nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y OTROS

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece el abogado Felipe Gorigoitía Abbott domiciliado en domicilio reservado, por nombre reservado, factor de comercio, domiciliado en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, representada por su Alcalde, Marco Antonio González Candia, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, Región de Valparaíso; y el Conservador de Bienes Raíces del Quisco y Algarrobo, don Mario Alfonso Barría Gallegos, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal de la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo de pronunciarse sobre la solicitud de alzamiento de la reserva que afecta los inmuebles del recurrente, y en contra de la actuación del Conservador de Bienes Raíces de El Quisco y Algarrobo, que ha condicionado y rechazado actuaciones registrales y certificaciones fundándose en una anotación administrativa manifiestamente improcedente, que no constituye prohibición inscrita, todo lo cual afectaría sus garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja el recurso y:

1.- Se declare que la prohibición de enajenación contenida en la Resolución DMOU N° 85/0917, de 17 de septiembre de 1985, carece de fundamento legal y que, en consecuencia, es ilegal y arbitraria su mantención respecto de los sitios N° 35, 36, 37, 82, 88, 122, 347, 515, 517 y 523 del loteo “Balneario El Canelo”, de propiedad del recurrente;

2° Ordenar a la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo que, dentro del plazo que S.S.I. fije, deje sin efecto la mencionada prohibición;

3° Ordenar al Conservador de Bienes Raíces de El Quisco y Algarrobo que se abstenga de oponer, considerar o hacer valer la referida prohibición respecto de los inmuebles del recurrente, y que emita los certificados y practique las actuaciones conservatorias que correspondan conforme al estado registral vigente de los títulos.

4° Condenar en costas a los recurridos.

A folio 11 informa el Conservador de Bienes Raíces de Algarrobo dando cuenta de los hechos que allí indica.

A folio 12 informa la I. Municipalidad de Algarrobo, solicitando el rechazo del recurso, atendidos los fundamentos de hecho y de derecho que allí vierte.

A folio 14 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una vía cautelar de carácter urgente destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados en el artículo 19 del mismo texto fundamental.

Segundo: Que, por la presente acción constitucional se denuncia la omisión en que ha incurrido la I. Municipalidad de Algarrobo, de pronunciarse sobre la solicitud de alzamiento de la reserva que afecta los inmuebles del recurrente; y, del actuar del Conservador de Bienes Raíces de esa misma ciudad, que ha condicionado y rechazado actuaciones registrales y certificaciones fundándose en la existencia de la referida reserva.

Expone que don nombre reservado es dueño y poseedor inscrito de diez sitios ubicados en el loteo denominado “Balneario El Canelo”, comuna de Algarrobo, todos inscritos a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de El Quisco, los que individualiza. A continuación, da cuenta de la forma de adquisición de la forma en que el señor nombre reservado adquirió el dominio.

Relata que, con fecha 17 de septiembre de 1985, la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo dictó la Resolución DMOU N° 85/0917, mediante la cual aprobó planos, recepcionó obras de urbanización y autorizó la enajenación de los sitios del loteo “Balneario El Canelo”. En su numeral 5°, dicha resolución autorizó la enajenación individual de 581 sitios del loteo. Sin embargo, en su numeral 6°, excluyó expresamente de tal autorización 25 sitios específicos, entre los cuales se encuentran los diez de propiedad del recurrente (N° 35, 36, 37, 82, 88, 122, 347, 515, 517 y 523). Explica que, respecto de estos 25 lotes, la resolución dispuso dejarlos “en reserva” y que se “cautelan y mantienen en resguardo, para su entrega y toma de posesión física por parte de todas aquellas terceras personas, naturales y/o jurídicas que acrediten poseer dominios sobre retazos de terrenos o lotes en el área urbanizada del predio 'El Canelo', mediante certificaciones de inscripciones vigentes en el Conservador de Bienes Raíces del Departamento de Casablanca”. Señala que del tenor de la propia Resolución queda claro que no se trata de una prohibición de enajenar perpetua, sino solo una “reserva”, destinada a resguardar la situación de terceros que acreditaran dominio vigente sobre determinados lotes del predio urbanizado.

Añade que don nombre reservado, de quien deriva el título del Sr. nombre reservado, era uno de aquellos terceros cuyos derechos de propiedad preexistente la resolución buscaba cautelar. Explica que el Sr. nombre reservado tenía dominio inscrito sobre estos sitios desde 1933, es decir, más de medio siglo antes de la resolución DMOU N° 85/0917. Añade que la cadena de dominio es ininterrumpida entre los Sres. nombre reservado (1933), nombre reservado (2017) y nombre reservado (2025).

Denuncia que el 19 de agosto de 2025, el recurrente solicitó formalmente a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Algarrobo el alzamiento de la reserva, acompañando los antecedentes de dominio y demás documentos pertinentes y que, pese al tiempo transcurrido, la DOM no ha emitido pronunciamiento alguno que resuelva fundada y expresamente dicha solicitud. Refiere que, frente a esta inactividad, el recurrente requirió la intervención de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, la que, mediante Oficio Ord. N° 132 de 21 de enero de 2026, instruyó a la DOM para que emitiera un pronunciamiento ajustado a derecho, reconociendo, además, que no existe justificación normativa para dicha actuación. Pero, a la fecha de interposición de este recurso, la omisión persiste, manteniéndose la reserva como obstáculo material para el ejercicio de las facultades dominicales del recurrente.

Agrega que, el 27 de febrero de 2026, el Conservador de Bienes Raíces de El Quisco y Algarrobo rechazó la solicitud de un certificado de hipotecas y gravámenes por el Sr. nombre reservado (carátula N° 37079), fundado en que se encontraba pendiente el estudio de la reserva y prohibición de enajenación contenida en la resolución de la DOM de Algarrobo de 1985, agregada al Registro de Documentos de Propiedad bajo el N° 2763 del año 2025; y, se negó, incluso, la posibilidad de obtener una copia con vigencia de las inscripciones de dominio. Indica que, asimismo, la Notaría de El Quisco, que funciona como oficio doble con el Conservador, se negó a autorizar la firma de una promesa de compraventa respecto de uno de los sitios del recurrente, indicando que no permitiría firmas que pudieren ser posteriormente observadas por el área de Conservador, todo lo cual ha generado un bloqueo registral que ha paralizado completamente la posibilidad de que el recurrente ejerza su derecho de dominio mediante actos de disposición sobre sus propiedades.

Estima que tanto la omisión de la I. Municipalidad como el actuar de Conservador recurridos resultan ilegales y arbitrarios, según explica y afectan los derechos de propiedad y de igualdad de su representado.

Tercero: Que, a folio 11 informa el Conservador de Bienes señalando que su oficio comenzó a funcionar el 13 de julio de 2021, época en la que procedió a reinscribir las propiedades de su jurisdicción, con los antecedentes provenientes del Conservador de Bines Raíces de Casablanca en el que se encontraban inscritas a esa fecha. Añade que, en el caso de las inscripciones de las propiedades del actor, procedió a inscribir el dominio y que en los antecedentes con los cuales realizó la reinscripción no aparecía limitación alguna.

Continúa relatando que, junto con los antecedentes de la propiedad, el recurrente acompañó copia del plano y resolución agregados al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 1985; certificado de asignación de roles de avalúo del año 2023, emanado del Servicio de Impuestos Internos; copia de la escritura de pública otorgada en la Décimo Novena Notaría de Santiago de don nombre reservado, Repertorio N°18.583, con fecha 04 de Abril del año 2024, y de las escrituras públicas de rectificación otorgadas en la misma Notaría, Repertorio N°34.060, con fecha 16 de Junio del año 2024, Repertorio N°46.038, con fecha 02 de Septiembre del año 2024, Repertorio N°64.646, con fecha 14 de Noviembre del año 2024, Repertorio N°2.470, con fecha 15 de Enero del año 2025, y Repertorio N°6.664, con fecha 26 de Febrero del año 2025.

Añade que, en mérito del estudio de los antecedentes, este estimó que, al haberse inscrito el título de dominio vigente con fecha 22 de noviembre del año 2017 a favor de don nombre reservado, esto es, aproximadamente 30 años después del archivo en el Registro de Documentos de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca de la Resolución DMOU: 85/0617 de fecha 17 de septiembre de 1985 y su plano respectivo, y al no registrarse inscripciones vigentes en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar; todo de conformidad a los certificados emitidos por el Conservador de Bienes Raíces anterior, los inmuebles objeto del contrato de compraventa cuya escritura pública se singularizó en el punto precedente, y, en virtud del cual adquirió don nombre reservado, se encontrarían libres de prohibición o reserva como se advierte en el caso.

Reconoce que tuvo a la vista para practicar las inscripciones de fecha 18 de agosto del año 2025, que rolan a fojas 3145v N°2628; fojas 3146v N°2626; fojas 3147v N°2630; fojas 3148v N°2631; fojas 3146v N°2632; 3150v N°2633; fojas 3151v N°2634; 3152v N°2635; fojas 3153v N°2636; y fojas 3154v N°2637, todas correspondientes al Registro de Propiedad del año 2025, la Resolución y Plano anteriormente agregados al Registro de Documentos de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 1685, bajo el N°130. No obstante, al presentarse en mérito de un título de dominio transferido e inscrito con posterioridad a su archivo, consideró de facto que la situación predial se encontraba subsanada ante el Conservador de Bienes Raíces anterior, y, que, a lo menos, pudo contemplarse en el estudio de títulos realizado por el recurrente al momento de efectuar la compra de los 10 inmuebles, toda vez que dicha carga de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, hoy Ley del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, Código Orgánico de Tribunales, y demás disposiciones legales pertinentes, excede las funciones del Conservador.

Refiere que, de manera posterior al tiempo en el que se practicaron las inscripciones conservatorias en su Oficio, a propósito de la propia solicitud de alzamiento presentada por el recurrente ante la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo, resultó que la Ilustre Municipalidad de Algarrobo se apersonó en sus dependencias a través de sus abogados, solamente para efectos de estudio de los títulos. Sin embargo, dicha situación lo alertó sobre una posible irregularidad en la situación predial e historia registral de los inmuebles, toda vez que tuvo a la vista una copia vigente del título inscrito a Fojas 6640v Número 5367 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca del año 2017, certificada de forma manual por el mismo, en la que se expresa: “CERTIFICO: que la presente inscripción de dominio que en copia antecede a la fecha de hoy se encuentra VIGENTE EN PARTE, respecto de los sitios 35, 36, 37, 76, 82, 88, 122, 312, 347, 405, 410, 457, 515, 517, 523, 5G7, 5G8, 5GG y 606, todos del plano N°130 del año 1G85, los cuales por Resolución N°85/0G17 de fecha 17 de Septiembre de 1G85. No se pueden enajenar.- Casablanca, 2G de Agosto de 201G.”.

En consecuencia, con fecha 27 de febrero del año 2026, cuando don nombre reservado solicitó mediante la Carátula N°37076, la emisión de un Certificado de Hipotecas y Gravámenes y un Certificado de Dominio vigente respecto del título inscrito a Fojas 3150v N°2633 del Registro de Propiedad del año 2025, en mérito a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento del Registro Conservatorio (vigente a esa fecha), se reparó lo siguiente: “No es posible emitir el documento solicitado por encontrarse pendiente estudio de una reserva y prohibición de enajenación decretada por resolución de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Algarrobo de fecha 17/03/1385, agregada bajo el N°27C3 al Registro de Documentos de Propiedad del año 2025”.

A lo expuesto anteriormente, agrega que luego de la notificación del reparo formulado, no hubo nuevos movimientos en la Carátula. Por tanto, aun cuando como Conservador mantiene una agenda diaria de reuniones para ser llevadas a cabo por su equipo jurídico con la finalidad aclarar observaciones y orientar a los requirentes acerca de sus reparos, dicha vía no fue considerada por el recurrente. Hace presente que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, tuvo especial consideración a lo que ha precisado la jurisprudencia en orden a que debe actuar con rigor para proteger la seguridad jurídica, siendo su obligación velar por que las inscripciones no atenten contra los derechos de terceros. Por ende, en el este orden de idea, estimó que la emisión de los certificados que motivaron la presente acción constitucional podría atentar contra su deber mientras existan dudas acerca de vicios o defectos que puedan afectar a estos títulos de dominio.

Cuarto: Que, a folio 12 informa la Municipalidad recurrida y alega, en primer término, la improcedencia del recurso, por no ser la vía idónea para los fines que se persiguen. Al respecto sostiene que, los artículos 65 y 66 de la Ley de bases de procedimientos administrativos establecen que se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política. Y, en tal caso, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan. Así, los actos administrativos que concluyan por silencio negativo tendrán los mismos efectos que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración, desde la fecha de la certificación respectiva. Luego, el artículo 151 de la ley orgánica de municipalidades establece todo el procedimiento de reclamación contra resoluciones u omisiones ilegales de la municipalidad. Añade que, la cuestión denunciada dice relación con resoluciones administrativas que están relacionados con acuerdos entre particulares, es decir civiles, que requieren de un examen de fondo por parte de los órganos que ejercen jurisdicción, por ende, resulta de especial cuidado la decisión fundada del Director de Obras quien no podrá adoptarlas sin considerar la validez no solo de una o varias inscripciones de dominio sino de otros instrumentos públicos que conducen a conclusiones divergentes con dichas inscripciones que dan apariencia de dominio porque justamente el ejercicio de su investidura regular importa el derecho de propiedad de todos quienes tienen legitimo interés sobre los predios en cuestión.

En cuanto al fondo y luego de relatar la situación dominical de los predios del actor y las sucesivas transferencias y prohibiciones decretadas sobre ellas, indica que, no procede la solicitud de declarar que la prohibición contenida en la resolución de la DOM sea ilegal o arbitraria puesto que, primeramente, no se ha seguido el conducto administrativo idóneo para obtener un cambio del estatus jurídico actual relativo a los sitios aludidos como se ha señalado precedentemente mediante un procedimiento de lato conocimiento que permita discernir correctamente acerca de derechos no indubitados.

Expone que, para el evento de estimarse que la vía idónea es ésta, sostiene que ese organismo público ha seguido y está siguiendo todos los conductos regulares en cumplimiento de la misma resolución actualmente vigente y que goza de presunción de legalidad para efectos de velar por el cumplimiento de la ley con relación al alzamiento de la prohibición de enajenar.

Indica que, de conformidad con el inciso final del artículo 3 de la Ley N° 19.880: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigor, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.”

Por último, indica que, si bien la materia relativa a las obras de urbanización no ha sido objeto de debate, la resolución de la DOM de 1985 y las instrucciones del regulador SEREMI del MINVU, tal como consta en el expediente administrativo, hace expresa referencia a acreditar las mismas para efectos de levantar o alzar la prohibición de enajenar. Indica que existe expresa prohibición legal contenida en el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de inscribir transferencias de dominio, por parte del CBR, respecto a lotes que no cuenten con la debida urbanización existiendo una figura penal asociada a la violación de esta prohibición contenida en el artículo 138 de la misma ley. En consecuencia, la negativa del CBR, objeto del recurso, se encontraría plenamente justificada ante la duda surgida ex post respecto a la legitimidad de la inicial reinscripción e inscripción de las enajenaciones, prohibición respecto de la cual no se tenía noticia ex ante.

Con relación a la importancia de la urbanización para efectos de autorizar la enajenación, las instrucciones del Departamento de Desarrollo Urbano de la SEREMI del MINVU mediante el Oficio N° 2169 de 22 de octubre de 2024 dirigido al DOM de Algarrobo, contenido en el expediente administrativo que se acompaña, son clarísimas: Los 25 sitios (hoy 20) excluidos de autorización de enajenación no tienen localización determinada al interior del loteo y para efectos de determinar si los sitios en reserva están o no sujetos a nuevas exigencias de urbanización se debe primeramente establecer su exacta localización puesto que los sitios se encontrarían localizados en la zona TH que no cuenta con aprobación de permisos de urbanización y para efectos de autorizar su enajenación deberán realizarse las respectivas obras de urbanización.

Quinto: Que, previo a resolver, se hace necesario precisar que lo que se denuncia en el recurso como arbitrario e ilegal por parte de la I. Municipalidad de Algarrobo es la omisión de pronunciamiento de la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo sobre la solicitud de alzamiento de la reserva que afecta los inmuebles del recurrente.

Lo anterior descarta toda discusión respecto a la procedencia y naturaleza de la reserva contenida en la Resolución DMOU N° 85/0917 de 17 de diciembre de 1985 de la Dirección de Obras Municipales, debiendo abocarse este Tribunal a determinar si la falta de pronunciamiento de esa Dirección respeto de la solicitud de alzamiento del actor resulta arbitraria y/o ilegal.

Sexto: Que, si bien la Municipalidad recurrida sostiene que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley 19.880 que contienen el efecto del silencio administrativo regulan la situación, ya que frente a la omisión de respuesta el actor debió pedir un certificado en que se establezca tal situación, entendiéndose, desde la fecha de su emisión que la solicitud ha sido rechazada, no es menos cierto que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el recurso de protección procede “sin perjuicio de otros derechos”.

Séptimo: Que, la recurrida ha admitido que hasta la fecha no ha dado respuesta a la solicitud del actor, reconociendo la existencia de ésta y, que no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, mediante Oficio Ord. N° 132 de 21 de enero de 2026, sin mayor justificación, por lo que la omisión denunciada se convierte en arbitraria.

Octavo: Que, en lo que respecta a la actuación del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, éste la justifica en la existencia de un certificado del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca en el que figura en la inscripción de la propiedad del año 2017, de la que proviene el dominio del actor, una reserva y una prohibición de enajenar.

Sin embargo, cabe recordar que de acuerdo con lo que dispone el artículo 50 de la Ley del Registro Conservatorio de Bines Raíces: “Es obligado el Conservador a dar cuantas copias y certificados se le pidan judicial o extrajudicialmente, acerca de lo que consta o no consta de sus Registros.”. En consecuencia, el Conservador de Bines Raíces no tiene la posibilidad de negarse a extender un certificado si así le es solicitado, el que debe contener aquello que conste en sus registros.

Atendida lo señalado, la negativa del Conservador recurrido de otorgar los certificados de dominio y de hipotecas y gravámenes, incumple lo que dispone la ley, sin perjuicio que, en los certificados que emita haga constar los hechos que aparezcan en las inscripciones correspondientes.

Noveno: Que, por lo expuesto, la negativa del Conservador recurrido de otorgar los certificados solicitados por el recurrente, además de constituir un incumplimiento a su obligación, constituye una ilegalidad desde que la ley “lo obliga” a ello.

Por lo demás, de su propio informe aparece que éste reconoce que al efectuar la reinscripción conservatoria de las propiedades del recurrente y con los antecedentes remitidos por el Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, éstas no contaban con limitaciones al dominio; además que, la existencia del supuesto certificado emanado del antiguo Conservador que da cuenta de una “reserva” y uno prohibición de enajenar no fue acreditada.

Décimo: Que, las omisiones arbitrarias e ilegales en que han incurrido las recurridas ha afectado el derecho de propiedad del actor, en cuanto no le permiten disponer plenamente de sus propiedades.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Felipe Gorigoitía Abbott, en representación de nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Algarrobo y del Conservador de bienes Raíces de El Quisco y Algarrobo, sólo en cuanto se ordena a la primera resolver la solicitud del actor dentro del término de treinta días; y, al segundo, emitir los certificados solicitados por el actor, dentro de cinco días, de acuerdo a lo que conste en sus registros.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministra Sra. Figueroa.

N°Protección-2446-2026.