Protección contra Gobierno Regional de Valparaíso

Foja: 89 Ochenta y Nueve Edp C. A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1 comparece don nombre reservado, presidente y representante de la "nombre reservado El Folklore”, Rut N° RUT reservado, de la comuna de Quillota, doña nombre reservado, en su calidad de presidenta y representante de "Apoyo Femenino Unión y Fortaleza de Quillota" Rut N° RUT reservadoy don nombre reservado, presidente de la Junta de Vecinos nombre reservado de la Unidad Vecinal N° 193, Rut N° RUT reservado, de la comuna de Valparaíso, quienes actúan por sí y en representación de las agrupaciones indicadas, interponen recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Valparaíso, representado por su Intendente don Ricardo Bravo Oliva, por haber dictado la Resolución Exenta N° 31/1/2/833, de 10 de septiembre de 2014, mediante la cual se aprobaron las Bases Generales, Administrativas y Técnicas y convoca a postular a iniciativas de carácter deportivo, cultural y de seguridad ciudadana de hasta un 6% de los recursos del Fondo Nacional de desarrollo Regional 2014 del Gobierno Regional de Valparaíso. Fundan su recurso en que el 3 de septiembre de 2014 fueron publicadas las Resoluciones N°86, 87 y 88 que aprueban los Reglamentos del Fondo de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Gobierno regional de Valparaíso, respectivamente, y en que el 8 del mismo mes la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deportes y Recreación y la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, del Consejo regional, aprobaron por unanimidad la propuesta de Bases correspondiente al segundo concurso de este año, para el financiamiento de actividades artísticas y culturales por el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (en adelante FNDR), enviada por el Intendente Regional, respecto de lo cual se dictó el acto contra el cual se recurre. Añaden que el 16 de septiembre de 2014, como parte interesada en el Fondo del 6% del FNDR, efectuaron una consulta vía email a la Unidad de Cultura, División de Análisis y Control de Gestión, según lo indicado por las bases sobre la posibilidad de superar la etapa de admisibilidad en caso de tener toda la documentación solicitada en el concurso sin haber iniciado actividades, a lo que se respondió que no era posible postular al 2% de cultura sin contar con ese trámite; condición que les hizo imposible que postularan porque no tuvieron los medios humanos, económicos ni técnicos para hacerlo. Argumentan que las organizaciones que representan están regidas por la Ley N° 19.418 como Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias y al haberse establecido el requisito de haber iniciado actividades ante el SII fueron equiparadas a las Organizaciones Sin Fines de Lucro regidas por la Ley N° 20.500 que regula a las Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública del Ministerio Secretaría General de Gobierno (fundaciones, corporaciones y ONG) que se encuentran obligadas a llevar contabilidad de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general a diferencia de las regidas por la Ley N° 19.418, que sólo deben confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea, tratamiento que perturba el derecho de igualdad ante la Ley establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las OSFL que se encuentren en las mismas circunstancias y deben ser diferentes respecto de aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. De esta manera estima que se ha establecido una exigencia que beneficia a las organizaciones que se rigen por la Ley N° 20.500, puesto que éstas deben llevar contabilidad comúnmente aceptada, para lo cual requieren haber realizado iniciación de actividades, lo que no ocurre con las sometidas a la Ley N°19.418. Piden que se deje sin efecto la resolución que se impugna y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, con costas.

A fojas 67, informó don Ricardo Bravo Oliva, Intendente Regional de Valparaíso, indicando que el Servicio de Impuestos Internos mediante el Ordinario N° 2.324 de 18 de mayo de 2004, respondiendo a un contribuyente, precisó que las instituciones sin fines de lucro, cualquiera que estas sean, cuando contraten servicios a honorarios deben dar cumplimiento a la obligación de retener el impuesto, para lo cual es necesario dar cumplimiento a la iniciación de actividades según lo instruido en la circular N° 91 del año 1991; añade que esa es la razón que en el número 6° de la Resolución Exenta N° 31/1/2/833 de 10 de septiembre de 2014, se establezca que entre los documentos que deben presentar las organizaciones postulantes, debe acompañarse la fotocopia del Rut y, con respecto a la iniciación de actividades, debe verificarse que se encuentre vigente; agrega que en las respuestas a las consultas, en la N° 29 se indicó que sin dicha iniciación podrían pasar la etapa de admisibilidad en la medida que la ejecución del proyecto no implique el pago de honorarios, porque en esa eventualidad, resulta obligatorio para la organización tener su iniciación de actividades vigente, al actuar como agente retenedor de impuestos por exigirlo la Ley y el SII (Circular 31 de 01/06/07 punto 1.3.2c y artículo 74 N°2 y N°2 del artículo 42 de la Ley de Rentas). La inclusión de este requisito es una medida de control que responde al incumplimiento de la obligación de retención y pago del impuesto observado por la auditoría del Gobierno Regional en organizaciones que no tenían iniciación de actividades, de lo que se infiere que no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna en las bases del concurso ni discriminación o diferencia arbitraria en el trato dado a las organizaciones postulantes, lo que se demuestra con la postulación de aproximadamente 596 proyectos a fondos concursables del 6% de actividades deportivas, culturales y de seguridad ciudadana.

A fs. 85, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de conformidad con lo que dispone el número 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

SEGUNDO: Que para la procedencia del recurso debe acreditarse la existencia de un acto o una omisión arbitraria o ilegal, que ocasione la privación efectiva del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales o que, al menos, amenace dicho ejercicio.

En la especie, se ha invocado vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley al considerar los recurrentes que exigir en las Bases Generales referidas en el recurso, la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, implica beneficiar a las organizaciones sin fines de lucro reguladas en la Ley N° 20.500, que están obligadas a llevar contabilidad comúnmente aceptada, en desmedro de aquellas -a las que pertenecen- creadas al amparo de la Ley N° 19.418, que no requieren registrar de ese modo su contabilidad.

TERCERO: Que de la Resolución recurrida consta que en el numeral octavo relativo a los requisitos de postulación en el caso de las instituciones privadas sin fines de lucro, se exige que se presente fotocopia del RUT de la Organización, y entre paréntesis se expresa: “Debe la institución verificar que su iniciación de actividades esté vigente en el Servicio de Impuestos Internos”. Además, en el número 29 titulado “Respuestas y Aclaraciones”: se indica que las consultas deberán efectuarse por correo hasta el 16 de septiembre de 2014 y las respuestas serán publicadas a más tardar el 25 de dicho mes y “pasarán a formar parte de las presentes bases”; del mismo modo, del documento acompañado por el recurrido, agregado a fojas 74 de este expediente, puede observarse que al responder la pregunta 29 el Gobierno Regional señala que los postulantes que no tengan iniciación de actividades “pasarán la etapa de admisibilidad en la medida que la ejecución del proyecto no implique el pago de honorarios, atendido que en este caso, resulta obligatorio para la organización tener su iniciación de actividades vigente, ya que deberá actuar como agente retenedor de impuestos por exigirlo así la Ley y el SII (Circular 31 de 01/06/07 punto 1.3.2.c y artículo 74 N°2 y N°2 del artículo 42 de la Ley de la Renta)”.

CUARTO: Que, para determinar si la exigencia aludida en las bases y su ampliación, aludidas en el motivo precedente, se aplica en el presente caso, resulta esencial conocer cual o cuales eran los proyectos que deseaban presentar los recurrentes, los que no se acompañaron al recurso, sin que pueda visualizarse, con los datos aportados en el libelo, que se encuentran entre aquéllos que deben cumplir con la exigencia de haber iniciado actividades ante el organismo fiscalizador tributario, constituyendo esa sola circunstancia, razón bastante para desestimar el recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, y aun en el supuesto que los recurrentes hubieren presentado oportunamente dichos proyectos y que del contexto de las Bases pudiera desprenderse que para el cumplimiento de los mismos debieran ser asesorados por profesionales, cualesquiera que éstos sean, se contempla también la posibilidad -en el numeral 7 del acápite 8, relativo a los requisitos-, que esas asesorías pudieran obtenerse sin costo para el proyecto, en cuyo caso se exige únicamente la presentación de cartas de compromiso de esas instituciones, profesionales, técnicos y/o monitores; de lo que puede concluirse que en la situación descrita, no estando obligados a retener impuesto alguno no se les haría exigible la iniciación de actividades, obviamente que, en las condiciones expuestas, esto es, sin conocer la naturaleza de los proyectos, esta hipótesis no puede afirmarse ni descartarse.

QUINTO: Que tampoco se ha demostrado por los actores que efectivamente se haya producido esta situación de desigualdad con las personas jurídicas sin fines de lucro reguladas en la Ley N° 20.500, y si se atiende a lo señalado por el recurrido de que se presentaron 596 postulaciones a los fondos concursables del 6% de actividades deportivas, culturales y de seguridad social, se demuestra que la mentada exigencia no ha influido mayormente en el proceso regulado por las bases que se impugnan.

SEXTO: Que cabe considerar también que del recurso de fojas 1 se advierte que las tres organizaciones que recurren tienen rol único tributario (RUT), es decir, están registradas en el Servicio de Impuestos Internos como personas jurídicas sin fines de lucro y, por otra parte, no se visualiza en que forma la iniciación de actividades tributarias pueda ocasionarles perjuicios, sin que haga variar esa apreciación el documento acompañado con el número 1 en el primer otrosí de fojas 25, consistente en una noticia aparecida en un diario electrónico regional, porque ese antecedente sólo expone haber existido una amenaza -que no se concretó-, de haber sido relacionada una representante de una organización sin fines de lucro con su situación tributaria personal lo que podría haberle ocasionado problemas en el goce de oportunidades o beneficios, pero en esa información no se detalla si esa dirigente social resultó concretamente afectada.

SÉPTIMO: Que, por último, de los antecedentes agregados al proceso puede colegirse que la exigencia formulada por el recurrido no tiene su asiento en su sólo capricho o arbitrariedad; en efecto, el Servicio de Impuestos Internos respondiendo a consultas formuladas en un caso similar por una organización vecinal, mediante el Oficio N° 2.324, de 18 de mayo de 2004, expuso que: “En lo que se refiere a la situación tributaria de estas entidades, debe señalarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley N° 19.418, las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias estarán exentas de todas las contribuciones, impuestos y derechos fiscales y municipales, con excepción de los establecidos en el decreto ley N° 825, de 1974”, añadiendo que: “En relación con la eventual contratación de servicios profesionales en forma aislada como por ejemplo diseñadores, se informa que de conformidad a lo dispuesto en el N° 2 del artículo 74 de la Ley de la Renta, la entidad que representa al tener la calidad de una persona jurídica, estará obligada a practicar la retención de impuesto que ordena dicha norma legal por las rentas que pague en virtud del N° 2 del artículo 42 de la ley precitada (honorarios). Sobre esta obligación, este Servicio impartió las instrucciones pertinentes mediante la Circular N° 21, de 1991”, concluyendo que: “no obstante la entidad que representa encontrarse exenta de los impuestos de la Ley de la Renta, de todas maneras para dar cumplimiento a las obligaciones indicadas en los Nos. 6 y 7 precedentes, debe inscribirse en el Rol Único Tributario y hacer el trámite de Iniciación de Actividades a que se refieren los artículos 66 y 68 del Código Tributario”, de lo que se sigue que aún en el evento de haberse demostrado por los recurrentes que para participar en el proceso regulado por la resolución objetada debían iniciar actividades ante el Servicio señalado, esa exigencia no constituiría per se un acto ilegal o arbitrario de parte del ente recurrido, desde que el propio organismo fiscalizador concibe su procedencia.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 1 por don nombre reservado, presidente y representante de la "nombre reservado El Folklore”, doña nombre reservado, en su calidad de presidenta y representante de "Apoyo Femenino Unión y Fortaleza de Quillota” y don nombre reservado, presidente de la Junta de Vecinos nombre reservado de la Unidad Vecinal N° 193, en contra del Gobierno Regional de Valparaíso, representado por su Intendente don Ricardo Bravo Oliva.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redactado por el Ministro suplente don Vicente Hormazábal Abarzúa.

Rol N° Protección-2463-2014.

Pronunciado por la Ministra señora María del Rosario Lavín Valdés, el Ministro suplente don Vicente Hormazábal Abarzúa y el Abogado Integrante don Juan José Pérez-Cotapos Contreras.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.