nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S A

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que el recurrente solicitó, a través del portal web de la administradora recurrida, la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de profesional extranjero y acompañando antecedentes destinados a acreditar su afiliación a un régimen de seguridad social en Venezuela, su país de origen, y su voluntad de mantener dicha afiliación.

Señala que la AFP rechazó la solicitud, argumentando que debía acompañar certificado de afiliación apostillado y que no se habría acompañado contrato de trabajo. Reclama que esto último no sería efectivo, pues afirma haber acompañado dicho antecedente al efectuar la solicitud, razón por la cual estima que el rechazo carece de sustento fáctico y jurídico.

Sostiene que la recurrida desconoce la normativa especial aplicable, al exigir la apostilla de la documentación previsional extranjera, pese a que -según expone- es de público conocimiento la imposibilidad que tendrían los nacionales venezolanos de acudir a representación consular para tales efectos, incorporando así un requisito adicional no previsto en la Ley N°18.156.

Agrega que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la que, según afirma, puede ser verificada en el sitio web oficial de dicho organismo mediante código de validación y también por consulta asociada a su cédula de identidad venezolana. Indica que dicha constancia da cuenta de su afiliación al sistema de seguridad social de Venezuela y que la AFP habría omitido verificarla por los medios disponibles.

Refiere, además, que la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente y que, si aquello no se estimare suficiente, acompañó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada. Añade que otras administradoras habrían aceptado documentación similar mediante verificación electrónica, lo que evidenciaría, a su juicio, un trato desigual y una interpretación excesivamente formalista de la normativa.

Afirma que la actuación de la recurrida sería ilegal y arbitraria por exigir requisitos no contemplados expresamente en la Ley N°18.156, por rechazar la solicitud sin una motivación suficiente y por desconocer documentos que, según sostiene, permitirían acreditar su afiliación previsional extranjera y la procedencia del retiro.

Estima vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedírsele disponer de fondos previsionales que estima de su propiedad y al imponérsele exigencias que considera no aplicadas a otros solicitantes.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se disponga un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 25 de febrero de 2026 el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando documentación destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la que fue revisada por la Administradora, concluyéndose que no satisfacía las exigencias concurrentes de la normativa vigente.

En particular, señala que el reparo se vincula con el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, relativo a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero durante todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante documentación válida, vigente y verificable conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Indica que, para acreditar dicho requisito, el actor acompañó una declaración jurada y una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”; sin embargo, sostiene que ninguno de esos documentos resulta idóneo. Respecto de la declaración jurada, afirma que constituye un documento unilateral del propio interesado, que no emana de la autoridad previsional competente del país de origen, de modo que carece de valor suficiente para acreditar cobertura previsional extranjera.

En cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sostiene que carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada y no acredita cobertura real y efectiva por todos los riesgos previstos en la Ley N°18.156 durante todo el período trabajado en Chile, limitándose a indicar semanas cotizadas y a efectuar una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolana.

Agrega que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, y que las AFP deben aplicar obligatoriamente las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar la normativa previsional. En ese sentido, sostiene que acceder a la devolución sin que el afiliado acredite todos los requisitos legales importaría desconocer las instrucciones del ente fiscalizador y generar un trato desigual respecto de otros solicitantes.

Añade que la exigencia de legalización o apostilla se funda en la normativa sectorial y en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, sin que la verificación electrónica mediante código supla tales formalidades. Asimismo, indica que las eventuales dificultades para obtener apostilla o legalización no habilitan a la Administradora para prescindir de requisitos legales o administrativos obligatorios.

Finalmente, afirma que el rechazo no priva al recurrente de la propiedad sobre sus fondos, los que permanecen en su cuenta individual y podrán destinarse a los fines previsionales previstos en el D.L. N°3.500, ni constituye una decisión definitiva, pues puede subsanar la documentación y presentar nuevamente su solicitud. Por ello, concluye que no existe acto ilegal o arbitrario ni vulneración de las garantías de igualdad ante la ley o derecho de propiedad.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones. Señala, como cuestión previa, que el recurrente no hizo uso del procedimiento administrativo previsto para resolver controversias entre afiliados y AFP, por lo que no existe expediente administrativo previo ni antecedentes distintos de los acompañados por la propia parte recurrente.

En cuanto al fondo, expone que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional y de interpretación restrictiva, que permite la exención o devolución de fondos previsionales sólo si se acreditan íntegramente los requisitos del artículo 1°, entre ellos, la afiliación a un régimen previsional extranjero con cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Respecto del caso concreto, indica que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no se encuentra legalizada ni apostillada, careciendo de valor probatorio en Chile. Añade que el código de verificación electrónica no suple las solemnidades exigidas para instrumentos extranjeros.

Agrega que dicho documento sólo describe de manera genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin señalar las prestaciones específicas de que gozaría el recurrente, ni acreditar cobertura efectiva, vigente y continua durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Sostiene, además, que la declaración jurada acompañada tampoco resulta idónea, por tratarse de una manifestación del propio interesado y no de una certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen.

Finalmente, concluye que, al no acreditarse fehacientemente la cobertura previsional extranjera, no se configura la hipótesis excepcional que autoriza la devolución, por lo que rige la regla general del sistema previsional chileno, sin que ello importe desconocer la propiedad del afiliado sobre sus fondos, los que permanecen afectos a su finalidad previsional.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de ingeniero industrial, y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con la Sociedad Industrias Cleaner Chile S.A. el 1 de noviembre de 2021, de carácter indefinido, para desempeñarse como operario, estableciéndose en la cláusula tercera que el trabajador acepta y autoriza al empleador para que realice una serie de descuentos, entre otros, “los demás descuentos por cotizaciones previsionales e impuestos o retenciones judiciales que procedieren”. Posteriormente celebró una actualización de contrato de trabajo con la citada empresa, el 1 de abril del año 2025, de carácter indefinido, para desempeñarse como analista de aseguramiento de calidad y desarrollo, y finalmente, el 1 de enero de 2026, celebró un nuevo contrato para desempeñarse en la misma calidad, consignándose en su cláusula tercera su autorización para que el empleador realice “los demás descuentos por cotizaciones previsionales e impuestos o retenciones judiciales que procedieren”.

3° Mediante anexo de contrato de 8 de enero de 2026 el recurrente manifestó su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional venezolano, para de este modo solicitar la devolución de fondos previsionales que hubiere depositado en Chile, declarando las partes que la modificación que han convenido rige a contar de la fecha del contrato de 1 de noviembre de 2021.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en no haberse acompañado certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ni el contrato de trabajo de 1 de noviembre de 2021.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerada como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurado del recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2660-2026.