nombre reservado con ARMADA DE CHILE

Vim.

C.A. de Valparaíso Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, el 3 de enero de 2024, comparece don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Armada de Chile, representada por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en investigar y juzgar a la protegida como Comisión Especial, arrogándose atribuciones fuera de su competencia, afectando con ello las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1°, 3° y siguientes del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que, un día que la protegida ingresaba a su turno en el Hospital Naval Almirante Nef, donde se desempeña como empleada sujeta al Código del Trabajo, sin que existiera un Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, se le intentó obligar arbitrariamente se sometiera a un control de drogas.

Agrega que, justificadamente se negó a tal procedimiento, y por ello la recurrida la sancionó enviándola a su casa sin motivo alguno durante cuatro días, tras los cuales, sin contar con el aludido reglamento, envió a la Dirección del Trabajo una carta de amonestación por desobedecer la orden ilegal y arbitraria de no someterse a un control de drogas.

Por otro lado, indica, que la Armada recurrida ante la negativa de la actora al examen de drogas, comenzó a acosarla de forma ilegal, para dar un escarmiento a todos los enfermeros que trabajan en el hospital, con ocasión del suicidio de don nombre reservado (Q.E.P.D.), en el mes de septiembre de 2022, en el área de psiquiatría donde se desempeñaba, citándola luego de su desacato a declarar en calidad de imputada por tal hecho en circunstancias de que previamente le había citado como testigo.

Acusa que la recurrida no cuenta con la facultad ni atribución para notificar a la protegida la calidad de imputada.

Hace presente que, debido al suicidio antes referido, la actora sufrió estrés postraumático haciendo uso de 7 meses de licencia médica, desde septiembre de 2022 a marzo de 2023 que le otorgó la Asociación Chilena de Seguridad.

Reprocha que el Comandante en Jefe de la Armada, aprovechándose de la situación y como un acto vindicativo por la negativa de la recurrente a practicarse el examen de drogas, ordenó la reapertura de la investigación del suicidio, citándola a declarar en tres oportunidades en el año 2023, mientras gozaba de licencia médica.

Asevera enfáticamente, que lo anterior es claramente un acto más de acoso laboral, máxime si la recurrida tenía conocimiento de la licencia por enfermedad profesional de la actora por el hecho que se investiga, toda vez que no tiene competencia ni legitimación activa para realizar dicha investigación.

Considera que los oficiales de la Armada han tomado la Institución para uso personal y actuando al margen de la legalidad, malgastan los recursos fiscales con el único objeto de intentar acosar psicológica y económicamente a la protegida.

Denuncia que el Comandante en Jefe ha guiado a los funcionarios del hospital a llevar a cabo de forma cruel y despiadada nuevos actos de acoso laboral contra la protegida, persiguiéndola al margen de la ley con el fin de afectar su salud.

Arguye que la presente medida cautelar, se interpone con la finalidad a fin de resguardar la salud de la actora y evitar males y perjuicios mayores que se puedan lamentar o que sean irreversibles.

Previas citas legales y tras indicar las garantías legales que estima conculcadas, solicita que, acogiendo el recurso declarar que: “(…) DEBEN nombre reservado TIPO DE HOSTILIDADES HACIA LA RECURRENTE EN FORMA INMEDIATA, en el legítimo ejercicio de sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 1 y 3 de la Constitución Política, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, entre ellas, todo con condena en costas (…)”.

A folio 6, el 11 de enero de 2024, el Comandante en Jefe de la Armada, informa al tenor del recurso.

Indica que la protegida desempeña labores de enfermera universitaria en el recinto hospitalario con duración indefinida.

Destaca que el 23 de enero de 2009 se le entregó a la actora el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, cuyo contenido declaró conocer.

En otro orden de ideas, respecto de la acusación de la actora en cuanto a la recalificación su la calidad de "testigo" a "inculpada", expresa que la investigación realizada al amparo de las normas legales y reglamentarias vigentes, en el ejercicio de las facultades y atribuciones otorgadas al Director del Hospital nombre reservado "Almirante Nef', durante la noche del 28 de septiembre de 2022, mientras la recurrente se encontraba desempeñando su función pública tuvo lugar el fallecimiento del paciente Sr. nombre reservado (Q.E.P.D.) ex funcionario naval, hospitalizado en el servicio de psiquiatría, hecho a raíz del cual el Director del Hospital nombre reservado "Almirante Nef” ordenó la instrucción de una investigación sumaria administrativa, mediante resolución D.H.N."A.N." Reservado N°1590/ISAS/1184 VRS., de 29 de septiembre de 2022, para averiguar los hechos, causas, circunstancias y responsabilidades, si las hubiere.

Asevera que durante la tramitación de dicho sumario la actora tuvo calidad de testigo, reconociendo que fue citada a declarar en más de una oportunidad mientras hacía uso de licencia médica, pues aquella es ineficaz para impedir la notificación de la referida diligencia procesal, que señala fue reprogramada por la Fiscalía Administrativa.

Expone que, una vez efectuado el cierre del citado sumario, mediante Oficio Reservado N°1590/61, de 16 de mayo de 2023, el Sr. nombre reservado manifestó observaciones al expediente sumarial, motivo por el cual el Sr. Director del Hospital nombre reservado "Almirante Nef", mediante Resolución D.H.N."A.N." Reservado N°1590/1SAS/401 VRS., de 12 de junio de 2023, dispuso la reapertura de la respectiva investigación sumaria administrativa con la especifica finalidad de subsanar las observaciones efectuadas por el auditor, siendo una de éstas que el personal que se encontraba de turno el día en que ocurrieron los hechos, en calidad de inculpados, lo que no impide establecer y proponer su posterior sobreseimiento, si se acredita su falta de responsabilidad.

Afirma que el sumario se encuentra en curso y tiene carácter reservado.

Dice que, seguidamente, y habiendo pasado más de ocho meses desde la instrucción del sumario, con fecha 3 de junio de 2023 se constituyó en el hospital el equipo multidisciplinario, compuesto por personal de la Dirección de Inteligencia y personal del Servicio de Medicina Preventiva de la Dirección de Sanidad de la Armada, para realizar test de detección de drogas, en matriz de orina, al personal bajo su mando, oportunidad en que la protegida no permitió que se le practicara el examen, vulnerando de esa forma el contrato de trabajo y el Decreto Supremo que contiene el reglamento que regula la materia.

Alega que, la acción de protección no es la vía idónea para el acoso que denuncia toda vez que se debe considerar que inició la tramitación de una tutela de derechos laborales fundamentales, sustanciados ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, ROL: T-560-2023, con fecha de audiencia preparatoria el 19 de febrero de 2023.

Refiere que el actuar de la Armada de Chile se ha enmarcado con precisión en actuaciones que en su calidad de órgano público y centro hospitalario le resulta exigible, sin que exista acto arbitrario ni ilegal, y sin que se hubiere configurado aún siquiera una amenazada de un derecho constitucionalmente amparado con la acción de protección, razones por las que pide sea rechazado en definitiva con costas.

A folio 7, el 15 de enero del presente año, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección contemplada en nuestra Constitución, tiene como propósito cautelar adecuadamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados o vulnerados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restitución.

Segundo: Que, de lo expuesto se desprende, que es requisito imprescindible de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, miramiento que resulta básico para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que, para la resolución de la presente controversia cabe tener presente que el Código del Trabajo contempla las acciones que en sede administrativa y judicial puede ejercer el trabajador en defensa de sus derechos, estableciendo procedimientos reglados, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según la hipótesis que se invoquen.

Cuarto: Que, del mérito de lo informado por el recurrido y de la revisión del sitio oficial del Poder Judicial, se advierte que el conflicto de relevancia jurídica traído a conocimiento de esta Corte, se encuentra ya sometido al imperio del derecho, desde que la recurrente accionó ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, en la causa Rol T-560-2023 por tutela de derechos laborales fundamentales, en cuya demanda alude implícita y expresamente a las garantías supuestamente conculcadas por la recurrida con ocasión del acoso laboral del que sería víctima cuestión que ya es de conocimiento del tribunal de mérito ya singularizado, en un procedimiento controversial, que satisface los derechos de defensa de las partes, y por lo mismo, permite concretar adecuadamente la tutela judicial solicitada, lo que desde ya, habilita a esta Corte a desestimar la acción constitucional aquí planteada.

Quinto: Que, por otra parte, habiéndose sometido el asunto a un órgano jurisdiccional quien ha adoptado decisiones en ese orden, conforme a las competencias que le son propias, no es procedente pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad del actuar de la recurrida, toda vez que la problemática planteada por la recurrente está bajo el amparo del derecho.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve: Que se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Armada de Chile.

Regístrese y archívese oportunamente.

Protección N°25-2024.

No firma la Ministra (S) Sra. Ingrid Alvial Figueroa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por estar ausente, autorizada por la Excma. Corte Suprema.