nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en representación y en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., por el rechazo de su solicitud de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156 de 18 de marzo de 2026.

Sostiene que, la documentación acompañada no cumplía con los requisitos de legalización o apostilla exigidos por la normativa vigente. Sostiene que tal negativa constituye un acto ilegal y arbitrario, toda vez que los documentos presentados —en particular la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales— son verificables en línea a través del portal oficial del IVSS, lo que los dotaría de plena validez. Agrega que la imposibilidad de obtener la legalización consular obedece al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, que no puede redundar en perjuicio del recurrente. Estima, en consecuencia, que la conducta de la recurrida vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Finalmente, solicita tener por interpuesto el recurso de protección, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, y disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud dentro del plazo de cinco días o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Carta de rechazo de la solicitud de devolución de fondos; 2) Cédula de identidad del recurrente; 3) Contrato de trabajo y anexo; 4) Título profesional apostillado; y 5) Constancia Electrónica de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones, refiere que, el señor nombre reservado no registra ante dicha institución reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar. No obstante, para dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, expone el marco normativo aplicable, señalando que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción que debe interpretarse restrictivamente y que solo autoriza la devolución de fondos previsionales cuando se acreditan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

En cuanto a los documentos presentados por el recurrente, la Superintendencia advierte que la primera Constancia Electrónica de Cotizaciones fue emitida el 10 de enero de 2026 con vigencia hasta el 31 de enero de ese mismo año, de modo que a la fecha de la solicitud ante la AFP —18 de marzo de 2026— dicha certificación se encontraba vencida. Respecto de la segunda constancia, indica que el documento no consigna en forma específica las coberturas con que cuenta el trabajador ni un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de manera genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional venezolano, siendo por ello insuficiente para acreditar el cumplimiento de la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Asimismo, la Superintendencia precisa que, conforme a su jurisprudencia administrativa contenida en los Oficios N°s 21.480 de 2017, 23.208 de 2023 y 3.141 de 2024, los documentos deben ser emitidos por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, debidamente legalizados o apostillados, señalando que el cierre de la Embajada venezolana no hace imposible dicho trámite, el que puede realizarse a través de consulados de terceros países o mediante plataformas oficiales habilitadas. Lo anterior fue ratificado mediante el Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, dirigido a todas las Administradoras. Finalmente, indica que los Tribunales Superiores de Justicia, incluida la Excelentísima Corte Suprema, han rechazado de manera consistente recursos de idéntica naturaleza.

A folio 7, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. Señala que, el recurso de protección resulta jurídicamente improcedente, por cuanto el recurrente no ha sido objeto de privación, perturbación ni amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal en el ejercicio de sus derechos. Sostiene que, lo pretendido supone el ejercicio de un derecho cuyo reconocimiento requeriría de un juicio de lato conocimiento, siendo la acción cautelar intentada manifiestamente inadecuada para ese fin.

Agrega que, el 5 de marzo de 2026 el señor nombre reservado presentó ante la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando copia de cédula de identidad, copia de título profesional cuya apostilla no pudo ser validada, contrato y anexo de trabajo, una declaración jurada ante el notario Bernardo Iturra Muñoz de 22 de enero de 2026, y una Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS de 10 de enero de 2026, carente de firma responsable y de apostilla. El 12 de marzo de 2026, la Fiscalía de la Administradora emitió el informe legal FDE N° 237/2026, concluyendo que no se habían acreditado los requisitos copulativos exigidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, comunicándose el rechazo al recurrente el 18 de marzo de 2026.

Argumenta que, la referida ley constituye una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, y que la Superintendencia de Pensiones —organismo fiscalizador competente— ha instruido de manera reiterada y uniforme que la cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante certificación de la entidad de seguridad social correspondiente, debidamente apostillada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Agrega que, la verificación en línea del documento no constituye el mecanismo de validación reconocido por el ordenamiento jurídico chileno, y que la situación política de Venezuela no configura una imposibilidad absoluta de obtener la apostilla requerida. Invoca jurisprudencia uniforme de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y Valparaíso, así como de la Excelentísima Corte Suprema, que ha rechazado recursos de idéntica naturaleza.

Finalmente solicita, rechazar en todas sus partes el recurso deducido en contra de AFP Hábitat S.A., con expresa condena en costas.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Antecedentes presentados por nombre reservado de 5 de marzo de 2026; 2) Informe legal emitido por la Administradora; 3) Oficio Ordinario N° 24.472 de la Superintendencia de Pensiones de 26 de octubre de 2015; y 4) normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula la devolución de fondos a extranjeros, disponible en el sitio web de dicho organismo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que, el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión no se encuentra acreditada toda vez que no ha sido posible verificar la apostilla, además el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

2° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que el actor no cumple con las exigencias necesarias para acceder a su petición, por cuanto la apostilla del título profesional del actor no pudo ser verificada, la Constancia Electrónica de Cotizaciones Previsionales adjunta no se encontraba vigente, carecería de firma, no se encontraría apostillada ni legalizada, y no acreditaría en forma suficiente y específica la cobertura previsional requerida. Del mismo modo, sostiene que la declaración jurada acompañada tampoco sería un medio idóneo para tales efectos, por no emanar de la autoridad previsional competente.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, sin perjuicio que en esta sede no se acreditó que el actor detente la calidad de técnico o profesional extranjero, corresponde tener presente que el reparo específico formulado por la recurrida para rechazar la devolución solicitada se centró en la forma de acreditación de la afiliación previsional extranjera, al estimar que la documentación acompañada carecía de aptitud suficiente por cuanto no se encontraba apostillada ni legalizada, no estaba firmada y no daba cuenta, en forma específica, de las coberturas previsionales exigidas por la Ley N°18.156.

En relación con dicho punto, y de acuerdo con los documentos que obran en la carpeta electrónica, la Constancia Electrónica de Cotizaciones tenía vigencia hasta el 31 de enero 2026 y el actor realizó su solicitud el 5 de marzo de 2026, además no reviste utilidad suficiente para tener por cumplida la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, desde que dicho instrumento se limita a dar cuenta, en términos generales, de la afiliación del actor al sistema previsional extranjero y de su calidad de asegurado, sin consignar de manera específica que cuenta con cobertura por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que prestó servicios en Chile, ni precisar el alcance de dichas prestaciones. A ello se suma que el documento carece de firma, no se encuentra apostillado ni legalizado, y su eventual valor probatorio no puede suplirse por la sola posibilidad de verificación electrónica invocada por la recurrente, máxime si se trata de acreditar un presupuesto de excepción cuyo cumplimiento debe constar en forma fehaciente, y sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Por otra parte, la declaración jurada acompañada junto con la solicitud de 5 de marzo de 2026, tampoco resulta idónea para estos efectos, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen, única habilitada para certificar la efectiva cobertura previsional exigida por la ley. De este modo, aun ciñéndose al motivo concreto de rechazo invocado por la recurrida, no aparece acreditado que el actor haya cumplido suficientemente con el requisito relativo a la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero en los términos exigidos por la normativa aplicable.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2661-2026.