SEAPORT S.A con DIRECCION DEL TRABAJO

Foja: 51 Concuenta y uno C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de junio de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 10 comparece don Miguel Francisco Papic Vargas, abogado, en representación de Seaport S.A, representada ésta a su vez por don nombre reservado, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Dirección del Trabajo, organismo público representado por su Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de quien también recurre, sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho que expone y que, en síntesis, son las siguientes:

Aduce que la sociedad recurrente se dedica a realizar labores de almacen extraportuario en la ciudad de San Antonio, y que el acto arbitrario e ilegal consistió en que, sin mediar notificación alguna de parte de la recurrida, fue informada por su Sindicato que la Dirección del Trabajo, con fecha 23 de diciembre de 2016, previo requerimiento de los trabajadores, emitió un Dictamen que le prohíbe organizar el trabajo de su área denominada “CMPC” de conformidad al artículo 38 Nº2 del Código del Trabajo, que exceptúa de la aplicación de las normas sobre descanso semanal a los trabajadores que se desempeñen en las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que satisfacen o para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria. Agrega que, no bastando con lo anterior y aún sin notificación alguna, la Inspección Comunal del Trabajo de San Antonio fiscalizó a Seaport S.A., apoyándose en lo dispuesto en el referido dictamen, cursando una multa por un monto de 40 UTM.

Conforme a lo anterior, arguye, Seaport S.A. no fue informada de los siguientes hechos: a) Que era objeto de una investigación por parte de la Dirección del Trabajo que tenía como objeto determinar la procedencia del artículo 38 Nº2 del Código del Trabajo, lo que trajo consigo el hecho de que no pudo acompañar todos los antecedentes para demostrar su postura; y b) Que la Dirección del Trabajo había emitido un resolución bajo el Ord. N°6069, por el cual señala que no corresponde el trabajo en esas condiciones.

Señala que ante tales vulneraciones, Seaport S.A interpuso recurso de reposición en contra del Dictamen con fecha 15 de febrero de 2017, el que fue resuelto por la Dirección del Trabajo mediante resolución del día 9 de abril de 2017 –entendiéndose notificada a su parte al tercer día de enviada, el día 6 de Abril de 2017– en la que se señala: a) Que no tenía la obligación de notificar a Seaport S.A de su pronunciamiento original, ya que no era interesado, como Seaport S.A. ha argumentado; b) Que Seaport S.A no puede ejercer el recurso de reposición que contempla la Ley N°19.980; siendo el motivo para ambos argumentos que la Dirección del Trabajo no está sujeta a la Ley N°19.980 en este caso, ya que está ejerciendo una facultad de interpretación; y c) Que existe una reclamación administrativa pendiente sobre la Multa 3089/2017/3 emanada de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio; constituyendo esta negativa la tercera vulneración de que fue objeto Seaport S.A.

Alega que, en lo referente a las letras a) y b) precedentes, en cuanto a la autonomía de la Dirección del Trabajo respecto de la Ley N°19.880 cuando ejerce labores de interpretación, la actividad realizada por la recurrida en Seaport S.A. no es una labor interpretativa, sino que una labor de fiscalización, y el fundamento de ello se encuentra en la hoja dejada por el fiscalizador al concurrir a la empresa, que se denomina “Inicio de la Fiscalización”. Así, plantea, el contenido del Dictamen se refiere a hechos concretos y no a interpretaciones abstractas, ya que considera lo informado por el fiscalizador en su informe, y luego dictamina al considerar las normas del Código del Trabajo para Seaport S.A. En lo referente a la letra c) de la resolución del día 9 de abril de 2017, sobre existir un recurso pendiente, tampoco resulta pertinente, toda vez que la causa en tramitación bajo el RIT I-3-2017 del 2º Juzgado de Letras de San Antonio, versa sobre la reclamación de la multa 3089/2017/3, no respecto del Dictamen emanado de la Dirección de Trabajo, siendo actos administrativos independientes entre sí.

Denuncia que los hechos relatados vulneran la garantía prevista en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a un procedimiento racional y justo, aseverando que la Dirección del Trabajo ha actuado de manera antojadiza y apartada completa de la ley, cuyo corolario es la resolución respecto del recurso de reposición deducido contra el Dictamen, cuando expresamente señala que su actuar se encuentra al margen de la aplicación de la Ley N°19.880, por lo cual no tiene obligación de notificar a Seaport, ni de informar, ni de resolver su recurso de reposición, faltando de este modo las normas básicas del debido proceso.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, declarándose afectada, amenazada y/o lesionada la Garantía Constitucional señalada, ordenando iniciar nuevamente el proceso de pronunciamiento del Dictamen, o la notificación del mismo, o la resolución del recurso de reposición, en cualquier medida que determine esta Corte.

Acompañó a su acción copia del Dictamen Ordinario N°6069, de fecha 23 de Diciembre de 2016; copia de Ordinario N°1487 que rechaza recurso de reposición; copia del sobre y comprobante de seguimiento del correo contenedor del Ordinario N°1487.

A fojas 42 informa el recurso doña Daniela Cabrera Pérez, abogada, en representación de la recurrida Dirección del Trabajo, quien, en lo pertinente, señala como antecedentes que, con fecha 28 de octubre de 2016, don nombre reservado, en su calidad de Presidente del Sindicato de la Empresa Seaport N°2, solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio un Dictamen, en orden a determinar si las actividades desarrolladas por su empleador calificaban para estar comprendidas en alguna de las circunstancias contempladas en el N°2 del inciso primero del artículo 38 del Código del Trabajo. En razón de tal petición, la Dirección del Trabajo, mediante el Departamento Jurídico y su Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho, solicitó una diligencia inspectiva de fiscalización a la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, para un mejor resolver. Agrega que la fiscalización fue realizada el día 14 de abril de 2016, y de ella se pudo constatar que la empresa Seaport se encuentra dividida en diversas secciones, dentro de éstas, el sector de CMPC, no cumpliría con los supuestos a que se refiere el numeral 2 del inciso primero del artículo 38 del Código del Trabajo, debido a que se dedica a la recepción y consolidación de la carga, que no es un proceso constante, ya que el trabajo se organiza con base a una planificación anticipada, en el que, además, durante los dos meses anteriores a la fiscalización no resultó necesaria la prestación de servicios en días domingo o festivos. Conforme a tal informe de fiscalización, señala, el Ordinario Nº 6069, de 23 de diciembre de 2017(sic), estableció que los trabajadores de la recurrente que se desempeñan en el sector CMPC no califican en ninguna de las circunstancias que describe el inciso primero del artículo 38 del Código del Trabajo, por lo que no resulta procedente su prestación de servicios en días domingo o festivos. Ante tal resolución, con fecha 15 de febrero de 2017, Seaport S.A. presentó recurso de reposición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual fue rechazado mediante Ordinario Nº1487, de 4 de abril del presente año, por resultar jurídicamente improcedente y encontrarse judicializado el asunto en la causa RIT I-3-2017 del 2º Juzgado de Letras de San Antonio.

Plantea una primera alegación referida a la extemporaneidad del recurso, fundado en que éste se dirige en contra del Ordinario Nº1487 de 4 de abril de 2017, sin embargo, de las alegaciones fundamentales de la acción, se desprende que ésta dice relación con la dictación del primer Ordinario Nº6069, de 23 de diciembre de 2016, por lo que cabe concluir que el recurrente tomó conocimiento del pronunciamiento contra el cual recurre al menos en la fecha en que interpuso el recurso de reposición, es decir, el 15 de febrero de 2017. Por lo tanto, habiendo presentado el recurso de protección el día 9 de mayo de 2017, forzoso resulta concluir la extemporaneidad del mismo. Agrega que, si se admitiera que el recurso se dirige sólo contra la decisión de rechazar el recurso de reposición de 4 de abril de 2017, la acción no sería extemporánea, pero en ese caso se debería sólo examinar la legalidad de ésta y no ya del Ordinario de diciembre del año 2016.

Conforme a lo expresado, en un segundo orden de ideas, se avoca a verificar la legalidad del Ordinario N°1487 de 4 de abril de 2017, emanado del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, señalando que éste desechó el recurso de reposición no por razones de fondo, sino por improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º letra b) del D.F.L. Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, norma que relaciona con lo dispuesto por el artículo 5° letra b) del mismo cuerpo normativo, para concluir que el Director del Trabajo se encuentra facultado para fijar, de oficio o a petición de parte, el sentido y alcance de la legislación y reglamentación laboral y social; facultad que –conforme a la jurisprudencia administrativa del mismo Servicio, contenida, entre otros, en el Dictamen N°110/11 de 9 de enero de 2004 y en el Ordinario Nº926 de 7 de marzo de 2014– se materializa en un acto que no se enmarca en ninguno de los conceptos de acto administrativo que contiene el artículo 3º de la Ley Nº19.880, toda vez que se trata de una potestad normativa reguladora, cuyo ejercicio corresponde que sea desempeñado únicamente por el Servicio recurrido. Agregando que igual conclusión se encuentra en el Oficio N°39.353 de 10 de septiembre de 2003, de la Contraloría General de la República. Conforme a lo anterior, concluye que respecto del pronunciamiento por el cual se recurre no cabe aplicar el procedimiento regulatorio contenido en la Ley Nº19.880, no resultando procedente, por los tanto, la revisión del mismo a través de los recursos de reposición y jerárquico previstos en el artículo 59 de dicho cuerpo legal. A mayor abundamiento, señala, los hechos sobre los que versa el Ordinario Nº6069 de 23 de diciembre de 2016, se encuentran sometidos al conocimiento de un Tribunal de Justicia mediante el procedimiento de reclamación de multa administrativa, por lo que la Dirección del Trabajo debe inhibirse de conocer y pronunciarse sobre la materia.

Alega a continuación la ausencia de un acto ilegal en el actuar de la Dirección del Trabajo, ya que el Ordinario recurrido ha sido dictado en uso de las atribuciones privativas del Servicio; excluyéndose también la arbitrariedad pretendida, por tratarse de una potestad normativa reguladora, de ejercicio exclusivo de la recurrida, así, si dicha actuación hubiese sido diferente, hubiese representado una falta al deber de respetar las instrucciones emanadas de la superioridad del Servicio y del Órgano Contralor, y hubiera infringido, a su turno, la igualdad ante la ley como principio constitucional.

Señala que el recurso de protección, en la especie, denuncia como afectada, lesionada y amenazada la garantía constitucional contenida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, en lo que respecta al derecho a un procedimiento racional y justo, sin embargo, arguye, no es efectivo que la recurrida haya conculcado tal garantía, ya que la fiscalización de carácter investigativa se ajustó a las instrucciones vigentes, dando cumplimiento al principio de bilateralidad, entrevistando en el momento de su realización al representante de la empresa, sirviendo tal fiscalización de base para que la Dirección del Trabajo procediera a ejercer una de las funciones que por Ley se le ha encomendado; motivos por los cuales solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompañó a su informe copia de la carátula del informe de fiscalización Nº0504/2015/1285 y su respectivo informe de exposición, de fecha 14 de abril de 2016; copia del Ordinario Nº6069, de fecha 23 de diciembre de 2016, firmado por don nombre reservado, Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo; copia del recurso de reposición interpuesto por don nombre reservado, en representación de la empresa Seaport S.A., dirigido en contra del Ordinario Nº6069, de fecha 23 de diciembre de 2016; y copia del Ordinario Nº1487, de fecha 4 de abril de 2017, mediante el cual se rechaza el recurso de reposición por improcedente, firmado por don nombre reservado, Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo.

A fojas 47 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que en relación a la solicitud de extemporaneidad alegada por la parte recurrida, ésta se desestimará toda vez que respecto al dictamen impugnado no aparece notificado ni que la parte pretensora haya tenido conocimiento antes del plazo contemplado en el Auto Acordado que regula la materia en su numeral 1º.

Tercero: Que, teniendo en consideración que no se encuentra discutido que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 Nº 2 del Código del Trabajo respecto a la empresa recurrente se encuentra actualmente en conocimiento del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, mediante un procedimiento de reclamación de multa, corresponde concluir que el asunto ventilado por medio de la acción constitucional se encuentra sometido al imperio del derecho, no pudiendo esta Corte determinar en razón de ello una medida cautelar. En efecto, el dictamen nombrado constituye el antecedente jurídico directo que dio origen a la fiscalización y posterior aplicación de la multa por incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 Nº 2 antes citado.

Cuarto: Que, en esas circunstancias tampoco se aprecia que la emisión del dictamen pueda afectar alguna garantía constitucional de la empresa reclamante, en la medida que ha quedado a salvo su derecho a accionar judicialmente respecto a los efectos que podría generar ese antecedente interpretativo, lo que precisamente ocurrió en la especie.

Por estas consideraciones y lo preceptuado por los artículos 19 N°3 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 10 por don Miguel Francisco Papic Vargas, en representación de Seaport S.A, en contra de la Dirección del Trabajo, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2513-2017.