SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO CONTRA SINDICATO DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO ESTABLECIMIENTO CATEMU

Foja: 79 Setenta y nueve Vim.

C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunció para alegar la abogado Loretto Cortés Villarreal, 5 minutos por los recursos, quien ejerció su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, veintidós de octubre de dos mil quince.

N° Protección 2675-2015.- nombre reservado

Relator Suplente Valparaíso, veintidós de octubre de dos mil quince.

Visto:

A fojas 1 comparece el abogado Eugenio Ramírez Cifuentes, en representación de Sociedad de Exploración y nombre reservado, del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Sindicato De Exploración y nombre reservado Catemu, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso en que el día 14 de julio de 2015 los recurridos iniciaron una huelga al margen de toda legalidad puesto que el proceso de negociación colectiva se encontraba ya concluido conforme lo dispuesto en los artículos 303 y siguientes del Código del Trabajo. Señala que entre el Sindicato y la empresa Sociedad de Exploración y nombre reservado, se celebró un Contrato Colectivo con fecha 25 de junio de 2012, el que según la cláusula 29°, regía hasta el 1o julio de2015.

Indica que se inició el proceso de negociación colectiva entre las partes, en el que no se logró acuerdo para celebrar un nuevo y diferente Contrato Colectivo y que la empresa presentó dentro del procedimiento reglado su última oferta el día 23 de junio de 2015. Añade que el mencionado Sindicato, citó a la Asamblea de Socios para el día 26 de junio de 2015 con el objeto de pronunciarse en orden a aceptar o rechazar la última oferta o, en su caso, aprobar la huelga. Destaca el recurrente que el Contrato Colectivo vigente expiraba el día 01 de julio de 2015 y explica que en la referida Asamblea, se rechazó la última oferta de la empresa y se acordó iniciar la huelga, la que se hizo efectiva a contar del día 14 de julio.

Considera que dicha huelga es ilegítima pues habría sido votada fuera del plazo establecido por el artículo 370 letra B) del Código del Trabajo, el que dispone que el día de la votación debe estar comprendido dentro de los cinco últimos días de vigencia del contrato colectivo, para cuyos efectos, la comisión negociadora deberá convocar a una votación a lo menos con cinco días de anticipación y añade que al haber existido un Contrato Colectivo que regía hasta el día 01 de julio de 2015, la indicada Asamblea se debió celebrarse cualquiera de los últimos cinco días de vigencia del Contrato Colectivo vigente, ni antes ni después. Argumenta que el mismo artículo 370 del Código del Trabajo establece que si la votación no se efectuare en la oportunidad en que corresponda, se entenderá que los trabajadores aceptan la última proposición del empleador.

Considera que los miembros del Sindicato habrían advertido que la votación en que acordaron la huelga se realizó fuera de plazo y por ello recurrieron a la Inspección del Trabajo de San Felipe, con el objeto de solicitar sus "Buenos Oficios", la que citó a la Sociedad de Exploración y nombre reservado a una audiencia de para el día 02 de julio de 2015, oportunidad en la cual se le representó a dicha entidad la improcedencia de los buenos oficios ya que "ipso iure" debía entenderse que los trabajadores habían aceptado la última oferta de la empresa. Alega que la Inspección del Trabajo hizo caso omiso de la Ley y pretendió continuar con un proceso de negociación que jurídicamente ha terminado, amparando el inicio de una huelga ilegal que expuso a la recurrente a una serie de consecuencias y a la recurrida a la pérdida de sus remuneraciones al incurrir en ausencias injustificadas.

Argumenta que la Inspección del Trabajo y el Sindicato recurrido pretenderían salvar la extemporaneidad de la votación de la huelga, amparados en la regla del artículo 370 inciso cuarto del Código del Trabajo, conforme al cual, si la votación no se hubiere llevado a efecto por causas ajenas a los trabajadores éstos tendrán un plazo de cinco días para proceder a ella. Expone que esta norma tiene como supuesto que no se hubiese realizado ninguna Asamblea que tratare los tópicos que le son propias, pero que no sería aplicable pues en este caso la Asamblea se realizó fuera de la oportunidad legal.

Agrega que ni la Inspección del Trabajo ni el Sindicato han notificado formalmente que se verificó otra Asamblea ni menos explicitado en qué consistirían las "causas ajenas a los trabajadores" en virtud de las cuales no se habría realizado la votación alguna. Refiere que extraoficialmente se les comentó que el Sindicato habría citado a una nueva Asamblea que tenía la misma finalidad que la efectuada el 26 de junio, y en esa nueva Asamblea se habría acordado nuevamente el rechazo a la última oferta de la empresa y la realización de la huelga. En su concepto, la ausencia de formalidad y de notificación a la empresa acerca de esta nueva Asamblea es indiciaria de lo irregular del procedimiento y de lo ilegítimo de la huelga.

Afirma que el derecho a huelga se encuentra reconocido por las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, como un derecho fundamental de los trabajadores cuando se ejerce dentro de los límites legales y que ha sido recogido por nuestra legislación como una etapa del proceso de negociación colectiva reglado.

Por otra parte, informa que se han conformado piquetes de trabajadores en huelga que han bloqueado con piedras, palos y fogatas el acceso a la Planta de Beneficio de Minerales y a las Minas que explota la empresa y que quienes han intentado ingresar por el camino, han sido amenazados y los vehículos atacados a pedradas por sujetos cuya identidad la policía debiera indagar para hacer efectiva su responsabilidad criminal, agregando que desconocidos procedieron a romper la cañería que permite el abasto de agua de la empresa. Expresa que de esta situación se dio cuenta a Carabineros de Catemu de esta situación, pero el funcionario a cargo en vez de proceder adecuadamente, sugirió que las partes en conflicto debían dialogar para solucionar los temas. Indica que lo que se ha denunciado a Carabineros son delitos y que frente a la respuesta de la unidad local, se vieron forzados a denunciar los hechos al Juzgado de Garantía de San Felipe, a fin de que el Ministerio Público inicie una investigación penal. Asevera que la negativa en el proceder policial, ha significado ingentes pérdidas ya que el bloqueo del acceso permanece activo y aquellos trabajadores que no son miembros del Sindicato y que quieren trabajar, no pueden ingresar por el camino habilitado para ello. Sostiene que la empresa minera mantiene explosivos en sus polvorines y el bloqueo a sus accesos, pone en riesgo la custodia de los mismos, lo que ha sido denunciada a la autoridad competente.

Cita el libro "El Derecho Colectivo del Trabajo" del Profesor Sergio Gamonal y concluye que la huelga que utiliza el Sindicato reclamado, así como las acciones de fuerza que afectan bienes propios de la empresa y de terceros, se desarrollan al margen de la ley, devienen en una autotutela ilegítima que no puede ser amparada por los órganos administrativos. Invoca el artículo 19 número 16 de la Constitución Política de la República, el que dispone que el procedimiento de negociación colectiva es reglado y que la ley establecerá sus modalidades y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica.

Afirma que la autoridad laboral y la Policía deben asumir el rol que les compete, instando el primero al Sindicato infractor a deponer su irregular proceder, y los segundos, a ejercer las acciones de fuerza e indagación destinadas poner fin a la comisión de delitos flagrantes de amenazas, daños, desordenes públicos, etc. Añade que la Inspección del Trabajo de San Felipe ha adoptado una actitud hostil ante la empresa, cursando multas y denuncias, enrareciendo el clima laboral. Menciona que hace menos de dos años, y en razón que la Directiva del mismo Sindicato bloqueó el acceso su parte solicitó judicialmente el desafuero del Presidente, Secretario y Tesorero del Sindicato, lo que fue denunciado por la Inspección del Trabajo de San Felipe como práctica antisindical ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, la que fue desestimada, disponiéndose por sentencia firme y ejecutoriada, el desafuero de los tres Dirigentes Sindicales.

A su juicio, los hechos descritos atentan contra la integridad física de los funcionarios de la empresa que han intentado ingresar a trabajar, quienes habrían sido amenazados verbalmente, apedreando sus vehículos.

Expresa que la libertad de tránsito de los funcionarios de la empresa que no se encuentran en la huelga ilegal se ve afectada cuando se impide a ellos ingresar y salir de sus labores por el camino existente.

Sostiene que el derecho a desarrollar las actividades de la empresa y el derecho de propiedad son garantías afectadas por la inasistencia de los trabajadores al amparo de una huelga ilegal y por la violencia ejercida, indicando que la empresa, debe velar por la seguridad de los polvorines y de los explosivos contenidos en ellos, lo que en las actuales circunstancias no les es posible.

Pide, por tanto, tener por interpuesto recurso de protección en contra del Sindicato de Exploración y nombre reservado Catemu, acogerlo a tramitación, declarando en la sentencia definitiva que la huelga iniciada por la recurrida el 14 de julio de 2015 es ilegal; que son ilegítimos y deben cesar el bloqueo del camino impuesto por el Sindicato a través de piquetes de trabajadores; que la Autoridad Policial debe instar por asegurar el libre acceso desde y hacia la planta y minas de la recurrente, así como asegurar que puedan custodiarse debidamente los polvorines; que la autoridad policial deberá proceder conforme sus deberes ante la constatación de delitos flagrantes en la zona de acceso a la Planta y Minas de la recurrente; adoptar todas aquellas otras medidas que esta Corte estime conducentes a restablecer el equilibrio jurídico roto, y que se condena en costas a la recurrida. Pide que se ordene informar a la Inspección del Trabajo y a Carabineros de Chile de Catemu, sobre estos hechos.

Por resolución de fojas 27, se ordenó acumular al presente recurso, aquel seguido ante esta misma Corte, Rol 2729-2015, caratulado “Sociedad de Exploración y nombre reservado contra Carabineros de Chile”, el que, reproduciendo las acciones de violencia ya descritas, efectuadas por los trabajadores en huelga, se dirige contra dicho organismo, en razón de la pasividad que habría tenido la autoridad policial local, quien se habría negado a restablecer el orden lo que constituye a juicio del recurrente, una omisión ilegítima en sus deberes legales, citando el artículo 1º de la Ley Orgánica de Carabineros, Ley 19.968.

Argumenta que dicha omisión importa la vulneración de diversas garantías, específicamente aquellas de los numerales 1º, 7º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Refiere que la integridad física de los funcionarios de la empresa que han intentado ingresar a trabajar se ha visto amenazada por agresiones verbales, amenazas y apedreamiento de los vehículos en que intentaron llegar a la misma. Todo ello ha acaecido en el camino de acceso a la Planta y minas, existiendo además a este respecto una indiferencia policial a la ocurrencia de estos hechos. Igual situación afecta a los trabajadores que se encuentran al interior del recinto de la Planta víctima de constante apedreamiento. Manifiesta que el derecho de propiedad es afectado por cuanto se impide a su parte utilizar la vía de acceso a la planta y a la mina, dañando sus bienes y su derecho a desarrollar adecuadamente las labores de la empresa. Añade que dichos actos violentos también afectan a los vecinos que utilizan parte de ese mismo camino, según se lee en la carta que adjunta.

Pide por tanto, tener por interpuesto recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, Tenencia de Catemu, declararlo admisible y acogerlo a tramitación y previos los informes de rigor, dar lugar a él declarando en la sentencia definitiva que son ilegítimos y debe cesar el bloqueo del camino impuesto por el Sindicato a través de piquetes de trabajadores; que la Autoridad Policial debe instar por asegurar el libre acceso desde y hacia la planta y minas de la recurrente, así como asegurar que puedan custodiarse debidamente los polvorines; que la autoridad policial deberá proceder conforme sus deberes ante la constatación de delitos flagrantes en la zona de acceso a la Planta y Minas de la recurrente y adoptar todas aquellas otras medidas que se estimen conducentes a restablecer el equilibrio jurídico roto.

A fojas 66, la Inspección Provincial del Trabajo de San Felipe, quien en relación a lo consultado respecto a si funcionarios de dicha institución constataron materialmente el bloqueo del camino, informa que lo solicitado es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de reestablecer el orden público, circunstancia que impide a otros órganos del Estado como la Dirección del Trabajo intervenir en los términos solicitados, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política de 1980, los órganos del Estado sólo pueden actuar válidamente dentro de su competencia y en la forma que establece la ley, y que todo acto en contravención a esta regla es nulo y origina las responsabilidades y sanciones prescritas por la ley. Agrega en su informe que de acuerdo a los antecedentes con que cuenta, el Sindicato de Exploración y nombre reservado Catemu, se encuentra desde el 19 de mayo en proceso de negociación colectiva y desde el 14 de julio del presente año, en huelga.

Por resolución de fojas 72, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a fojas 70 y se prescindió del informe de ambos recurridos, ordenando traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente, acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente, para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que sea deducido dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección y que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que la parte recurrente ha hecho presente en estrados que los motivos fácticos que fundaron su recurso, han desaparecido, pues de acuerdo a los antecedentes, es posible sostener que a la fecha actual, el bloqueo al acceso de la Mina, ha concluido, existiendo por tanto un libre transitar del público y trabajadores desde y hacia la referida planta industrial. Que la huelga del sindicato recurrido concluyó el día 10 de agosto de 2015, de manera que existe una situación de completa normalidad, tanto en las jornadas labores como en el ingreso al recinto industrial por parte de peatones y vehículos de la empresa reclamante.

Quinto: Que en cuanto a las omisiones en las que habría incurrido Carabineros de Chile, ellas carecen de la urgencia y actualidad necesaria para hacer procedente la intervención cautelar de este Tribunal, en atención a que los hechos en los que se funda, habrían cesado, perdiendo oportunidad de la misma forma que el recurso interpuesto contra el sindicato.

Sexto: Que por otra parte, no procede que esta Corte, en el actual procedimiento se avoque al conocimiento de la supuesta extemporaneidad de la votación de huelga, lo que requeriría un análisis de fondo de esta materia, que no cabe en este recurso.

Que, no existiendo, por tanto, un derecho indubitado que amerite la intervención cautelar de este tribunal y que de manera evidente vulnere algunas de las garantías fundamentales a que alude el artículo 20 de la Carta Política, el presente recurso de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 1 por el abogado Eugenio Ramírez Cifuentes, en representación de Sociedad de Exploración y nombre reservado, en contra del Sindicato De Exploración y nombre reservado Catemu y aquel deducido a fojas 37 en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 2675-2015 (acumulado Protección 2729-2015).

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por la Ministro Señora Rosario Lavín Valdés, la Fiscal Judicial Señora nombre reservado Alcaide y el Abogado Integrante Señor Carlos Fuentes Puelma.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario del día de hoy.