintendencia por la actora, y que el certificado electrónico acompañado por la recurrente, denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya sobre la Apostilla; añadiendo que dicho documento tampoco consigna en forma específica la cobertura de la recurrente para todos los riesgos exigidos por la ley durante el período de prestación de servicios en Chile. Hace presente, además, que de los antecedentes aportados consta que la recurrente se desempeñó en el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique en calidad de contrata, afecta a la Ley Médica, esto es, en el marco de una relación estatutaria de derecho público, la que, conforme a la jurisprudencia administrativa de ese Organismo, queda excluida del ámbito de aplicación de la Ley N°18.156. Cita la sentencia de esta Corte Rol N°1431-2025, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N°17866-2025, que rechazó un recurso de protección análogo sobre la base del mismo criterio.

A folio 6, informa AFP Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso, toda vez que no se evidencia un acto arbitrario o ilegal ni una vulneración del derecho de propiedad ni de sus atributos, ya que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden acceder a realizar un acto que la ley no les permite realizar.

Al efecto, señala que su actuación se ajustó estrictamente a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, y el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones. Agrega que la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela no la habilita para prescindir de exigencias legales expresas, y que la recurrente prestó servicios bajo régimen estatutario, no bajo contrato regido por el Código del Trabajo, lo que impide la aplicación de la ley del ramo.

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente arbitrio, se ataca de ilegalidad y arbitrariedad la comunicación de 1 de marzo de 2026, emitida por la recurrida, en que se informa a la actora el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio "se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte." Segundo: Que, al informar la recurrida y la Superintendencia de Pensiones, señalan que el rechazo de la solicitud se funda, entre otras razones, en que la recurrente prestó servicios en el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique en calidad de contrata, afecta a la Ley Médica, esto es, bajo un régimen estatutario de derecho público y no en virtud de un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, circunstancia que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, numeral 6, excluye la aplicación de la Ley N°18.156, por cuanto los contratos de trabajo a que se refiere dicha ley no pueden ser asimilados a decretos o resoluciones de nombramiento.

Tercero: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que, en efecto, del certificado emitido por la Jefa del Departamento de Gestión de Personas del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, acompañado al proceso, consta que la recurrente se desempeñó en dicho establecimiento en calidad de contrata, afecta a la Ley Médica. De lo que se sigue que la relación que la vincula con dicha institución es de derecho público y naturaleza estatutaria, quedando, en consecuencia, excluida del ámbito de aplicación de la Ley N°18.156, de modo que no se cumplen los requisitos de dicha ley para la procedencia del retiro de fondos solicitado, de lo que se sigue que el presente arbitrio debe ser desechado.

Cuarto: Que, sin perjuicio de que el rechazo puede fundarse en lo razonado precedentemente, en el caso de autos aparece, además, que el documento acompañado por la recurrente para acreditar su afiliación a un régimen de previsión extranjero consiste en una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que carece de firma de su emisor y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya sobre la Apostilla. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Quinto: Que, en este orden de cosas, no constando que la recurrente se encuentre en la hipótesis de la Ley N°18.156 por desempeñarse bajo un régimen estatutario de derecho público, y no siendo el documento acompañado suficiente para acreditar la cobertura previsional en el extranjero en los términos que la normativa exige, lo cierto es que no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1 en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2724-2026.