nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, don Enrique Williams Jofré Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por su Director Regional, y en contra de la Subcomisión Valparaíso COMPIN Región de Valparaíso, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-UME-25232-2026, de fecha 24 de febrero de 2026, que ordenó mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 79403770-1, 80889000-3, 81918126-8, 83483316-6, 86114276-0, RUT reservado, RUT reservado, 92702883-2, 94426242-3, RUT reservado, 97690120-7, extendidas por un total de 620 días de reposo, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que padece diversas patologías médicas debidamente diagnosticadas, entre ellas hipertensión, hipotiroidismo, escoliosis lumbar, hipersensibilidad y fibromialgia, las cuales requieren tratamiento médico continuo, motivo por el cual su médico tratante le ha extendido diversas licencias médicas con el objeto de resguardar su estado de salud y permitir su recuperación.

Señala que las licencias médicas rechazadas corresponden al periodo comprendido entre el 31 de mayo de 2022 y el 12 de enero de 2024. Indica que, inicialmente, la COMPIN rechazó dichas licencias limitándose a indicar "reposo injustificado", decisión que luego fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante la resolución impugnada, invocando la causal de "reposo no justificado", sin solicitar nuevos antecedentes médicos ni practicar diligencias para mejor resolver.

Alega que la actuación de la autoridad administrativa resulta ilegal y arbitraria, pues vulnera la normativa sobre el derecho a subsidio por incapacidad laboral, artículo 149 y siguientes del Código del Trabajo, Ley N°19.880, Ley N°16.395 y Decreto Supremo N°3 de 1984, al carecer de fundamentación suficiente y no sustentarse en antecedentes médicos objetivos ni en un análisis racional de los mismos. Argumenta que la recurrida no se hizo cargo de los antecedentes clínicos acompañados ni dispuso de medidas, como las facultadas por el artículo 21 del D.S. N°3 y el artículo 34 de la Ley N°19.880, para desvirtuar la necesidad del reposo prescrito.

Argumenta que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1 de la Constitución), al desconocer un tratamiento médico y exponerla a un agravamiento de su salud, además de generarle angustia e incertidumbre económica. Asimismo, asevera que se vulnera su derecho de propiedad (artículo 19 N°24 de la Constitución), al privársele ilegítimamente del subsidio por incapacidad laboral al que tiene derecho, afectando gravemente su subsistencia.

Concluye solicitando que se admita a tramitación el recurso, se acoja en todas sus partes, se deje sin efecto el acto administrativo singularizado que rechaza sus licencias médicas, reconociendo su validez y el derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral respectivo, y que la Superintendencia de Seguridad Social ordene el pago de las mismas, o en subsidio decrete el o los peritajes pertinentes para determinar la procedencia o no de la licencia médica rechazada, dictando en su oportunidad una nueva resolución que cumpla con la debida fundamentación, o las providencias que la Corte estime conforme a derecho.

A folio 8, evacúa informe doña Andrea Mercedes Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Expone que opone la excepción de extemporaneidad de la acción, argumentando que la recurrente tuvo conocimiento del rechazo de las licencias médicas, a más tardar, el 28 de julio de 2025, fecha en que presentó su tercera solicitud de reconsideración ante la Superintendencia, interponiendo el recurso de protección recién el 25 de marzo de 2026, excediendo con creces el plazo de 30 días, y que las reclamaciones posteriores no suspenden ni otorgan un nuevo plazo. En subsidio, alega la improcedencia de la acción, por estimar que la materia versa sobre un derecho a la seguridad social, artículo 19 N°18 de la Constitución), el cual se encuentra excluido del ámbito de protección de esta acción cautelar.

En cuanto al fondo, señala que no ha existido un actuar ilegal ni arbitrario. Indica que el rechazo se fundamenta en que el reposo prescrito carece de justificación clínica suficiente, al no acreditarse una incapacidad laboral temporal, dado que la patología osteomuscular que afecta a la recurrente ha sido declarada de carácter crónico, irreversible e irrecuperable. Agrega que la actora cuenta con tres trámites de calificación de invalidez rechazados ejecutoriados en 2022, 2023 y 2024, con un 34% de menoscabo, lo que reconoce la presencia de lesiones crónicas, no justificando la prolongación del reposo más allá de los 506 días previamente autorizados.

Argumenta que, según el D.F.L. N°1 de 2005 y los Decretos Supremos N°3 de 1984 y N°7 de 2013, la licencia médica es un beneficio esencialmente temporal para recuperar la salud, requisito que no se cumple cuando la incapacidad no es modificable con reposo, por lo que no corresponde autorizar nuevas licencias ni el pago de subsidios, respaldando su decisión en la evaluación técnica de sus profesionales médicos y de la COMPIN. Añade que sus resoluciones están debidamente motivadas y que ha actuado en ejercicio legítimo de sus competencias legales de fiscalización (Ley N°16.395 y Ley N°20.585).

Asevera que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas, puesto que no ha impedido el acceso a la salud de la actora y el derecho de propiedad sobre los subsidios sólo nace cuando se cumplen los requisitos legales, incluyendo la autorización de la licencia médica, lo que no ocurre en la especie, constituyendo el recurso una pretensión de revisar fundamentos médicos técnicos que escapan de la vía cautelar.

Finalmente pide tener por evacuado el informe, acoger las alegaciones previas o, en subsidio, rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

A folio 16, evacúa informe don Gonzalo Alonso Jaque Lara, abogado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso.

Señala que, según los registros, la recurrente presenta licencias médicas a contar de junio de 2020 hasta febrero de 2024, acumulando un total de 713 días autorizados. Indica que las licencias médicas reclamadas fueron rechazadas por la COMPIN en base a la causal "R-42 Patología irrecuperable con previo TPI rechazado por igual diagnóstico y MCT menor a 50%", fundado en informes médicos solicitados y en los registros de Trámites de Pensión de Invalidez (TPI) ejecutoriados en 2023 y 2024, con un 34% de menoscabo.

Afirma que dio cumplimiento a la normativa (D.S. N°7 de 2013 y D.S. N°3 de 1984), solicitando informes médicos complementarios, los cuales fueron analizados por profesionales de la Contraloría Médica, quienes determinaron que el reposo prolongado era injustificado debido al carácter crónico e irrecuperable de la patología.

Argumenta que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, pues las resoluciones de la COMPIN se han dictado en ejercicio de sus facultades, en un procedimiento reglado, y se encuentran fundadas técnica y administrativamente. Añade que el recurso pretende suplantar las facultades de evaluación médica entregadas a la administración, y reitera que la mera presentación de una licencia médica no genera un derecho indubitado al descanso y al subsidio, hasta su respectiva autorización.

Finalmente pide tener por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas.

A folio 18, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la alegación de extemporaneidad de la acción formulada por la Superintendencia de Seguridad Social:

Primero: Al respecto, cabe tener presente que el acto administrativo específicamente impugnado en estos autos corresponde a la Resolución Exenta N°R-01-UME-25232-2026, dictada con fecha 24 de febrero de 2026, mientras que la presente acción constitucional fue deducida el 25 de marzo del presente año. Sin perjuicio de las actuaciones administrativas previas, resulta innegable que la decisión de mantener el rechazo de las licencias médicas y la consecuente negativa al pago de los respectivos subsidios por incapacidad laboral genera consecuencias económicas y de salud que se mantienen actuales y vigentes. Tratándose de una actuación que continúa produciendo sus efectos de manera permanente y continua en el tiempo, el plazo para recurrir establecido en el Auto Acordado respectivo se renueva día a día, motivo por el cual la acción se entiende interpuesta de manera oportuna, debiendo, por tanto, rechazarse la alegación de extemporaneidad.

II. En cuanto a la alegación de improcedencia de la acción formulada por la Superintendencia de Seguridad Social:

Segundo: Que, la alegación de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social será desestimada, toda vez que, si bien el conocimiento y resolución de las licencias médicas pertenece al ámbito de la seguridad social, las actuaciones impugnadas también afectan garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, específicamente la integridad física y psíquica de la recurrente.

III.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la Resolución Exenta N°R-01-UME-25232-2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de diecisiete licencias médicas emitidas a la recurrente, argumentando falta de fundamentación y análisis de los antecedentes clínicos aportados; solicitando que se deje sin efecto el acto impugnado, reconociendo la validez de las licencias y ordenando su pago, o en subsidio, se decreten los peritajes pertinentes para dictar una nueva resolución fundada.

Quinto: Que, las recurridas informan que el rechazo se ajusta a derecho y carece de arbitrariedad, fundamentándose en que el reposo es injustificado por recaer sobre una patología crónica e irrecuperable, con un tiempo de reposo previo autorizado que supera los 506 días y con tres dictámenes de calificación de invalidez previos que determinaron un 34% de menoscabo. Argumentan que, dada la naturaleza temporal del beneficio, el reposo ya no contribuye a la recuperación, cumpliendo la administración con la debida motivación técnica exigida por la normativa vigente, descartando vulneración a las garantías constitucionales.

Sexto: Que, el inciso primero del artículo 1° del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, define la licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

Séptimo: Que, de la norma transcrita, se desprende que la licencia médica es un beneficio de carácter eminentemente transitorio o temporal, cuya finalidad es que el trabajador recupere su salud y pueda, de esta forma, reincorporarse a su actividad laboral.

En consecuencia, si la dolencia que aqueja a la recurrente tiene el carácter de crónica e irrecuperable, la incapacidad para trabajar no es susceptible de ser modificada con el reposo prescrito en la licencia médica.

Octavo: Que, en el presente caso, de la revisión de los antecedentes acompañados, en especial de los informes evacuados por las recurridas, se colige que el rechazo de las licencias médicas extendidas a favor de la actora se fundamentó en razones técnicas y médicas.

En efecto, tanto la COMPIN como la Superintendencia de Seguridad Social, tras analizar los antecedentes clínicos y requerir informes médicos complementarios, concluyeron que el reposo prescrito resultaba injustificado, toda vez que las patologías diagnosticadas a la recurrente tienen un carácter crónico e irrecuperable, situación que se ve corroborada por la existencia de tres dictámenes de calificación de invalidez previos y ejecutoriados en los años 2022, 2023 y 2024 que determinaron un menoscabo de un 34% en su capacidad de trabajo.

A lo anterior se suma que la actora ya contaba con más de 506 días de reposo autorizado por las mismas afecciones, sin que se evidenciara una mejora en su condición que permitiera avizorar su pronto reintegro laboral.

Noveno: Que, en consecuencia, las resoluciones administrativas impugnadas en autos, dictadas por la COMPIN y posteriormente confirmadas por la Superintendencia de Seguridad Social, no adolecen de los vicios de ilegalidad o arbitrariedad que se les reprocha, ajustándose a la normativa aplicable, específicamente al Decreto Supremo N°3 de 1984 y al Decreto Supremo N°7 de 2013, ambos del Ministerio de Salud, toda vez que emanaron de la autoridad competente, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, y se sustentan en motivos técnicos y clínicos fundados.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la decisión de la administración no puede tildarse de caprichosa o irracional, habida cuenta de que se basó en los antecedentes médicos tenidos a la vista, en evaluaciones de profesionales competentes y en la propia circunstancia de haber transcurrido un periodo extenso de licencias autorizadas sin que operara la recuperación de la salud de la actora. Por lo expuesto, al no configurarse en la especie un actuar ilegal o arbitrario por parte de las recurridas que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, el presente recurso de protección deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Álvaro Pavez Jorquera, quien estuvo por acoger la acción de protección deducida, a fin de que la Superintendencia de Seguridad Social ordene la realización de un peritaje médico para determinar la procedencia del reposo prescrito.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2542-2026.

En Valparaíso, veintitrés de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.