Protección contra Marcia Ximena Marchant Farías

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de agosto de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1 comparece Rodrigo Silva Guzmán, abogado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en favor de Sebastián Alonso Astuya Chaparro, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Marcia Ximena Marchant Farías, abogada, domiciliada en domicilio reservado, por los actos que califica de ilegales y arbitrarios consistentes en efectuar diversas publicaciones en su cuenta de la red social Twitter con el objeto de insultarlo e imputarle una serie de conductas delictuales, denunciando la vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales uno y cuarto del artículo 19 de la Carta Fundamental Refiere que mediante las publicaciones, se le imputa ser una persona violenta, que la agrede física y psicológicamente, tanto a ella como a su familia, indicando que es un psicópata, publicando fotografías de correos electrónicos enviados por el recurrente, señalando la cuenta de la misma red social que él mantiene, con mención de su nombre y datos, e incluso exponiendo el logo de su empresa, describiéndolo como maltratador, abusador y violento.

A continuación transcribe dos publicaciones, las que son del siguiente tenor: “AMIGOS, HAY DOS CUENTAS @jorgeparra y @sebastianastuya QUE SÓLO BUSCAN VIOLENTARME, EL SEGUNDO ES MI EX MARIDO QUE DESDE SIEMPRE ME VIOLENTA Y BUSCA ME DESPIDAN DE MI TRABAJO… EL OTRO ES SU CÓMPLICE EN TODO! PIDO AUXILIO, SIENTO MIEDO Y MUCHA VERGUENZA”, y “@jorparra GOLPEADOR DE MUJERES QUE SE HACE EL CORRECTO! A TODOS MIS SEGUIDORES, ÉSTE SE HACE PASAR POR EL RECHAZO Y VIOLENTA A SUS PAREJAS Y AYUDA A MI EX MARIDO A HACER LO MISMO. AMO ESTA VIDA POR SOBRE TODAS LAS COSAS, A MIS HIJOS, MIS PADRES, CON ESO ME BASTA! DIOS NOS AMPARE SIEMPRE! NUNCA HE HECHO ESTO, PERO TEMO POR MI VIDA, MI EX MARIDO CADA DÍA MÁS VIOLENTO NO DEJA VIVIR @sebastianastuya, PIDO AYUDA @sernamegchile, @PDI_CHILE, AYUDA”, aclarando que luego se precisó que la cuenta correcta del recurrente era “@sebastuya”. Indica que además se agregan varias fotografías del correo, nombre y logo del recurrente, obtenidas de comunicación privada entre ambos, lo que ha sido compartido con muchas personas más, que lo ha llevado incluso a recibir mensajes por parte de otros usuarios de la red social, alusivos a los dichos de la recurrente, que califica de absolutamente falsos.

Refiere que la recurrida con su actuar ha vulnerado la Ley 19.628 y el artículo 161 letra a) del Código Penal, al compartir los datos del recurrente y además al haber compartido conversaciones privadas entre ellos. De esta manera se han lesionado sus garantías constitucionales contempladas en los numerales 1 –en lo relativo a la integridad psíquica- y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ello porque se ha visto afectado su estado de ánimo, ha sufrido miedo y estrés al ser objeto de estos ataques y además se ha atacado públicamente su reputación como persona, padre de dos hijos y abogado.

Solicita que se acoja el presente recurso y en definitiva se reestablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida que dentro de segundo día de ejecutoriado el fallo, elimine de su cuenta de Twitter y de cualquier otra, toda referencia al recurrente, debiendo abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del mismo tenor o cualquier otro tipo de imputación, con costas.

A folio 13 comparece Marcia Ximena Marchant Farías, abogada, quien informa al tenor del recurso deducido en su contra, solicitando el rechazo del mismo.

Indica que los mensajes cuestionados por el recurrente, sólo fueron “un pedido de auxilio o de ayuda” por cuanto el grado violencia del recurrente hacia ella, ya es insostenible. Para contextualizar lo anterior, refiere que el 17 de julio pasado, el recurrente le envió correos electrónicos a ella y al correo electrónico de la empresa constructora de su familia, en los que señalaba que no pagaría la pensión alimenticia debido a que “supuestamente mi amante, el Diputado Pedro Velásquez, lavaba su ropa en mi casa”, lo que además publicó en la misma red social Twitter y en un medio de comunicación de la comuna de Concón. Luego se refiere a una serie de episodios ocurridos entre las partes, desde la separación ocurrida el 28 de diciembre de 2018, relatando incluso un episodio de violencia física sufrido por ella en el mes de septiembre de 2019. Agrega que desde esa fecha, el recurrente se ha dirigido violentamente en contra de ella y de su familia, por correos electrónicos y otros medios para amedrentarla, transcribiendo el siguiente correo electrónico recibido en el mes de enero del año en curso: “VOY A HACER CAGAR AL FLETO DE TU HERMANO Y TE VOY A QUITAR LOS NIÑOS PARA QUE TE CUELGUES Y SE ACABA EL PROBELA. WEONA INFIEL. TE VOY A HACR CAGAR CON EL CULPOSO. HASTA RODRIGO Y nombre reservado A DECLARAR PUTA ASQUEROSA” (sic), lo que motivó una denuncia por amenazas efectuada ante la Policía de Investigaciones.

Finalmente expone que solicita el rechazo con costas de la presente acción, por ser temeraria, en el entendido que los dichos expresados por ella en la red social Twitter fueron un “mecanismo de defensa que surtió efecto”, ya que ha dejado de “molestarla”.

A folio 15 se ordenó traer estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que, la imputación de hechos deshonrosos y en este caso delictivos, por parte de una persona en contra de otra por medio de las llamadas redes sociales, afecta sin duda alguna los derechos de las personas imputadas, en particular su derecho a la honra, resguardado por el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto:: Que lo recién expuesto, no impide que quien se sienta afectado por lo que suponga hechos agraviantes o delictivos que le hayan perjudicado, inicie las acciones jurisdiccionales que estime de rigor, pero no cabe otorgar a nadie el derecho de juzgar y condenar por sí, mediante una imputación imposible de refutar, y además de amplia difusión hechos seriamente reprochados y reprochables a nivel social y penal, porque eso implica no solo un acto de autotutela sino, precisamente porque no permite ninguna defensa, y porque se difunde de manera eficiente, una vulneración a los derechos constitucionales antes referidos que resulta ilegal, porque la ejerce quien no tiene derecho a ello y sin previo proceso, y arbitraria porque resulta imposible establecer o calificar alguna fundamentación efectiva que la sostenga, como no sea dando por ciertas sus imputaciones, que es precisamente lo que no puede hacerse cuando no ha mediado otra cosa que la afirmación de la recurrida, sin ningún proceso legal de por medio.

Sexto: Que, en el recurso se pide la eliminación de todas las publicaciones efectuadas por la recurrida y que además en el futuro se abstenga de realizar nuevas publicaciones, por lo cual, cabe acoger el recurso y ordenar que se eliminen o cancelen todas las referencias que aquélla ha efectuado a través de la plataforma indicada, en las que impute hechos infamantes o delictivos al recurrente, debiendo abstenerse en lo sucesivo de incurrir en conductas similares quedando a salvo sus acciones para denunciar y perseguir lo que estime conveniente, por las vías jurisdiccionales pertinentes.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se acoge, con costas, el recurso deducido en favor de Sebastián Alonso Astuya Chaparro, y en contra de Marcia Ximena Marchant Farías, ordenándose a la recurrida que se eliminen o cancelen todas las referencias que ha efectuado a través de la plataforma indicada, que impute hechos infamantes o delictivos al recurrente, debiendo abstenerse en lo sucesivo de incurrir en conductas similares.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-26147-2020.