HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR con DIRECCION DEL TRABAJO COMUNA DE VALPARAISO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección por la abogada Cristina Andrea Meneses Castro, en representación de la sociedad Hospital Clínico Viña Del Mar S.A., en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, por la omisión que califica de ilegal y arbitraria, consistente en no haber concluido dentro del plazo legal la investigación administrativa iniciada en el marco de la Ley N° 21.643, respecto de la denuncia formulada por la trabajadora doña nombre reservado en contra de su empleador, vulnerándose con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, explica que el 30 de abril de 2025, la trabajadora doña nombre reservado comunicó formalmente a su jefatura una situación ocurrida al interior de su unidad de desempeño, manifestando su intención de activar el procedimiento previsto en la Ley N° 21.643. En cumplimiento de las obligaciones que impone dicha normativa, mediante Resolución Interna N° 08/2025 de 2 de mayo de 2025, el Hospital Clínico Viña del Mar S.A. dispuso la separación funcional de la trabajadora denunciante respecto de la unidad en que se desempeñaba, asignándola temporalmente a otra unidad clínica del mismo establecimiento, y procedió a derivar los antecedentes a la Dirección del Trabajo. Habiéndose instruido el ingreso de la solicitud mediante el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC), el empleador formalizó la derivación el 7 de mayo de 2025, asignándosele el Ticket N° 30672.

Indica que, a partir de dicho momento, correspondía a la autoridad administrativa sustanciar la investigación dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 211-C del Código del Trabajo, el que, conforme a la normativa reglamentaria aplicable, debía contarse desde la recepción de la derivación, venciendo el 19 de junio de 2025. Sin embargo, dicho plazo habría transcurrido sin que la Dirección del Trabajo notificara el inicio de la investigación, practicara diligencias investigativas ni emitiera el informe que pusiera término al procedimiento.

Señala que esta inactividad resulta ilegal, por contravenir el artículo 211-C del Código del Trabajo, y arbitraria, por carecer de todo fundamento normativo o racional, prolongando indefinidamente un procedimiento que, por mandato legal, debía concluirse en un plazo determinado, afectando así la certeza jurídica respecto de su resultado y los derechos constitucionales de la recurrente.

Precisa que la omisión denunciada vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al situar a la recurrente en una posición desmejorada respecto de otros empleadores sometidos a procedimientos tramitados conforme a derecho, generando una diferencia arbitraria carente de justificación objetiva; y asimismo el derecho de propiedad, al perturbarse ilegítimamente su derecho a organizar y desarrollar su actividad empresarial bajo un marco jurídico cierto y previsible, y a que los procedimientos administrativos que la afectan concluyan dentro de los plazos legales.

Solicita acoger el recurso, declarar ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida, ordenar el cierre del procedimiento administrativo con pronunciamiento expreso sobre el término de las medidas de resguardo adoptadas, y condenar en costas a la recurrida.

A folio 7, evacúa informe la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

Expone los antecedentes de hecho, señalando que el 7 de mayo de 2025 se recepciona la derivación del empleador bajo el Ticket SUAC N° 30672, generándose la comisión N° 506/2026/1486.

Indica que el 8 de abril de 2026 se notificó el inicio de la investigación al empleador, el 13 de abril de 2026 se acusó recibo de la documentación, el 14 de abril de 2026 se efectuó la visita inspectiva y se realizaron entrevistas a trabajadores, al denunciado y al representante del empleador; que el 20 de abril de 2026 se egresó el Informe de Fiscalización N° 500/2026/1486, y que el 21 de abril de 2026 se emitieron las Conclusiones Jurídicas, determinándose que no se constataron indicios de los hechos denunciados. Finalmente, el 22 de abril de 2026, mediante Oficios Ordinarios N° 500-24082/2026 y N° 500-24083/2026, se notificó el resultado de la investigación al empleador y a la trabajadora denunciante, se procedió a archivar el caso, y se autorizó al empleador para levantar las medidas de resguardo decretadas.

En cuanto al fondo, y respecto de la demora en tramitar la investigación, señala que ella se explica y justifica por el aumento exponencial de denuncias interpuestas tras la entrada en vigencia de la denominada "Ley Karin" y por la insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios del Servicio, circunstancias que constituyen fuerza mayor.

Hace presente que, conforme a la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en los dictámenes N° 96.251 de 2015, 3.860 de 2018 y 19.288 de 2019, los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales, y su vencimiento no extingue la competencia del órgano para actuar con posterioridad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan originarse.

Añade que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar demoras en procedimientos administrativos, debiendo recurrirse a los mecanismos de impugnación previstos en la Ley N° 19.880.

A folio 11, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales allí enumeradas frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que las priven, perturben o amenacen. La arbitrariedad supone la ausencia de razonabilidad en el actuar u omitir; la ilegalidad, la contravención de un precepto normativo obligatorio.

Segundo: Que, los hechos del presente caso no son controvertidos. El 7 de mayo de 2025, el empleador Hospital Clínico Viña del Mar S.A. derivó formalmente los antecedentes a la Dirección del Trabajo mediante el SUAC, Ticket N° 30672. Desde esa fecha y conforme al artículo 211-C del Código del Trabajo, el Servicio contaba con un plazo máximo de treinta días para concluir la investigación, que venció el 19 de junio de 2025. No obstante, la Dirección del Trabajo no efectuó actuación investigativa alguna durante un lapso aproximado de once meses, manteniéndose en un estado de inactividad absoluta que se prolongó hasta la interposición del presente recurso, deducido el 24 de marzo de 2026. Fue únicamente con posterioridad a dicha presentación que el Servicio recurrido procedió a notificar el inicio de la investigación -el 8 de abril de 2026- practicar las diligencias del caso y concluir el procedimiento.

Tercero: Que, la omisión así descrita reviste el carácter de ilegal y arbitraria que exige el artículo 20 de la Constitución Política. Es ilegal, por cuanto el artículo 211-C del Código del Trabajo, norma imperativa de orden público laboral, impone a la Dirección del Trabajo la obligación de concluir la investigación dentro del plazo de treinta días, el que este Servicio sobrepasó con creces, sin actuación de ningún tipo durante casi un año. Es, además, arbitraria, por cuanto la recurrida no ofrece justificación racional y proporcionada para tan prolongada inacción: la sobrecarga de trabajo derivada de la Ley Karin, aunque comprensible como antecedente estructural, no constituye fundamento suficiente para sostener una parálisis de once meses respecto de un procedimiento que el legislador, precisamente en consideración a la gravedad de las materias involucradas, quiso que fuera breve y expedito. La circunstancia de que el Servicio recurrido solo haya actuado una vez interpuesto el presente recurso corrobora que la inactividad previa careció de justificación objetiva y razonable, importando una desidia administrativa que perturbó los derechos fundamentales de la recurrente.

Cuarto: Que, la circunstancia que el procedimiento administrativo haya concluido durante la tramitación del presente recurso no obsta a su acogimiento ni priva a esta Corte de la facultad de declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión, toda vez que el agravio se configuró y prolongó por meses antes de que el presente arbitrio cautelar fuera interpuesto, siendo justamente su presentación el factor determinante que motivó la actuación tardía del Servicio recurrido. Declarar lo contrario importaría validar la práctica de la inactividad administrativa prolongada, premiando al órgano infractor por haber subsanado su omisión solo ante la presión del control jurisdiccional, por lo que el presente recurso será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la sociedad Hospital Clínico Viña del Mar S.A., en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, declarándose ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida en concluir oportunamente la investigación administrativa iniciada bajo el Ticket SUAC N° 30672.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2501-2026