MATRIZ IDEAS S.A. con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO VALPARAISO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece don nombre reservado, en representación de la sociedad Matriz Ideas S.A., interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en no concluir ni notificar dentro de plazo el resultado de un procedimiento administrativo de investigación instruido con motivo de una denuncia por eventual acoso laboral, actuación que considera contraria a derecho por infringir el marco normativo que regula la materia, vulnerando con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que el 20 de octubre de 2025, una trabajadora, doña nombre reservado, interpuso una denuncia ante la Inspección del Trabajo de Viña del Mar por hechos que podrían constituir acoso laboral, iniciándose un procedimiento administrativo al amparo de la llamada Ley Karin. Añade que, mediante oficio de 21 de octubre de 2025, la autoridad administrativa comunicó formalmente a la empresa la denuncia e instruyó la adopción de medidas de resguardo, las cuales —según señala— fueron cumplidas íntegramente por su representada, consistentes en la suscripción de un anexo contractual que otorgó a la trabajadora un permiso con goce de remuneraciones durante noviembre de 2025, así como la activación de atención psicológica temprana a través de la mutualidad correspondiente.

Que, no obstante lo anterior, desde la referida notificación y hasta la interposición del recurso, la Dirección del Trabajo no habría emitido informe de investigación, resolución de cierre ni acto terminal alguno, ni tampoco comunicado el estado del procedimiento, manteniéndose una omisión prolongada que genera incertidumbre jurídica respecto del resultado de la investigación. Precisa que dicha falta de pronunciamiento no es conjetural, sino actual, concreta y persistente, afectando directamente la actividad de la empresa al impedirle conocer oficialmente el desenlace del procedimiento administrativo.

Que, en cuanto a los fundamentos de derecho, argumenta que la conducta de la recurrida constituye un acto ilegal por contravenir los artículos 211-C del Código del Trabajo y las disposiciones del Reglamento de la Ley N° 21.643, que establecen un plazo de treinta días para concluir la investigación, así como la obligación de emitir y notificar el informe respectivo. Asimismo, califica la omisión de arbitraria, por carecer de fundamento racional que justifique la inactividad de la autoridad, apartándose de los principios de juridicidad, celeridad y debido proceso. Agrega que la jurisprudencia ha reconocido el carácter perentorio de los plazos en este tipo de procedimientos, destacando que su incumplimiento genera incertidumbre y vulnera derechos de las partes.

Sostiene que la omisión denunciada vulnera la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto la mantiene en una situación distinta a la de otros empleadores que sí obtienen un pronunciamiento oportuno por parte de la autoridad administrativa, configurando una diferenciación arbitraria. Asimismo, afirma que se afecta el debido proceso administrativo, al privarse a la empresa de conocer el resultado de un procedimiento que debe ajustarse a reglas de racionalidad, legalidad y decisión oportuna, prolongando indebidamente una situación de incertidumbre que incide en el ejercicio de sus derechos.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso concluir formalmente la investigación seguida bajo el expediente correspondiente y notificar el informe de investigación o acto terminal que en derecho corresponda dentro del plazo que se fije, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes instrumentos: 1) Oficio Ordinario de inicio de procedimiento; 2) Anexo de contrato de trabajo suscrito con la trabajadora denunciante; 3) Reporte de atención psicológica temprana emitido por la mutualidad; y 4) antecedentes del expediente administrativo de denuncia.

Evacuando el informe requerido, comparece don Miguel Alejandro Díaz Jiménez, abogado, en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso de protección, sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

Indica que el 20 de noviembre de 2025 la trabajadora doña nombre reservado interpuso denuncia conforme a la Ley N° 21.643, iniciándose un procedimiento investigativo asignado a la Unidad de Derechos Fundamentales y Libertad Sindical bajo una comisión específica. Señala que, en el marco de dicha investigación, se desarrollaron diversas diligencias, incluyendo la elaboración de pauta de investigación, delimitación de hechos, identificación de derechos comprometidos, entrevistas y revisión documental. Asimismo, indica que el 12 de enero de 2026 se notificó a la empresa el inicio de la fiscalización, requiriendo antecedentes que fueron oportunamente aportados.

Agrega que mediante informe de fiscalización de 11 de febrero de 2026 se constató que la relación laboral con la denunciante había finalizado el 30 de noviembre de 2025, por vencimiento del plazo contractual, existiendo finiquito suscrito el 18 de diciembre de 2025. En atención a dicha circunstancia, y conforme a la normativa interna aplicable, se determinó la existencia de una falta de competencia sobreviniente para continuar con el procedimiento administrativo, motivo por el cual, el 13 de abril de 2026, se dictaron los oficios respectivos disponiendo el archivo de los antecedentes, los que fueron notificados a ambas partes el 16 de abril de 2026.

Alega la improcedencia del recurso de protección como vía idónea, argumentando que esta acción cautelar no tiene por objeto el control general de legalidad de los actos administrativos, sino la protección de derechos fundamentales ante vulneraciones evidentes, existiendo en la especie mecanismos ordinarios para impugnar las actuaciones administrativas, tales como los recursos previstos en la Ley N° 19.880 y las acciones judiciales laborales correspondientes.

Asimismo, controvierte la existencia de la omisión denunciada, indicando que el procedimiento administrativo se encuentra completamente tramitado y concluido mediante un acto administrativo terminal, consistente en el archivo de los antecedentes, debidamente fundado y notificado a las partes, por lo que no existe falta de pronunciamiento actual.

En relación con la supuesta ilegalidad o arbitrariedad, sostiene que no se configura ninguna de tales circunstancias, toda vez que la actuación del Servicio se ha desarrollado dentro del ámbito de sus competencias legales, siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente y adoptando una decisión fundada en derecho, como lo es el archivo por falta de competencia. De este modo, no se advierte actuación contraria a derecho ni carente de razonabilidad, descartando, por ello, la afectación a derechos fundamentales, particularmente la garantía de igualdad ante la ley, al no haberse acreditado trato desigual alguno respecto de otros casos, ni tampoco la existencia de una privación, perturbación o amenaza actual en el ejercicio de derechos constitucionales, requisito indispensable para la procedencia de la acción de protección.

Acompaña los siguientes instrumentos: 1) Informe de fiscalización de la Comisión respectiva; 2) conclusiones jurídicas del mismo procedimiento; 3) Oficios Ordinarios de cierre de fecha 13 de abril de 2026; y 4) constancias de notificación de dichos actos.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, lo impugnado en este recurso es el acto u omisión consistente en la falta de conclusión y notificación de un procedimiento administrativo por parte de la Dirección del Trabajo.

Tercero: Que, conforme con los antecedentes que obran en la causa, se observa que el procedimiento incoado a la luz de la llamada Ley Karin N° 21.643 excedió en su tramitación el término de treinta días para la emisión de pronunciamiento que prevé el artículo 211-C del Código del Trabajo.

Cuarto: Que, si bien del mérito del informe de Fiscalización de la recurrida N° 0506/2025/2307, aparece que la fecha de la denuncia realizada por la trabajadora es el 20 de noviembre de 2025 -distinto de la referencia al mes de octubre del mismo año indicada por la recurrente- solo el 13 de abril de 2026 la recurrida emite resolución de término, en la que describe la falta de competencia sobreviniente que le afecta, atendido el término de la relación laboral de la trabajadora con la empresa denunciada por vencimiento del plazo del contrato de trabajo, disponiendo el archivo de los antecedentes.

En tales términos, la decisión terminal de la recurrida aparece como una reacción a la interposición de la presente acción constitucional, por cuanto el recurso fue interpuesto el 31 de marzo de 2026 y se pidió informe el 02 de abril del año en curso, de manera que la resolución de término emitida el 13 de abril del mismo año necesariamente constituye la respuesta de la autoridad ante la presente acción cautelar.

Quinto: Que, resultando evidente que el procedimiento administrativo no concluyó en el plazo indicado en el artículo 211-C del Código del Trabajo y la data de la resolución de término adoptada por la recurrida, se estima ilegal la omisión de la Dirección del Trabajo en resolver el asunto sometido a su conocimiento, generando con ello falta de certeza jurídica a la recurrente y afectación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, desde que la actora se ha visto obligada a accionar de protección en esta sede para lograr el pronunciamiento administrativo, por lo que se acogerá el recurso.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículos 1° y siguientes del Acta N° 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de Sociedad Matriz Ideas S.A. en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, declarándose que es ilegal la omisión de la recurrida en emitir un pronunciamiento tardío en el procedimiento substanciado al amparo de la Ley N° 21.643.

Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Hormazábal, quien fue del parecer de rechazar el recurso intentado, por estimar que, atendido el tenor de la resolución de término de 13 de abril del año en curso, no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, en consonancia con los fines de esta acción cautelar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2700-2026.