Recurso de protección

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, cubana, en contra el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario de tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 5 de febrero de 2026, vulnerando con ello su garantía fundamental, establecida en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a Chile por paso no habilitado con fecha 14 de octubre de 2022, cuatro días más tarde, el 18 de octubre de 2022, realizó su respectiva Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino ante la Policía de Investigaciones de Chile. Explica que luego de haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, se le comunica que su solicitud no cumple con los requisitos formales legales mínimos establecidos en la ley, se le otorga el plazo de 15 días hábiles para subsanar, señala que dentro de plazo adjuntó una explicación subsanando su solicitud, y que luego de ello se emite la resolución que impugna por esta vía.

Arguye que, la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, pues el requisito formal consistente en presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado del artículo 26 de la Ley Nº 20.430 fue creado en virtud de la modificación legal que entró en vigencia el 20 de febrero de 2024 con la publicación de la Ley N° 21.655. Considerando que el ingreso de la recurrente fue el día 14 de octubre de 2022, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.655, no se puede exigir un requisito que no existía al momento de su ingreso y que fue creado con posterioridad, tratándose de un requisito imposible de cumplir, y a lo imposible nadie está obligado.

Refiere que, el requisito consistente en el plazo de 7 días hábiles para presentar la solicitud solo es aplicable para quienes han ingresado al territorio de la República de Chile con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.655, toda vez que la irretroactividad de la ley es la regla general, y, especialmente, considerando que extender la aplicación de la ley menos favorable es directamente incompatible con el principio pro homine, que informa la normativa en materia de migración y refugio.

Solicita, se ordene dejar sin efecto Resolución Exenta que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, que en su lugar se ordene tener por subsanada dicha solicitud, y que se ordene emitir una nueva resolución teniendo por formalizada la solicitud del recurrente, reanudando de esta forma la tramitación de dicha solicitud, en un plazo no superior de 30 días, o la providencias que se estimen pertinentes, con costas.

A folio 7, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quien explica que la actora ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, y que el 19 de diciembre de 2025, manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Refiere que, verificados los requisitos formales, con fecha 30 de enero de 2026, se le notificó que la solicitud se encontraba incompleta, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. Se le concedió 15 días para subsanar la solicitud, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley 20.430 y en el artículo 31 de la Ley 19.880.

Refiere que, habiendo presentado los antecedentes y analizados los mismos, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 25 de febrero de 2026, la recurrida tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Además, hace presente que con fecha 20 de febrero de 2024, se publicó la Ley 21.655, que modificó la Ley 20.430, sobre protección de refugiados, en cuyo artículo 28 bis, otorgó al Servicio la facultad de tener por desistidas aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 de Reglamento de la ley y si, de conformidad con el artículo 2° es manifiestamente infundada, con lo que se pone término a la discusión de si el Servicio puede efectuar un análisis de admisibilidad de las solicitudes. Solicita el rechazo del recurso, y acompaña resolución previa al rechazo y resolución exenta impugnada.

A folio 8, se decretaron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria e ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 25 de febrero de 2026, que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, por haber presentado documentación que no permite entender por subsanados los requisitos formales faltantes.

Tercero: Que de los antecedentes acompañados se desprende que la actora ingreso al país antes del 10 de octubre de 2022, fecha en la que realiza su declaración voluntaria de ingreso clandestino.

Cuarto: Que, de esta manera, es posible concluir que el Servicio debió aplicar a la tramitación de su solicitud de refugio la legislación vigente a la época de su ingreso al país, esto es, la Ley 20.430 sobre Protección de Refugiados previa a la modificación introducida con fecha 20 de febrero de 2024.

Quinto: Que, en consecuencia, el acto impugnado deviene en ilegal, pues exige el cumplimiento de un requisito imposible de cumplir toda vez que la actora ingresó al país antes de la modificación legal introducida por la Ley 21.655 de 20 de febrero de 2024 a la Ley que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, lo que demuestra que la autoridad administrativa ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistida al peticionario de su solicitud, conculcando con dicho proceder su garantía a la igualdad ante la ley.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación del Servicio, de haberse modificado la Ley 20.430, permitiéndole tener por desistidas las solicitudes que no cumplen con los requisitos formales para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, constituye una aplicación retroactiva de dicho cuerpo normativo, toda vez que, la actora ingresó al país antes del 20 de febrero de 2024.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de 25 de febrero de 2026, debiendo la recurrida continuar con tramitación de la solicitud presentada por la recurrente, como en derecho corresponda, hasta la dictación del acto terminal respectivo.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada y en su oportunidad, archívese.

Sujeto a anonimización.

N°Protección-2488-2026.