SOCIEDAD AGRICOLA E INMOBILIARIA LAS MILAGROSAS S.P.A. con BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

Foja: 150 nombre reservado

S.f.g.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 7, comparece doña Vilma Urbina Rouse, abogado, domiciliada en domicilio reservado, en representación, de Sociedad Agrícola E Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A, empresa del giro de su denominación, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra Banco de Crédito e Inversiones (Banco BCI), , persona jurídica de derecho privado, representada por su gerente general don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por comunicar a su representada el cierre de la cuenta corriente que mantiene con dicha institución, número [cuenta reservada], lo que constituye una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 21 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, respectivamente.

Expone, que con fecha lunes 24 de abril de 2017, el representante legal de Sociedad Inmobiliaria y Agrícola Las Milagrosas S.p.A, concurrió al Banco de Crédito e Inversiones Sucursal Valparaíso, con el objeto de efectuar depósitos de la empresa, y que en la unidad de atención de público le indicaron que la cuenta corriente había sido cerrada sin previo aviso. Ante dicha situación se dirigió al tercer piso del establecimiento bancario a solicitar alguna explicación de su antigua ejecutiva de cuenta, sin que se le haya proporcionado alguna.

Posteriormente, el día viernes 5 de mayo, recibió en el domicilio de la empresa una carta fechada 3 de abril de 2017, y con timbre Correos de Valparaíso de fecha 18 abril, de la Gerencia de Soporte Post Venta en escuetos tres párrafos, que señala lo siguiente: "Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente, queremos comunicarle que Banco de Crédito e Inversiones ha resuelto poner término al contrato de Cuenta Corriente y a los demás productos asociados a dicha cuenta celebrado entre usted y el Banco. En consecuencia, se procederá al cierre de la cuenta corriente, al contrato de línea de sobregiro, al contrato de apertura de tarjeta de crédito y de la Línea de Crédito de Emergencia, si la tuviere contratada.

El motivo de esta decisión es haber incurrido en conductas que se encuentran prohibidas por las políticas internas de la corporación Banco de Crédito e Inversiones.

El cierre de los señalados contratos se hará efectivo a partir de los 15 días siguientes a contar de esta fecha" Señala que dicha cuenta es utilizada permanentemente por la recurrente, teniendo en consideración el rubro en que se desempeña, existiendo millones de pesos, que quedaron congelados, y vales vista sin cobrar, y agrega que el cierre de la cuenta, además de ser un acto gravísimo para la empresa, es algo completamente inusual, y es por ello que se exigió las explicaciones y razones del por qué en forma unilateral se tomó la decisión de cerrar la cuenta corriente de esta empresa, sobre todo no habiendo incumplimiento alguno de parte del cliente.

Refiere que en los contratos de cuenta corriente celebrados con el banco recurrido se ha establecido que éste podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo a su arbitrio, especialmente, cuando el banco estime que la recurrente ha incurrido en determinados actos que se señalan.

Indica que el artículo 1 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, refiere que del contrato nacen derechos y obligaciones, que pueden ser modificados o suprimidos por mutuo acuerdo o causa legal. En este sentido, el artículo 17 b de la ley N°19.496, establece que, en los contratos de adhesión de tipo financiero, no pueden existir términos anticipados o unilaterales sin expresión de causa, por lo que toda cláusula que lo permita debe tenerse por no escrita, por lo tanto, los derechos de que es titular el recurrente y que emanan del contrato de cuenta corriente, conforme al artículo 1545 del Código Civil, son de su propiedad y no pueden ser modificados unilateralmente por el recurrido. Tal circunstancia determina que el acto del banco recurrido, no es uno que se encuadre dentro de la expresión "a su arbitrio", sino que es una arbitrariedad, que no le da derecho a vulnerar el derecho de propiedad de la recurrente, lo que se encuentra amparado en el art. 19 n° 24 de nuestra Carta fundamental.

Agrega que existen numerosos recursos de protección relacionados con esta materia y cita los considerandos 5 y 6 de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 28 de julio de 2016, rol de ingreso corte n° 21.960-2016, Expone que la simple arbitrariedad, esto es, que sin antecedente ni justificación alguna, se determine el cierre de una cuenta corriente, no ha sido jamás aceptado por nuestros más altos tribunales y que difícilmente podrían hacerlo, ya que constantemente los mismos están señalando que ningún ejercicio legítimo de un derecho puede conllevar la arbitrariedad como justificativo. Y agrega que acto ilegal, es aquel en que se infringe, en primer término, la ley de los contratantes, dado que, si bien es cierto, como tantas veces se ha postulado, es una esfera de conocimiento de derecho privado, por la connotación pública que tiene una institución bancaria, este vehículo constitucional puede -y debe- propender a restablecer el imperio del Derecho. En especial, habida consideración a que el infringir la obligación contractual, se vulnera, al final, la normativa de sustento -legal y administrativa- de este tipo de instituciones; principalmente la fe pública y el orden público económico, que son principios que subyacen a la regulación bancaria en nuestro país.

Añade que lo anterior, se ve sustentado en lo establecido en los artículos 2 y 40 del D.F.L. Núm. 3, de 26 de noviembre de 1997 (Ley General de Bancos), donde se establece que las normas y funcionamientos bancarios son de orden público y deben estar por sobre lo pactado por las partes en los contratos con los clientes; en especial, por su naturaleza de contrato de adhesión. Esta situación se ve reafirmada por la situación de que los bancos deben actuar dentro del marco legislativo, cuestión que debe ser fiscalizada por la Superintendencia respectiva, y cualquier acto que ocurra fuera de sus facultades, consecuencia en la ilegalidad de éste.

Indica que sobre esto último, la propia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha dictado sendas instrucciones en el sentido a que si un banco procede al cierre unilateral de una cuenta corriente deben hacerlo en forma fundada y razonada, cuestión que en la especie claramente no sucede. Y, por lo demás, siempre debe seguirse un procedimiento para que el Cliente no se vea afectado con esta decisión. Así lo señala expresamente la Circular N° 3.408, de 22 de octubre de 2007. De hacerlo fuera de estas instrucciones, por ser vinculante la instrucción administrativa, el actuar fuera de este marco se constituye en un acto carente de legalidad, por la concordancia de la Ley de Bancos antes realizada.

Hace presente que incluso si el cierre se fundase en una causal legal, no se configura ninguna causal para el cierre de la cuenta corriente de la recurrente. En efecto, según lo establece el artículo 6 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques (DFL N° 707), la causal para el cierre de cuenta genérica es la siguiente, a saber:

"Art. 6. El 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, el Banco podrá cerrar las cuentas corrientes de crédito que arrojen saldo a su favor y que no hayan tenido movimiento durante los últimos años”. Además de que esta es la única causal que se establece en la Ley de Cuentas Corrientes que faculta un banco para cerrar cuentas corrientes, claramente la causal o justificación utilizada para cerrar las cuentas corrientes es completamente ilegal Por último señala que además de vulnerarse el derecho de propiedad de la recurrente, en la forma señalada, debido a las actividades comerciales que realiza, el cierre de las cuentas implica el término (o al menos la suspensión) de su actividad comercial, hasta que se pueda abrir otra cuenta corriente, por lo que al no tener una cuenta corriente vigente, el negocio no se puede llevar a cabo, por lo que el actuar del Banco perturbó su la actividad comercial, lo que se encuentra resguardado en el Artículo 19 n° 21 de la Constitución Política de la República.

En mérito de lo expuesto solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de Banco de Crédito e Inversiones, representada por su gerente general don nombre reservado, acogerlo en todas sus partes se declare que se deje sin efecto la arbitraria medida, cierre de las cuentas corrientes indicadas, declarando que el actuar del Banco recurrido ha sido arbitrario e ilegal, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para poner fin a las arbitrariedades denunciadas y se disponga la restitución de los derechos del recurrente como cuentacorrentista, ordenando que quede sin efecto el cierre, con expresa condena en costas.

A fojas 66 y siguientes, el recurrido Banco de Crédito e Inversiones, informa, manifestando preliminarmente que el cierre de la cuenta se adoptó con sujeción a las causales establecidas por ese Banco en el contrato de cuenta corriente y con arreglo a la Ley 20.555, que creó el "Sernac Financiero", por lo que solicita su rechazo, con costas y, subsidiariamente solicita tener presente que por razones informáticas, no sería posible proceder a la reapertura de los mismos números de cuentas originales, debiendo suscribirse nuevos contratos de cuenta corriente.

Señala que el recurrente es una persona jurídica constituida mediante escritura de fecha 17 de diciembre de 2014 cuyo giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos consiste en "Compra, venta y alquiler (excepto amoblado) de inmuebles propios o arrendados". Ese mismo giro lo expresó el recurrente al obtener la apertura de su cuenta corriente, pues afirmó que se dedicaba a "Compra y Venta de Parcelas", según se desprende de los documentos "Perfil de Cliente Persona Natural" y "Perfil de cliente Persona Jurídica" del Set de apertura de productos bancarios.

Refiere que desde diciembre del año 2016 venían solicitando, a la recurrente, los antecedentes que permitieran acreditar el origen de los fondos depositados en la cuenta corriente. En efecto, frente a los constantes requerimientos de información tanto telefónicos, como por correo electrónico, dirigidos por la ejecutiva Sra. nombre reservado, el recurrente, además de no enviar la información, solicitó cambio de ejecutivo. Esto derivó en que se asignara como nueva ejecutiva a la Sra. nombre reservado, quien nuevamente le solicitó los mismos documentos, sin éxito.

Hace presente que el recurrente acudió a la sucursal Valparaíso y la ejecutiva Sra. nombre reservado intentó entregarle una carta que contenía el requerimiento de información y sus fundamentos, de forma personal, sin embargo, el representante de la empresa se negó a recibirla, a mayor abundamiento, con fecha 22 de diciembre de 2016 fue enviada por correo certificado la carta que solicitaba nuevamente los antecedentes, al domicilio que la misma empresa registró en el Banco.

Relata que la carta, de fecha 3 de abril de 2017, que el recurrente señala haber recibido en el domicilio de la empresa, por medio de la cual se le comunicaba el cierre de su cuenta corriente, fue efectivamente enviada por el Banco en cumplimiento del contrato de cuenta corriente, el cual permite al Banco poner término al contrato cuando exista un uso inadecuado del producto o servicio, tal como sucede cuando no se acredita el origen de los fondos depositados en las cuentas bancarias. Por tanto, la carta enviada cumple con todos los requisitos de legalidad, señalándose además su causa, cual es "haber incurrido en conductas que se encuentran prohibidas por las políticas internas de la corporación Banco de Crédito e Inversiones".

Indica que la recurrente en su presentación señala que existen "millones de pesos que quedaron congelados y vales vista sin cobrar", lo que no es efectivo, por cuanto el saldo de la cuenta corriente que asciende a $51.742.574 pesos a la fecha de su cierre fue enviado a la sucursal Valparaíso, encontrándose disponible para su retiro, y respecto a los vale vista, estos no guardan relación con la cuenta corriente, pudiendo ser cobrados por caja en cualquier momento por su titular.

Expone, por otra parte, que la recurrente relata que habrían exigido las explicaciones y razones del cierre, sobre todo porque no había incumplimiento alguno de su parte, lo que es incorrecto, toda vez que se solicitó en varias ocasiones se acreditara el origen de los fondos, lo que no se efectuó, dando lugar a la causal de término. Específicamente, fueron detectadas inconsistencias entre las ventas declaradas por la empresa en el primer semestre de 2016 y los ingresos promedios mensuales en la cuenta corriente, todo ello considerando el giro declarado por la empresa recurrente ante BCI, cuya naturaleza inmobiliaria permitiría una expedita demostración de sus ingresos en efectivo. No obstante ello, el cliente se negó a proporcionar al banco respaldos financieros, no justificó el origen de sus fondos, configurándose la causal ya mencionada.

Refiere que no es efectivo que el Banco pueda cerrar las cuentas corrientes en cualquier tiempo a su arbitrio, ni menos aún que lo haga sin expresión de causa. En el contrato celebrado con la recurrente, como también en el Condicionado General al que éste alude, se indica claramente que los contratos "durarán un año con vencimiento los días 31 de julio de cada año y se renovarán tácita y sucesivamente por períodos iguales de un año cada uno, a menos que una cualquiera de las partes comunicare a la otra su decisión de no perseverar en ellos, mediante aviso escrito dirigido al domicilio de la contraparte, con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha de término del plazo".

Además de lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 B de la Ley N° 19.496, el contrato y las condiciones generales enumeran las causales de término anticipado, entre las cuales se encuentra, no acreditar el origen de los fondos depositados en las cuentas.

Agrega que la recurrente expresa equivocadamente: "El artículo 1 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques refiere que del contrato nacen derechos y obligaciones, que pueden ser modificados o suprimidos por mutuo acuerdo o causa legal". Y señala que el recurrente cita un artículo que en ninguno de sus incisos señala lo que expone. En efecto, el artículo citado dispone: "Artículo 1°.- La cuenta corriente bancaria es un contrato a virtud del cual un Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra persona hasta concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado". Para posteriormente consagrar en sus incisos siguientes el deber de reserva bancaria y sus excepciones.

Añade el artículo 17 b de la ley N°19.496, no señala lo que la contraparte indica, sino que dispone la obligación de especificar las causales que darán lugar al término anticipado de los contratos de productos financieros elaborados por Bancos y justamente para dar un fundamento que explicara las razones del término del contrato, es que se expresó en la misiva de término un motivo explícito de ello, en consonancia con las nuevas exigencias normativas.

Expresa que la recurrente funda la calificación de supuesta arbitrariedad del Banco en que los derechos que emanan del contrato de cuenta corriente son de propiedad del recurrente y no pueden ser modificados unilateralmente por el prestador, frente a lo cual señala que el Banco no ha modificado ninguna condición, derecho o aspecto del contrato de cuenta corriente, sino que, simplemente ha aplicado una causal de término que se encuentra expresada tanto en las condiciones particulares firmadas por el cliente como en las condiciones generales aludidas en la hoja de firma del contrato. Además de lo anterior, la aplicación de la causal ha sido fundada y razonada, al existir un análisis previo que dio cuenta de la necesidad de obtener una acreditación del origen de los fondos, por las inconsistencias entre fondos y ventas declaradas en la cuenta señalada, por lo que el acto en ningún caso es ilegal, ya que se funda en la causal contenida en el contrato, la misma "ley de los contratantes" que argumenta la contraria. Y se encuentra plenamente ajustada a la normativa legal y administrativa referida a los Bancos.

Añade que la contraria cita contenidos inexistentes de los artículos que menciona, ya que no es posible advertir el objetivo de incorporar artículos 2 y 40 del D.F.L. Núm. 3, de fecha 26 de noviembre de 1997 (Ley General de Bancos), más que dotarlos de un contenido falso, para fundar de forma errónea sus peticiones.

Refiere que yerra el recurrente al citar la Circular N° 3.408, porque ésta no contiene, en ningún lugar de su texto lo señalado en el párrafo, ni implícita ni expresamente, ya que únicamente imparte instrucciones a los Bancos relativas a los cierres voluntarios presentados por los clientes, y además, porque dicha Circular fue derogada por la Circular 3.549 de 30 de abril de 2013, como consecuencia de la dictación de la Ley 20.555 que creó el denominado "Sernac Financiero", mediante la modificación de la Ley 19.496 sobre Protección al Consumidor.

Hace presente que si el recurrente estima que ha mediado una infracción al contrato de cuenta corriente con el BCI, al habérseles puesto término con infracción al DFL 707 de 1982, el conocimiento y decisión de esa pretensión es privativa de los jueces del fondo, a través de los procedimientos y acciones que la propia Ley provee, pero en ningún caso es admisible que sea debatido ni menos resuelto mediante esta acción cautelar, que es de naturaleza extraordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que la decisión del Banco que se objeta, está fundada en el cumplimiento que dicha institución debe dar a la normativa sobre prevención de lavado de activos. Al efecto, con fecha 18 de diciembre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) e impuso la creación de un "nombre reservado" que corresponde a un funcionario designado por las personas naturales y jurídicas descritas en el art. 3°de ese cuerpo legal, en quienes recae el deber de reportar las operaciones sospechosas definidas en la misma Ley y adoptar las demás medidas preventivas que sean pertinentes. La dictación de este último texto legal ha configurado un profundo cambio en las relaciones de negocio que los Bancos mantienen con sus clientes, pues los ha obligado a asumir un rol activo en el control del origen de los fondos que sus clientes depositan en sus cuentas bancarias o invierten en los diversos productos financieros que se ofrecen en la Banca nacional.

Expone que la SBIF advierte que "el lavado de activos, como el financiamiento del terrorismo dan origen a riesgos de reputación, operativos y legales a que puede exponerse una entidad financiera, comprometiendo su estabilidad y viabilidad económica" y agrega el órgano regulador que "la debida diligencia en las transacciones y transferencias de fondos que diariamente ejecutan las instituciones bancarias por cuenta de sus clientes, hace necesario identificar aquellas que tiene su origen legítimo, de las que se pretenden realizar con la finalidad de encubrir negocios ilícitos”, y concluye que "Con tal propósito, los bancos deben adoptar precauciones para tener un adecuado conocimiento de sus clientes, de las actividades que desarrollan y de las características más relevantes de las operaciones que estos realizan." Por su parte, la UAF consagra un amplio catálogo de "señales de alerta" tales como:

a) Relacionadas con el Comportamiento del Cliente (Conozca a su Cliente)

1.1. Cliente que se rehúsa o evita entregar información, actual o histórica, relacionada con su actividad, acreencias o capacidad financiera, al momento de realizar una operación o transacción.

1.2. Cliente que al efectuar una operación elude o definitivamente se rehúsa a entregar información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos.

Indica que la Ley 20.555, que incorpora modificaciones a la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, dispuso como contenido obligatorio de los contratos de productos financieros, las causales de término anticipado, por lo cual el Banco tiene incorporadas en todos los contratos las causales mencionadas, dentro de las cuales se encuentra: “a) Cuando el Cliente hiciere un uso inadecuado del producto o servicio, tales como, sobregiros no pactados; órdenes de no pago y/o protesto de cheques frecuentes; atrasos en el servicio de sus deudas; no acreditación del origen de los fondos depositados en sus cuentas; actividades de origen desconocido, riesgosas o contrarias a la ley, etc;". Por lo que actuar del Banco es plenamente legal, por cuanto está amparado en la Ley antes señalada y especialmente en el Contrato suscrito por la recurrente. En efecto, el Banco aplicó una de las causales establecidas en el contrato y cumplió con el requisito de enviar la carta con la anticipación señalada por la Ley. Por otra parte, el actuar del Banco es razonable y fundado, considerando la causal aplicada, cual es la no acreditación por parte del titular de la cuenta del origen de los fondos depositados en la cuenta, en especial considerando las reiteradas solicitudes de información que no fueron respondidas por la recurrente.

En conclusión sostiene que el actuar del Banco no es ilegal ni arbitrario, y cita las sentencias de la Excma. Corte Suprema, de fecha 16 de marzo de 2017, Rol 20-2017 y de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 13 de septiembre de 2016, Rol 18.054-2016.

En subsidio, y para el evento que eventualmente fuere acogido el recurso de protección interpuesto en su contra, hace presente que por motivos de orden informático no sería posible restablecer el mismo número de la cuenta corriente original y por ende, sería necesario suscribir nuevos contratos de cuenta corriente.

La recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- a fojas 4, cartola de cuenta corriente N° [cuenta reservada] de Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A., período 28 de febrero de 2017 al 31 de marzo de 2017; 2.- a fojas 5, carta enviada por Gerencia de Soporte Post Venta, Banco de Crédito e Inversiones, a Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A; 3.- a fojas 5 vuelta, sobre que contenía carta enviada por Banco de Crédito e Inversiones a Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A, con timbre de Correos de Chile; 4.- a fojas 113, Carpeta tributaria electrónica para solicitar créditos emitida por S.I.I, cuyo emisor es Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A, de fecha 19 de junio de 2017; 5.- a fojas 14 y siguientes, 26 formularios 29 correspondiente a los periodos de julio 2015 a mayo de 2017; 6.- a fojas 128, Información de Ingresos emitido por S.I.I de Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A del año 2017; 7.- a fojas 131, mandato tramitado ante S.I.I de entrega de información FOLIO N° 36320083 otorgado por don nombre reservado, RUT: RUT reservado, de fecha 09 de septiembre de 2016, al Banco de Crédito e Inversiones; 8.- a fojas 133, Boletín Comercial emitido por la Cámara de Comercio de Santiago de fecha 21 de junio de 2017, correspondiente a la Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A.; 9.- a fojas 136, Formulario 22 emitida por S.I.I de don nombre reservado año 2017; 10.- a fojas 138, Formulario 22 emitida por S.I.I de Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A, de julio año 2017;

La recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- a fojas 26, set de apertura de productos bancarios, que incluye el contrato de cuenta corriente de fecha 20 de octubre de 2015, celebrado entre Banco de Crédito e Inversiones y Sociedad Agrícola e inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A.; 2.- a fojas 49, copia de Protocolización Condiciones Generales y Operacionales Servicios Bancarios BCI con Mandatos - Empresas y Empresarios - , de fecha 31 de agosto de 2012, Repertorio 6.880-2012, Notaría nombre reservado; 3.- a fojas 60, copia de carta de fecha 22 de diciembre de 2016, enviada por Banco de Crédito e Inversiones a Sociedad Agrícola e inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A al domicilio registrado por ésta; 4.- a fojas 61, copia de correo electrónico enviado por la ejecutiva Sra. nombre reservado al representante legal de la empresa Sociedad Agrícola e inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A, don nombre reservado de fecha 20 de diciembre de 2016; 5.- a fojas 62, copias de dos correos electrónicos enviados por la Jefa de Plataforma Empresarios Sra. nombre reservado al representante legal de la empresa Sociedad Agrícola e inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A, don nombre reservado de fecha 21 de diciembre de 2016, 6.- a fojas 64, copia de correo electrónico enviado por la ejecutiva Sra. nombre reservado al representante legal de la empresa Sociedad Agrícola e inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A don nombre reservado de fecha 3 de enero de 2017; 7.- a fojas 75, Copia tarjetas de presentación del representante legal de la empresa don nombre reservado proporcionadas por el cliente al Banco; 8.- a fojas 76, impresión de pantalla página web www.lasmilagrosasinmobiliaria.cl sección Contacto; 9.- a fojas 78, copia de la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19 de diciembre de 2016, Rol 96331-2016; 10.- a fojas 84, copia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 16 de marzo de 2017, Rol 20​2017; 11.- a fojas 88, copia de la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 18.054-2016, de fecha 13 de septiembre de 2016; 12.- a fojas 96, copia de la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19 de diciembre de 2016, Rol 122306-2016.

A fojas 75 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con el mérito de lo expuesto en el recurso y el informe de la recurrida de fojas 65, se desprende que lo que se trae a conocimiento de esta Corte dice relación con el cierre de la cuenta corriente del actor por parte del Banco de Crédito e Inversiones, motivado en la falta de información entregada por el cuenta correntista, conforme al contrato suscrito en relación con el origen de los montos por éste depositados.

SEGUNDO: Que de lo expuesto fluye que en la especie y existiendo contrato suscrito entre el actor y el recurrido, las actuaciones y en especial la actitud del Banco dice relación con la interpretación de las normas que reglan el contrato, lo que se aparta de la finalidad de la acción cautelar, cual es la de reaccionar frente a una situación de acto anormal que vulnere una garantía constitucional, cuyo no es el caso de autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido a fojas 7, por doña Vilma Urbina Rouse, en representación, de Sociedad Agrícola E Inmobiliaria Las Milagrosas S.P.A, empresa del giro de su denominación, con domicilio para estos efectos en contra Banco de Crédito e Inversiones (Banco BCI).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol IC N° 2690-2017.