nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representado por Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, quien interpuso recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de 27 de febrero de 2026.

Señala que, ingresó la solicitud acompañando los antecedentes que estima exigidos por la normativa vigente. No obstante, lo anterior, el 3 de marzo de 2026, recibió comunicación electrónica de la recurrida informándole que su solicitud había sido rechazada, por cuanto el certificado de afiliación a una institución de seguridad social fuera de Chile debía encontrarse debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante ello, el recurrente dedujo reclamo administrativo ante la Superintendencia de Pensiones, adjuntando nuevamente la constancia electrónica del IVSS como único documento disponible para acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano, junto con una carta explicativa dando cuenta de la imposibilidad material de apostillar el documento. Finalmente, el 5 de marzo de 2026, la Superintendencia instruyó a la AFP mantener su criterio.

Sostiene el recurrente que el acto impugnado vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, por cuanto la Ley N° 18.156 no contempla la exigencia de apostilla, y que la imposibilidad de obtenerla configura un caso fortuito o fuerza mayor, tornando el rechazo en manifiestamente arbitrario e ilegal.

En virtud de lo expuesto, solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, ordene a la recurrida dar curso a la solicitud de retiro y efectúe la devolución íntegra de los fondos previsionales dentro del plazo que se determine.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) comprobante de solicitud de retiro; 2) cédula de identidad para extranjeros del recurrente; 3) constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de 2026; 4) comunicación de rechazo de ProVida S.A. de 3 de marzo de 2026; 5) reclamo ante la Superintendencia de Pensiones; 6) respuesta de rechazo de 5 de marzo de 2026; 7) título profesional apostillado, contratos con sus anexos; y 8) certificado de residencia.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones. Señala que, el 3 de marzo de 2026, el recurrente dedujo reclamo ante esa institución mediante Consulta Web N° 3907/2026, impugnando el rechazo de su solicitud de devolución de cotizaciones previsionales en calidad de técnico extranjero. Dicho reclamo fue respondido mediante EM N° 3047/2026 de 4 de marzo de 2026, y el 5 de marzo de 2026 se recepcionó carta de AFP ProVida S.A. explicando las causales de rechazo.

Agrega que, la normativa chilena establece como regla general la obligación de cotizar en el país donde se prestan servicios, siendo la Ley N° 18.156 un régimen de excepción de aplicación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal. En ejercicio de sus facultades de interpretación administrativa, ha establecido que para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a) del referido artículo, el trabajador debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, que consigne en forma específica la protección para todos los riesgos contemplados en la ley durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Precisa que, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple tales exigencias, por cuanto no ha sido firmada, no se encuentra apostillada ni legalizada, y no especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Finalmente, indica que siendo Chile y Venezuela Estados Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe prescindir de dicha exigencia.

En virtud de lo expuesto, solicita a esta Ilustrísima Corte tener por cumplido lo ordenado.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) consulta Web N° 3907/2026 de 3 de marzo de 2026; 2) respuesta EM N° 3047/2026 de 4 de marzo de 2026; y 3) carta de AFP ProVida S.A. de 5 de marzo de 2026.

A folio 7, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

La recurrida sostiene, en primer término, que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y carácter contradictorio, toda vez que el recurso de protección fue concebido como un mecanismo de amparo para derechos indubitados, circunstancia que no concurre en la especie.

Señala que su actuar se ha ajustado estrictamente a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Agrega que, 3 y 5 de marzo de 2026, se rechazó la solicitud del recurrente por cuanto la constancia electrónica de cotizaciones aportada no cumple con los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, en particular porque el documento no se encuentra firmado por quien lo emite, no especifica en forma particular las coberturas con que cuenta el afiliado, no indica un período determinado de cobertura, y no se encuentra apostillado ni legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Señala que, conforme al Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que adolezcan de tales deficiencias no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero contemplado en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Asimismo, hace presente que los contratos de trabajo de 2 de enero de 2019 y 1 de septiembre de 2019 nada señalan respecto del régimen previsional, y que recién en los anexos de fechas 28 de agosto de 2019 y 1 de octubre de 2021 el trabajador manifestó su voluntad de mantenerse afiliado al régimen previsional extranjero. Añade además que el recurrente posee cédula de identidad chilena, residencia permanente en Chile e incluso un inmueble en el país, circunstancias que comprometen la finalidad de la norma excepcional invocada.

En virtud de lo anterior, solicita a esta Ilustrísima Corte rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) copia del Oficio Ordinario N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 17 de julio de 2025; 2) copia del Oficio N° 21.880 de la Superintendencia de Pensiones de 17 de noviembre de 2025; 3) sentencias de la Excelentísima Corte Suprema que respaldan el actuar de ProVida S.A.; y 4) Sentencias de diversas Ilustrísimas Cortes de Apelaciones del país que rechazan la entrega de fondos previsionales en casos de técnicos extranjeros que no cumplen la normativa vigente.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haber acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2586-2026.