nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario de 24 de febrero de 2026, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Da cuenta que el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican; sin embargo, el 24 de febrero de 2026 fue notificado vía correo electrónico del rechazo de su solicitud de Técnico Extranjero ingresada con folio N° 1583, indicándosele como motivo: "Certificado de IVSS no cumple normativa." Explica que se hizo valer una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, junto con una declaración jurada ante notario público y demás antecedentes, los que, a su juicio, acreditan suficientemente la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero. Sostiene que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, e incorpora requisitos no contemplados en la Ley N° 18.156, toda vez que dicho cuerpo legal no exige expresamente que el certificado de afiliación se encuentre legalizado o apostillado.

Expone que la Constancia Electrónica del IVSS es verificable en línea mediante un código alfanumérico en el portal web oficial de esa institución, y que la imposibilidad de obtener documentos apostillados desde Venezuela se debe a la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, lo que constituiría un caso fortuito o fuerza mayor.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, ordenando que la recurrida reconozca como válida la documentación acompañada y proceda a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

A folio 5 evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso. Explica que el rechazo de la solicitud se ajusta a la normativa vigente, específicamente al artículo 1° de la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a las instrucciones del organismo fiscalizador. Indica que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, y que el código de verificación electrónica no suple los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico. Agrega que, conforme al contrato de trabajo suscrito por el recurrente, este manifestó quedar afecto al régimen previsional chileno, incumpliendo así el requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Hace presente, además, que un recurso de protección anterior del mismo recurrente, Rol N° 4320-2025, fue rechazado por esta Corte y confirmado por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 6 de enero de 2026.

A folio 8 evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, solicitando igualmente el rechazo del recurso. Señala que el recurrente no registra ante dicho Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar. Expone que la exención de cotizaciones y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Ratifica que la jurisprudencia administrativa y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, han desestimado la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el IVSS. Añade que la alegación de imposibilidad de apostillar no configura caso fortuito, por cuanto el trámite puede realizarse ante consulados de países que mantienen relaciones con Venezuela o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

A folio 11 se ordena traer autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos, declaración jurada y título profesional— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carecería de sustento legal y resultaría arbitraria.

Tercero: Que, por su parte, las recurridas sostienen que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que han dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y a la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado. La Administradora precisa, además, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni las prestaciones de seguridad social requeridas por ley, y que el propio contrato de trabajo del recurrente contiene una estipulación que lo deja afecto al régimen previsional chileno, incumpliendo así el requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse al beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada ley señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley". Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de las instituciones recurridas, en tanto han circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno ni vulneración al derecho de propiedad del recurrente.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-2442-2026.