nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales solicitado al amparo de la Ley N° 18.156, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 24 de febrero de 2026, la recurrente solicitó el retiro de sus ahorros previsionales en su calidad de técnico extranjero, siendo notificada del rechazo el 06 de marzo de 2026 bajo el argumento de que la constancia de cotización electrónica y la declaración jurada presentadas no serían documentos idóneos. Señala que la actora cumple íntegramente con los requisitos del artículo 1° de la citada ley, esto es, tener la calidad de técnico, estar afiliada a un régimen de seguridad social en el extranjero que otorgue prestaciones de salud y pensión, y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Sostiene que la recurrida realiza una interpretación formalista y caprichosa al exigir que la certificación de afiliación se encuentre apostillada o legalizada, requisito que no está contemplado expresamente en la ley. Alega que es un hecho público y notorio la imposibilidad material de obtener documentos apostillados debido a la crisis institucional en Venezuela y la falta de representación diplomática en Chile. Argumenta que la autenticidad del certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) puede ser validada mediante medios tecnológicos directos y de acceso público proporcionados por dicha entidad. Asevera que este actuar afecta su derecho de propiedad sobre fondos que le pertenecen y el principio de igualdad ante la ley, al imponer barreras irrazonables que no se exigen a otros administrados.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se reconozca la validez de la documentación acompañada y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos de pensión solicitados.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Refiere que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y, por tanto, debe interpretarse de forma restrictiva. Indica que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que la certificación extranjera esté debidamente legalizada o apostillada para tener valor probatorio en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Sostiene que una declaración jurada no es un instrumento idóneo para suplir la certificación de la autoridad competente. Añade que la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema ha ratificado la legalidad de exigir la apostilla, aun tratándose de certificados electrónicos con código de verificación, por lo que pide el rechazo de la acción.

A folio 7, evacúa informe nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. Opone como excepción que la acción de protección no es la vía idónea por tratarse de una materia de lato conocimiento y existir un derecho dubitado. Argumenta que su actuar se ajusta estrictamente a las instrucciones de la Superintendencia, las cuales obligan a verificar la cobertura específica en el país de origen (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante todo el periodo laboral en Chile. Menciona que el documento del IVSS es genérico y carece de firma y apostilla. Agrega que la recurrente posee residencia definitiva y es propietaria de un inmueble en Chile, lo que implica que el retiro de fondos podría convertirla en una carga futura para el Estado bajo el sistema de pensiones solidarias. Finalmente pide el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

A folio 8, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en estos autos se impugna la decisión de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., notificada a la recurrente el día seis de marzo de dos mil veintiséis, que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley 18.156, sosteniendo la actora haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que, para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen o de representación consular actuando como tal, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad prestaciones médicas y pecuniarias, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada en autos no cumple con dichas exigencias por no estar firmada, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo. A su vez, AFP Provida S.A. sostiene que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, citando oficios recientes de la Superintendencia, que han descartado expresamente tanto constancias electrónicas sin apostilla como declaraciones juradas suscritas en Chile.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7 de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley.” Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado Constancia Electrónica de Cotizaciones, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, y la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor no exime al recurrente del cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, salvo que el legislador establezca expresamente lo contrario.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no es idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, ya que dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, la recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156; sin que el rechazo de la presente acción obste a que, en el evento de subsanar los defectos formales de su documentación, pueda volver a presentar su solicitud ante la administradora, tratándose por tanto de un acto administrativo que no genera indefensión definitiva.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2658-2026.