nombre reservado con DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO Y OTROS

Jepv.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece RODRIGO ALEJANDRO DÍAZ YUBERO, abogado, Rut y Cédula de Identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Edificio de la Cooperativa Vitalicia, Valparaíso, en representación convencional -según consta en Mandato Judicial reducido a escritura pública de fecha 13 de mayo de 2025 firmada ante la Notario Público de Viña del Mar, nombre reservado-, de don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número veintiún millones novecientos noventa y dos mil ciento veintiocho raya cuatro, domiciliado en domicilio reservado, local quince; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones trescientos veintidós mil ciento veintiséis raya cero, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones ciento cincuenta y dos mil novecientos nueve raya ocho, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones doscientos dieciséis mil ochocientos doce raya nueve, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número quince millones noventa ocho mil ochenta raya uno, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones ochocientos veintiocho mil cincuenta y uno raya cuatro; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número quince millones ochocientos treinta dos mil doscientos ochenta y nueve raya siete; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número quince millones noventa y nueve mil ciento dieciocho raya ocho, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones ciento sesenta y nueve mil ciento cuarenta raya cinco; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad número seis millones ciento sesenta y nueve mil ciento treinta y nueve raya uno, ambas domiciliadas en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco raya cuatro; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número ocho millones setecientos seis mil cuatrocientos noventa y ocho raya cero, ambos domiciliados en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número ocho millones cuatrocientos catorce mil setenta y cinco raya nueve, y don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones seiscientos ochenta y dos mil veinticinco raya cuatro, ambos domiciliados en domicilio reservado, local quince; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número trece millones ciento noventa y un mil ciento cincuenta raya cinco, domiciliado en domicilio reservado, local veintidós; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco raya seis, don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y uno raya tres, don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y dos raya uno, todos domiciliados en domicilio reservado, local uno y dos; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número diecisiete millones ciento sesenta y un mil quinientos cincuenta y ocho raya cinco, domiciliado en domicilio reservado, local diez; doña nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y seis raya uno, doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número cinco millones treinta y siete mil trescientos treinta y dos raya cero, ambos domiciliados en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones quinientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y dos raya uno, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número ocho millones trescientos cinco mil seiscientos siete raya k, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número trece millones novecientos noventa y mil setecientos noventa y ocho raya uno, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número cinco millones cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y siete raya siete, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones ochenta y un mil novecientos ocho raya dos, domiciliado en nombre reservado número trescientos sesenta y uno; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número nueve millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve raya cero, domiciliado en domicilio reservado, local ciento doce; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones quinientos cincuenta y mil ochenta y cuatro raya ocho, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil quinientos veintitrés raya cero, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos catorce raya seis, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones ochocientos sesenta y nueve mil diecinueve raya seis, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad y Rut número diez millones ciento sesenta mil seiscientos cuarenta y cinco raya siete, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número seis millones setenta y tres mil trescientos noventa y siete raya K, domiciliado en domicilio reservado, los trece; y don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad y Rut número siete millones treinta y cuatro mil doscientos sesenta raya K domiciliado en domicilio reservado, todos en la ciudad de Viña del Mar, e interpone recurso de protección en contra de 1) la I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, alcaldesa, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado,; 2) SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD VALPARAÍSO, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, o quien lo subrogue legalmente en el cargo, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; 3) DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO, RUT N° RUT reservado, representada por don nombre reservado, RUT: RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Valparaíso, y 4) SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VALPARAÍSO, RUT N° RUT reservado, representada por doña nombre reservado, por la omisión en que han incurrido para controlar el comercio ilegal en calle Valparaíso de Viña del Mar, lo que dice ha vulnerados las garantías del artículo 19 Nos. 1, 8, 21, 22 , 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja el recurso y se adopten todas las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado dentro de las cuales propone como conducentes a dicho fin, las siguientes:

1.- Prohibir toda clase de comercio ilegal en las inmediaciones de la calle Valparaíso salvo que los comerciantes ambulantes tengan las autorizaciones individuales en conformidad a la Ordenanza sobre ocupación de bienes nacionales de uso público para ejercer temporalmente el comercio de la comuna de Viña del Mar y sin perjuicio de la fiscalización adecuada de la ley de rentas municipales y de las eventuales infracciones a las disposiciones sanitarias y a la normativa de tránsito vigentes.

2.- Ordenar que la municipalidad adopte todas las medidas dentro del espectro de sus facultades, orientadas a la realización ordenada y controlada de las actividades de comercio ambulante que se lleven a cabo en las inmediaciones de avenida Valparaíso coordinando su actuación con las demás reparticiones públicas que deban otorgar autorizaciones o supervigilar su desenvolvimiento, requiriendo el auxilio de Carabineros de Chile en su caso, e informando a esta Corte de las medidas adoptadas para el ejercicio efectivo de su función, en aras de hacer cesar el comercio ambulante ilegal que perturba los derechos de los recurrentes, y adoptando los recurridos todas las acciones necesarias a tal efecto, como una mayor frecuencia en la fiscalización de los infractores y el decomiso efectivo de sus mercaderías.

3.- Ordenar a la SEREMI de Salud la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, especialmente en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, y el estado de los productos alimenticios que se expenden por parte del comercio callejero en la Avenida Valparaíso del plan de Viña del Mar.

4.- Establecer mecanismos de coordinación más eficientes de las actividades que cada uno de los recurridos desarrolla, designando cada uno de ellos personal determinado como responsable del éxito de los referidos mecanismos, tendientes a poner fin al comercio ambulante ilegítimo en los alrededores de la Avenida Valparaíso.

5.- Disponer que la delegación presidencial y la seremi de seguridad se coordinen y actúen conjuntamente con Carabineros de Chile y la Municipalidad de Viña del Mar, a fin de evaluar si las medidas que se adopten en este caso resultan suficientes para la debida protección de los afectados y, en su caso, determinar si resultan necesarios nuevos protocolos de comunicación y coordinación que cumplan con dicha finalidad, de modo de evitar que situaciones como las reseñadas se verifiquen nuevamente.

6.- Cualquier otra que SS. Ilma. considere conducente a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados.

A folio 22 informa la abogada Javiera Paz González Espinoza, en representación de la recurrida Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, y la abogada Nicole Belén Vásquez Ormeño, abogada, en representación de la recurrida, Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública de Valparaíso y solicitan el rechazo del recurso, por lo fundamentos que allí señalan.

A folio 31, el abogado Felipe Cornejo González, evacua informe en representación, de la I. Municipalidad de Viña del Mar, donde solicita el rechazo del recurso, por los motivos que allí vierte.

A folio 32 evacua informe don nombre reservado., abogado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso y solicita el rechazo del recurso, atendido lo que allí expone.

A folio 35 informa Carabineros de Valparaíso.

A folio 36 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el abogado Rodrigo Alejandro Díaz Yubero deduce acción de protección en representación de 34 vecinos y comerciantes del plan de Viña del Mar, en contra de la I. Municipalidad de Viña del Mar, la Delegación Presidencial Regional, la SEREMI de Salud y la SEREMI de Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en el ejercicio de funciones públicas destinadas a impedir el funcionamiento del comercio ambulante ilegal en Avenida Valparaíso, con afectación al derecho a la integridad física y psíquica, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al ejercicio de actividad económica lícita, al trato igualitario en el ámbito económico, al dominio sobre la propiedad y a la esencia de los derechos constitucionales de sus representados.

Segundo: Que, fundando el recurso señala que los recurrentes son comerciantes que viven y trabajan en el plan de Viña del Mar, varios de ellos son dueños de inmuebles de alto reconocimiento histórico y cultural en la Avenida Valparaíso de esa ciudad, contribuyendo al desarrollo económico de la comuna y generando cincuenta puestos de empleo directo y trescientos indirectos. Explica que actualmente se han visto imposibilitados de realizar su comercio y transitar con normalidad por las veredas que acceden a sus domicilios y establecimientos, con una grave alteración de su vida y tranquilidad, provocando riesgos a la salud y gravosas consecuencias económicas que amenazan causar el cierre definitivo de muchos de sus comercios, no obstante llevar años ejerciendo su actividad en ese lugar y haber invertido importantes sumas de dinero y esfuerzo en ello. Indica que esto se debe a la acción constante, mantenida diariamente hasta la actualidad, de vendedores ambulantes ilegales que, durante las horas de funcionamiento del comercio establecido, ocupan los espacios y veredas que les sirve de acceso y que son bienes nacionales de uso público, impidiendo que los clientes puedan ingresar con normalidad y transitar de modo expedito y generando escasez de espacios de estacionamiento. Dice que un hecho público y notorio que en la Avenida Valparaíso se instala este tipo de comerciantes ilegales, muchos de los que, además, generan un riesgo a la salud de las personas, tales como la venta de alimentos sin control sanitario, también encubren delitos de micro tráfico de drogas, hurto y robo; asimismo, producen ruidos y música a alto volumen desde la mañana, utilizan los muros de los establecimientos como percheros del comercio ilegal, impiden la exhibición de sus propios productos; se generan riñas y condiciones favorables para peleas, discusiones y asaltos; asimismo, problemas de orden sanitario atendida la ausencia de servicios higiénicos, además de la suciedad e insalubridad de los espacios cuando se retiran, y gran inseguridad para el comercio y vecinos. Esto ha ocasionado una baja considerable en las ventas, provocando incluso el cierre de locales del centro de Viña del Mar, ya que la disminución de clientela hace imposible financiar los gastos operacionales de las tiendas. Expresa que la situación descrita no solo amenaza el orden público, la salud y el libre tránsito de las personas, sino una competencia desleal hacia los negocios formales, dado que a diferencia de aquellos, no cumplen con las normativas vigentes ni pagan impuestos, con lo que se les priva de parte de los atributos del dominio de sus propiedades y se les afecta arbitrariamente en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, causando un perjuicio económico a los recurrentes, a la vez que un grave impacto social y económico para la comunidad, repercutiendo en la congestión del plan de la ciudad, y amenazando la normalidad y desarrollo de la ciudad y sus habitantes. Alega que, las recurridas no han ejercido las potestades que la ley les asigna para poner fin a estos actos, puesto que no han actuado con la diligencia debida para proteger a los recurrentes, incurriendo en una evidente falta de servicio.

En cuanto a las omisiones en que ha incurrido la I. Municipalidad de Viña del Mar, cita diversas normas de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que consagra que la finalidad de las Municipalidades es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico. Recuerda que en su artículo 4º se menciona entre sus funciones, letra i), las facultades en materia de prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, y en letra j), el apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y, por su parte en el artículo 5º letra c), se establece la facultad de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, lo que señala, debe mirar siempre el interés de los habitantes de la comuna, sobre los intereses de un grupo de comerciantes o ciudadanos en particular. Prosigue indicando que en el Párrafo 2° sobre funciones y atribuciones de las Municipalidades, dispone en su artículo 3° letra f), que les corresponderá, en el ámbito de su territorio “El aseo y ornato de la comuna”; en su artículo 4° literal b), que podrán desarrollar directamente o en conjunto con otros órganos de la Administración del Estado: “La salud pública y la protección del medio ambiente”; en el artículo 5°, se estatuye como atribuciones esenciales, en su letra l), “Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan de seguridad pública” y en su inciso antepenúltimo, que “Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales.” El artículo 22, establece, entre otras, como función específica de la Unidad de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad: c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con la salud pública, y protección del medio ambiente. El artículo 25 dispone que corresponde a la Unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato de la Municipalidad, entre otras, el velar por “a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; b) El servicio de extracción de basura”. Añade que el artículo 36 establece que “Los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos. Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización. Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido en las condiciones que fije la municipalidad. Sin embargo, ésta podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público.” Finalmente, el artículo 63 letra g), fija como atribuciones de los Alcaldes el “Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales.” Asimismo, lo dispuesto en el artículo 165 de la ley del Tránsito, según el cual las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo, el tránsito público, y cuyos N ° 3 y 4 prohíben ejercer el comercio ambulante en calzadas y bermas o el comercio estacionado sin permiso municipal o sin autorización del Ministerio de Obras Públicas. Dice que, conforme al artículo 1° de la Ordenanza Municipal Nº12.698 de 22 de noviembre de 2022 que regula el comercio en la vía pública en Viña del Mar, se puede definir el comercio ambulante, como “la actividad comercial o prestación de servicios desarrollada por una persona natural autorizada que cuenta con una patente y un permiso municipal en bienes nacionales de uso público administrados por la Municipalidad o en bienes de dominio municipal de la comuna, desplazándose mediante la utilización de elementos móviles o portátiles, o a pie cargando productos en manos, brazos y/u hombros, sin estacionarse o permanecer en un lugar fijo por un tiempo prolongado.”; por lo que es posible definir el comercio ilegal como “aquella actividad comercial o prestación de servicios que se ejecuta sin autorización municipal y en contravención al ordenamiento jurídico”. Argumenta que la Ley 18.575, dispone que los órganos del Estado serán responsables del daño que causen por falta de servicio, correspondiendo al estado y a la municipalidad, la protección y garantía de los derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución. Además, dice que se incumple el DL 3.063 sobre rentas municipales, pues el municipio debiera fiscalizar el cobro de la patente municipal que prevé su artículo 23, aplicando las multas y medidas correspondientes, pues los comerciantes ilegales carecen de patente municipal y no pagan impuestos sobre su actividad lucrativa. Señala que el artículo 5° la Ley N°21.426 sobre comercio ilegal, facultó de manera expresa a las municipalidades para regular el comercio ambulante ejercido en sus respectivas comunas, y los llamó a establecer los lugares donde podían instalarse, regulando la identificación fotográfica del autorizado, a fin de que ellos cumplan también con las obligaciones que impone la ley de rentas municipales sobre pago de patente. En este sentido, la ordenanza municipal N°12.698 del año 2022, que regula el comercio en la vía pública en Viña del Mar, determina en detalle la regulación del ejercicio de los distintos giros comerciales, su forma, lugar específico destinado para la instalación, encargado, obligaciones, prohibiciones, sanciones, entre otras; encontrándose facultada la municipalidad para fiscalizar, pudiendo hacer uso de sus atribuciones tanto directas, como aquellas destinadas a coordinar con otras instituciones, a fin de asegurar la aplicación efectiva de medidas que permitan asegurar el mantenimiento del orden, el cumplimiento de las medidas sanitarias, el respeto al medio ambiente y el no entorpecimiento a la libre circulación en las calles públicas y del comercio establecido, que se vean vulneradas como consecuencia del ejercicio ilegal del comercio estacionado en vías de uso público, así como también del comercio autorizado, ambulante o estacionado, que se encuentra infringiendo la normativa aplicable a su giro para el cual fue acreditado. Por su parte, conforme al artículo 6° de la misma ley, el decomiso de las mercaderías en caso de infracción de la prohibición establecida en el número 3 del artículo 160 de la Ley de Tránsito es imperativo y no meramente facultativo para el municipio. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Concluye que, teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley sobre Rentas Municipales, la entidad edilicia tiene todas las facultades legales para decretar el retiro del comercio ambulante ilegal existente en el entorno, las que, sin embargo, no ha ejercido de modo adecuado, constante y oportuno. Tampoco consta que haya acreditado el debido requerimiento a la Seremi de Salud para controlar la venta de alimentos, con evidente infracción a la normativa sanitaria y medio ambiental, por cuya inactividad se propicia la existencia de un foco de riesgo para la salud de los vecinos del sector.

Respecto del Delegado Presidencial de la Región de Valparaíso y la SEREMI de Seguridad Pública de la Región de Valparaíso, indica que ha incurrido en omisiones graves al no ejercer las atribuciones ni cumplir las obligaciones que la ley le da, ya que es la institución que debe generar las acciones determinantes para garantizar la seguridad, el orden público, el resguardo de las personas y bienes, y el requerimiento del auxilio de la fuerza pública, por así disponerlo el artículo 2° de la Ley 19.175, poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de los residentes y comerciantes del plan de Viña del Mar. Prosigue indicando que la Ley 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, establece en su artículo 23, que corresponderá a los Secretarios Regionales Ministeriales, resguardar mantener y promover la seguridad pública y el orden público en la región, y generar las condiciones necesarias para su restablecimiento, requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública en la región, y adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos. Denuncia a este respecto, un conjunto de acciones y omisiones de efectos continuos y permanentes, al no haber ejercido ambas autoridades sus atribuciones con la intensidad que los hechos descritos requieren, para garantizar el orden público y la seguridad de los recurrentes, a fin de poder realizar con normalidad sus actividades de comercio.

En relación con la SEREMI de Salud de Valparaíso, indica que el inciso 4° del artículo 1° de la Constitución señala que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común; y su artículo 19 Nº 1, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; correspondiendo a sus Servicios de Salud –en este caso la SEREMI V Región-, hacer posible de modo auténtico, efectivo y real su protección, en este caso, a través de una fiscalización efectiva. El artículo 4° de la ley N° 19.937 sobre Autoridad Sanitaria, establece que corresponde al Ministerio de Salud formular, fijar y controlar las políticas de salud, teniendo la función de “Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población” y agrega el artículo 14 C) al D.L. 2.763 de 1979, que dispone que “Serán de la competencia del Ministerio de Salud, a través de las secretarías regionales ministeriales, todas aquellas materias que corresponden a los servicios de salud, sea en calidad de funciones propias o en su carácter de sucesores legales del Servicio Nacional de Salud y del Servicio Médico Nacional de Empleados, y que no digan relación con la ejecución de acciones integradas de carácter asistencial en salud, sin perjuicio de la ejecución de acciones de salud pública conforme al número 4 del artículo anterior.” Refiere, por último, que el artículo 67 del Código Sanitario dispone que “Corresponde al Servicio Nacional de Salud velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones del presente Código y sus reglamentos. En relación con las materias que trata este artículo, los secretarios regionales ministeriales de salud deberán ajustarse a las normas técnicas y administrativas de carácter general que imparta el Ministerio de Salud, ya sea a nivel nacional o regional”. Argumenta que de las normas citadas, se derivan numerosas obligaciones y deberes para la autoridad de Salud que imponen una serie de actuaciones en el ámbito de decisiones con consecuencias para la salud de la población, entre otras, fiscalizar y adoptar las medidas tendientes a la eliminación de aquellos factores que puedan comprometer la salud en general de todos y cada uno de los recurrentes y de quienes transitan por el plan de la ciudad, que hoy están siendo vulnerados de modo constante, a lo que agrega la venta de productos ilegales y de comida, malos olores, vertimiento de aceite y líquidos en los alcantarillados y la presencia de basura y desechos en las calles; lo que cconstituye una amenaza o lesión real, concreta e indubitada para la vida y la integridad física y psíquica de las personas o su acceso a las acciones de salud, requiriendo acciones de fiscalización de suficiente intensidad para acotar y disminuir la situación, las que, sin embargo, no ha ocurrido; siendo aplicable en la especie la responsabilidad por falta de servicio, correspondiéndole dar primacía a los derechos esenciales de la persona, conforme mandata la Constitución, al Estado y a sus órganos. Finalmente, sostiene que se ha infringido el principio de coordinación, que se desprende de los artículos 111 inciso tercero, 115 bis, 118 inciso octavo y 123 inciso primero, de la Constitución; y el artículo 3° de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que implica una actuación conjunta de los órganos recurridos, bajo una dirección que los conduzca al resultado esperado, actuando casa uno en el marco de sus respectivas competencias, cuestión que en este caso no ha ocurrido, no obstante la insistencia e intensidad de las contravenciones, frente a las que no se han iniciado un procedimiento que conduzca a elevar incrementar el número de fiscalizaciones e intensidad de las medidas de control. Expone que la autoridad omite dar una respuesta con la frecuencia necesaria conforme a sus facultades y herramientas disuasivas, con la frecuencia. Al tolerar tales faltas, los organismos recurridos omiten su primera obligación y finalidad, en cuanto servir a la persona y promover su bienestar, abstención que afecta a los recurrentes y que sólo reditúa en beneficios para los contraventores, que, en consecuencia, pueden seguir ejerciendo sus actividades comerciales ilegales. Señala que el comercio ambulante ilegal y las omisiones de las recurridas, consistente en el funcionamiento del comercio ambulante, se vulnera la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, al causar un daño a la salud física y psíquica de los vecinos y comerciantes establecidos, que viven con la angustia de no poder anticipar cuáles sean las situaciones de amenazas o de violencia que deban enfrentar durante el desarrollo de su labor. También la del artículo 19 N°8, toda vez que afecta el medio ambiente y todo el entorno donde trabajan los recurrentes. La del artículo 19 N°21, dado que afecta el normal desarrollo de las actividades de los comerciantes establecidos del plan de Viña del Mar, impidiendo el legítimo ejercicio de una actividad lícita y menoscabando su derecho al ejercicio empresarial. Asimismo, la del artículo 19 N°22, puesto que la falta de fiscalización del comercio ilegal constituye una discriminación arbitraria en materia económica, pues permite el uso absoluto, exclusivo y excluyente de un bien nacional de uso público, en desmedro de los comerciantes establecidos que no pueden desempeñar sus actividades con normalidad. La del artículo 19 N°4, por cuanto les priva del uso y goce de su patrimonio, viéndose privados de las utilidades que podrían haber percibido en el ejercicio normal de la actividad. La del artículo 19 N°26, toda vez que la conducta de los recurridos ha lesionado el núcleo irreductible de los derechos constitucionales que asisten a los recurrentes, vecinos del sector, lo cual atenta contra el sistema de aplicación armónica de los derechos previsto por el constituyente.

Sostiene que las omisiones de los órganos que se recurren son ilegales, dado que infringen los derechos constitucionales de los recurrentes al no ejercer las labores de fiscalización en el sector con la frecuencia necesaria, violando la normativa que regula el proceder de cada uno de ellos; denunciando mediante el recurso, la falta o insuficiencia de la actividad de vigilancia y ejercicio de las potestades sancionatorias entregadas a las recurridas, que permitan a los recurrentes el ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales. Añade que los hechos en que se funda el recurso son de carácter permanente, se ejecutan hasta la actualidad, por lo que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, en tanto que este sigue vigente.

Solicita como medida de protección, todas las diligencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, señalando como tales: 1.- prohibir toda clase de comercio ilegal en las inmediaciones de la calle Valparaíso salvo que los comerciantes ambulantes tengan las autorizaciones individuales en conformidad a la Ordenanza sobre ocupación de bienes nacionales de uso público para ejercer temporalmente el comercio de la comuna de Viña del Mar y sin perjuicio de la fiscalización adecuada de la ley de rentas municipales y de las eventuales infracciones a las disposiciones sanitarias y a la normativa de tránsito vigentes; 2.- ordenar que la municipalidad adopte todas las medidas dentro del espectro de sus facultades, orientadas a la realización ordenada y controlada de las actividades de comercio ambulante que se lleven a cabo en las inmediaciones de Avenida Valparaíso, coordinando su actuación con las demás reparticiones públicas que deban otorgar autorizaciones o supervigilar su desenvolvimiento, requiriendo el auxilio de Carabineros de Chile en su caso, e informando a esta Corte de las medidas adoptadas para el ejercicio efectivo de su función, en aras de hacer cesar el comercio ambulante ilegal que perturba los derechos de los recurrentes, y adoptando los recurridos todas las acciones necesarias a tal efecto, como una mayor frecuencia en la fiscalización de los infractores y el decomiso efectivo de sus mercaderías; 3.- ordenar a la SEREMI de Salud la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, especialmente en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, y el estado de los productos alimenticios que se expenden por parte del comercio callejero en la Avenida Valparaíso del plan de Viña del Mar; 4.- establecer mecanismos de coordinación más eficientes de las actividades que cada uno de los recurridos desarrolla, designando cada uno de ellos personal determinado como responsable del éxito de los referidos mecanismos, tendientes a poner fin al comercio ambulante ilegítimo en los alrededores de la Avenida Valparaíso; 5.- Disponer que la delegación presidencial y la SEREMI de seguridad se coordinen y actúen conjuntamente con Carabineros de Chile y la Municipalidad de Viña del Mar, a fin de evaluar si las medidas que se adopten en este caso resultan suficientes para la debida protección de los afectados y, en su caso, determinar si resultan necesarios nuevos protocolos de comunicación y coordinación que cumplan con dicha finalidad, de modo de evitar que situaciones como las reseñadas se verifiquen nuevamente; 6.- cualquier otra que se considere conducente a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados.

Cuarto: Que, a folio 22, informando la Delegación Presidencial y SEREMI de Seguridad Pública en forma conjunta, solicitan el rechazo del recurso, pues a su juicio, los hechos denunciados no se configuran como omisiones ilegales ni arbitrarias atribuibles a sus funciones. Sostienen que han desplegado diversas acciones de coordinación interinstitucional constante, fiscalizaciones permanentes conjunta y operativos de control en Avenida Valparaíso, mediante reuniones periódicas con la I. Municipalidad de Viña del Mar, Carabineros, Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, SEREMIAS sectoriales, Aduanas, Dirección del Trabajo y otros órganos competentes, en el marco de la “Fuerza de Tarea contra el Comercio Ilícito y Callejero”.

En cuanto a la Delegación Presidencial precisa que sus atribuciones en materia de orden público son de carácter estratégico y coordinador, careciendo de jefatura operativa sobre las policías, y que no puede impartir instrucciones directas ni determinar la logística de los servicios policiales desplegados, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.175 y al diseño institucional del Ministerio de Seguridad Pública regulado por Ley N° 21.730.

Respecto a la SEREMI de Seguridad Pública, expone que su función consiste en supervigilar y fiscalizar administrativamente a Carabineros y PDI, sin detentar facultades tácticas ni de conducción operativa de patrullajes, fiscalizaciones o medidas coercitivas; señalándose que las decisiones de despliegue recaen en los mandos internos de dichas instituciones.

Añade que, a pesar de los límites expuestos, ambas recurridas han desarrollado múltiples planes específicos, tales como: Plan Regional de Seguridad Pública, Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), Comités Policiales Regionales y Sesiones Estratégicas, Planes locales “Recuperando Calle Valparaíso”, “Somos Barrio Comercial”, “Turismo Seguro”, entre otros, y el uso de tecnología de televigilancia y drones, además de coordinar la creación de grupos de trabajo focalizados, realizar rondas impacto, decomisos, controles vehiculares, detenciones y empadronamiento de locatarios, todo ello en atención a la persistente problemática del comercio informal. Agrega que se ha acreditado un incremento cuantificable de resultados policiales: aumento en detenciones por delitos de mayor connotación social, decomisos en vía pública y reducción de casos policiales vinculados al comercio ilegal entre los años 2022 y 2025, lo que evidencia un modelo de intervención progresivo y focalizado. Se informa de Incremento del 88% en controles policiales, Aumento del 137% en detenidos por delitos de mayor connotación social, Reducción progresiva de casos policiales vinculados al comercio ilegal entre 2022 y 2025.

Finalmente, se alega que el fenómeno del comercio ilegal ha evolucionado hacia una práctica compleja asociada a delitos conexos, lo que ha obligado a intensificar labores de inteligencia e investigación, actualmente en curso bajo dirección del Ministerio Público, y que impiden revelar detalles operativos en esta sede judicial. En virtud de lo expuesto, las recurridas estiman haber cumplido íntegramente con las atribuciones legales que les corresponden, negando la existencia de vulneraciones que justifiquen la acogida del presente recurso constitucional.

Quinto: Que a folio 31 informa Municipalidad de Viña del Mar, solicitando el rechazo del recurso, argumentando que no ha incurrido en omisión ilegal ni arbitraria alguna, y que ha desplegado una estrategia integral para enfrentar el comercio informal, conforme a su competencia legal y política pública vigente. Explica que dicha estrategia se articula en tres líneas de acción: fortalecimiento institucional y normativo; coordinación intersectorial con organismos públicos, privados y sociales; y despliegue operativo focalizado en fiscalización y recuperación de espacios públicos, especialmente en eje Avenida Valparaíso. Destaca la creación de la Dirección de Seguridad Pública mediante el Decreto Alcaldicio N°5115 (2021), la aprobación del Plan Comunal de Seguridad Pública 2022–2025, el fortalecimiento del Consejo Comunal de Seguridad, y la dictación de ordenanzas específicas, como la N° 12.698 (2022), que regula el comercio en la vía pública y habilita fiscalización y decomiso. Relata que se ha incrementado la dotación municipal de seguridad de 80 a 161 funcionarios, con 48 asignados al control del comercio informal, junto con inversiones en vehículos, tecnología de comunicación, drones y televigilancia; todo ello para optimizar el patrullaje y las capacidades operativas del Municipio; se han sostenido instancias de coordinación con Carabineros, PDI, Delegación Presidencial y otros actores del Estado, destacando la suscripción del Convenio OS-14 (2023), la constitución de Mesas de Recuperación de Espacios Públicos y de Seguridad Comercial, y la activación de planes de copamiento territorial en Av. Valparaíso. Expone que entre 2022 y mayo de 2025, se ejecutaron 1.153 operativos de fiscalización, con 276.605 especies decomisadas, de las cuales 41,1% se concentraron en el eje señalado; cifras que evidencian cobertura comunal alta, eficiencia operativa y focalización efectiva; se han enfrentado episodios de violencia contra inspectores municipales, dando lugar a acciones judiciales, sin que ello haya detenido el ejercicio de fiscalización ni configurada omisión institucional en los hechos denunciados.

Luego, detalla la ejecución de 50 proyectos públicos orientados a recuperar infraestructura, seguridad, iluminación y espacios patrimoniales emblemáticos, con una inversión relevante -incluyendo el mejoramiento del paseo calle Valparaíso por $3.581.366.268, vinculados a planes turísticos y económicos.

Además, indica que se ha dictado normativa específica para ferias de emprendimiento y terrazas comerciales, junto con la promoción de alternativas formales para agrupaciones organizadas; todo ello como parte de un enfoque urbano-cultural de reconversión de calle Valparaíso como polo patrimonial y artístico y, que la municipalidad ha trabajado permanentemente con gremios, locatarios y organismos estatales y privados, impulsando participación ciudadana, regulaciones inclusivas y articulación multisectorial. Cita jurisprudencia y se sostiene que, pese a que no se ha erradicado completamente el comercio informal, se ha demostrado una actuación activa, constante y proporcional, acorde a los recursos disponibles. Finaliza sosteniendo que no se configura privación, perturbación ni amenaza a garantías constitucionales por parte de la Municipalidad, y que no concurre conducta omisiva arbitraria o ilegal según los antecedentes del proceso.

Acompaña documentos, consistente en decretos alcaldicios, contratos de arriendo de vehículos de fiscalización, ordenanzas municipales, constancias de aumento de dotación de personal de seguridad, actas del Consejo Comunal de Seguridad correspondientes a los años 2024 y 2025, pautas diarias de trabajo operativo, informes técnicos de fiscalización en domicilio reservado, registros fotográficos, actas de decomisos, minutas de coordinación interinstitucional, convenios de colaboración suscritos con Carabineros y documentos de planificación estratégica vinculados a infraestructura, participación ciudadana, comercio formal y recuperación de espacios públicos. Asimismo, se acompañaron antecedentes provenientes de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico, publicaciones de prensa de medios regionales y certificados emitidos por la Secretaría Municipal. Todo ello, destinado a acreditar la ejecución sostenida de medidas de fiscalización, seguridad urbana y control territorial en el eje Av. Valparaíso y otros sectores de la comuna.

Sexto: Que a folio 32 informa la SEREMI de Salud Región de Valparaíso solicitando el rechazo del recurso, con costas, señala que no es la autoridad responsable de las perturbaciones a las garantías constitucionales alegadas, en tanto el comercio ambulante desregulado debe ser fiscalizado por la Municipalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley N° 21.426 sobre Comercio Ilegal. Añade que no obstante ello, dicha autoridad sanitaria ha participado en instancias de coordinación con la I. Municipalidad de Viña del Mar, incluyendo la reunión celebrada en marzo de 2024, en la cual se acordó que el abordaje del comercio callejero requiere de regulación urbanística eficaz, que permita la adecuada fiscalización sanitaria, especialmente en cuanto a la trazabilidad documental de los permisos otorgados por el Municipio para aquellas actividades que sí requieren autorización sanitaria. Expone que la SEREMI ha efectuado acciones de fiscalización propias en el marco de su competencia, notificando al Municipio sobre presencia de comercio informal en diversas zonas del centro mediante los Oficios N°s 176 y 240 de fechas 29 de junio y 31 de agosto de 2022, y el Oficio CP N° 1102 de fecha 17 de enero de 2025, instando a la adopción de medidas correctivas. Aclara que las atribuciones de la Autoridad Sanitaria se circunscriben a materias concretas, como establecimientos de expendio de alimentos, condiciones de higiene en espacios laborales y comunitarios, o fiscalización de recintos educacionales, de salud o residenciales, salvo en contextos de emergencia sanitaria, en que podría asumir funciones ejecutivas directas.

Acompañan documentos que acreditan los oficios y la minuta de coordinación referida, dando cuenta de participación institucional activa y reiteración de alertas hacia el Municipio, sin configurarse omisión susceptible de reproche constitucional atribuible a la SEREMI de Salud.

Séptimo: Que a folio 35 Informa Carabineros de Chile en respuesta a oficio requerido por la parte recurrente e indica que durante el año 2025 no se han recibido denuncias presenciales por comercio ilegal, actos violentos o vandalismo en el eje de calle Valparaíso -entre Villanelo y Quilpué- ni en el sector centro de Viña del Mar -entre Traslaviña y Quillota-. Indica que existe presencia permanente de servicios preventivos en el sector referido, en coordinación con personal municipal, sujeta a la disponibilidad de medios y recursos de ambas instituciones. Ilustra que en el mes de mayo de 2025 se elaboró el Plan Operativo Nº7 Servicios Integrales, destinado a la implementación de patrullajes focalizados en calle Valparaíso, con intervención de diversas unidades especializadas de Carabineros, orientadas a controlar el comercio informal y delitos asociados como el robo por sorpresa. Detalla que el despliegue operativo se mantiene entre las 10:00 y las 20:00 horas, incluyendo fiscalizaciones, controles de identidad, patrullajes preventivos y la instalación de un stand informativo, con campañas orientadas a prevenir delitos contra la propiedad, violencia urbana y comercio ilegal. Agrega que, según cifras reportadas, los controles y fiscalizaciones aumentaron en un 126%, los controles de identidad en un 147%, y los detenidos aumentaron en un 35%, con 126 personas adicionales detenidas en comparación a periodos anteriores. Finalmente, la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar afirma mantener despliegue policial permanente, con planes de intervención ajustados a las necesidades del territorio, en coordinación con personal municipal, incluyendo instancias de capacitación conjunta para fortalecer las capacidades de seguridad pública local.

Octavo: Que, a lo menos en dos ocasiones anteriores, esta Corte de Apelaciones ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre hechos muy semejantes a los denunciados en el presente recurso de protección. La primera vez en los autos sobre recurso de protección Rol N°10.807-2019, iniciados por la preocupante situación que rodea al entorno al nombre reservado El Cardonal de Valparaíso. La segunda ocasión fue en el fallo del recurso de protección Rol N°1302-2022, por idénticos hechos ocurridos y denunciados en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. En ambos casos, esta Corte entendió que es imprescindible que las autoridades involucradas adopten medidas efectivas para resguardar el orden público y dar seguridad a los habitantes de los sectores de la ciudad amagados, a fin de evitar o controlar la delincuencia, el comercio ambulante, las riñas, el desaseo y los desórdenes públicos de todo tipo que afectan a la comunidad.

Noveno: Que, si bien las recurridas no discuten la responsabilidad que les cabe en el control de la seguridad y el orden público e informan sobre sus competencias y medidas adoptadas de control de la situación denunciada, lo cierto es que, de acuerdo con el mérito de los antecedentes allegados al recurso y la realidad ineludible de la proliferación del comercio ambulante en la calle Valparaíso de Viña del Mar, que es un hecho público y notorio y por lo demás reconocido por las recurridas, es posible constatar que este escenario se mantiene y que las acciones que describen las recurridas, han resultado insuficientes e ineficaces para controlar el orden público en el sector aludido, sin que las autoridades puedan excusarse en una supuesta falta de recursos que le han sido asignados. Asimismo, se han informado reuniones de coordinación y planes de seguridad que han aumentado los recursos destinados a abordar la situación denunciada, pero todas estas medidas no han solucionado la situación que padecen las personas en favor de quienes se recurre, manteniéndose hasta la fecha las afectaciones que sufren tanto en su integridad física y psíquica como en sus bienes, tal como se desprende del informe de Carabineros en el que se señala un aumento de las personas detenidas, lo que si bien podría entenderse como una mejora en su labor, lo cierto es que da cuenta, asimismo, de un aumento de las infracciones y delitos en la zona, lo que demuestra la ineficacia de los referidos planes, lo que hace necesario que se adopten mejores medidas y realizar una mayor y mejor coordinación entre los organismos recurridos a fin de mitigar en forma más efectiva la situación denunciada. Llama la atención de esta Corte que se haya reconocido por la Municipalidad de Viña del Mar en estrados, que la última mesa en que se trató el tema se desarrolló en el mes de marzo de este año, es decir, hace cuatro meses. Lo anterior implica que podríamos estar hablando eventualmente de tres reuniones anuales, lo que aparece como una medida exigua atendida la entidad del problema.

Décimo: Que, este predicamento está plasmado, en diversos fallos de la Excma. Corte Suprema, por ejemplo, en el considerando segundo de la sentencia dictada en los antecedentes Rol Protección N 5473-2019 de la Excelentísima Corte Suprema, que señala: “Que la naturaleza de los hechos puestos en conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia y que condujeron a la adopción de las medidas protectoras dispuestas en el fallo apelado, hace necesario remarcar, en lo que respecta a las entidades públicas recurridas, que los órganos de la Administración del Estado están obligados a realizar su cometido en forma coordinada. Este deber, que constituye un principio jurídico que rige a la Administración, tiene consagración constitucional y legal.”. Y, en el considerando séptimo de los autos Rol 51.495-2024, sobre recurso de protección deducido por vecinos de Quilpué en contra de la I. Municipalidad de esa ciudad, en que señaló: “Lo anterior evidencia de manera palmaria la afectación al derecho de propiedad de los recurrentes, protegido por el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, quienes ven disminuidas las atribuciones propias de sus derechos de dominio, como son el uso y goce de sus inmuebles, que se han visto perturbadas trastornándose el disfrute tranquilo de sus inmuebles. Igualmente se ve afectado el derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes, previsto en el artículo 19 N°1 de la Constitución desde que la protección de este derecho implica asimismo la obligación del Estado y sus agentes de adoptar acciones concretas para lograr el goce efectivo y pleno de sus derechos, lo que incluye desde luego impedir que terceros priven a otros de sus derechos, todo lo cual se ha visto perturbado y amenazado por las omisiones y/o insuficiente accionar de la recurrida. Por último, también se ve alcanzado el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, previsto en el artículo 19 N°8 de la Constitución, en relación con el derecho fundamental del artículo 19 N°1, al encontrarse estrechamente vinculado a la vida y la salud de las personas en relación con su entorno.”.

Undécimo: Que, por lo expuesto, y atendido que las recurridas no han discutido la calidad de comerciantes del plan de Viña del Mar, procede acoger el presente recurso toda vez que la falta de coordinación y la omisión de medidas eficaces para evitar el comercio ambulante en el referido sector conlleva, a lo menos, la afectación del derecho de propiedad de quienes han debido recurrir a esta vía cautelar de urgencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1, por el abogado Rodrigo Alejandro Díaz Yubero, en favor de las 34 personas que allí individualiza, y se ordena que las recurridas deberán proceder a adoptar medidas concretas, suficientes y eficaces tendientes a evitar la futura instalación de comercio ilegal en el sector mencionado, por sí y/o en colaboración o coordinación con las distintas instituciones que deban participar en la prevención y erradicación de esta clase de comercio ilegal en la zona.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Figueroa, quien fue de opinión de rechazar el recurso por las siguientes consideraciones:

1°) Que los órganos del Estado deben actuar con eficiencia y eficacia, siendo la eficiencia un concepto de administración que se localiza en el uso de los medios o recursos disponibles, postulando su mayor rendimiento al menor costo. En sí misma considerada, es, en primer término, una cualidad directiva que permite disponer de la mejor manera posible los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con que cuenta una organización, atendidas las circunstancias globales en que ella se desenvuelve, para realizar una labor determinada. La eficacia, por su parte, es una idea que subraya y acentúa el logro de los objetivos, el alcance de las finalidades de la organización, velando porque sean convincentes, esto es, se concreten o realicen en forma consecuente y coherente con el medio administrativo en el cual se inserta la organización y con la planificación que los inspira (Rolando Pantoja Bauz, Bases Generales de la Administración del Estado, Editorial Jurídica Ediar-Conosur Ltda., Santiago, 1987, páginas 63-64). Ambos principios forman parte de aquellos que deben orientar toda la actividad de la Administración del Estado, de acuerdo al artículo 3, inciso segundo, del Decreto con Fuerza de Ley N 1, del año 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley Orgánica Constitucional, N 18.575, conforme al cual La Administración del Estado debe observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizar la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes . Ese mandato es reiterado en el artículo 5, inciso primero, del mismo cuerpo legal, en cuya virtud Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e id nea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

2°) Que, así entendido, la carencia de eficiencia y eficacia, o sea, del uso óptimo de los medios disponibles y de la consecución de los fines que orientan la actuación del órgano público, son factores que deben apreciarse en concreto, tomando en consideración las circunstancias específicas de la actividad administrativa, como el grado de dificultad que implica, el lugar donde se desarrolla y, en particular, los medios tanto técnicos como humanos con que cuenta el órgano respectivo para desempeñar su función.

3°) Que, en el presente caso, de los antecedentes del recurso es posible concluir que, los organismos recurridos, han realizado una serie de acciones tendientes a mejorar la seguridad del sector, realizando reuniones de coordinación, patrullajes preventivos, detenciones frente a incivilidades y cursado diversas infracciones. Si bien ello no resulta suficiente para eliminar definitivamente, como al parecer lo pretende quien recurre, las faltas y delitos en calle Valparaíso de Viña del Mar, dan cuenta de que en dicha área se han adoptado medidas para controlarlos y disminuirlos, acorde a los recursos con que cuenta la Municipalidad recurrida y las demás instituciones recurridas. Cabe considerar, además, que la determinación de las medidas que permitir a la adecuada conservación del orden público es una materia propia de los órganos de la Administración del Estado, que deben adoptarse en el marco de la normativa que le es aplicable, de rango legal, reglamentario y de las políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal , atendiendo a las circunstancias concretas en que se encuentran los órganos públicos encargados de coordinarlas y ejecutarlas, y velando siempre por que no los no afecte, sino que contribuya al desarrollo equitativo, armónico y equilibrado de la unidad territorial en que desarrollan su actividad de manera tal de no privilegiar determinados sectores destinando todos los recursos a ellos, en desmedro del resto de la comuna, que merece el mismo resguardo.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Figueroa.

No firma la Ministra Sra. Figueroa, por encontrarse en comisión de servicio, autorizada por la Excma. Corte Suprema.

N°Protección-2522-2025.

En Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.