nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece nombre reservado, debidamente representada, quien interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Limache, cuyo representante legal es el Sr. nombre reservado, Alcalde de la comuna de Limache, por el actuar ilegal y arbitrario de no renovar su contratar para el año 2026, siendo, vulnerando con ello los Derechos Fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 16 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio, que presta servicios como enfermera en el CESFAM Limache Viejo, dependiente del Departamento de Salud Municipal (DESAM) de la Ilustre Municipalidad de Limache, desde el 1 de febrero de 2021, acumulando cuatro años y once meses de servicios continuos e ininterrumpidos, bajo la calidad jurídica de contrata, regida por la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, con una jornada de 44 horas semanales y clasificada en la Categoría B, Nivel 10. Registra 5 bienios de experiencia y un puntaje total de encasillamiento de 4.411 puntos. Durante la íntegra vigencia de la relación laboral, la funcionaria fue designada mediante sucesivos Decretos Alcaldicios, durante cuatro años y once meses (2021–2025), el nombramiento de la recurrente fue renovado en tramos de seis a doce meses, con total normalidad. Solo a partir de enero de 2026 —una vez conocido el embarazo— las renovaciones pasaron a ser mensuales y se les estampó la mención "Se reconoce fuero laboral", revelando que el empleador solo renueva por obligación legal y no por voluntad de mantener la relación laboral.

Expone que el 27 de enero de 2026, el señor nombre reservado, Jefe Administrativo del DESAM dirigió a la recurrente un correo electrónico institucional en el que le solicitó expresamente una "actualización de su estado de embarazo para realizar contratación", vinculando directa y explícitamente su condición de embarazo con la renovación de su nombramiento. Esta solicitud carece de toda justificación y constituye un acto discriminatorio que condiciona la continuidad laboral de la recurrente a una circunstancia inherente a su condición de mujer gestante.

Explica que el 1 de diciembre de 2025, la Directora del DESAM, doña nombre reservado, notificó a la recurrente una primera carta de Aviso de no renovación de nombramiento, señalando que al 31 de diciembre de 2025 operaría el cese de sus funciones, conforme al artículo 48, letra C, de la Ley N°19.378 y según el Decreto Alcaldicio N°5580. Dicha notificación fue emitida con anterioridad a que la recurrente informara formalmente su embarazo, hecho que ocurrió el 23 de diciembre de 2025, por lo que la recurrida modificó unilateralmente las condiciones de renovación: a partir de enero de 2026 los decretos pasaron a ser mensuales —en contraste con los tramos semestrales o anuales de toda la trayectoria anterior— y se les estampó la nota "Se reconoce fuero laboral", circunstancia que no consta en ninguno de los nueve decretos anteriores.

Hace presente que tanto el Decreto Alcaldicio N°5438/2026 (que renueva el nombramiento para enero de 2026) como el Decreto N°233/2026 (que lo renueva para febrero de 2026) contienen, en su Considerando 7°, la declaración de que se renueva su contrata solo por obligación legal.

Continua indicando que el 8 de febrero de 2026 —veinte días antes del cese—la actora sufrió una pérdida gestacional (aborto espontáneo), hecho que quedó registrado en el Hospital Gustavo Fricke. La recurrida emitió la segunda carta de no renovación tan solo doce días después, el 20 de febrero de 2026, fijando el cese para el 28 de febrero de 2026.

Junto a lo anterior, el 6 de febrero de 2026, la recurrente presentó denuncia formal bajo la Ley N°21.643 (Ley Karin) ante su empleador, individualizando como denunciado al señor nombre reservado. A la fecha de esta presentación, dicha denuncia no ha recibido respuesta en los plazos legales establecidos.

Solicita: 1. Declarar ilegal y arbitraria la primera carta de aviso de no renovación notificada el 1 de diciembre de 2025, en cuanto constituyó el antecedente inicial de una decisión de cese que, una vez conocido el embarazo de la recurrente, fue mantenida y ejecutada mediante actos posteriores discriminatorios. 2. Declarar ilegal y arbitrario el régimen de renovaciones mensuales implementado a partir de enero de 2026, por cuanto constituye una forma de discriminación sistemática basada en el embarazo de la funcionaria, carente de toda justificación objetiva, y que ha causado un daño psíquico acreditado clínicamente. 3. Declarar ilegal y arbitraria la segunda carta de aviso de no renovación notificada el 20 de febrero de 2026, por cuanto fue emitida en el contexto inmediato de la pérdida gestacional sufrida por la recurrente y materializó de forma especialmente gravosa una decisión de cese mantenida por la empleadora desde diciembre de 2025. 4. Declarar que la conducta desplegada por la recurrida constituyó una forma de discriminación de género y de discriminación basada en la condición reproductiva de la recurrente, al haber utilizado su embarazo, su estado gestacional y la pérdida gestacional sufrida en febrero de 2026 como criterios para precarizar su vínculo laboral y consumar su desvinculación. 5. Ordenar a la recurrida reincorporar a la recurrente a sus funciones de enfermera en el CESFAM Limache Viejo, renovando su nombramiento en igualdad de condiciones con el resto del personal y por un período equivalente al históricamente aplicado, sin someterla a un régimen contractual discriminatorio. 5. Adoptar cualquier otra medida que estime necesaria para la debida protección de los derechos fundamentales conculcados. 6. Condenar en costas a la parte recurrida.

A folio 10 evacua informe doña Guicela Saldivia Herrera, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Limache.

Explica que es efectivo que doña nombre reservado se desempeñó como enfermera a contrata en el Centro de Salud Familiar Limache Viejo desde el 1 de febrero del año 2021, es importante precisar que al 31 de diciembre de 2025 ha acumulado menos de cinco años de servicios mediante sucesivas contrataciones, la modalidad contractual bajo la cual se desempeñó la recurrente durante todo ese período fue siempre la de contrato a plazo fijo, cuya naturaleza esencial es precisamente su temporalidad, y que cada renovación constituyó un acto administrativo autónomo adoptado en virtud de las necesidades del servicio y de la disponibilidad presupuestaria de cada período, sin que ninguna de ellas implicara un compromiso de continuidad más allá del plazo expresamente estipulado.

En cuanto a la primera carta de no renovación de contrata de 1 de diciembre de 2025, la administración desconocía por completo la existencia del embarazo, por lo que la decisión de no renovar el contrato de la recurrente no estuvo motivada por su estado de gravidez, dicha decisión que obedeció a razones de gestión administrativa y disponibilidad presupuestaria, y que en ningún caso guardó relación con las circunstancias personales o de salud de las funcionarias y funcionarios del servicio.

Hace presente que la mención al fuero maternal en los decretos no es la expresión de un ánimo discriminatorio, sino precisamente su opuesto: la declaración formal y transparente de que la Municipalidad está cumpliendo con su obligación legal de exponer los fundamentos que justifican la renovación en ese contexto particular, dando cumplimiento a la obligación legal establecida en el artículo 11 inciso segundo de la ley N°19.880.

Agrega que cuando la recurrente informa su pérdida gestacional el 9 de febrero, la Municipalidad procede a otorgar de inmediato los días de permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Código del Trabajo, relativo al derecho a permiso pagado de siete días hábiles en caso de muerte de un hijo en período de gestación, como también, a otorgarle feriado legal desde el 23 al 27 de febrero de este año. En este contexto, la segunda carta de no renovación emitida el 20 de febrero de 2026, no fue una decisión nueva ni autónoma adoptada por esta Municipalidad en respuesta a la pérdida gestacional, sino que obedeció a la materialización de una decisión que ya había sido adoptada y comunicada formalmente desde el 1° de diciembre de 2025, esto es, más de dos meses antes. Durante ese período, la única razón por la cual el cese no se había efectuado fue la existencia del fuero maternal, que impedía legalmente la no renovación de la contratación, por lo que al extinguirse dicho fuero como consecuencia de la pérdida gestacional, desapareció el único obstáculo legal que mantenía en suspenso la ejecución de una decisión que había sido adoptada con mucha anterioridad y que la propia recurrente conocía desde diciembre de 2025.

Finalmente, en cuanto a la inacción acusada por la recurrente en relación con su denuncia bajo la Ley N°21.643 “Ley Karin”, presentada el 6 de febrero de 2026, la entidad edilicia dictó al efecto el Decreto Alcaldicio N°795/2026 de 27 de febrero de 2026 el que instruyó una investigación sumaria con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que pudieran estar involucrados en los hechos denunciados.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la presente acción constitucional con costas.

A folio 11 se ordena traer los autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante el presente recurso de protección se impugnan las cartas de 1 de diciembre de 2025 y de 28 de febrero de 2026, enviadas nombre reservado, Directora del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Limache, informando la no renovación de la contrata de la recurrente, aduciendo que existe una infracción al deber de fundamentación, trato discriminatorio por encontrarse con fuero maternal y vulneración al principio de confianza legítima, provocando con ello la afectación y amenaza de derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, por su parte, la Ilustre Municipalidad de Limache, considera que el acto recurrido se basta a sí mismo, en el sentido que se le notifica claramente la no renovación del contrato, siendo innecesaria cualquiera otra motivación y, en consecuencia, no lo hace susceptible de ser catalogado como ilegal o arbitrario, además, no se cumplen los requisitos para entender vulnerado el principio de la confianza legítima, atendido a que la recurrente prestó servicios para la recurrida en calidad a contrata, no cumpliendo los cinco años requeridos para ello. Hace presente que la renovación de la contrata en los meses de enero y febrero de 2026, tuvieron como único fundamento la existencia de fuero maternal.

Cuarto: Que, para la resolución del presente arbitrio, se debe tener presente que, de conformidad a la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10 de la ley en comento, dispone que “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”, pudiendo la autoridad administrativa poner término a la contrata en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado.

Quinto: Que, habiéndose comunicado el uno de diciembre de dos mil veinticinco, la no renovación de la contrata para el año dos mil veintiséis, la que en consecuencia concluía el treinta y uno del mismo mes y año, en relación a la fecha de inicio de sus funciones uno de febrero de dos mil veintiuno, no generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, toda vez que la comunicación a la recurrida de su embarazo el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, solo extendió la contrata en virtud del mandato legal por encontrarse con fuero maternal, sin que ello tenga otra connotación que el respeto al fuero ya indicado, sin que dichas renovaciones por dos meses puedan imputarse al periodo a considerar para una eventual confianza legítima.

Sexto: Que, de lo anterior se puede concluir que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no asistiéndole a la actora la confianza legítima de obtener la renovación de su contrata, el presente arbitrio no está en condiciones de prosperar y fuerza concluir que la acción cautelar entablada debe ser rechazada, tal como dispondrá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Limache.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2678-2026.