nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUTAENDO Y OTRO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos A folio 1, comparece nombre reservado deduce acción de protección en favor de los docentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, en adelante también CPEIP y, de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Ordinario N°010/028, de 22 de enero de 2026, que expone razones para suspender el pago de la Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°16, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, expone que la asignación reclamada, regulada en el artículo 50 del Estatuto Docente, dejó de percibirse por las docentes entre julio de 2021 y junio de 2024. Agrega que, tras diversas gestiones, la Contraloría, mediante Dictamen E569386/2024, instruyó su pago evaluando caso a caso atendido si se había solicitado la suspensión de la evaluación docente. Sin embargo, requerido el pronunciamiento del Centro recurrido en enero de 2026, éste informó que no correspondía efectuar el pago, por tratarse de suspensiones posteriores a la aplicación de la sanción; respuesta contenida en el Ordinario impugnado y comunicada por la Municipalidad el 25 de febrero de 2026.

Sostiene que conforme al artículo 50 del Estatuto Docente y a las Leyes N°21.272 y N°21.399, los docentes que en tramo inicial o temprano suspendieron sus procesos de evaluación durante la pandemia mantuvieron su derecho a percibir la asignación. Añade que, en virtud del artículo 71 del mismo cuerpo legal, rige supletoriamente el Código del Trabajo, cuyos artículos 10, 41, 54, 55 y 57 consagran la obligación del empleador de pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones, su carácter alimentario e inembargable, y la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Finalmente, afirma que el acto impugnado vulnera el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al privar a las docentes de una remuneración devengada e incorporada a su patrimonio; la libertad de trabajo y su justa retribución del artículo 19 N°16; y el derecho a la seguridad social del artículo 19 N°18.

Pide, se deje sin efecto la aplicación del Ordinario N°010/028, restableciéndose el imperio del derecho, con costas en caso de oposición.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 7, evacuó informe la Ilustre Municipalidad de Putaendo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, afirma que no existe respecto de su parte acto ilegal o arbitrario propio susceptible de ser corregido por esta vía cautelar por cuanto no dictó acto técnico propio ni resolvió sobre la procedencia del pago, sino que solo consultó al órgano sectorial competente, CPEIP, respecto de cinco docentes. Emitido el pronunciamiento de este órgano, la Municipalidad se sujetó a él, informando vía transparencia, que estaba impedida de autorizar pagos o reliquidaciones.

Luego, alega la improcedencia del recurso por tratarse de una materia de lato conocimiento, pues lo controvertido no es el simple no pago de una remuneración pacífica, reconocida y exigible, sino la procedencia misma del beneficio, esto es, si respecto de cada docente concurrían los presupuestos legales para mantener o recuperar el derecho a la asignación. Ello obliga a examinar, entre otras materias, el alcance del inciso cuarto del artículo 50 del Estatuto Docente, la incidencia de las Leyes N°21.272 y N°21.399, y la distinción entre suspensión de evaluación docente y suspensión del proceso de reconocimiento, cuestiones que no pueden resolverse mediante una acción cautelar desprovista de término probatorio, al no hallarse frente a un derecho indubitado sino ante una materia técnicamente discutible.

Sostiene el carácter meramente confirmatorio del acto invocado y la ausencia de actualidad cautelar, pues la asignación dejó de percibirse desde julio de 2021 hasta junio de 2024, existiendo gestiones previas relativas al mismo problema en julio de 2023 y octubre de 2025, de modo que el pronunciamiento del CPEIP de enero de 2026 no constituye el nacimiento de un conflicto nuevo, sino la reiteración formal de una controversia preexistente, lo que revela la ausencia de la urgencia propia del recurso de protección.

Asimismo, invoca el debilitamiento adicional de su legitimación pasiva, en razón de que las docentes fueron traspasadas a la administración del SLEP Aconcagua a contar del 1 de enero de 2026, finalizando cuatro de ellas su relación con la Municipalidad el 31 de diciembre de 2025, y habiendo cesado doña nombre reservado el 30 de mayo de 2023 mediante despido indirecto, analizando en detalle la situación individual de cada recurrente en cuanto al nacimiento, pérdida y eventual recuperación del derecho.

Finalmente, controvierte la existencia de vulneración de las garantías constitucionales invocadas, argumentando que no se configura afectación del artículo 19 N°24, por no existir un crédito actualmente exigible, líquido e indubitado; ni del artículo 19 N°16, por no versar el debate sobre el acceso al trabajo; ni del artículo 19 N°18, por no tratarse de un problema previsional.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 11, evacuó informe la Contraloría Regional de Valparaíso, de la Contraloría General de la República.

Señala que mediante el dictamen N°E139466, de 2021, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del inciso cuarto del artículo 50 de la ley N°19.070, en relación con el pago de la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. En dicho pronunciamiento se tuvo presente que la Ley N°21.272 suspendió la evaluación docente durante el año 2020, distinguiéndose dos situaciones: docentes que optaron por evaluarse y aquellos que decidieron no someterse al proceso.

En ese contexto, el dictamen señaló que a los docentes que optaron por evaluarse les resulta aplicable la limitación del inciso cuarto del artículo 50, en la medida que no hayan avanzado de tramo profesional. En cambio, los docentes que ejercieron la facultad de no evaluarse en 2020, al amparo de la Ley N°21.272, mantienen su derecho a percibir la asignación hasta el siguiente período evaluatorio al que se sometan.

Posteriormente, mediante el oficio N° E569386, de 2024, esta Contraloría Regional se pronunció sobre la situación de una docente de la Municipalidad de Putaendo, reiterando el criterio anterior en cuanto a la necesidad de distinguir entre quienes se evaluaron y quienes suspendieron el proceso, precisando que estos últimos conservan el derecho a la asignación hasta el próximo proceso evaluatorio. Como no fue posible determinar si la interesada había ejercido dicha facultad, se instruyó a la Municipalidad establecer esa circunstancia y actuar conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable, informando a la interesada.

Finalmente, afirma que el pago de la asignación no se encuentra condicionado a gestiones administrativas entre organismos, debiendo el sostenedor efectuarlo si se cumplen los requisitos legales.

Adjunta copia del dictamen de la Contraloría General y del pronunciamiento emitido por esta Sede Fiscalizadora.

A folio 23, evacuó informe la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, en representación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, solicitando el rechazo del recursos, con costas.

En primer lugar, sostiene que el recurso es improcedente, toda vez que la materia excede el ámbito de la acción de protección, por su naturaleza cautelar destinada a amparar derechos indubitados. Argumenta que el recurso no versa sobre una emergencia con vulneración manifiesta de derechos, sino que impugna un acto meramente informativo —el Oficio Ordinario N° 010/028 del CPEIP—, que solo confirma las razones de la suspensión de la asignación.

En cuanto al fondo, señala que, en virtud del inciso cuarto del artículo 50 del Estatuto Docente, aquellos profesionales que, encontrándose en tramo Inicial o Temprano del Sistema de Desarrollo Profesional Docente creado por la Ley N°20.903, solo pueden percibir dicha asignación por el término de cuatro años desde que nace su derecho a hacerla exigible. En consecuencia, habiéndose iniciado el cómputo en julio de 2017 y cumplido el plazo en julio de 2021 sin progresión al tramo Avanzado, el CPEIP procedió, con arreglo a la Resolución Exenta N°4047, de 2021, a determinar la pérdida de la asignación respecto de los docentes recurrentes, sin que concurrieran a su favor las causales de exclusión previstas. Sobre esa base, y tras el análisis individual de doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, concluyó que la suspensión se ajustó a la normativa vigente, sin que procediera pago retroactivo por el período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2024.

Afirma que su actuación se enmarcó estrictamente en el principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución y en el artículo 2° de la Ley N°18.575, limitándose a dar cumplimiento a lo dispuesto por el legislador, sin obrar por mero capricho ni en contravención al ordenamiento jurídico.

Finalmente, niega la afectación de garantías constitucionales: respecto de la libertad de trabajo (art. 19 N°16), no advierte relación con el cese de la asignación; en cuanto a la seguridad social (art. 19 N°18), la estimó excluida del amparo del artículo 20; y respecto del derecho de propiedad (art. 19 N°24), sostuvo que la asignación no ingresó válidamente al patrimonio de los afectados, pues solo la percibían bajo los supuestos —ya cumplidos— del inciso cuarto del artículo 50.

Acompaña documentos al informe.

A folio 22, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se solicita dejar sin efecto el Ordinario N°010/028 de 22 de enero de 2026 emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas solicitando que se deje sin efecto su aplicación y se proceda a regularizar el pago de la Asignación por Desempeño en Establecimientos con Alta Concentración de Alumnos Prioritarios adeudada a los docentes afectados.

Tercero: Que, la Ilustre Municipalidad de Putaendo solicita el rechazo del recurso alegando la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario propio, toda vez que se limitó a consultar al órgano competente y acatar su criterio técnico sectorial. Sostiene que la controversia es de lato conocimiento por referirse a la procedencia casuística de asignaciones especiales y que carece de actualidad cautelar al ser el oficio impugnado meramente confirmatorio de una situación preexistente desde el año 2021, descartando de forma categórica la existencia de un derecho indubitado o infracción a las garantías constitucionales del artículo 19.

Por su parte, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, afirma que la suspensión se ajustó a la normativa vigente, sin que procediera pago retroactivo por el período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2024, limitándose a dar cumplimiento a lo dispuesto por el legislador, sin obrar por mero capricho ni en contravención al ordenamiento jurídico.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes y las posiciones contrapuestas de las partes, aparece de manifiesto que la controversia planteada no se relaciona con el ejercicio de un derecho incuestionable, sino con la determinación del pago de una asignación cuya fuente tiene origen en la ley, y discutir sobre la procedencia o no de ésta en el caso concreto, constituye una materia que excede el marco sumario y cautelar de la acción de protección.

En efecto, es necesario realizar un análisis de fondo sobre las condiciones del de la asignación lo que corresponde al ejercicio propio de un juicio declarativo y no de esta sede constitucional.

Quinto: Que, al no existir un derecho indubitado preexistente sobre el cual esta Corte pueda pronunciarse por esta vía, al no cumplirse con los presupuestos básicos para que prospere la acción de protección.

Pretender lo contrario implicaría desnaturalizar esta vía de urgencia, transformándola en una instancia declarativa de derechos, sustituyendo indebidamente el procedimiento que el legislador ha previsto para este tipo de disputas, el presente recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas y de la Ilustre Municipalidad de Putaendo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2502-2026.