Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso

Foja: 92 Noventa y Dos Vim.

C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar los abogados don Mario Villagra, 30 minutos por su recurso y don nombre reservado, 10 minutos contra el mismo. Valparaíso, veintitrés de julio de dos mil quince.

nombre reservado

Relator Interino Valparaíso, veintitrés de julio de dos mil quince.

Visto:

A fojas 11, comparece doña nombre reservado, administradora, domiciliada en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, auxiliar, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por la Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal consistente en no haberse admitido a tramitación por la recurrida la solicitud de reconsideración de multa administrativa, por calificarle de extemporánea, cuestión que a su juicio importa una vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que el día 28 de mayo del presente año, presentó solicitud de reconsideración de multa administrativa impuesta a su representado mediante Resolución Nº 4002-15-020-1-2-3-4, de fecha 24 de abril de 2015, notificada personalmente con fecha 27 de abril del mismo año; agregando que mediante Ordinario Nº 950, de fecha 29 de mayo de 2015, notificado a través de carta certificada, de fecha 2 de junio del año en curso, se le comunicó por la recurrida que no se dio curso a la solicitud de reconsideración efectuada, atendido que ésta no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución recurrida, siendo jurídicamente improcedente otorgarle tramitación a dicha solicitud.

Alega que la decisión de la recurrida resulta ilegal toda vez que del examen del tenor del artículo 512 inciso 1º del Código del Trabajo, se desprende que los requisitos para deducir una reconsideración administrativa de multa son: a) que la solicitud se efectúe por escrito ante el Director del Trabajo, y b) que sea presentada dentro del plazo de 30 días siguientes a la notificación de la resolución que aplicó la multa; sin que exista a dicho respecto, indicación alguna sobre que dicho plazo sea de días corridos, como lo refiere la recurrida para no admitir a tramitación la reconsideración aludida.

En efecto, explica que al no existir norma expresa que indique que el término para deducir la solicitud de reconsideración sea de 30 días corridos, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 25 inciso 1º de la Ley Nº 19.880, el que dispone que los plazos de días establecidos en la citada ley, que regula los procedimientos administrativos, son de días hábiles, entendiéndose para tales efectos como inhábiles los días sábados, domingos y festivos; regla especial que interpretada en forma armónica con lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, debe llevar a conclusión que el plazo previsto en esta última disposición es de días hábiles.

En consecuencia, acusa que la recurrida ha obrado ilegalmente al contravenir con su decisión, normativa expresa sobre la materia, estableciendo para la procedencia de la solicitud de reconsideración, requisitos que la ley no prevé, al crear un plazo no contemplado en ella, excusándose de este modo de conocer del asunto para el cual se encuentra debidamente facultada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Por su parte, alega que la conducta de la recurrida también ha sido arbitraria, pues la interpretación errónea que efectúa ésta de los textos legales aplicables al caso, se debe a una falsa aplicación de lo dispuesto en el Código Civil, en circunstancias que la Ley Nº 19.880, es una norma especial cuya aplicación debe primar por sobre la ley común, sin que exista una justificación razonable para contravenir la aplicación de la citada ley especial por sobre la general, como corresponde conforme a la lógica jurídica; todos planteamientos que han sido recogidos por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol Nº 4015-2015, caratulada “Comercial Red Office Ltda. con Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte”.

Además sostiene que aunque la autoridad recurrida tiene la facultad de interpretar la normativa laboral, ello no le permite concluir que jurídicamente no es posible admitir a tramitación la reconsideración de multa administrativa, pues lo jurídicamente procedente no sólo debe comprender la ley, sino que el ordenamiento jurídico en su conjunto, encabezado por la Constitución Política de la República, cuyo artículo 7º le impone la obligación de actuar dentro de su competencia y ámbito de sus atribuciones, lo que en la especie no se ha cumplido, en tanto la recurrida se ha atribuido la facultad de establecer requisitos que la ley no contempla, configurándose de este modo un acto desprovisto de fundamentación racional y sustento legal.

Concluye señalando que la conducta de la recurrida priva, perturba o amenaza la garantía prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, sin que la ley ni autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias; ello por cuanto la actuación ilegal e injustificada de la autoridad recurrida impide a su parte que se tramite legítimamente un recurso que la ley franquea a todas las personas que se encuentran en la misma hipótesis descrita en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Solicita, en definitiva, que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la debida protección de la garantía conculcada, ordenando a la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa deducido por su parte en contra de la Resolución de Multa Nº 4002-15-020-1-2-3-4, con costas.

Acompaña la recurrente a su presentación documentación consistente en: (i) resolución de multa Nº 4002-15-020-1-2-3-4, de fecha 24 de abril de 2015; (ii) acta de notificación de multa, de fecha 27 de abril de 2015; (iii) formulario de reconsideración de multa, de fecha 28 de mayo de 2015; y (iv) oficio ordinario Nº 950, de fecha 29 de mayo de 2015, con sobre de correo.

A fojas 25, se concede a la recurrente orden de no innovar.

A fojas 80, informa la recurrida nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con costas.

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 23 de marzo de 2015, se generó la fiscalización Nº 0501/2015/538, por denuncia efectuada en contra del empleador nombre reservado, por no pago de remuneraciones, falta de recepción de licencia médica y no tramitación de accidente del trabajo conforme a la normativa; siendo asignada la comisión a la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, Paola Pacheco Mercado, quien durante la visita inspectiva y revisión de la documentación pertinente, constató una serie de infracciones contenidas en la Resolución de Multa Nº 4002/2015/20, de fecha 24 de abril de 2015, y notificada en forma personal al fiscalizado, el día 27 de abril del mismo año; agregando que en contra de dicha resolución, la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa, con fecha 28 de mayo de 2015, esto es, fuera del plazo de 30 días corridos exigidos por la ley para su interposición, motivo por el cual la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, a través de su Inspectora Provincial, dictó el Ordinario Nº 950, de fecha 29 de mayo pasado, en que se informa a la recurrente la inadmisibilidad por extemporaneidad de la solicitud de reconsideración administrativa.

Respecto de la presente acción cautelar, en primer término, alega la improcedencia de la misma, atendida la naturaleza del acto recurrido, ello por cuanto en la especie se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible, por extemporánea, la solicitud de reconsideración administrativa de multa, en contra de la cual el ordenamiento jurídico laboral contempla diversas instancias y recursos específicos para impugnarla.

En efecto, señala que tratándose de una resolución de multa, el ordenamiento jurídico otorga para su impugnación tanto un procedimiento de reclamación judicial como administrativo; el primero de ellos, ante el Juez de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo; y el segundo de éstos, ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, pudiendo reclamarse judicialmente del resultado de dicha reconsideración ante el Juez de Letras del Trabajo competente, según lo dispone el artículo 512 inciso 2º del citado Código. Por lo anterior, concluye que la vía jurisdiccional de protección no resulta procedente para impugnar la referida resolución y que, en consecuencia, esta vía cautelar se estaría utilizando sólo como un mero sustituto de procedimientos específicos expresamente contemplados en la ley.

En cuanto al fondo del recurso, advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, que atente contra la garantía que se reclama conculcada, toda vez que, por una parte, la resolución impugnada por esta vía se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, a los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo para tales efectos, y al principio de juridicidad previsto en los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental; y porque, por otro lado, dicha resolución ha sido dictada, con fundamento razonable, una vez comprobado por la recurrida que el término de 30 días corridos para deducir la reconsideración administrativa de multa, se encontraba vencido; no existiendo en consecuencia un tratamiento desigual respecto de la recurrente, en tanto ésta será siempre la respuesta que la Inspección recurrida dará a cualquier infractor en similares condiciones.

En dicho orden de ideas, explica que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por los funcionarios de su dependencia, debiendo dicha solicitud efectuarse por escrito y dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución de multa que se impugna; cuestión que, en este caso, no se ha cumplido, dado que notificada la resolución de multa a la recurrente, con fecha 27 de abril de 2015, ésta presentó la solicitud de reconsideración administrativa, el día 28 de mayo del año en curso, esto es, encontrándose ya vencido el término legal de 30 días corridos con que contaba para hacerlo.

Al respecto, precisa que si bien la disposición del artículo 512 del Código del Trabajo no señala expresamente si el término de 30 días que se establece para impugnar la resolución de multa, es de días corridos o de días hábiles, debe tenerse a la vista lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Código Civil, los que aplicados en forma armónica con lo previsto en el derecho administrativo, permiten concluir que el referido plazo es de días corridos, tal como ha quedado asentado en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia; en los Dictámenes Nº 49.126, de 20 de octubre de 2008, y Nº 64.985 de 2009, de la Contraloría General de la República, y en las Circulares Nº 73, de fecha 8 de junio de 2012, y Nº 96, de fecha 23 de septiembre de 2009, ambas emitidas por la Dirección del Trabajo; y lo anterior sin perjuicio, de hacer presente que en el mismo formulario Nº 10, de reconsideración administrativa consta, dentro de sus notas importantes, que el plazo para su presentación es de 30 días corridos desde la notificación de la resolución de multa.

A mayor abundamiento, indica que el hecho que no se haga mención en el artículo 512 inciso 2º del Código del Trabajo, sobre la naturaleza del plazo en cuestión, como asimismo que dicho plazo se encuentre comprendido en un procedimiento que tiene lugar en sede administrativa, no debe importar necesariamente que deba regirle supletoriamente lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, en cuya virtud los plazos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiéndose inhábiles, los días sábados, domingos y festivos; ello por cuanto la aplicación supletoria de sus normas, prevista en el artículo 1º de la Ley Nº 19.880, está destinada a integrar algo que falte dentro de un procedimiento administrativo especial, cuestión por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente resuelto cuál es la regla que corresponde aplicar, tal como lo ha consignada la reiterada jurisprudencia administrativa que indica.

Finalmente, refiere que la acción cautelar de autos no tiene por utilidad discutir respecto de la interpretación de las normas legales, como acontece en la especie.

Acompaña documentación a su informe.

Por resolución de fojas 90, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario Nº 950, de fecha 29 de mayo de 2015, la recurrida se negó a dar tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa deducida en contra de la resolución de multa Nº 4002-15-020-1-2-3-4, de fecha 24 de abril de 2015, y notificada a su parte con fecha 27 de abril del mismo año, en atención a que dicha reconsideración no había sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución de multa; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera la garantía fundamental prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos, de tal forma que la reconsideración administrativa ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

TERCERO: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando en primer término que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que en cuanto al fondo de recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez comprobado por la recurrida que el término de 30 días corridos para deducir la reconsideración administrativa de multa, se encontraba vencido; precisando al respecto que a falta de regla que determine expresamente si dicho plazo es de días corridos o hábiles, debe estarse a las reglas comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de la garantía que se reclama conculcada por la actora.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; regla que atendida su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, y en consecuencia aplicarse en la especie.

QUINTO: Que por lo antes razonado y advirtiéndose del mérito de los antecedente allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa fue presentada por la recurrente, el día 28 de mayo de 2015, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 27 de abril del presente año, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución de multa, debiendo habérsele otorgado por la autoridad recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

SEXTO: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 11 por doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por la Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, doña nombre reservado y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa, de fecha 28 de mayo de 2015, deducido por la parte recurrente en contra de la Resolución de Multa Nº 4002-15-020-1-2-3-4, de fecha 24 de abril de 2015, dictada por la recurrida.

Acordada con el voto en contra del Abogado integrante Sr. Carlos Fuentes Puelma, quien fue de opinión de rechazar la presente acción cautelar por los siguientes fundamentos:

1.- Que del mérito de los antecedentes y de lo expresado por las partes en audiencia, lo que motiva el presente recurso es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, materia que escapa del ámbito de aplicación de una acción constitucional como la presentada, la cual tiene por finalidad adoptar las medidas cautelares de emergencia cuando exista una vulneración o amenaza a algunas de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cuyo no es el caso.

2.- Que de lo expuesto, fluye que en la especie se discute con respecto a la interpretación de normas legales, en lo que dice relación a un plazo administrativo, materia que aparece resuelta por Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° 49.126 de fecha 20 de octubre de 2008, el que resulta ser vinculante para la recurrida.

3.- Que relacionado con lo anterior, del análisis del artículo 20 de la Constitución Política de la República se desprende que la finalidad del recurso de protección es la de reaccionar contra una situación de acto normal que de manera evidente vulnere alguna de las garantías constitucionales que dicha norma señala, no encontrándose destinada a resolver conflictos de intereses o dificultades de interpretación o de aplicación de normas legales, cuyo es precisamente el caso de autos.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 2465-2015.

Pronunciada por la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. Rosa Aguirre Carvajal, Sra. María del Rosario Lavín Valdés y por el Abogado integrante Sr. Carlos Fuentes Puelma.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario del día de hoy.