nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros deducida por la recurrente que le fue comunicada el 25 de abril de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, solicitó la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros bajo ciertas condiciones. Indica que, presentó constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de Seguridad Social, debidamente notariada y apostillada, pero la recurrida rechazó su solicitud argumentando que dicho certificado se encontraba vencido.

Argumenta que, este rechazo constituye un acto ilegal y arbitrario, pues la normativa especial no exige que el certificado tenga una vigencia determinada, sino únicamente que el trabajador extranjero esté afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen. Manifiesta que, la constancia presentada puede ser verificada mediante su código alfanumérico 145900443-2025309 en la web oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social, lo que la recurrida omitió. Añade que, es un hecho de público conocimiento la imposibilidad actual de los nacionales venezolanos de obtener documentación consular actualizada debido a la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Sostiene que, otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como Cuprum, han aceptado documentación similar en casos análogos, lo que evidencia un trato desigual hacia ella. Alega que, esta situación vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, pues se le impide disponer de sus fondos previsionales mediante la incorporación de requisitos no contemplados expresamente en la ley.

Concluye solicitando que, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación presentada, realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión dentro de un plazo razonable.

A folio 9, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. Señala en primer término, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

En cuanto al fondo, argumenta que, por mandato legal, está impedida de destinar los fondos previsionales a fines distintos de financiar pensiones, salvo las excepciones legales. Agrega que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos específicos para la devolución de fondos a técnicos extranjeros, los cuales la recurrente no cumplió en su totalidad.

Precisa que, rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Asevera que ha actuado conforme a la normativa vigente, sin causar agravio ni afectar garantías constitucionales de la actora.

Solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condena en costas.

A folio 12, informa la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que no registra reclamo alguno de la recurrente respecto a los hechos que motivan la acción cautelar. Expone que, según la normativa aplicable, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional para trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Precisa que, entre estos requisitos se encuentra el estar afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que, la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional, que el trabajador extranjero demuestre haber contado con un seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. Indica que, dicha acreditación debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Argumenta que, la documentación presentada por la recurrente, esto es, la declaración jurada y certificado electrónico no apostillado, no resulta idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional. Sostiene que, el certificado electrónico no señala las coberturas específicas con que cuenta la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, además de no encontrarse firmado ni apostillado conforme a la normativa aplicable.

Concluye señalando que, no cuenta con antecedentes que permitan determinar que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 13, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros deducida por la recurrente que le fue comunicada el 25 de abril de 2025, fundado en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada la cual se encontraba vencida según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que, el recurrido informa en síntesis que por mandato legal está impedido de destinar los fondos previsionales a fines distintos de financiar pensiones, salvo las excepciones legales expresamente establecidas. Señala que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos específicos para la devolución de fondos a técnicos extranjeros, los cuales la recurrente no cumplió en su totalidad, rechazando la solicitud debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

A su turno, la Superintendencia de Pensiones señala que no registra reclamo alguno respecto a los hechos que motivan la acción cautelar. Agrega que la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional para trabajadores extranjeros que cumplan los requisitos de la Ley N°18.156. Argumenta que la documentación presentada por la recurrente no resulta idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, pues el certificado electrónico no señala coberturas específicas, no permite inferir período de cobertura y no está firmado ni apostillado.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N°18.156, establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”. A su turno, el artículo 7°, prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”.

Quinto: Que, en el caso en examen, la recurrente no acreditó haber acompañado oportunamente ante la recurrida el certificado de afiliación vigente legalmente apostillado que permita acreditar que se encuentra afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito indispensable para acceder a la devolución de fondos previsionales pretendida conforme con la norma transcrita precedentemente.

Sexto: Que, la recurrente ha acompañado ante esta Corte una constancia electrónica de cotizaciones, y no un certificado de afiliación al instituto respectivo, debidamente apostillado como exige la norma. Asimismo, el documento agregado expresamente indica que: "El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 30 del mes de Abril de 2025", encontrándose vencido por disposición expresa de la propia autoridad emisora al momento de interponerse la presente acción.

Séptimo: Que, respecto al argumento de la recurrente relativo a que la constancia presentada puede ser verificada electrónicamente cabe señalar que dicho mecanismo de verificación electrónica resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero, los cuales deben cumplir con las formalidades de legalización o apostilla para producir efectos legales en Chile, y además, deben encontrarse vigentes según las condiciones establecidas por la propia autoridad emisora.

Octavo: Que, en estas circunstancias, no se advierte que el actuar de la recurrida constituya un acto ilegal o arbitrario, pues se ha ceñido a las normas legales y administrativas que regulan la materia, exigiendo el cumplimiento de requisitos expresamente establecidos en la ley, sin que pueda apreciarse una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, motivos por los cuales la acción intentada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Núñez, quien estuvo por acoger la acción deducida, para el sólo efecto que la recurrida de curso a la tramitación de dicha solicitud, dictando la resolución que en derecho corresponda, en base a las siguientes consideraciones:

1°) Que, si bien la normativa invocada exige, como regla general, que los documentos públicos otorgados en el extranjero sean presentados debidamente legalizados o apostillados para tener mérito en Chile, esta exigencia tiene como propósito fundamental cautelar la autenticidad y veracidad de tales instrumentos.

2°) Que, en el presente caso, la recurrente ha sostenido y acreditado en su presentación que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad de manera directa en el portal web oficial de dicha entidad previsional.

3°) Que, en este contexto, la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones de no tramitar la solicitud, ateniéndose a un requisito formal, cuya finalidad puede ser satisfecha por otros medios tecnológicos idóneos resulta arbitraria. Por otra parte, la verificación de autenticidad corresponde a la etapa de ponderación, resultando improcedente un examen de admisibilidad no contemplado en la normativa sectorial.

4°) Que, además, la actuación de la recurrida, al imponer una barrera meramente formal, perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que asiste la recurrente sobre sus ahorros previsionales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2584-2025.