nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, médico, de nacionalidad venezolana, RUN N°RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos del actor, actuación ilegal y arbitraria que vulnera los derechos fundamentales del actor, garantizados en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, don nombre reservado, médico de nacionalidad venezolana, solicitó a la recurrida en el mes de abril de 2025, la devolución de fondos previsionales de conformidad a las normas de la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado por la AFP. Agrega que, mediante correo electrónico de 23 de abril del presente año, la administradora informó las razones del rechazo de su solicitud, señalando que no procede hacer devolución de las cotizaciones previsionales enteradas, ya que el título profesional de médico cirujano, otorgado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, fue acompañado como fotocopia simple, requiriéndose documentación en formato original o como fotocopia legalizada ante notario, y tampoco queda claro que se encuentra apostillado, pues no se individualiza al documento que se apostilla.

Además, el rechazo se funda en que si bien el anexo suscrito con el empleador Corporación Municipal San Fernando, de 1° de abril de 2025, contiene una cláusula de manifestación de voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional extranjero, esta señala que la devolución correspondería sólo desde esa fecha, y no previamente.

Indicó que también se rechazó la solicitud al no haberse acreditado que el afiliado se encontrare cubierto por un sistema de seguridad social extranjero, durante toda su estadía en Chile, especificando que la cobertura debe incluir prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad, conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156.

Finalmente, señala que el rechazo se funda en que no acompañó la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Alega que la AFP rechaza arbitrariamente su solicitud, pese a haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 18.156, acompañando el contrato de trabajo, anexo, constancia electrónica de cotizaciones al IVSS, título profesional apostillado y declaración jurada ante notario, pero estima que la recurrida exige requisitos que no están establecidos expresamente en la ley, lo que constituye un actuar arbitrario e ilegal, especialmente considerando que la apostilla sí individualiza el documento, mediante código QR verificable en línea.

Reclama que se encuentra imposibilitado de obtener legalización consular, debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, constituyendo una situación de fuerza mayor que impide el cumplimiento de dicha formalidad. Además, argumenta que la constancia electrónica de cotizaciones es completamente verificable a través de medios tecnológicos en la página oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pudiendo accederse al documento original mediante código de verificación.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, y se proceda a emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, dentro de cinco días.

Acompaña carta de rechazo de AFP Cuprum, de 23 de abril de 2025 y documentos indicados en el libelo que fueron acompañados en la solicitud de retiro de fondos.

A folio 7, informa José Felipe Aguilera Navarro, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien explica que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del DFL N°101, de 1980 (Estatuto Orgánico de la Superintendencia), y el artículo 47 de la Ley 20.255 (Ley que establece Reforma Previsional), se encuentra habilitada para dictar normas e instrucciones de carácter general, las que, sistematizadas en el Compendio de Normas de Pensiones, revisten carácter obligatorio para todas las Administradoras.

Refiere que, mediante la Circular N°553, la Superintendencia de Pensiones estableció el procedimiento aplicable para ejercer el derecho a la devolución de fondos previsionales, conforme a la cual los afiliados interesados deben suscribir ante la respectiva Administradora el formulario titulado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156”, debiendo la Administradora exigir la presentación de documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales, la cual deberá encontrarse debidamente legalizada.

Indica que, con fecha 23 de abril de 2025, la Administradora rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente por incumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, toda vez que, el recurrente no acompañó documentación que acredite que se encuentra cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte;

Respecto de la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sostiene que esta no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuenta con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias, siendo que el artículo 1° letra a) de la Ley 18.156, exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen que le otorgue este tipo de prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que se encuentra establecido por la Superintendencia, conforme al Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016.

Por otro lado, sostiene que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, citando el Oficio Reservado N° 25.057, de fecha 29 de diciembre de 2023, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establece que “(…) la documentación pertinente que sirva para acreditar los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”. Indica que el recurrente ha acompañado únicamente una copia legalizada de su Constancia Electrónica de Cotizaciones, en la cual, el Notario certifica que el documento presentado es copia fiel del original que tuvo a la vista, pero que dicha certificación no constituye una legalización en los términos exigidos por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la alegación de fuerza mayor o caso fortuito, sostiene que esta institución no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio, citando el Oficio Ordinario N°6.948 de fecha 22 de abril de 2025, que establece que todos quienes tengan la calidad de trabajadores técnicos o profesionales extranjeros “sin excepción de su país de origen” deben acreditar el cumplimiento de todas las exigencias copulativas establecidas en el artículo 1° de la Ley18.156.

Niega haber obstaculizado el proceso de solicitud de retiro de fondos mediante una interpretación errónea de la normativa, sosteniendo que actuó conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones mediante diversos oficios.

Pide el rechazo del recurso y acompaña respuesta a solicitud de devolución de fondos.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugno el rechazo de parte de la recurrida AFP Cuprum S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente desde el uno de enero de dos mil veinticinco al uno de abril del mismo año, fundado en que el recurrente cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, pero se le estaría exigiendo documentación que le es imposible de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informando señaló, en síntesis, que su actuar no fue arbitrario ni ilegal, dado que el recurrente no acreditó el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En efecto, el título profesional acompañado consistió en una fotocopia simple cuya apostilla no era verificable; además, el anexo de contrato adicionado que incluyó la cláusula que manifestaba que el trabajador optaba por el sistema previsional extranjero, era de fecha uno de abril de dos mil veinticinco; por último, expresó la recurrida que no se acreditó que el actor estuviera cubierto, durante su estadía en Chile, por el sistema de seguridad social extranjero, no contando con la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el recurrente no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso que le permitirían acceder a lo solicitado. En efecto, si bien el título profesional de médico cirujano del actor, se puede verificar en línea mediante el código QR que contiene la apostilla, con todos los datos necesarios para vincularlo con el título del actor, el recurrente presentó un anexo de contrato de trabajo de uno de abril de dos mil veinticinco, en el que manifestó su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional extranjero. Sin embargo, ha solicitado fondos que provienen de cotizaciones pagadas por su empleador en periodos anteriores a la modificación del contrato, de modo tal que no es procedente obtener dichos fondos que emanan de épocas anteriores a la manifestación de voluntad del actor en orden a mantenerse afiliado al sistema de su país de origen.

Quinto: Que, de lo expuesto, se aprecia que la recurrida ha rechazado la solicitud de fondos del actor, conforme a la normativa contenida en la Ley 18.156, lo que lleva a rechazar el presente arbitrio por contener, dicha decisión, los fundamentos de hecho y de derecho suficientes para su adopción.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2599-2025.

No sujeta a anonimización.