Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S

Jepv.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolana, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 25 de febrero de 2026, emitida por la recurrida, en que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que esta Corte estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley.

Señala que, mediante la comunicación señalada, se le informa que no se dio lugar a su solicitud, por existir una doble e incompatible manifestación de voluntad entre su contrato de trabajo y los anexos del mismo en referencia a su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen; desde que el documento acompañado como certificado de seguridad social de su país de origen no cumple con los requisitos para dar lugar a la solicitud, desde que el mismo no contaría con las coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidas por la normativa y no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, por lo que carece de validez legal en el país.

Indica que de los antecedentes acompañados al recurso, consta, en primer lugar, que no existe la contradicción que la recurrida aduce, desde que su lectura conjunta permite inferir que, por una parte, el trabajador manifiesta su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, y la segunda, que no obstante lo anterior, cumplirá con la obligación legal de cotizar en el sistema chileno; y en segundo lugar, que los certificados para acreditar la afiliación al sistema, no obstante carecer de la apostilla que le habría sido exigida, pueden ser verificados digitalmente en la página web del servicio emisor; y que la exigencia de legalización resulta excesiva e imposible de cumplir en atención a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando, que la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 señala que, para la procedencia de la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Al respecto, la jurisprudencia administrativa del Servicio ha establecido que para acreditar dicho requisito, el trabajador debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Así, hace presente que el documento acompañado por la actora no acredita debidamente el cumplimiento del requisito aludido, desde que no expresa que, durante la prestación de servicios en Chile, la recurrente haya contado con un seguro por todos los riesgos señalados en la letra a) artículo 1° de la Ley N° 18.156, ni tampoco que le haya otorgado una cobertura de salud integral en su país de origen, que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias, limitándose a certificar la afiliación de la recurrente sin una referencia expresa a una protección efectiva y continua durante el período trabajado en nuestro país, redactada en forma genérica; y, a mayor abundamiento, el mismo no se encuentra legalizado y apostillado, por lo que carece de validez legal en nuestro país.

Por otra parte, respecto del requisito de la letra b) de la norma citada, esto es, que en el contrato de trabajo se manifieste la voluntad del trabajador de mantener la afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, hace presente que, conforme a la jurisprudencia del servicio, si la voluntad expresada en el contrato y sus anexos es contradictoria, la devolución resulta improcedente.

En el caso en comentario, el contrato de trabajo señala que se encuentra afiliado al Sistema Previsional del D.L. N° 3.500, sujetándose en consecuencia al régimen previsional chileno, pero el anexo agrega que mantendrá su afiliación al sistema previsional extranjero; lo que corresponde a una contradicción en os términos expresados, y en consecuencia, no se daría cumplimiento al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la ley 18.156, pues la actora no habría manifestado de manera indubitable que su voluntad era mantener solamente su afiliación en algún régimen de previsión o seguridad social en su país de origen.

A folio 9, evacua informe AFP Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso, e indicando, que mediante la comunicación atacada no se dio lugar a la solicitud de la recurrente, por cuanto el certificado de afiliación que se acompaña no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, no siendo suficiente a efectos de subsanar dicha falta la existencia de una declaración jurada notarial de la actora. Por otra parte, aún de considerarse válida dicha documentación, ella no señala que la solicitante ostente cobertura por las prestaciones exigidas por la normativa por todo el tiempo de la relación laboral, y por tanto, no sirve para dar cumplimiento a la normativa vigente.

Por otra parte, señala, en cuanto al requisito de la letra b) del artículo 1° de la ley del ramo, la documentación acompañada por la recurrente no permite tener por acreditado la existencia de una manifestación de voluntad consistente y unívoca durante ltoda la relación laboral en orden a mantener su afiliación al sistema previsional extranjero, desde que el anexo acompañado no deroga la cláusula de afiliación al sistema previsional chileno.

Refiere que se ha ceñido rigurosamente a las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones en esta materia, indicando que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente arbitrio, se ataca de ilegalidad y arbitrariedad la comunicación de 25 de febrero de 2026, emitida por la recurrida, en que se le informa el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales. conforme a la ley N° 18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Segundo: Que, al informar la recurrida, señala que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación acompañado por la solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo carece de mención específica sobre la cobertura de prestaciones de salud, sean médicas o pecuniarias, y no señala el período de cobertura de las prestaciones legales en el caso de la recurrente.

Tercero: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que la actora presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no cumple con los requisitos necesarios para dar lugar a su solicitud en conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 18.156, desde que el mismo no expresa la cobertura de prestaciones que la norma indica por el lapso de vigencia de la relación laboral; y por otra parte, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Cuarto: Que, por otra parte, y en cuanto al cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1° de la ley en comentario, debe destacarse que, si bien el anexo de contrato acompañado indica que la actora manifiesta su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social extranjero, manifiesta de la misma forma su voluntad, en el contrato principal, de mantenerse afiliada al sistema previsional chileno, sin que se haya expresado en la primera de las declaraciones la voluntad de restar validez a la segunda, de modo tal que, como ha señalado la jurisprudencia, existiendo una manifestación de voluntad equívoca en este sentido, debe entenderse incumplido el requisito en comentario.

Quinto: Que, en este orden de cosas, careciendo el documento acompañado de valor probatorio, en razón de las circunstancias anotadas en el considerando precedente, y no cumpliéndose suficientemente con el requisito de manifestar una voluntad inequívoca de mantenerse la recurrente afiliada al sistema previsional de su país de origen, lo cierto es que no se cumplen los requisitos de la Ley N°18.156 para la procedencia del retiro de fondos solicitado, de lo que se sigue que el presente arbitrio debe ser desechado.

Sexto: Que, sin perjuicio de que el rechazo sostenido por la recurrida se funda en la insuficiencia de los documentos acompañados a su solicitud, en el caso de autos aparece que el recurrente no se encuentra en la hipótesis contemplada en el artículo 7° de la Ley N°18.156, toda vez que del mérito de la copia de la cédula de identidad acompañada al recurso aparece que tiene permanencia definitiva, lo que contraría la lógica de la ley referida a trabajadores extranjeros que en Chile desempeñan labores remuneradas por un período de tiempo acotado o de manera transitoria. Por otro lado, tampoco se acreditó el ejercicio de las labores técnicas exigidas en el cuerpo legal referido.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1 en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2549-2026.

En Valparaíso, cuatro de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.