INVERSIONES RÍO PERDIDO S.A. CONTRA SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

Foja: 94 Noventa y Cuatro Llg.

C.A. Valparaíso.

Valparaíso, catorce de septiembre de dos mil quince.

Vistos:

Que a fojas 1 comparece, nombre reservado, chileno, agricultor y comerciante, por sí y en representación de Inversiones Río Perdido SA, RUT: RUT reservado, empresa del giro de su nombre, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Provincia de Petorca y también de los trabajadores de la empresa.

Deduce recurso de Protección en contra del Servicio Nacional de Geología Y Minería (en adelante SERNAGEOMIN), Dirección Zonal Centro, representado por don nombre reservado , domiciliado en domicilio reservado; por amenaza, privación y perturbación de los derechos y garantías protegidos por el artículo 19 N° 1, 2, 8, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y el derecho de propiedad.

Funda su recurso en las omisiones de fiscalización en que habría incurrido SERNAGEOMIN, respecto de las faenas mineras desarrolladas por la Compañía Minera Cerro Negro SA, y don nombre reservado, empresario minero.

Sostiene el recurrente, que Inversiones Río Perdido S.A. es dueña del Fundo El Cerrado, propiedad que se encuentra inscrita a fojas 213 vuelta, N° 256 del Registro de Propiedad del año 2011, a cargo del mismo Conservador. El fundo se ubica en el sector de la Quebrada Guayacán al pie de la Cordillera El Melón en la comuna de Cabildo, dentro de la Cuenca del estero Guayacán.

Indica que la empresa Compañía Minera Cerro Negro S.A. tiene su principal faena de gran minería en la Quebrada Pitipeumo que también es tributaria del Estero Guayacán y se encuentra ubicada en la Cuenca Guayacán, lugar en que procesa todo el mineral extraído. La empresa minera tiene su concesión sobre tres pertenencias (Clavel, Rosa y Plutón), que se ejercen sobre el predio que corresponde al Fundo El Cerrado de propiedad de la sociedad Inversiones Río Perdido S.A. Indica al respecto que con fecha 8 de mayo de 2012 en la causa Rol C-889-2011, tramitada ante el Juez de Letra de La Ligua, la constitución de servidumbre legal minera de ocupación en una superficie de 20 hectáreas en los sectores Entrada de Mina y en el Fundo El Cerrado, servidumbre legal minera de tránsito y ocupación en una superficie de 3,61 hectáreas en sectores del Camino Mina San Antonio y Mina El Cerrado, disponiéndose su inscripción en el respectivo Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua.

Que durante el año 2014 la empresa comenzó la explotación de las referidas pertenencias en piques y sectores ubicados en el sector alto del Fundo El Cerrado en plena Cordillera El Melón. Las obras y actividades habrían sido realizadas de manera descuidada y gravosa en exceso para el recurrente, sin observancia de la normativa que regula la actividad, cuestión que dio lugar a la apertura de un procedimiento sancionatorio por parte de SERNAGEOMIN.

Expresa que la empresa Compañía Minera Cerro Negro SA, cuenta con seis proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y dos proyectos en calificación, pero ninguno de ellos considera las obras que realiza en el Fundo El Cerrado a propósito de las pertenencias aludidas anteriormente, las cuales desde el año 2014 a la fecha se vienen explotando, constatándose permanentemente señales de contaminación y obras que generan riesgo inminente al medio ambiente, los cultivos agrícolas y la salud de las personas. Sostiene que las fotografías que se acompañan darían cuenta del derrame de líquidos y/o barros los cuales escurren hacia las quebradas, los que inútilmente se habrían tratado de contener mediante obras artesanales que ponen otra cuota de riesgo y afectación a la situación, debido a la precariedad de las mismas.

Este hecho habría sido denunciado por la recurrente con fecha 5 de enero de 2015, al Director Zonal de SERNAGEOMIN, acompañando para tales efectos los antecedentes pertinentes. Indica que similar denuncia se realizó ante la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud con fecha 2 de Enero de 2015 y, mediante carta certificada de fecha 6 de enero de 2015, a la Dirección Regional de Aguas, Región de Valparaíso.

Por su parte, la Dirección General de Aguas, con fecha 12 de febrero de 2015, mediante Ord. N° 567 de 2015, le informó que dichos antecedentes serian enviados a la Superintendencia del Medio Ambiente.

En tanto que con fecha con fecha 9 de Febrero de 2015, mediante Ord. N° 335/2015 el SERNAGEOMIN señala que derivará los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sin ejercer facultades de policía y fiscalización que le competen. Posteriormente, mediante Ord. N° 745/2015 SERNAGEOMIN da cuenta de la fiscalización que se ha ejecutado a la empresa y la apertura de un procedimiento sancionatorio por infracciones de normativa minera ambiental sectorial, es decir, incumplimiento de normas que no se refieren a una RCA o normas de emisión, pues éstas son de competencia de la SMA.

El 9 de abril de 2015, el recurrente envió los antecedentes al Servicio Agrícola y Ganadero que dispuso una fiscalización en terreno, el 27 de abril que según acta que se levantó en terreno, constatándose la existencia de lodos y agua proveniente de la mina que escurre hacia la quebrada con afectación de recursos naturales.

Mediante carta de fecha 10 de abril de 2015 el suscrito remitió nuevos antecedentes al SERNAGEOMIN, entre los cuales se indica la existencia de vehículos motorizados sin documentación al día en la faena, cuestión que de por sí implica incumplimientos a las normas de seguridad minera. También se requirió la aplicación de medidas provisionales conforme al artículo 32 de la Ley N° 19.880 y el artículo 522 del Reglamento de Seguridad Minera que autoriza la aplicación de medidas preventivas en caso que existiera un plan minero, cuya existencia se ignora. La petición también implicaba que se les tuviera como parte interesada conforme al artículo 21 de la Ley N° 19.880 y se les notificara de todo lo obrado en el procedimiento sancionatorio.

Con fecha 15 de mayo de 2015 SERNAGEOMIN ingresó al Fundo El Cerrado, pero expone que no tiene mayores antecedentes del resultado de dicha fiscalización, pese a que se habría solicitado información al respecto, por lo que habría efectuado una nueva presentación con fecha 22 de mayo de 2015, a fin que se le informara sobre el estado de su requerimiento, ejerciendo los mecanismos contemplados por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, sin tener respuestas a la fecha.

Las peticiones concretas que se habrían formulado al recurrido, decían relación con verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad minera, tales como cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera, DS N° 132 de 2004 del Ministerio de Minería, en lo que respecta a contar con los controles y documentación necesarios que pudieran dar cuenta de la existencia de un plan minero y el desarrollo de las medidas adecuadas que den cuenta de una gestión responsable de los riesgos ambientales. Indica que a través de las solicitudes buscaban corroborar la forma en que se estaban realizando las faenas al interior de su propiedad y poder determinar el cumplimiento de las obligaciones que le determina la ley minera y ambiental para impedir accidentes y contaminación de suelos y napas. El no cumplimiento de las normas amenaza el ejercicio de la actividad agrícola, puesto que los suelos contaminados implican que se afecte también la producción del Fundo El Cerrado. Expresa que a la fecha, no se habrían tenido mayores antecedentes ni respuestas sobre la faena minera que se desarrolla -a su juicio- de manera irregular en el Fundo El Cerrado de propiedad de la recurrente Inversiones Río Perdido S.A., tampoco se da cumplimiento con las normas de información que disponen la Ley de Acceso a la Información Pública, habiendo transcurrido más de 20 días que dispone la norma para la entrega de información. Añade sobre este punto que en su oportunidad el recurrente habría obtenido una sentencia condenatoria ante previos requerimientos conforme fallo de amparo de la Ley N° 20.285 causa rol C-996-2014 seguida ante el Consejo para la Transparencia en contra de la misma institución por el recurrente de autos.

En cuanto al derecho sostiene que de esta forma se han infringido los derechos contemplados en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, pues el ejercicio ilegal de una actividad implica riesgos que se traducen en contaminación al encontrarse con situaciones que exceden los límites permitidos de contaminantes produciendo afectación del estado físico, mental y social. En el lugar existen plantaciones de árboles frutales y viviendas de trabajadores y la casa del recurrente, las cuales están expuestas a todas estas circunstancias que constituyen un peligro. Argumenta que la situación de desarrollo artesanal de las faenas mineras implica riesgo de daño inminente a la salud e integridad de las personas, derivados de los riesgos mineros.

Respecto al derecho consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental expresa que el ejercicio de una actividad económica como lo son los negocios agroindustriales que desarrolla la recurrente se ven amenazados por la actividad minera que recibe un trato preferencial por parte de SERNAGEOMIN al no ser debidamente controlada.

Asimismo, considera vulnerado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación contenido en el numeral octavo del artículo anteriormente citado, por cuanto expresa que el incumplimiento normativo y el desarrollo de actividades mineras informales implica amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puesto que se da una situación permanente de riesgo ambiental y contaminación de suelos y napas generando impactos no admitidos por sobre los riesgos permisibles y, ahora, derechamente existe privación y perturbación, puesto que el medio ambiente del recurrente y los trabajadores se ve alterado por esta situación.

Por su parte, considera que el derecho contemplado en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, se altera, amenaza o perturba frente a hechos ilegales de terceros que ponen en riesgo la agricultura mediante la introducción de sustancias químicas que alteran la composición natural de los suelos, napas y quebradas tributarias o que están en lo alto del lugar en que se encuentran las plantaciones.

En tanto que también se afecta el derecho de propiedad, consagrado y protegido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. El Fundo El Cerrado, activo de la sociedad recurrente, la que a su vez, pertenece en parte al suscrito tiene el derecho a gozar, usar y disponer libremente de dicho predio. Estos atributos de la propiedad se ven afectados por la contaminación y el riesgo de la actividad minera que impide gozar y usar la propiedad, situación que amenaza la producción agrícola.

Considera que el SERNAGEOMIN incurre en una serie de omisiones que lo van configurando como legitimado pasivo, principalmente se refieren a su obligación de proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en la industria extractiva minera y, consecuencialmente, en la obligación de proteger la vida y salud del resto de las personas, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de acuerdo al D.L. N° 3.525 le corresponde a esta entidad descentralizada velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas de sus infractores, también controlar la idoneidad del personal que trabaja con explosivos y el de supervisores de prevención de riesgos y seguridad minera, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Considera también la omisión respecto de la falta de fiscalización a las normas anteriormente citadas las que debieron gatillar un actuar tendiente a la adopción de medidas preventivas que incluso autoriza el artículo 32 de la Ley que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (N° 19.880) con la finalidad de cautelar, en este caso, la salud de la población y el cuidado del medio ambiente. Lo anterior, estima que es sin perjuicio de aquellos derechos que se puedan hacer valer conforme a la Ley N° 20.285, el incumplimiento de los deberes establecidos en dicha norma al omitir dar respuesta a las solicitudes que se formularan. Considera que la empresa Minera Cerro Negro S.A. y don nombre reservado han realizado una serie de conductas que implican ilegalidades y/o arbitrariedades en el ejercicio de la concesión de explotación minera que le ampara, lo cual ha significado una afectación de los derechos invocados situación respecto de la cual SERNAGEOMIN no ha adoptado las medidas tendientes a poner pronto remedio a esa situación.

Invoca la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la que consagra como instrumento de gestión ambiental el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que considera imperativo que las faenas mineras que se desarrollan en las cumbres o altos del Fundo El Cerrado deben someterse a este instrumento procediendo a la evaluación ambiental de las actividades, puesto que están insertos en la Cordillera El Melón, sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, conforme al artículo 10 letra p).

Asimismo, considera vulneradas las normas sobre seguridad mineras contempladas en el DS 132/2004 del Ministerio de Minería, pues no se ha informado ninguno de los reglamentos que contempla el artículo 78 del referido reglamento por parte de la recurrida, en tanto que tampoco se habría dado cumplimiento a los artículos 16 y 17 del mismo cuerpo legal que impone la obligación de llevar un Libro denominado “SERNAGEOMIN” en el cual se hacen constar las observaciones de dicha entidad.

Agrega que se habría vulnerado el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la que impone la obligación de requerir el permiso o autorización previa a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva en caso de construcciones que se realicen en terrenos rurales para complementar alguna actividad que tenga fines ajenos a la agricultura, como serian las dependencias que habilite la empresa para sus trabajadores con relación al Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo, DS N° 594/1999 del Ministerio de Salud y las normas pertinentes del Reglamento de Seguridad Minera. De éste mismo tipo de permisos requerirían las obras necesarias para construir un sistema de alcantarillado y agua potable a que alude el Código Sanitario, ambos elementos necesarios para que los trabajadores cuenten con instalaciones adecuadas para poder trabajar en condiciones sanitarias adecuadas. De tal manera que, en forma previa requieren obtener autorizaciones sanitarias respectivas conforme lo indican los artículos 71 y 72 del Código Sanitario. Agrega los dispuesto en el artículo 71 letra b) dispone que corresponde al Servicio Nacional de Salud aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros. Indica la norma en su inciso final. Señala el artículo 72 del Código Sanitario. Sostiene que todas estas normas imponen labores de policía a los órganos del Estado e implican una obligación para el titular de proyectos que debe, en forma previa, obtener las autorizaciones, en caso contrario se configuran un acto ilegal. Considera que también se han vulnerado normas de la Ley N° 19.880 Específicamente, los principios que consagra el artículo 4°, el artículo 17 normas que relaciona con la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Indica que el artículo 32 de la Ley N° 19.880 el órgano administrativo podrá adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales que estima oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. En la especie, no se han tomado las medidas, tampoco se ha entregado respuesta sobre el particular existiendo antecedentes anteriores de sanciones y considerando que nos encontramos frente a un escenario de incumplimientos que generan riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente. La afectación de los derechos ya invocados en la forma de los actos y omisiones ilegales y/o arbitrarias se da en el incumplimiento de las normas señaladas y configuran privación, perturbación y amenaza en los términos que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República de los derechos y garantías ya invocados.

A juicio del recurrente de existir un ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se establecería un cumplimiento adecuado de la normativa ambiental y un mayor control por parte de los órganos de la administración del Estado adoptándose las medidas de control, mitigación, reparación o de compensación necesarias para una correcta ejecución del proyecto dentro del marco de cumplimiento de la ley y sin generar afectación de derechos.

Solicita disponer la paralización de las faenas mineras en tanto no se dé pleno cumplimiento a la normativa ambiental y minera, especialmente ordenando el ingreso previo del proyecto al SEIA y notificando al SERNAGEOMIN para que establezca las medidas técnicas tendientes a concretar la paralización sin riesgos para el medio ambiente y la seguridad de las personas; 2.- Ordenar que, SERNAGEOMIN proceda a informar al recurrente y la I Corte de Apelaciones respecto de las medidas que ha adoptado y adoptará en el futuro, estableciendo un plan de seguimiento para la minera y dando respuesta a las peticiones de información que le fueran formuladas; 3.- Toda otra providencia que USI disponga o estime necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, con costas a la recurrida.

A fojas 29 informando nombre reservado, Director Regional (S) del Servicio Nacional de Geología y Minería de la Zona Central, informa al tenor del recurso solicita el rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas. Alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso incoado, expresando al efecto que dado que la parte recurrente ha tenido conocimiento de los hechos que alega como constitutivos de la afectación de sus garantías constitucionales, no puede alegar que recientemente ha tomado conocimiento cierto de los mismos, ya que alega que las acciones u omisiones arbitrarias o ilegales se han mantenido en el tiempo, por lo que la afectación a sus derechos también sería continuada. A su juicio, yerra la parte recurrente, puesto que tiene conocimiento que la Dirección Regional Zona Central ha efectuado fiscalizaciones ante las denuncias que ha realizado (el día 20 de marzo de 2015 y 15 de mayo de 201S), por lo que la falta de fiscalización que esgrime no puede constituir un hito o fundamento de afectación de sus garantías.

En lo que respecta a la falta de información, sostiene que a través del Oficio Ordinario N°335, de 09 de febrero de 2015; N°754, de 25 de marzo de 2015; y N°1476, de 03 de junio de 2015, se le informó sobre las gestiones adoptadas por la Dirección Regional Zona Central ante sus denuncias, por lo que no puede considerarse a este respecto que exista una omisión ilegal continuada que le permita interponer la presente acción de autos haciendo excepción al plazo de 30 días corridos que establece el señalado Auto Acordado. Considera que el recurrente esgrime como fundamento del cumplimiento del plazo que se mantendría un actuar Ilegal por parte de la empresa minera que implica vulneración a sus derechos ante los cuales SERNAGEOMIN mantiene una actitud pasiva, no censando el estado permanente de vulneración de derechos. Es la propia parte recurrente, además, la que señala en su recurso que la empresa minera Compañía Minera Cerro Negro S.A. habría ejecutado labores de explotación de forma gravosa para sus derechos durante el año 2014.

Lo expuesto demostraría que al no existir una omisión Ilegal o arbitraria imputable a la Dirección Regional de SERNAGEOMIN, no existe este estado permanente de vulneración de derechos por quien es sujeto pasivo de la presente acción de autos, por lo que no cabe sino rechazar la presente acción por carecer de fundamente y ser extemporánea.

El recurrido sostiene que el recurso no ha sido interpuesto contra la autoridad competente, pues las omisiones no son imputables a SERNAGEOMIN, las que dicen relación con la fiscalización de normativa ambiental, correspondiendo a la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizar el debido cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las normas de calidad ambiental y de emisión, entre otros instrumentos de gestión ambiental; requerir el ingreso de proyectos o modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y sancionar frente a los Incumplimientos que constate de la normativa ambiental.

En cuanto al fondo señala que la acción no puede prosperar por no existir las omisiones ilegales o arbitrarias que imputa la recurrente a la dirección regional Zona Central.

Argumenta que respecto de la denuncia de fecha 05 de enero de 2015, se derivó en aquellos aspectos relacionados a los incumplimientos de la normativa ambiental, a la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N°20.417, informando al recurrente mediante el Oficio Ordinario N°335 de 09 de febrero de 2015 de la Dirección Regional Zona Central.

Que en lo que respecta a la competencia del SERNAGEOMIN, sostiene que, con fecha 20 de marzo de 2015, funcionarios del la Dirección Regional Zona Central, concurrieron al sector El Cerrado, para verificar el cumplimiento de la normativa sobre seguridad minera en la señalada faena minera Rosa 1 al 150, constatándose, el inicio de trabajos de limpieza en el socavón para fines exploratorios, sin dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera, siendo sancionada con multa la empresa a través de la Resolución Exenta N°1139, de 23 de abril de 2015, el Director Nacional del SERNAGEOMIN. Este hecho habría sido informado al Sr. nombre reservado a través del Oficio Ordinario N°754, de 25 de marzo de 2015, el cual además, tiene por objeto dar respuesta al requerimiento presentado con fecha 03 de marzo de 2015 en la Dirección Regional.

En cuanto a la nueva presentación de fecha 10 de abril de 2015, en la cual acompaña nuevos antecedentes a la denuncia presentada el 05 de enero de 2015, exponiendo peligros de contaminación y riesgos de ocasionar daño al medio ambiente y cultivos agrícolas que se desarrollan en el sector Fundo El Cerrado y un certificado de máquina patente DBVD 27 presuntamente sin documentación al día, expresa el recurrido que ello ameritaría adoptar las medidas provisionales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°19.880 y de aquellas que puedan decretarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 522 del Reglamento de Seguridad Minera y pide además ser considerado como parte interesada en los términos del artículo 21 de la Ley N°19.880, solicitando ser notificado de todo lo obrado en el procedimiento administrativo.

Añade que, con fecha 15 de abril de 2015, el arrendatario de la concesión minera "Rosa 1 al 150", don nombre reservado, informa que las labores en la mina se encuentran paralizadas y solicita la autorización para realizar trabajos de preparación, se le respondió al Sr. nombre reservado a través del Oficio Ordinario N° 1237 de 07 de mayo de 2015, que el concesionario puede efectuar estas labores por ser intrínsecas a su concesión, debiendo, en todo caso, respetar el marco normativo del Reglamento de Seguridad Minera aplicable en la especie.

Que, no obstante lo anterior, y a raíz de los nuevos antecedentes presentados por el recurrente Sr. nombre reservado el día 10 de abril de 2015, personal de la Dirección Regional Zona Central, efectuó una visita inspectiva el día 15 de mayo de 2015 a la faena mina Rosa 1 al 150, consignándose en el acta de fiscalización que no existen trabajos en la faena. Agregando que este hecho le fue comunicado al recurrente mediante el Oficio Ordinario N°1476, de 03 de junio de 2015, informando que se ha dado curso a la denuncia efectuada iniciando un procedimiento de fiscalización conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Minera, estableciéndose las medidas correctivas correspondientes .Que no se ha dado curso a ningún procedimiento sancionatorio por no haberse constatado en la misma incumplimientos al Reglamento de Seguridad Minera.

En cuanto a la solicitud del recurrente de ser considerado denunciante en el procedimiento sancionatorio a que diere lugar los nuevos antecedentes presentados el 10 de abril de 2015 -el cual no ha existido, por cierto-, indica que quien ha efectuado una denuncia no tiene por esta sola circunstancia la calidad de interesado, en tanto que las notificaciones corresponden a la forma de comunicación de los actos administrativos de contenido particular o de efectos individuales, por lo que, si no es destinatario del acto administrativo, no procede acceder a su solicitud de ser notificado de los mismos a través del señalado procedimiento, sin perjuicio que el Sr. nombre reservado pueda acceder al contenido de los actos que se dicten en el marco de los procedimientos administrativos en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.285.

Esgrimen que la Dirección Regional no habría cumplido su rol fiscalizador, sin embargo de los antecedentes expuestos, se acredita que la Dirección Regional Zona Central ejerció sus facultades fiscalizadoras, realizando dos visitas inspectivas, una de ellas el 20 marzo de y la otra el 15 de mayo de 2015, por lo que no puede admitirse la alegación de la parte recurrente en orden a sostener que este Servicio no habría cumplido su labor fiscalizadora, por no ser efectivas dichas aseveraciones.

Alega que habiéndose constatado en la fiscalización de fecha 20 de marzo de 2015 la contravención de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera, la Dirección Regional procedió a solicitar la aplicación de sanción a la empresa minera, la cual se verificó a través de la Resolución Exenta N°1139, de 23 de abril de 2015, del Director Nacional del SERNAGEOMIN. Ahora bien, en relación a la alegación que la verificación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad minera diría relación con la existencia de un plan minero de la empresa aprobado por SERNAGEOMIN, cabe hacer que no se contempla en la legislación la obligación de presentar a la aprobación de SERNAGEOMIN un plan minero por parte de las empresas.

Arguye el recurrido que no corresponde a SERNAGEOMIN velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, puesto que existe un sector específico de la Administración del Estado dedicado a la protección del medio ambiente, tanto para la formulación y evaluación de políticas (Ministerio del Medio Ambiente); la administración del sistema de evaluación de nombre reservado el que tiene por objeto verificar que los impactos que un proyecto o actividad pueda generar se ajuste a la legislación vigente (Servicio de Evaluación Ambiental); y un órgano con competencias fiscalizadoras en esta materia (Superintendencia del Medio Ambiente), lo que refuerza los argumentos esgrimidos por esta parte en su defensa. En ese sentido sostiene que la Dirección Regional Zona Central ha actuado con estricto apego al principio de legalidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, así como en el artículo 2 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, refiere que en el caso Inmobiliaria Hacienda Lleu Lleu S.A. y otro con Fisco de Chile, se estableció como un parámetro de evaluación de la actuación de los servicios públicos, 'los medios de que disponen para ello". De esta manera, se debe hacer presente que la Dirección Regional Zona Central cuenta en total con 9 fiscalizadores, más 1 coordinador de seguridad minera, para fiscalizar la totalidad de las faenas mineras que existen en la región de Valparaíso y en la Región Metropolitana. Por lo que, como se ha expuesto en la letra A) de los Antecedentes de Hecho del punto III, la Dirección Regional Zona Central ha actuado excediendo el estándar de funcionamiento del Servicio, ya que habiendo tomado conocimiento de las denuncias efectuadas por el Sr. nombre reservado, se ha dispuesto personal a fin de efectuar las fiscalizaciones dentro del marco de su competencia, razón por la cual, la presente acción de autos no puede prosperar.

Sumado a lo anterior, y en relación a la adopción de medidas provisionales requeridas por el recurrente en su presentación de fecha 10 de abril de 2015, cabe señalar que, éstas sólo pueden adoptarse dentro del marco de competencia del Servicio y en el evento que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la decisión que se hubiere de adoptar en un procedimiento administrativo, si existen elementos de juicio suficientes para ello, Ahora bien, en relación a la solicitud de acceso a la información de fecha 22 de mayo de 2015, esta ha sido recientemente respondida por el Director Nacional del Servicio, sin embargo, en lo que respecta a las gestiones sobre las denuncias efectuadas, el Sr. nombre reservado fue informado en diversas oportunidades no existiendo por parte de esta dirección regional indiferencia respecto de los ciudadanos, además, existe un procedimiento administrativo especial para requerir la entrega de información, por lo que la presente acción de autos no es la vía idónea para estos efectos, no observándose de qué forma esta última circunstancia vulneraría alguno de los derechos fundamentales que alega la parte recurrente.

Finalmente, en relación a la normativa que señala como infringidas por la Dirección Regional de SERNAGEOMIN, se informa que no es de competencia de este Servicio velar por la correcta aplicación de la normativa de la Ley N°19.300 y del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, encontrándose facultado a adoptar medidas y desplegar acciones sólo respecto de las normas que se encuentran de su competencia, así como tampoco lo sería el conocimiento de eventuales infracciones al artículo 55 de la LGUC y a los artículos 71 y 72 del Código Sanitario no son materias objeto de la competencia de SERNAGEOMIN, por lo que no puede esta Dirección Regional adoptar medias o disponer fiscalizaciones fuera del ámbito de su competencia.

Ahora bien, en relación al supuesto o eventual incumplimiento de las normas mineras que regulan la actividad y que la parte recurrente esgrime como infringidas por no habérsele informado, cabe señalar que expone en su recurso que el sólo hecho de no contar con información sobre si la empresa minera titular de la faena Rosa 1 al 150 cumple con el artículo 78, 16 y 17 del Reglamento de Seguridad Minera, le permiten "estimar" un incumplimiento por parte de la Dirección Regional de la normativa sobre seguridad minera. Cabe señalar que no puede fundarse la acción de protección en situaciones hipotéticas o estimaciones que alegue la parte recurrente. Hace presente a. que a través del Oficio Ordinario N°1428, de 03 de agosto de 2015, se ha dado respuesta a la solicitud de acceso a la información del Sr. nombre reservado, por lo que a este respecto no existe una conducta de la Dirección Regional que pueda constituir una vulneración de las garantías que invoca.

En lo que respecta a la relación de causalidad, agrega que la misma recurrente expone en su recurso que es la conducta de la empresa minera la que afectaría sus derechos y garantías. Al respecto se hace presente que esta acción cautelar no es la vía idónea para que la parte recurrente busque la solución de aquellos conflictos jurídicos con la empresa minera cuya conducta le afectaría, la cual, además, no es sujeto destinatario de su acción cautelar.

Al no existir una acción u omisión por parte de la Dirección Regional Zona Central que sea arbitraria o Ilegal, y considerando que se ha actuado en el marco de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha delimitado como propias, no ha existido por parte de la Dirección Regional conducta alguna que vulnere en ninguna de las formas de afectación que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, que prive, perturbe o amenace los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, N°2, N°8, N° 21 y N°24, de los recurrentes así como respecto de sus trabajadores. Tampoco se advierte cómo las conductas que imputa la recurrente a esta Dirección Regional puede conculcar el bienestar físico, mental y social de la parte recurrente y de sus trabajadores, ya que esta es la forma en que entiende el ámbito de protección del artículo 19 N°1 de la CPR.

De igual forma, niega que se haya dado un tratamiento discriminatorio a la actividad agrícola con el objeto de fomentar la actividad minera. En efecto, se han efectuado las fiscalizaciones para atender las denuncias de la parte recurrente y se ha sancionó a la empresa al constatarse una contravención, esto demuestra que esta Dirección Regional no ha adoptado conductas que tiendan a favorecer a la empresa minera, sino que ha actuado con estricta sujeción a los principios de legalidad, de probidad e imparcialidad en su actuar, por lo que no es efectiva la vulneración a la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la CPR. En este mismo orden de ideas, no existe una conducta imputable a la Dirección Regional de SERNAGEOMIN que afecte el derecho del Sr. nombre reservado y de sus trabajadores a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, además, se hace presente que para que sea procedente la denominada acción de protección ambiental debe existir un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, circunstancia que no se ha verificado en la especie por lo que a este respecto la acción de autos tampoco puede prosperar.

Agrega que en la parte final del recurso expone el recurrente que de existir un ingreso al SEIA no se generaría la afectación de derechos que invoca, esto no es sino una demostración que no existe un correlato entre la conducta imputada a la Dirección Regional y los derechos que la parte esgrime como afectados, no siendo de competencia de esta Dirección Regional el requerir el ingreso de los proyectos o de sus modificaciones al SEIA, ya que el órgano competente para estos efectos es la Superintendencia del Medio Ambiente. En consecuencia, no existe por parte de la Dirección Regional Zona Central una acción u omisión arbitraria o ilegal que afecte alguno de los derechos que invoca la parte recurrente, actuando esta repartición dentro del marco de sus competencias y con sujeción a los principios y normativa que regulan su actuar. Por lo anterior y previas citas legales, pide rechazar con costas el recurso de protección deducido, por ser extemporáneo, por no ser ilegal ni arbitrario las actuaciones u omisiones impugnadas por esta vía, ni por no producir afectación a las garantías constitucionales señaladas por la parte recurrente.

A fojas 59 rola el informe de la Dirección General de Aguas, en el que se expresa que con fecha 06 de junio de 2014, la Sociedad Inversiones Río Perdido S.A. realizó una presentación donde se señala, en lo principal, la "intervención en la cuenca del estero Guayacán, bloqueándolo (...), tributario del río Ligua en sus inicios, con maquinaria pesada con movimientos de tierra, adulterando el normal escurrimiento de las aguas con destrucción de la cuenca natural y posible destrucción de pozo inscrito por sedimentación aguas abajo".

Asimismo indica que existe "intervención de la quebrada El Carrizo, con movimiento de tierra dentro del fundo con destrucción de cuenca natural y bosque nativo, Chucas, Litres, Espinos, además de destrucción de gaviones de gran envergadura sin autorización del dueño del predio". Dicha denuncia fue tramitada mediante el expediente administrativo FD-0501-29 y resuelto mediante la Resolución D.G.A. Región de Valparaíso (Exenta) N°2806 de fecha 21 de julio de 2014, la cual acoge la denuncia por haberse constatado la existencia de un muro de contención en el cauce de la quebrada El Carrizo según coordenadas que indica, sin autorización, lo que constituye una contravención a los artículos 32, 41 y 171 del Código de Aguas y sus modificaciones vigentes.

Añade que con fecha 28 de julio de 2014, el Señor nombre reservado, Gerente General de la Compañía Minera Cerro Negro S.A., presentó un Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución D.G.A. Región de Valparaíso (Exenta) N°2806 de fecha 21 de julio de 2014, antes mencionada, el cual se encuentra pendiente de resolución.

Sostiene que con fecha 06 de enero de 2015, dicho Servicio recibió una carta presentada por el Señor nombre reservado donde denuncia una serie de hechos, respecto de los cuales se informó al Señor nombre reservado, mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°179 de fecha 12 de febrero de 2015, que el requerimiento de evaluación ambiental de la DGA "Peralte Tranque de Relaves N°6 fue respondido mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°151 de fecha 06 de febrero de 2015.

Asimismo se le indicó que, con respecto a las denuncias de obras y/o faenas no autorizadas, que la Dirección General de Aguas tendrá las atribuciones y funciones que el Código de Aguas le confiere, y, en especial, planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales, con el fin de formular recomendaciones para su aprovechamiento; además de ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del Servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación. Por lo tanto, en caso de existir alguna obra que contravenga lo estipulado anteriormente, se adjuntó al oficio, el respectivo Formulario de Ingreso de Denuncias. Lo anterior, es debido a que no es posible detectar, en la información entregada por el Señor nombre reservado, algún asunto de competencia de este Servicio, por lo que la información presentada por el Señor nombre reservado, fue remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°260 de fecha 27 de febrero de 2015.

En respuesta al mencionado Ord., el Señor nombre reservado, presenta nuevamente una carta, donde adjunta el solicitado Formulario de Ingreso de Denuncia. Sin embargo, lo denunciado corresponde al "vertimiento de riles con posible contaminación de acuíferos". Es por ello que, mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°568 de fecha 04 de mayo de 2015, se reiteran las competencias del Servicio e indica las competencias en materias ambientales, informándole que los antecedentes presentados serán remitidos a los organismos que cuenten con competencia en las materias denunciadas. Lo anterior fue realizado mediante el Ord. D.G.A. Región de Valparaíso N°567 de fecha 04 de mayo de 2015. Por su parte, expone que mediante el Ord. D.S.C. N°824 de fecha 18 de mayo de 2015, la Superintendencia comunica a este Servicio, que ha tomado conocimiento de la denuncia deducida por el Señor nombre reservado en contra de la empresa Minera Cerro Negro S.A., por múltiples incumplimientos a la normativa de carácter ambiental.

A fojas 64 rola informe del SEREMI de Salud que da cuenta de los sumarios dirigidos en contra de la sociedad minera cerro negro.

A fojas 77 rola informe del Servicio Agrícola y Ganadero, el cual señala que; respecto a la actividad minera de Compañía Minera Cerro Negro, en el Sector El Cerrado, Provincia de Petorca, al momento de la visita se verificó la salida de agua proveniente del pique minero, la cual se infiltraba en el suelo, antes del comienzo de la pendiente hacia el sector bajo del predio. No se observó afectación visible de los Recursos Naturales, sin embargo no se pudo comprobar los parámetros fisicoquímicos de las aguas. Alude que ante los hechos constatados en el lugar, ninguno de ellos son de competencia de este Servicio, y que la carta denuncia, además incluía la denuncia a los servicios con competencias sobre los recursos afectados.

Respecto de los hechos constatados, y del análisis de éstos, solo recurría la posibilidad de una denuncia ante la SMA, por posible elusión, cuestión que fue realizada por SERNAGEOMIN.

En cuanto a la consulta sobre si la zona se ubica dentro del Sitio prioritario El Melón, de acuerdo a los antecedentes manejados por dicho Servicio, no está dentro de dicho Sitio, sin embargo, se sugiere solicitar información al Ministerio de Medio Ambiente, quienes tienen la autoridad sobre dichas áreas.

A fojas 79 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la extemporaneidad Primero: Que antes de entrar a conocer el fondo del asunto, esta Corte debe revisar la regularidad formal del procedimiento. En primer lugar, respecto al plazo establecido en el artículo 1º del Auto Acordado para interponer el recurso de Protección, el cual es de “treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimientos cierto de los mismos, lo que se hará contar en autos”.

Segundo: Que, sobre el particular, el recurrente indica que en atención a la naturaleza de las conductas imputadas – afectación de los derechos producidas a través de omisiones sostenidas en el tiempo-, el plazo se interrumpe, especialmente en materia de contaminación y vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puesto que la omisión conlleva una vulneración en el tiempo y no cesan.

Tercero: Que del mérito de los antecedentes que obran en custodia constan Actas de inspección de SERNAGEOMIN de 20 de marzo y 15 fde mayo de 2015 respectivamente, a la Compañía Minera Cerro Negro S.A., a efecto de proceder a la inspección/ verificación de la faena minera y sus instalaciones, señalándose en ésta última como observación que el productor expone que el dueño del predio superficial no le permite trabajar, dejando cerrado con rejas y candados campamento y polvorín; y que el productor minero tiene servidumbre de ocupación. Que asimismo, del oficio ordinario Nº 335 de 9 de febrero; Nº 754 de 25 de marzo y Nº 1476 de 3 de julio, todos del año 2015 se informa a la recurrente de la recepción por SERNAGEOMIN de las denuncias efectuadas, los cursos de acción a seguir como fiscalizaciones y otros; advirtiendo que pudieran existir hechos constitutivos de incumplimientos de la legislación ambiental o delitos contra el medio ambiente, se dió inmediato traslado de las mismas a la Superintendencia del medio Ambiente por corresponderle a su conocimiento.

Cuarto: Que en tales condiciones habiéndose interpuesto el recurso de protección recién el 15 de julio de 2015 como aparece del timbre de cargo puesto en el mismo, se desprende que el recurrente ha tomado conocimiento de los actos u omisiones que cree arbitrarios en esas fecha, por lo que la presente acción cautelar fue interpuesta fuera del plazo de 30 días corridos para su interposición, lo que obliga a desestimar el arbitrio jurisdiccional por ser extemporáneo.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva:

Quinto: Que, la recurrida SERNAGEOMIN, alega la falta de legitimación pasiva, por carecer de competencia la autoridad contra quien se recurre, en razón de los fundamentos del recurso. Al efecto, el recurrente esgrime una serie de omisiones cometidas por SERNAGEOMIN, las que hace consistir en que debido a las faenas de la compañía Minera Cerro Negro S.A. en que procesa el mineral se ha producido contaminación por haber sobrepasado el nivel de contaminantes permitidos por la normativa ambiental, elusión del ingreso del proyecto o modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en síntesis, en la falta de fiscalización por parte del recurrido en el cumplimiento de la normativa vigente, a saber: Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, artículo 10; artículos 16, 17 y 78 del Reglamento de Seguridad Minera, DS Nº 132/2004 del Ministerio de Minería; artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción; artículos 71 y 72 del Código Sanitario; Ley 19880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, artículos 4, 17 y 32 y, por último, artículo 20 de la Ley Nº20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Sexto: Que conforme los argumentos expuestos por el recurrente y la normativa que estima infringida, es dable señalar que corresponden la fiscalización de la normativa ambiental, a la Superintendencia del Medio Ambiente, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°20.417, por tanto, es competencia de dicho organismo: "ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros Instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley". Asimismo, dicha Superintendencia, conforme lo prescribe el artículo 3 letra i) de la referida norma, es el ente facultado para "requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley N° 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de nombre reservado correspondiente". Además la Superintendencia del Medio Ambiente puede requerir, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a los titulares de los proyectos que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental, que sometan al SEIA las modificaciones o ampliaciones de sus proyectos o actividades que, conforme al artículo 10 de la ley N° 19.300, requieran de una nueva Resolución de Calificación Ambiental.

Séptimo: Que, de esta manera, se aprecia que el acto arbitrario y/o ilegal fundante del presente recurso, esto es, las omisiones de fiscalización en que habría incurrido SERNAGEOMIN respecto de las faenas minera desarrolladas por la Compañía Minera Cerro Negro S.A. y don nombre reservado, empresario minero, no son imputables al recurrido, pues conforme el literal a) del artículo 3 de la Ley Nº 20.417 el organismo competente para efectuar la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental es la Superintendencia del Medio Ambiente, de este modo la fiscalización ambiental escapa a la competencia del ente recurrido, por lo cual -a juicio de esta Corte-, la presente acción cautelar no ha sido interpuesta contra la autoridad competente, careciendo de legitimación pasiva, requisito que obsta a su acogimiento.

En cuanto al fondo:

Octavo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Noveno: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Décimo: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Undécimo: Que, según lo previsto en el Decreto Ley Nº3525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, en su artículo 2 prescribe, entre otras funciones que: “Corresponderá al Servicio Nacional de Geología y Minería:1.- Asesorar al Ministerio de Minería en materias relacionadas con geología y minería; 8.- Velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores (…) ; 9.- Cumplir con las funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le asignen en la fiscalización del abastecimiento, distribución, almacenamiento y uso de los explosivos destinados a las actividades mineras”. Por otra parte al SERNAGEOMIN le corresponde velar por el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera, DS Nº72 de 1985 del Ministerio de Minería, el cual en su artículo 1 letra a) señala: “Proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha industria (…)”. Asimismo, el artículo 13 del mismo reglamento prescribe: “a) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y exigencias establecidas por el presente Reglamento”.

Duodécimo: Que, según los oficios ordinarios- N°335, de 09 de febrero de 2015; N°754, de 25 de marzo de 2015; y N°1476, de 03 de junio de 2015, consta que el recurrido informó al recurrente que había realizado dos visitas inspectivas. Que, además, según la Resolución Exenta Nº 1139 de 23 de abril de 2015, la Dirección Nacional del SERNAGEOMIN, producto de la fiscalización realizada con fecha 20 de marzo de 2015, constato la infracción a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera procediendo a aplicar sanción de multa a la empresa minera Compañía Cerro Negro por la contravención al Reglamento de Seguridad Minera, por lo que forzoso resulta concluir que el ente recurrido haya incumplido su deber de fiscalización y control de la normativa minera de acuerdo a sus funciones reglamentadas en el DL 3525 de 1980, como lo sostiene el recurrente, circunstancia que impide acoger la el presente arbitrio jurisdiccional, toda vez que no se ha cometido omisión arbitraria y/o ilegal, conforme como se ha razonado precedentemente.

Décimo Tercero: Que respecto a lo esgrimido en cuanto a obligación que tiene el ente recurrido de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental como se ha razonado en el motivo séptimo y undécimo de esta sentencia, escapa a la competencia del Servicio recurrido. Sin embargo, según consta del Oficio Ordinario Nº 29, de 08 de enero de 2015, la denuncia del recurrente sobre esta materia, fue derivada a la Superintendencia del Medio Ambiente, por ser este el organismo competente para fiscalizar los incumplimientos ambientales denunciados.

Décimo Cuarto: Que, según lo que se ha venido razonando, no existe por parte de la Dirección Regional Zona Central una acción u omisión arbitraria o ilegal que afecte alguno de los derechos que invoca el recurrente, toda vez que el Servicio Nacional de Geología y Minería ha actuado dentro de las facultades que la ley le otorga.

Por lo anterior y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 1, por don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, tanto por ser extemporáneo, por falta de legitimación pasiva y en cuanto al fondo de su contenido, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Rol Protección 2673-2015.

No firma el Abogado nombre reservado Sr. Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. Rosa Aguirre Carvajal, quien la preside, Sra. nombre reservado Sr. Carlos Fuentes Puelma.

En Valparaíso, catorce de septiembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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