nombre reservado con nombre reservado

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece don Juan Ignacio Barria Leiva, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso, en nombre y representación de don nombre reservado, Independiente, con domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso.

Señala que su representado forma parte de una comunidad de origen convencional con el recurrido, dicha comunidad tiene como único inmueble la propiedad individualizada como: “RESTO O PARTE NO TRANSFERIDA DEL SITIO QUINCE”, PORYECTO DE PARCELACIÓN EL ARRAYÁN, COMUNA DE CATEMÚ, propiedad de tipo agrícola, de una superficie aproximada de mil setecientos ochenta y cinco coma cincuenta metros, propiedad que antes tenía una extensión de dos mil ochocientos metros cuadrados, cuya cabida fue reducida como consecuencia de sucesivas regularizaciones vía D.L 2695.

El inmueble está amparado en el Rol de Avalúos de Servicio de Impuestos internos, número 52-171, reinscrito a Fojas N°212 vta, N°196, año 2018 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Llay-Llay, ubicado en el sector de EL ARRAYAN, comuna de Catemu, que según su título presenta los siguientes deslindes: Al Norte, con Sitio Trece y Catorce; al Sur, con Parcela Cinco; al Oriente, con reserva, camino de por medio; y Poniente, con Parcela Cinco. Lo adquirieron por compra a doña nombre reservado, según escritura pública de compraventa otorgada ante el Notario Suplente de San Felipe, Juan Cortes Michea, a cuatro de octubre del dos mil cuatro.

El título de dominio anterior del inmueble rola inscrito a fojas 2063 número 2413, Registro de Propiedad del año de 1993, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.

La propiedad en cuestión fue subdividida; la subdivisión predial cuenta con autorización número sesenta de la Secretaria Regional Ministerial, del Ministerio de Agricultura de la Quinta Región, de 13 de marzo de 2019, la que fue archivada con el número 384 en el Registro de Documentos del año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Llay-Llay.

Por su parte tiene resolución de aprobación número dos de dos de marzo de dos mil veinte de la Dirección de Obras y la Ilustre Municipalidad de Catemu, la que fue archivada con el numero mil trescientos ochenta y tres en el Registro de documentos de año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Llay-Llay.

En cuanto al dominio del recurrente, señala que lo adquirió por compra a doña nombre reservado.

Respecto de la privación, amenaza o perturbación de los derechos consagrados en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, en primer lugar, alega vulnerado el derecho de propiedad, el cual se ve conculcador por cuanto el recurrido ha desplegado una serie de conductas que afectan la esencia de ese derecho en cuanto a su ejercicio, en concreto, al uso, goce y disposición atributos inherente al dominio:

Indica que el recurrido ha prohibido el ingreso al inmueble antes individualizado a su representado, limitación de facto que priva el legítimo uso de los bienes que componen la comunidad, privación que atenta claramente con toda la regulación legal, constitucional que regla la relación entre comuneros en cuanto a que los comuneros puede hacer uso de los bienes comunes, sin privar el legítimo derecho de los comuneros restantes.

Expresa que existe la construcción de un muro de panderetas que impide y obsta el paso al sitio o lote que se adjudicó de común acuerdo entre las partes, la construcción de ese muro construido de forma completamente arbitraria, además violenta priva a su representado de su legítimo derecho a acceder al inmueble es cuestión. Otro elemento que impide u obsta el legítimo derecho de los comuneros a la propiedad es el portón de acceso al inmueble en cuestión. Todas esas conductas, implican el despliegue de una serie de actos absolutamente lesivos de derechos fundamentales, arbitrario e ilegal.

Añade que los actos del recurrido son rotundamente ilegales y arbitrarios que dependen solamente de la voluntad de estos, incumpliendo objetiva y expresamente el estatuto jurídico tanto legal, como constitucional que regla la propiedad en todas sus formas, privando de hecho de las facultades propias del dominio, sin justificación, ni explicaciones algunas.

Agrega que, además de ser perjudicado en su salud el recurrente – y de su familia- debido a no poder acceder a al inmueble cuyo derecho detenta, se suman reiterados los malos ratos, la aflicción, la tristeza e impotencia de no poder disponer de manera y tranquila de los inmuebles cuyos derechos detenta, afectándolo además psicológicamente.

Por lo anterior, estima vulneradas sus garantías constitucionales correspondientes a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, contemplados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por el acto arbitrario e ilegal del recurrido consistente en arrogarse el dominio absoluto del inmueble individualizado del cual son comuneros, impidiéndole, entorpeciéndole y perjudicándole el acceso a ellos a su representado, ejerciendo una serie de conductas que coartan privan y perturban su legítimo derecho y además, tomando en sus manos la administración de éstos, específicamente, la cosecha de los nogales.

Indica que la administración de los bienes comunes debe realizarse de consuno, ejerciendo su legítimo derecho sobre los bienes, sin privar de su legítimo ejercicio a ninguno de los herederos. En consecuencia, la actuación de facto del recurrido, alteran el status jurídico existente y ha perturbado el legítimo derecho de propiedad de la recurrente respecto de los bienes que tiene en comunidad con el recurrido, derecho garantizado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, por lo que sus actuaciones deben ser calificadas de arbitrarias e ilegales.

Pide, en definitiva, se ordene al recurrido, hacer cesar todo tipo de impedimento en contra de su mandante, para el uso y goce del inmueble aludido, así como también, el cese de todo tipo acto que implique la explotación o disposición fuera del mandato tácito y recíproco entre los comuneros, respecto de dichos inmuebles, o en su defecto, se ordene adoptar todas las medidas que según el criterio de SS. sean conducentes a restablecer el imperio del derecho, y resguardar la debida protección de las garantías fundamentales de su mandante, abriéndose la servidumbre de paso que permita el acceso desde la vía pública y ordenándose la demolición del muro que impide el acceso a dicha servidumbre, con expresas costas del recurso.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 7, evacúa informa el recurrido nombre reservado, señalando que es dueño del sito denominado “Lote UNO” de la subdivisión del predio rural “resto o parte no transferida del sitio 15 del proyecto de parcelación el Arrayan”, ubicado en sector el Arrayan de la comuna de Catemu.

Con fecha 12 de agosto de 2022, mediante compraventa con nombre reservado, adquierió la propiedad colindante a la anteriormente referida, correspondiente al SITIO A, resultante de la subdivisión del inmueble que se encuentra ubicado en el lugar El Arrayan, pasaje Uno sin número Catemu. Dicha propiedad se encuentra inscrita a fojas 1294 vta., N° 1158 del registro de propiedad de bienes raíces.

Indica que inmediatamente después de comprar la propiedad referida, con fecha 22 de agosto de 2022, cerco su terreno con panderetas (conforme a los deslindes que dice su escritura). Desde aquella fecha, el recurrente ha efectuado hostigamientos, insultos y amenazas.

Alega que el recurrido no ha efectuado acto arbitrario e ilegal alguno, pues no existe una servidumbre de paso entre el lote del recurrente y recurrido, situación que se puede constatar con el certificado de hipotecas y gravámenes que acompaña y las inscripciones respectivas en el Conservador de Bienes Raíces. A mayor abundamiento, el recurrente tiene una vía de ingreso, de acceso público a su propiedad, por tanto la acción que intenta impetrar el recurrente carece de fundamento razonable alguno.

Agrega que en el año 2019, la Corte de Apelaciones de Valparaíso se pronunció frente a un recurso de apelación que versaba sobre acción civil de cerramiento entre los antiguos dueños del inmueble, RIT N°C-2717-2017 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe.

En cuanto al derecho, alega en primer lugar la extemporaneidad de la acción impetrada, señalando que el actor parece desconocer o ignorar los requisitos para intentar una acción constitucional de protección, esto es, la oportunidad legal para su interposición, afirmando que el recurso es manifiestamente extemporáneo, ha transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días corridos contados desde el cercamiento de la propiedad, 22 de agosto de 2022.

En segundo lugar, alega la improcedencia de la acción constitucional, señalando que los fundamentos en que se sustenta la acción impetrada, carecen de veracidad, toda vez que: 1.- El cercamiento de la propiedad privada no requiere autorización de los vecinos; 2.- No existe una servidumbre de paso entre los lotes referidos por el recurrente; 3.- El recurrente refiere que la construcción del cierre perimetral de su representado es un acto arbitrario e ilegal. Basta para enervar tal aserto la propia definición de domino del artículo 582 del Código Civil.

Indica que el actor no expone en qué consiste la ilegalidad cometida por el recurrido al cercar un inmueble propio, no invoca norma alguna en la que se limite tal facultad, y el cerramiento del inmueble se encuentra dentro de los actos que el señor o dueño puede ejecutar, derecho que se encuentra garantizado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de La República.

Expresa que el recurrente siempre ha tenido una vía de ingreso a su propiedad, adjuntando fotografías que nada determinan, intentando instaurar la convicción de que su representado realizó un actuar arbitrario e ilegal, y si lo que pretende el recurrente es controvertir el derecho de propiedad del recurrido, en el evento de encontrarse legitimado activamente, dispone de todas las acciones tutelares del dominio para que sea la judicatura civil quien se pronuncie al respecto.

En consecuencia, el recurrido al cercar su vivienda solo ejecutó un acto de señor y dueño sobre una propiedad cuya titularidad no se encuentra controvertida ni total ni parcialmente. Que este acto al emanar de las facultades del Derecho de Dominio se encuentra amparado y protegido por el derecho común y la Constitución Política de La República. Por ende, el acto de cerramiento no puede ser calificado como ilegal o arbitrario.

Además no se ha invocado norma jurídica alguna que impida al recurrido cercar su propiedad, no se ha demostrado la titularidad de ningún derecho real ni personal del recurrente sobre el inmueble de su representado, que pudiera servir de sustento a una supuesta vulneración del derecho de propiedad. Asimismo no concurren en la especie los requisitos necesarios para que este recurso pueda prosperar, toda vez que ningún derecho fundamental ha sido conculcado ni amenazado al recurrente quien goza plenamente de acceso a camino y/o calle pública.

Fundamental es considerar que el recurso de protección no es una instancia declarativa de derechos sino que constituye una vía rápida que tiene por objeto proteger determinadas garantías constitucionales indubitadas, no siendo este el caso.

De la sola exposición del asunto planteado por la parte recurrente, aparece con total nitidez que el litigante discute acerca de los deslindes de su predio, sin acompañar más que un set de fotografías que no dan fe alguna de su disminuido argumento jurídico.

Pide en definitiva, el rechazo del presente recurso, por no existir actos u omisiones arbitrarios o ilegales atribuibles al recurrido, por no existir afectación de derechos fundamentales del recurrente, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentos al informe.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la extemporaneidad:

Primero: Alega el recurrido la extemporaneidad del recurso, por cuanto el cercamiento de la propiedad se efectuó en el mes de agosto de 2022, y el recurso fue interpuesto con fecha 9 de febrero de 2023, por lo que la acción resulta del todo extemporánea.

Segundo: Que la alegación de extemporaneidad será desestimada, teniendo presente que, si bien consta la fecha de la compraventa efectuada en los términos que plantea la recurrida esta no da cuenta del cierre del terreno en cuestión por medio de las panderetas que plantea la recurrente, cuestión que fue posterior a lo antes señalado, acto que se califica de ilegal y arbitrario y que produce efectos permanentes en el patrimonio de la parte recurrente, ya que el acto que alega conculcatorio de sus derechos, sigue produciendo efectos, por lo que será desestimada dicha alegación.

II. En cuanto al fondo:

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, consta que el acto impugnado y reprochado al recurrido consiste en el cierre del acceso hacia el inmueble individualizado como “Resto o parte no transferida del sitio quince, proyecto de parcelación el arrayán, comuna de Catemu”, y que según dichos del actor, sería de propiedad de la comunidad convencional que tiene con el recurrido, en calidad de propietarios, materializados por la construcción de un muro al predio, en el mes de agosto de 2022, prohibiendo el ingreso a el del actor, afectando con dicha conducta la garantía contemplada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que la recurrida al evacuar su informe, expresa que construyó el muro en cuestión, en su calidad de dueño y poseedor del inmueble, de manera pacífica y acorde a derecho, por lo que en su concepto el presente recurso sería improcedente al no existir ilegalidad alguna en su actividad que pueda ser catalogada de arbitraria e ilegal y protegida por la presente acción cautelar.

Sexto: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en la especie no consta que el derecho que reclama la recurrente sea preexistente e indubitado, sin perjuicio de otras acciones que pueda intentar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado por nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad N°Protección-2668-2023.

En Valparaíso, ocho de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.